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Chavismo INC: Panamá, el hub del chavismo

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En 2019, los venezolanos inyectaron 2.811 millones de dólares en compañías del istmo y seguían aumentando el número de residentes y refugiados. Mientras la mayoría lo elige como una salida para escapar del hambre, a otros los seduce la plataforma financiera, los proyectos inmobiliarios y los servicios especializados para mover dinero con facilidad. ¿Cómo el país terminó de convertirse en uno de los refugios favorito de los chavistas?

Por Sol Lauría | chavismoinc.com

A casi dos horas de Venezuela por aire, con el mismo idioma y esa familiaridad caribe, en la última década Panamá se convirtió en uno de los destinos favoritos para el refugio, la salida o la aventura de miles de venezolanos.

Aunque el país centroamericano no formó parte del proyecto político nacido en 2004 llamado ALBA, ni del acuerdo energético por el que el expresidente Hugo Chávez ofrecía petróleo con créditos de ganga, Petrocaribe, aquí llegaron, se movieron y pasaron miles de millones de dólares de venezolanos, incluso de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

Entre 2012 y 2015, inyectaron 427 millones en compañías de Panamá, según datos de la Contraloría General de la República. Por esos tiempos, la Superintendencia de Bancos dijo que Venezuela ocupaba el tercer lugar entre los países de origen de depósitos externos en el sistema bancario local —unos 1.400 millones de dólares en 2015, que ascendieron a 2.811 en 2019— y la cámara de la construcción aplaudía la participación de venezolanos en el boom inmobiliario. La abrumadora avalancha de la época la sintetizó el expresidente de México, Vicente Fox, cuando dijo: “El mejor ministro de Economía que ha tenido Panamá es Hugo Chávez”.

“Un banquero podía manejar carteras de 500 millones de dólares de clientes de Venezuela para colocarlos alrededor del mundo”, dijo un entrenado operador financiero local.

Panamá podrá ser diminuto pero facilita el acceso al mundo financiero, garantiza secrecía y siempre fue seductor para gente con vocación de riesgo, poder o fortuna. Con restricciones cambiarias, una corrupción galopante y la economía al borde del colapso en su país, los chavistas no serían la excepción.

Chavismo INC. identificó 242 sociedades anónimas en Panamá con 380 relaciones con la trama que involucra a personas de interés en Venezuela. De ellas, ocho fueron señaladas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (Ofac) y otras tantas están bajo investigación judicial en algún país del mundo por cuestiones como lavado de dinero o sobornos. La plataforma offshore famosa por Panamá Papers fue aprovechada por familiares de pesos pesados del gobierno venezolano como Diego Salazar Carreño, testaferros como Samark López Bello y el clan familiar de la primera dama, Cilia Flores de Maduro. Hubo bancos ávidos por canalizar dinero en inversiones inmobiliarias o de otro tipo sin preguntar y abogados dispuestos a registrar sociedades con la facilidad de quien abre una ventana. También las camarillas del chavismo encontraron aquí especialistas para lavar miles de millones de dólares del Estado sin levantar sospechas, como los que ayudó a limpiar un banquero alemán en el trópico llamado Matthias Krull.

Esa trama empezó en diciembre de 2014.

Venezuela cerraba un año marcado por la violenta represión de protestas contra un régimen que acumulaba problemas como la escasez de alimentos, la inseguridad y una inflación galopante. En Panamá, con un gobierno que acababa de asumir, solo se hablaba del escándalo de corrupción que ponía en jaque a los presidentes de la región, incluidos los locales: Lava Jato. Los banqueros seguían las noticias que los señalaban como intermediarios en el pago de sobornos estrafalarios de la gigante brasilera Odebrecht, pero había uno al que esas cuestiones no le quitaban el sueño: Matthias Krull.

Krull era directivo del banco suizo Julius Baer. De origen alemán pero residente en Panamá, hacía una de esas vidas de banquero europeo: casa en un barrio cerrado mega exclusivo y otra en la playa, juegos de golf y viajes de placer o negocios en avión privado. Desde su oficina en una torre espejada con vista al mar, gestionaba una cartera jugosa de personas vinculadas al chavismo y otros millonarios de Venezuela, con lo que reportaba al banco ganancias de varios millones anuales.

