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Venezuela

Adriana Martínez Rodríguez, Álvaro Pulido, Alex Saab y Goetz Gold LLC en la trama de contrabando del oro venezolano

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Goetz Gold LLC forma parte del grupo Tony Goetz (www.tonygoetz.com) cuya casa matriz se encuentra en Amberes, Bélgica, conocida internacionalmente como la ciudad de los diamantes.

Goetz Gold forma parte de una red de tráfico ilegal de minerales conflictivos. La empresa exporta a Europa y Estados Unidos toneladas de oro procesado por la compañía African Gold Refinery (AGR) de Uganda, la refinería más grande de África subsahariana, que a su vez pertenece en su totalidad al mismo emporio belga. Parte del material con el que esta fábrica produce los lingotes proviene del contrabando de la República Democrática del Congo (RDC), donde 100 por ciento de la actividad minera es ilegal y sirve como fuente de financiamiento para compra de armamento en un país de alta inestabilidad política, social y económica desde hace décadas.

Los señalamientos se basaban al principio en las investigaciones de “Lavandería dorada”, publicadas en octubre de 2018 por The Sentry, organización anticorrupción con sede en Washington que monitorea los negocios que causan masacres en África, co-fundada por el actor estadounidense George Clooney.

Pero el oro que refina la AGR no sólo proviene de sus vecinos de África. Recientemente, la compañía ugandesa admitió que recibe material de América del Sur, se presume que desde Venezuela, que hoy se vale de las ventas de oro para obtener liquidez ante su colapsada economía y evadir las sanciones de Estados Unidos y Europa.

Autoridades policiales de Uganda declararon el 13 de marzo de 2019 que están investigando a la refinería sobre la legalidad de la importación de 7,4 toneladas de oro en marzo de 2019 por un valor de unos US$300 millones.

Esta empresa belga con sede en Kampala, Uganda, bajo investigación por el grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de la ONU, fue la misma que compró 21,8 toneladas de oro a Venezuela en 2018, negocio en el que se cree participaron los empresarios Alex Saab, Álvaro Pulido (antes Germán Rubio) y la pareja de Pulido, Adriana Martínez. La cantidad representó 30% del total de las ventas del Banco Central de Venezuela (BCV) al exterior, en 2018. Los cargamentos salieron por el aeropuerto de Maiquetía en tres vuelos en diferentes fechas: el cargamento mayor, de 15,6 toneladas, se registró el 3 de diciembre de 2018, después que Estados Unidos anunciara sanciones a todo aquel que hiciera transacciones con el oro venezolano.

Uno de los cerebros financieros de la engorrosa trama es al parecer la colombiana Adriana Martínez Rodríguez, esposa del empresario Álvaro Pulido (antes Germán Rubio). Pulido y su socio Alex Saab poseen estrechos lazos con Nicolás Maduro, la familia de la primera dama venezolana Cilia Flores y la ex-senadora colombiana Piedad Córdoba.

Saab, Pulido y Martínez en el negocio del oro de sangre venezolano

Venezuela ostenta las mayores reservas de petróleo del mundo, pero el oro es cada vez más su salvavidas. Alrededor de las minas, el oro ha reemplazado al bolívar, que casi no tiene valor. Incluso un corte de pelo se paga en oro. En Caracas, el oro le permite a Maduro comprar la lealtad de los militares a su asediado gobierno. Y en el exterior, el oro venezolano, una de las pocas divisas que quedan en el país, se vende por tonelada.

Según un reportaje de CNN, para extraer el metal precioso, los mineros deben convertir las rocas en polvo, desde el amanecer hasta el atardecer, bajo el brutal control de una red de pandillas violentas que gozan del aval de funcionarios del Estado y militares corruptos.

“Al igual que los diamantes de sangre [en África], el oro que se extrae de Venezuela, fuera de cualquier protocolo, es oro sangriento”, asegura el general desertor Manuel Cristopher Figuera, ex-jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La migración de nuevos mineros comenzó cuando los precios del petróleo alcanzaron un mínimo de 12 años. Tales caídas en los precios del crudo, agravadas por años de mala administración y corrupción, ya estaban empujando al colapso a la industria petrolera estatal de Venezuela, y a la economía nacional junto con ella. Las sanciones progresivas de Estados Unidos han endurecido la situación, obligando al Gobierno a encontrar fuentes alternativas de ingresos.