En diciembre de 2014 empezó a pergeñar un esquema similar al usado por Odebrecht pero para otro patrón: el Conspirador 7. Los documentos de la causa de una Corte del Distrito Sur de Florida, en Estados Unidos, no identificaron al Conspirador 7 pero lo describieron de una forma tan precisa que medios internacionales como el Miami Herald publicaron que se trataba de Raúl Gorrín: “Un multimillonario dueño de una cadena de televisión en Venezuela”. Además de empresario, multimillonario y dueño de una cadena televisiva, Gorrín es investigado por presunto blanqueo y malversación de fondos en España y Estados Unidos. Él nunca se refirió al asunto ni respondió a las consultas enviadas por Chavismo INC. Lo que es evidente en el expediente es que había 600 millones de dólares de la petrolera estatal Pdvsa para camuflar, así que Krull puso manos a la obra.

Lo primero que supo fue que uno de sus clientes había aprovechado una oportunidad. En la convulsionada Venezuela de ese momento, con la moneda local cayendo en picada y el dólar oficial a un valor mucho menor del de la calle, el fraude con operaciones cambiarias prometía ganancias estrafalarias. Eso vio Conspirador 7 junto a otros boliburgueses y funcionarios clave de Pdvsa.

Lo que hicieron fue complicado y complejo, pero puede simplificarse así: fabricaron un acuerdo por el cual una empresa —Rantor Capital— le prestaba a Pdvsa 7.200 millones de bolívares y, seis días después, cedía los derechos de esa deuda a otra empresa —Eaton Global Services Limited—, que la cobró en dólares a tasa oficial: 600 millones de dólares, a pagar en una cuenta bancaria en Europa.  La tramoya dejó más de 500 millones de dólares de ganancia, gracias al pago de sobornos y, claro, a la diferencia del dólar oficial y el del mercado. Un fraude sobre otro fraude. Esa plata se encargaría de camuflar Krull y otros lavadores experimentados.

Cinco meses después de iniciada la operación que se hizo famosa con el nombre que le dió la causa en Estados Unidos, Money Flight, la conspiración se había duplicado gracias a esa bicicleta y al combustible que Pdvsa no paraba de inyectar: más 1.200 millones de dólares.  Ahí, Krull dibujó el esquema para convertir parte de ese dinero sucio en uno con apariencia de lícito. Junto a sus colegas, ideó tres estrategias: inversiones inmobiliarias, sistemas de inversión falsa y apertura de empresas fantasma, con sus respectivas cuentas bancarias, en paraísos fiscales y en Estados Unidos. Siempre apelando a testaferros.

¿Por qué todo ese trabajo? Porque para transferir fondos, el banco pide una justificación —pago por la compra de inmuebles o equipos, por ejemplo— y documentos de respaldo. El soborno, las ganancias producidas por un esquema de cambio de moneda para desfalcar millones de Pdvsa o la malversación de fondos, se sabe, no son justificaciones válidas. Así que inventaron inversiones falsas en valores falsos, para simular una ganancia falsa con compras de pagarés, bonos y fondos completos de inversión, también falsos. “Las inversiones falsas en valores falsos son justificaciones convenientes porque son más difíciles de investigar y verificar por un banco (…). Es difícil determinar la verdadera intención de las partes y la naturaleza fraudulenta de la inversión”, dice el documento de la confesión de Krull al tribunal federal de Miami. El fraude, además, incluyó favores de bancos amigos y sobornos a funcionarios para autorizar contratos o evitar investigaciones.

El crimen parecía perfecto, pero sucedió algo que lo truncaría: alguien habló.

En enero de 2016, un operador financiero mencionado en la causa como Confidential Source —El Confidente—, se acercó a una oficina del gobierno en Miami y contó que había recibido 78 millones de euros por un contrato de préstamo fraudulento con Pdvsa. Un mes después, comenzó a grabar las conversaciones con los otros implicados: sumó más de 100 archivos en dos años y reveló un plan global de corrupción al más alto nivel. El intercambio de llamados, reuniones, notas escritas a mano, mails y chats recolectados en la causa, refleja los malabares para enrumbar parvas de dinero a personas políticamente expuestas (PEPs) y un manejo perfecto del universo de las finanzas. También nombres que se repiten: empresarios y algunos funcionarios de Pdvsa, como el vicepresidente —Venezuelan Official 1—, el director de planificación financiera  y el asesor legal. También fueron claves banqueros, asesores financieros y lavadores profesionales que, junto a Krull y El Confidente, actuaron en bloque aunque cada quien cuidara los intereses —y los millones— de un jefe diferente.

Por supuesto, hubo testaferros como Mario Enrique Bonilla Valera. Amigo de los hijos de la primera dama de Venezuela, Bonilla Valera logró pasar de la playstation al suculento universo de los negocios de forma rápida y precoz a los 20 años. En la causa, Krull lo involucró con sus amigos “los chamos”: los hijos de la esposa de Nicolás Maduro. Los Chamos aparecen en la causa cuatro veces, la más contundente es en el “Resumen de la Operación 600” que muestra cómo se repartió la plata: 227 millones de euros para un boliburgués, 68 millones para Conspirador 7 y 159 millones para Los Chamos.

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EL PAÍS: La vuelta al mundo para mover el petróleo venezolano

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La red que intercambió petróleo venezolano por alimentos y camiones cisterna con agua potable desde México es solo la punta del iceberg de un consorcio que mueve por todo el planeta millones de barriles de crudo de PDVSA para evitar las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Una trama opaca en la que, de acuerdo con documentos a los que han tenido acceso EL PAÍS y Armando.info como parte de una investigación conjunta, afloran compañías casi desconocidas y en las que sobresalen, hasta el momento, tres nombres: el colombiano Alex Saab, presunto testaferro de Nicolás Maduro; el empresario mexicano Joaquín Leal y el italiano Alessandro Bazzoni.

Por JAVIER LAFUENTE | ELÍAS CAMHAJI | ROBERTO DENIZ | EL PAÍS

La detención hace siete meses en Cabo Verde de Alex Saab, pendiente de extradición a Estados Unidos y la casi simultánea sanción del Tesoro a las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, vinculadas a Leal, de apenas 28 años y que desde mediados de 2019 comercializaba parte del crudo producido por Venezuela mediante un supuesto “intercambio humanitario”, no desbarató el circuito clandestino de exportaciones petroleras venezolanas. La documentación en poder de ambos medios acredita que a través de empresas registradas en México, Rusia o Emiratos Árabes se movió el crudo venezolano por destinos como Turquía, Malasia, Singapur y hasta los territorios administrados por la Autoridad Nacional Palestina.

Los documentos obtenidos también sugieren que, en su esfuerzo por esquivar las sanciones y la supervisión internacionales, PDVSA y sus intermediarios están reproduciendo fórmulas ya utilizadas con éxito en el millonario negocio de los CLAP, las cajas de comida subsidiadas que entrega el Gobierno venezolano. Entre 2016 y 2018 Alex Saab y su socio, el también colombiano Álvaro Pulido Vargas, idearon una estructura de sociedades instrumentales en Hong Kong, Turquía y Emiratos Árabes Unidos. Tras obtener contratos millonarios de la estatal Corpovex, compraban a proveedores mexicanos las cajas o despensas, con productos de muy baja calidad nutricional, que luego enviaban a Venezuela. El esquema se repetiría en los meses siguientes, pero ahora dejando la compraventa de alimentos en segundo término y apostando por operaciones que involucraban millones de barriles de crudo.

El Gobierno de Venezuela no ha dado una respuesta a la petición de comentarios para este reportaje. El pasado verano, cuando EL PAÍS y Armando.info revelaron que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México seguía el rastro de cerca de 200 millones de euros del intercambio de crudo de la red de Saab entre México y Venezuela, fuentes de la Administración de Nicolás Maduro rechazaron que se tratase de un negocio oscuro y aseguraron que la falta de claridad de los contratos es consecuencia de los problemas que tiene Venezuela para hacer cualquier negocio ante las sanciones impuestas por Estados Unidos. Tampoco Bazzoni ni Leal respondieron a las peticiones de comentarios que se les hizo.

El modus operandi ha sido prácticamente el mismo desde mediados de 2019, tanto con las mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, como con empresas rusas o de Emiratos Árabes. Las compañías consiguen el petróleo de Venezuela, a veces a crédito o con descuentos. Swissoil Trading, la vendedora de commodities representada por el italiano Alessandro Bazzoni, lo transporta a puertos asiáticos —principalmente, Singapur, China y Malasia—, de acuerdo con numerosos comprobantes de carga a los que se ha tenido acceso. Los documentos de embarque omitían que se trataba de crudo venezolano y ponían como dueños del petróleo a las compañías que lo revendían para que pudiera comercializarse en Asia sin restricciones por el embargo de Estados Unidos. Aunque los abogados de Bazzoni negaron a la agencia Reuters su participación en la comercialización de crudo venezolano, de acuerdo con la documentación revisada, el empresario italiano también ha usado en esa operación a Elemento LTD, una compañía aliada de PDVSA en Petrodelta y en la que comparte sociedad con Francisco D’Agostino —cuñado del diputado opositor Henry Ramos Allup— y el recientemente fallecido Oswaldo Cisneros.