En noviembre de 2018, Nicolás Maduro, el asediado presidente, anunció un “Plan de oro” que permitiría a Venezuela obtener un beneficio estimado de 5.000 millones de dólares anuales, a partir de 2019. “El oro fortalecerá nuestras reservas internacionales y fortalecerá las finanzas nacionales”, dijo, y aseguró que su Gobierno había estado negociando con inversionistas extranjeros para vender el valioso mineral. Algunos de los más favorecidos, además de otras mafias del oro, han sido Adriana Martínez, Alex Saab y Álvaro Pulido, gracias a sus vínculos con CIlia Flores y Nicolás Maduro.

“Bienvenidos al Arco Minero del Orinoco y al Plan de Oro, todos los inversionistas en todo el mundo”, dijo Maduro en 2018.

Se cree que la mayoría de las reservas de oro del país se encuentran en el Arco Minero del Orinoco, en el estado Bolívar. Es una vasta extensión de tierra, jungla en su mayor parte, que abarca más de 103.000 km cuadrados, desde Guyana a Colombia.

El viaje de tres horas desde el aeropuerto de Puerto Ordaz hasta la ciudad de El Callao, que los locales consideran la capital de la industria minera, es increíblemente pintoresco, con un terreno exuberante hasta donde alcanza la vista. Los vendedores de alimentos y combustible pululan en el viaje, generalmente cerca de pequeños pueblos perdidos. Cuanto más adentro en la jungla, más caros se vuelven estos bienes. El camino está sorprendentemente bien pavimentado, una indicación de lo bien transitado que está, pero no sin sus peligros.

El Callao es el municipio más violento de Venezuela, según el Observatorio Venezolano de Violencia (VOV). El municipio de Roscio, menos de 16 km al norte de la ciudad de Guasipati, quedó en segundo lugar.

Las razones de la violencia son muchas, pero todas comienzan con la minería, que ha atraído a “grupos armados, la presencia de los llamados ‘sindicatos’, junto con las acciones letales y violentas de los agentes policiales y militares en el área”, dijo VOV en su informe anual de 2018.

En 2016, el Gobierno nombró a Orinoco una “zona de desarrollo estratégico”, lo que debía facilitar el establecimiento de operaciones mineras y permitir que reciba fondos especiales. También evitó a las autoridades locales y a la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, para centralizar el control en el Ministerio de Minería, en Caracas, bajo el dominio de Nicolás Maduro y al que Saab y Pulido han podido colarse. La medida impulsaría la economía de Venezuela al compensar la caída en los ingresos del petróleo, dijo el Gobierno.

Pero se cree que algunas ganancias de oro solo están yendo a bolsillos de Alex Saab, Álvaro Pulido (antes Germán Rubio), Adriana Martínez y un pequeño grupo de privilegiados.

Maduro, los miembros de su familia y de su régimen han estado utilizando este marco legal para dirigir las operaciones mineras ilegales en la región, otorgando a militares venezolanos un “acceso liberal” a las minas para comprar su “lealtad acérrima”, dijo el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo, cuando impuso sanciones a la industria minera de Venezuela.

El apoyo de los militares es la razón principal por la que Maduro ha podido permanecer en el poder. Desde Caracas hasta El Callao, hay poco interés aparente de las fuerzas armadas en cualquier tipo de cambio. “Mantener el mismo liderazgo es una forma de mantener el mismo statu quo”, dice una fuente militar de alto rango con conocimiento directo de la situación de seguridad en el Arco Minero.

Pandillas criminales y corrupción

En la mina hay rocas con filamentos de oro, que deben ser extraídos. “Llevamos estas rocas al molino y allí se procesan”, explica otro minero, que lleva seis años en la misma mina. “Los molinos extraen de la roca el 40% del oro”, dice.

“El otro 60% se queda en la arena triturada, que venden a compañías como (la compañía minera estatal) Minerven u otras compañías que operan en el área, que procesan la arena con cianuro y otros químicos”.

“En algunas áreas puedes obtener 100, 150 gramos de oro, todos los días”, nos comentan en la mina, recordando otra área en la que había trabajado. Eso es más de 6.000 dólares en oro en solo un día. El salario promedio en Venezuela es el equivalente a 6 dólares por mes.