Los papeles y comunicaciones muestran que, en la mayoría de los casos, los buques a cargo de las operaciones de transporte, tanto con las compañías mexicanas como con las rusas, fueron los barcos cisterna Lion King, Delta KanarisDelta HarmonyMelodyPerfectAzimouthCommodoreEuroforce y Athens Voyager. El Euroforce, de bandera liberiana, y el Athens Voyager, registrado en Panamá, son algunos de los buques que ya ha sancionado la Casa Blanca.

Cuando las compras del petróleo venezolano todavía corrían por cuenta de Libre Abordo, era el propio Joaquín Leal quien mantenía esa comunicación directa con PDVSA. “Estimado equipo Libre Abordo S.A de CV. PDVSA espera por la presentación de su oferta de crudo Merey 16, la cual estamos interesados en evaluar”, se lee en un correo electrónico enviado el 28 de agosto de 2019 por el Departamento de Mercadeo Internacional a Leal. Como esta, son numerosas las comunicaciones entre la petrolera estatal venezolana y el joven empresario mexicano, a las que han tenido acceso EL PAÍS y Armando.info. La respuesta de Libre Abordo llegaba en forma de una carta con la confirmación del interés para adquirir el petróleo. A partir de allí comenzaban las comunicaciones para hacer las pruebas de calidad al producto y coordinar el barco que se llevaría el crudo o bien directamente de los puertos venezolanos, o bien bajo la modalidad de barco a barco. En ese momento entraba en acción Swissoil Trading, la compañía suiza encabezada por Bazzoni, que se encargaba de colocar el petróleo en mercados que estaban a miles de kilómetros de las costas venezolanas.

De la documentación obtenida se desprende que la red trataba de llenar el vacío dejado por los principales socios extranjeros de Venezuela tras el embargo estadounidense. Son esquemas que venden el crudo por debajo de su valor y se realizan en los márgenes del mercado energético internacional, pero pocos estaban dispuestos a entrar en el negocio. “Las sanciones de EE UU han sido un fracaso: han generado mayor desigualdad y pobreza, han unificado al chavismo y han fortalecido a una nueva élite económica que ha hecho negocios al margen del embargo”, apunta Antulio Rosales, un profesor de la Universidad de New Brunswick, que ha estudiado el efecto político y económico de las sanciones. En medio del forcejeo entre Washington y Caracas, ha florecido una industria en las sombras, con grupos de oligarcas que lucran con las necesidades de la población, al amparo de la corrupción y con acceso a productos como el oro y el petróleo a grandes descuentos, apunta el académico. “Ellos son los grandes ganadores”, explica. Recurren a operaciones primarias como “trueques” o a “transacciones fuera del radar”, pero los beneficios son millonarios.

Entre mediados de agosto y octubre de 2019, Libre Abordo tomó casi 20 millones de barriles de mezclas de crudo venezolano como Merey 16, Hamaca Blend, Boscán y Special Hamaca Blend, así como combustóleo, según la documentación. En junio del año pasado, mes en que Alex Saab fue detenido y Joaquín Leal sancionado por el Departamento del Tesoro, otras empresas del llamado consorcio, como Delta y Protón, se llevaron al menos unos 15 millones de barriles de puertos venezolanos, en su mayoría del crudo Merey 16.

Los documentos revelan que los descuentos de PDVSA oscilaban entre un 10% y un 15%, dependiendo del destino y las condiciones del mercado. Las facturas de PDVSA, por su parte, revelan que la mexicana Libre Abordo debía pagar la compra a la estatal venezolana en euros con transferencias a cuentas bancarias de bancos rusos como Evrofinance y Gazprombank. De acuerdo con esas facturas, el 19 de junio de 2020, apenas un día después de que el Departamento del Tesoro sancionara a Joaquín Leal y sus compañías mexicanas, la paraestatal venezolana facturó a Libre Abordo casi 33 millones de euros por un buque con poco más de un millón de barriles de crudo Special Hamaca Blend, y otra carga de un poco más de un millón de barriles del mismo tipo de crudo por casi 29 millones de euros. Ese mismo día, PDVSA facturó a Libre Abordo otros 47 millones de euros por algo más de 1,8 millones de barriles de crudo Merey 16.

No queda claro si finalmente Libre Abordo pagó todo el petróleo venezolano que recibió de parte de la petrolera venezolana, ya que cuando se hizo público que las autoridades estadounidenses le seguían el rastro, la empresa se declaró en “bancarrota” y reportó una pérdida de 90 millones de dólares. Sí es claro, en cambio, que el valor del petróleo recibido desde mediados de 2019 supera ampliamente el supuesto “intercambio humanitario” con el que empezó su negocio con Caracas y que la obligaba a entregar 1.000 camiones cisterna con agua y 200.000 toneladas de maíz, valorados en 139 millones de euros y 53.193.900 euros, respectivamente. “Esto no se corresponde con la cantidad de petróleo entregada por PDVSA, que fue revendido por Libre Abordo y Schlager Business Group, valorado en más de 300 millones de dólares”, alertó en junio de 2019 el Departamento del Tesoro.

Usuarios con dominios rusos

Un ejemplo de los intercambios internacionales y que constan en los documentos obtenidos por EL PAÍS y Armando.info data del 11 de agosto de 2020. Ese día llegó un correo electrónico al departamento de Administración de Contratos de PDVSA. Desde un usuario con dominio ruso (.ru) se pedía un “estado de cuenta al 31 de julio” para las empresas del “consorcio” integrado por: Proton, Delta, Schlager, Loran, Xiamen, Novosi Solution, Zervekas y Shamrium, todas desconocidas en el mercado petrolero internacional, registradas en Rusia, pero ahora compradoras del crudo venezolano. El correo resulta revelador. No solo porque fue enviado un mes después de que el Departamento del Tesoro incluyera a Joaquín Leal en la conocida como Lista Clinton de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) por considerarlo el “conducto fundamental” entre Libre Abordo y Schlager Business Group para evadir las sanciones estadounidenses contra el Gobierno de Venezuela, sino porque descubre que un mismo grupo —Bazzoni y sus socios— controlaba numerosas compañías para la misma operación de compra y reventa del petróleo venezolano.

Aunque las cifras de exportaciones petroleras venezolanas de 2020 fueron las más bajas en décadas, las más recientes permiten inferir que el engranaje está funcionando, de todas maneras. En noviembre pasado, por ejemplo, 24 cargamentos de petróleo salieron de Venezuela con 639.000 barriles diarios de crudo y productos refinados. Esos volúmenes suponen casi el doble con respecto a los de octubre de 2020, según informó Reuters. Cabe destacar que durante ambos meses ya estaban en vigencia las sanciones contra PDVSA y diversas navieras que registran tanqueros con ruta a puertos venezolanos.

Previamente, el Departamento del Tesoro había calculado que hasta abril del año pasado la mexicana Libre Abordo se había llevado de Venezuela unos 30 millones de barriles y que, antes de la sanción, la empresa concentraba el 40% de las exportaciones de crudo de PDVSA.

Reuters atribuyó el salto de noviembre, precisamente, a las exportaciones vía “compradores fantasmas en Rusia”. Varias de esas compañías coinciden con las listadas en el correo enviado a PDVSA y, según la información de Reuters, fueron registradas en Moscú por OGX Trading, fundada en marzo por Serguéi Basov, un nombre que también termina conduciendo hasta Alex Saab.

Basov es un empresario ruso que tiene relaciones comerciales con Betsy Desireé Mata Pereda, una venezolana que, tal y como en su oportunidad reveló Armando.info, forma parte de la estructura corporativa que levantó Saab para el manejo de los CLAP. Mata Pereda figura al frente de la sociedad turca Mulberry Proje Yatirim, que sustituyó a la firma registrada en Hong Kong con la que Saab y Álvaro Pulido manejaron al menos dos contratos millonarios para el suministro de los CLAP y otros para el suministro de medicinas desde la India.