La mayoría de estos mineros tenían otros trabajos antes del colapso de la economía de Venezuela. Algunos eran mecánicos, otros eran granjeros y la lista continúa. Ahora, están mejor que el venezolano promedio, pero están lejos de hacerse ricos. Los mineros deben pagar a los molinos o fábricas para procesar el oro y luego hay otros costos menos transparentes, para poder trabajar.

Otro minero está dispuesto a decir más, bajo condición de anonimato. Se encuentra en El Callao temprano en la mañana, cuando la mayoría de sus compañeros mineros todavía están dormidos. Su cuerpo está rígido, sus manos tiemblan y su voz es baja, está nervioso. Podría ser asesinado por hablar.

Lleva cinco años trabajando en las minas y explica que el área está dirigida por bandas criminales llamadas pranes, grupos compuestos principalmente por hombres jóvenes que luchan entre ellos por el control del territorio y cobran a los mineros por todo lo que extraen. Algunos grupos cobran un porcentaje que varía del 30% al 50%, otros cobran una tarifa plana, independientemente de cuánto o cuán poco puedan extraer los mineros.

“Estás obligado a pagar porque si no lo haces, hay una consecuencia”, explica el minero anónimo, detallando las atrocidades que presenció. “Te cortan, the torturan, y a los que hablan también los mutilan, los matan y los tiran a los agujeros de las minas”. Ha visto a colegas mutilados, con las manos y los brazos cortados, los ojos arrancados por no pagar su parte a estos grupos armados.

Otros simplemente desaparecen. “Los he visto matar gente en las minas, a veces 10 o 15 personas a la vez”, dice. Según él, se les permite operar desenfrenadamente mientras los policías y militares corruptos cobran su propio pago.

Sus acusaciones son confirmadas por una fuente militar de alto rango con conocimiento directo de la situación de seguridad dentro del Arco Minero de Venezuela. A diferencia del minero anónimo, no parece nervioso, aunque también solicita el anonimato.

“Para sobrevivir en ese territorio, debes llevar un arma”, dice la fuente militar anónima, y ​​agrega que los miembros de los pranes llevan armas pesadas compradas o robadas a los militares. “Esto no solía suceder en Venezuela”, dice.

También hay otras milicias ilegales bien capacitadas en la región. “Puedes verlos desde lejos, a distancia”, dice. “Su postura, su comportamiento es diferente. Están entrenados para el combate”.

El oro acelera las relaciones entre los grupos criminales y los soldados que se supone deben hacer cumplir la ley. “Me han ofrecido oro muchas veces”, dice la fuente. “Cada vez que deteníamos un camión para un chequeo, por no tener el papeleo correcto, alguien me hacía una oferta para intentar que mirara para otro lado”.

Los militares, Saab, Pulido, Martínez y la familia de Maduro

Miembros de las fuerzas armadas han tienen inversiones en la docena de compañías que refinan el oro de la arena, según revelo el minero anónimo y la fuente militar. La red resultante de relaciones entre la industria privada y los funcionarios públicos conduce a Caracas, donde Maduro y su Gobierno ejercen control directo sobre las operaciones mineras y los militares.

“Todo, directa o indirectamente, va al Gobierno”, dice un comerciante de oro en El Callao, bajo condición de anonimato. “El medio ambiente está completamente controlado por el Gobierno”.

La fuente militar anónima dice que altos jefes militares venezolanos se aprovechan de su rango para apoderarse de grandes extensiones de tierra y luego asociarse con inversionistas que aportan el conocimiento y el capital para ejecutar una operación de minería industrial. Estas compañías pueden operar libremente en esta región turbulenta debido a sus conexiones con la parte superior del esquema, agrega, y sus operaciones legitiman la explotación de miles de mineros por las bandas criminales en la parte inferior.

Dejar que los funcionarios se beneficien del negocio del oro ha permitido a Maduro “corromper a los servidores públicos y funcionarios militares en todas las estructuras de poder para perpetuar su Gobierno”, dice Cristopher Figuera, que era uno de los generales más confiables del presidente Maduro antes de unirse al movimiento de oposición de Voluntad Popular. Describe una “sociedad de cómplices” en la industria del oro, que se enriquece a expensas del pueblo venezolano, incluidos los mineros que trabajan en El Callao.

Según Cristopher Figuera, la familia de Maduro también se ha beneficiado del oro. “Hay compañías vinculadas al círculo familiar de Maduro (aunque también se sabe que a Alex Saab y Álvaro Pulido), que compran el oro o negocian la extracción del oro en el sur del país”, afirma. “Venden una parte al Banco Central y la otra parte la sacan del país sin ningún tipo de control”, dice.

Estados Unidos también acusó al presidente y miembros de su familia de obtener beneficios personales de las operaciones mineras, aunque las sanciones no mencionan específicamente el Arco Minero del Orinoco.

Como antiguo miembro del círculo íntimo de Maduro, la reputación de Cristopher Figuera no es inmaculada. Se hizo cargo del Sebin a fines de 2018, y luego fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, acusado de supervisar torturas, violaciones de derechos humanos y persecución a gran escala de partidarios del cambio democrático en Venezuela.

El militar niega los cargos. EE.UU. levantó las sanciones contra él después de que se volvió contra el gobierno de Maduro.

Una trama internacional desde el Caracas Country Club

El rastro de oro de Venezuela conduce desde la selva hasta el Banco Central de Venezuela, donde Saab y Pulido tienen poderosos relacionados. Rodeado de edificios gubernamentales, es aquí donde se ha acumulado la fortuna dorada del país. Según una fuente dentro del banco, alrededor de 70 toneladas del valioso mineral permanecen en sus arcas, la cantidad más baja en décadas.

Obligado a proporcionar algo de alivio a una población que se muere de hambre bajo una economía en ruinas, paralizado aún más por las sanciones de Estados Unidos, que han hecho que el comercio sea cada vez más difícil, Maduro vio en el oro el producto que el petróleo ya no podría ser. Cada vez más apreciado, históricamente estable en valor y considerablemente más fácil de enviar a todo el mundo, el oro permitiría al gobierno contener algunas de las necesidades del país mientras supuestamente enriquece a Maduro y gana el favor de los militares.

En 2018, Venezuela vendió a Turquía casi 24 toneladas de oro “sin refinar” por un valor de más de 900 millones de dólares, según muestran datos del Instituto de Estadística de Turquía. Fue intercambiado por suministros que luego se incluyeron en cajas de alimentos subsidiados del gobierno para venezolanos pobres. Sin embargo, Estados Unidos ha dicho que el gobierno venezolano saca ganancias de esas importaciones y su distribución. Saab y Pulido han fungido como intermediarios en estas operaciones.

Las exportaciones oficiales de oro a Turquía parecieron finalizar a principios de 2019, luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó en noviembre de 2018 nuevas sanciones al sector del oro de Venezuela. Unos días más tarde, hablando en la televisión nacional venezolana, Maduro acusó a Estados Unidos de “perseguir el oro venezolano”, y prometió que Venezuela continuaría “produciendo y vendiendo oro”.

Hoy, las ventas continúan, según Cristopher Figuera y una fuente de alto nivel del Banco Central de Venezuela. En las mismas participan Alex Saab y Álvaro Pulido. Según la fuente del banco, se sacaron hasta 26 toneladas de oro del banco hasta finales de abril. Se empacaron en aviones –para la llamada Ruta del Oro – y se enviaron a Oriente Medio y África, con la coordinación de Saab y Pulido.

Uno de esos envíos fue a Noor Capital, con sede en Abu Dhabi, que días después admitió haber comprado tres toneladas de oro del Banco Central venezolano por un monto no revelado. “Los contratos comerciales claros regulaban la relación entre el Banco Central de Venezuela y Noor Capital”, dijo la compañía en un comunicado en febrero. “Hasta que la situación en Venezuela se estabilice, Noor Capital se abstendrá de realizar más transacciones”. En la transacción con Noor Capital fungió como intermediaria Adriana Martínez, esposa de Álvaro Pulido.

En marzo, un avión de carga ruso realizó dos viajes desde Caracas a Entebbe, Uganda. A bordo llevaba un total de 7,4 toneladas de oro, valuadas en más de 200 millones de dólares, compradas por la Refinería de Oro de África (AGR), dijo a CNN el portavoz de la policía de Uganda y una fuente de AGR. Se sospecha que en esa operación también estuvieron metidas las manos de Saab y Pulido.