Hace unas semanas, Reuters informó de la aparición de empresas registradas en Emiratos Árabes Unidos como nuevos compradores fantasmas del petróleo venezolano. En los documentos a los que se ha tenido acceso para esta investigación, una firma registrada en esa jurisdicción figura como la responsable de exportar petróleo a Palestina, en una operación triangular marcada por el secretismo en la estatal venezolana. “El personal de la Embajada de Palestina solicitó no utilizar correos electrónicos con la empresa POGC Petroleum and Energy debido a las limitaciones causadas por las sanciones a Pdvsa. Hasta los momentos todo ha sido de manera personal o vía telefónica, tanto con el embajador como con la encargada de negocios”, se lee en un correo electrónico del 12 de agosto de 2020 enviado desde la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de PDVSA. De acuerdo con el contrato, PDVSA debió despachar entre julio y agosto del año pasado 1,8 millones de barriles de crudo, de las variedades Merey 16 y Boscán. El pago de la palestina POGC Petroleum and Energy FZ-LLC a la estatal venezolana se efectuaría en dirhams, la moneda oficial de Emiratos Árabes Unidos.

Roberto Deniz es reportero del portal venezolano de investigación Armando.info.

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Buques petroleros cambian de identidad para evadir sanciones contra Venezuela

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Un petrolero que cargó recientemente crudo venezolano estaba usando una señal falsa para disfrazar su verdadera identidad.

Palau, una pequeña nación del océano Pacífico, exigió a Venezuela que investigue al tanquero que el mes pasado afirmó ser el Ndros. Una embarcación que usaba ese nombre estuvo cargando petróleo extraído por la sancionada PDVSA, la estatal petrolera venezolana.

El Ndros era un barco con bandera de Palau. Pero el buque fue desguazado en Pakistán en 2018. Es decir, no podía ser la embarcación que apareció en diciembre frente a las costas de Venezuela.

Pero Palau quiere aclarar por completo la situación para evitar ser blanco de sanciones.

“Parece que este buque afirma estar inscrito en el Registro Internacional de Buques de Palau. Esta afirmación es falsa «, dijo el Ministerio de Estado de ese país en una nota a la diplomacia de Nicolás Maduro que difundió el medio estadounidense Bloomberg.

«Por lo tanto, parece que el barco está utilizando una señal AIS (acrónimo en inglés para Sistema de Identificación Automática) falsificada para enmascarar su verdadera identidad», reclama Palau.

La carta fue entregada a varias embajadas venezolanas, incluida la de Tokio, dice Steven Kanai, asistente especial del presidente de Palau en asuntos marítimos internacionales y relaciones exteriores.

Robando identidades

El petrolero que cargó en Venezuela estaba usando una práctica conocida como «spoofing». Con esa acción, los barcos envían una señal con el número de registro de otro barco bajo el Sistema de Identificación Automática de la industria marítima.

La acción del régimen chavista representaría una nueva táctica en las maniobras para evadir las sanciones estadounidenses sobre PDVSA. Esas medidas han desalentado a la mayoría de las empresas de transporte y comercio de hacer negocios con la estatal petrolera venezolana.

También, los tanqueros que se involucran en este comercio ilegal recurren a otras tácticas. Una de ellas es apagar sus transpondedores, ocultar los nombres de los barcos pintados en los cascos o usar nombres falsos en los documentos de envío.

Durante los últimos seis meses, los nombres de 13 embarcaciones que están registradas como desguazadas aparecieron en los programas de carga de crudo venezolanos, reportó Bloomberg.

Sin embargo, Ndros fue el único de esos nombres que apareció frente a las costas de Venezuela por señal de satélite.

Un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores chavista negó  haber recibido alguna comunicación del gobierno de Palau.

Prácticas engañosas

El uso de la suplantación de identidad era casi desconocido en América del Sur, dijo Dror Salzman, gerente de investigación de Windward, una firma rastreadora de tráfico marítimo. Esa empresa utiliza inteligencia artificial e imágenes de satélite para monitorear envíos en todo el mundo.

«Es una de las prácticas engañosas más avanzadas utilizadas en la industria», dijo.

Se puede hacer conectando al barco un equipo llamado radio definida por software, dijo Marco Balduzzi, investigador principal de la firma de ciberseguridad global Trend Micro Inc., con sede en Tokio.

El dispositivo, que es del tamaño de un libro, se puede comprar en línea. Las señales de satélite AIS no utilizan cifrado.

Buque identificado

El petrolero que atracó en Venezuela en diciembre y afirmó ser el Ndros era en realidad el Calliop con bandera liberiana, dijo Salzman, citando datos satelitales compilados por Windward.

El Calliop también ha operado usando la señal del Sea Cliff de bandera iraní, según Salzman. El tanquero está registrado a nombre de Oderand Shipping SA, con sede en Hong Kong.

Con información de Bloomberg.

Vía Primer Informe

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Venezuela Política: El oscuro pasado y las relaciones peligrosas de José Luis De Jongh-Atencio

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Tanto el exgerente de proyectos especiales de CITGO, como su esposa y su suegro se han visto involucrados en hechos de sangre y estafas.

Por Maibort Petit | Venezuela Política

El exfuncionario de CITGO en Houston, José Luis De Jongh-Atencio, que aguarda por la celebración este mes de enero del juicio que se le sigue por delitos de lavado de dinero, no sería la primera vez que enfrenta un proceso judicial, toda vez que, en el pasado, él y su esposa —directa o indirectamente— se vieron envueltos en hechos de sangre que se dirimieron en instancias judiciales, tanto en Venezuela como en los Estados Unidos.

Así lo refieren documentos de la Sala 3 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, donde el 4 de octubre de 2004, se declaró la nulidad absoluta del recurso de apelación que el abogado, Álvaro Castillo Zeperfell, presentó a favor de su representado, José Luis De Jongh-Atencio. Con esta decisión se dejaba sin efecto un fallo previo dictado por el Juzgado Sexto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Zulia, adoptado el 28 de julio de 2004, con el cual se acordó una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación de Libertad de De Jongh-Atencio, en una causa seguida en su contra por la presunta comisión del delito de Lesiones Intencionales Graves en Grado de Complicidad Correspectiva en perjuicio de dos personas.

Se trató de un caso por lesiones causadas con un arma de fuego en el que el abogado defensor de José Luis De Jongh-Atencio alegó que “Nunca puso en peligro la vida de la persona que resultara herida como consecuencia de la lesión sufrida, 2), en cuanto a las circunstancias de su comisión, el propio representante del Ministerio Público al establecer la complicidad Correspectiva no ha podido determinar que haya sido su defendido el autor material del hecho y 3) La pena aplicable al delito, sería si es rebajada una tercera pare de un (01) año y ocho (08) meses de prisión, y si es rebajada a la mitad, sería de un (01) año y tres (03) meses de prisión”[1].

El suegro prófugo

Asimismo, la decisión de un caso dirimido en el Tribunal de Apelaciones de Distrito de Florida, Tercer Distrito, en octubre de 1983, hace referencia a la apelación interpuesta por el estado de la Florida con respecto a una orden que desestimó el cargo de conspiración en una causa que se seguía a Amilcar José Rodríguez-Jiménez y Aguedo Borrego-Estrada.

El juez Daniel Pearson revirtió la orden que desestimó el cargo de conspiración de la acusación.

Un Gran Jurado de la Florida estimó la procedencia de acusar a Amilcar José Rodríguez-Jiménez —también conocido con los apelativos de Javier Rodríguez, Selimo S. García y Rafael—, Aguedo Borrego-Estrada —también conocido como Cacho— y Winston Salaverría, quienes entre el 29 de septiembre de 1979 y el 3 de octubre de 1979, conspiraron en el Condado de Dade del estado de la Florida, para asesinar en primer grado a Raimundo Martínez con un arma de fuego[2].

La relación indirecta con De Jongh-Atencio se a da a través de Winston Salaverría —prófugo de la justicia— padre de su esposa, Dulce María Salaverría Restrepo.

Algunas voces llaman a poner la lupa en la figura de Dulce María Salaverría Restrepo en la trama de lavado de dinero que se debate en la Corte del Distrito Sur de Texas y a revisar casos de estafa que tuvieron lugar en Venezuela y Florida.

El caso en Texas

El gobierno de los Estados Unidos procesa judicialmente a José Luis De Jongh-Atencio por presuntamente participar en una trama de lavado de dinero que buscaba legitimar fondos provenientes de sobornos destinados a asegurar contratos de CITGO y PDVSA, luego de que un gran jurado federal lo aprobara el 16 de julio de 2020.

De Jongh-Atencio, ciudadano con nacionalidad estadunidense y venezolana, cumplió funciones como oficial de adquisiciones y gerente del Grupo de Proyectos Especiales de CITGO, enfrenta un cargo de conspiración para lavar dinero y cinco cargos de lavado de dinero que deberán dirimirse este enero de 2021.

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