Después de que información de inteligencia recibida por Uganda sugiriera que la carga había sido introducida ilegalmente en Uganda, las autoridades locales iniciaron una investigación y confiscaron una parte del oro. Pero las acusaciones fueron desestimadas por el fiscal general de Uganda, William Byahuranga, quien instruyó a la policía a “retirar a los oficiales desplegados en las instalaciones de AGR y liberar cualquier oro que haya sido retenido o incautado durante esta investigación.

Byahuranga también instruyó a AGR a “cesar y desistir de cualquier otra importación de oro desde Venezuela, hasta nuevo aviso”.

El oro se procesó en AGR y luego se volvió a enviar a Abu Dhabi, eludiendo las sanciones de Estados Unidos al sector del oro venezolano, según las fuentes.

El rastro de los envíos de oro se ha enfriado en los últimos meses conforme Estados Unidos y sus aliados han aumentado la presión sobre Venezuela y sus exportaciones de oro. Pero múltiples fuentes aseguran que Nicolás Maduro y su círculo íntimo – entre ellos Saab y Pulido – todavía están vendiendo el oro donde pueden. “Tienen países o compañías en otros países que les permiten obtener alguna ganancia a través del oro, o trabajar con diferentes monedas, vender el oro en monedas distintas al dólar“, dice el general Cristopher Figuera.

A medida que el camino que permitía que el oro saliera de Venezuela a través de Caracas se estrecha, la frontera porosa de Venezuela con Brasil y Colombia se ha convertido en la avenida principal a través de la cual el oro sale del país. En Colombia Alex Saab y Álvaro Pulido tienen también aliados al más alto nivel de gobierno.

“Tenemos una frontera que no está bajo ningún tipo de control y que también es muy grande”, explica el general Cristopher Figuera. “Los que contrabandean oro han podido [aprovechar] esas vulnerabilidades”. Estas acusaciones han sido confirmadas por una fuente militar, una fuente en el comercio de oro con conocimiento directo de operaciones que involucran oro de Venezuela, y múltiples testigos en la región.

Venezuela salvaje

De regreso al café, enojado por el impacto duradero que la industria minera está teniendo en el ambiente y en la gente que vive en el área, la fuente militar anónima arremete. “Lo que me irrita es que estas personas, las que se han beneficiado, han creado estos problemas y luego se van”.

No es solo la corrupción y la violencia que se han extendido por toda la región lo que lo agrava. Esta parte de Venezuela se ha convertido en una especie de salvaje oeste, donde las líneas entre lo que es legal y la minería ilegal se han vuelto cada vez más borrosas. La mayoría de los sitios mineros operan en condiciones ilegales, con poca consideración por las normas de salud y seguridad y una total indiferencia por su impacto ambiental, mientras los funcionarios locales y las fuerzas de seguridad hacen la vista gorda.

Las compañías que operan en el Arco Minero del Orinoco lo hacen con tecnología y prácticas obsoletas que utilizan productos químicos peligrosos, con lo cual envenenan recursos hídricos vitales con mercurio, cianuro y otras sustancias tóxicas. Las operaciones mineras también continúan despejando grandes áreas de selva tropical, algunas de ellas protegidas por la ley venezolana, como el Parque Nacional Canaima, sitio que la Unesco declaró Patrimonio de la Humanidad.

“No he visto mucho del mundo, pero el Parque Nacional Canaima sí”, dice, haciendo una pausa mientras busca la palabra correcta. “Es simplemente espectacular”, dice la fuente militar con un suspiro. “Y lo están destruyendo”.

De vuelta en El Callao, un minero dice que cree que el oro que ha estado cavando fue creado divinamente, pero necesariamente bueno.

“Está en el suelo porque Dios lo consideró así”, dice. “Y hay un texto bíblico que dice que tu dinero no debe usarse para actos malvados”. Reflexionando sobre el sistema corrupto de autoganancia alrededor del oro, desde El Callao hasta Caracas, se desespera.

“Es dinero maldito”, dice. “Es dinero malvado”.

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Así describen los «guisos», mitos y conflictos del interinato venezolano

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No todo fueron palabras de honra para el general venezolano Julio Lara Guzmán tras su fallecimiento por Covid-19

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El pasado 12 de abril falleció el general de brigada venezolano Julio Rafael Ángel Lara Guzmán, luego de padecer complicaciones con COVID-19.

La información fue confirmada por familiares del militar retirado a través de las redes sociales, así como por la promoción de Oficiales «Toma de El Callao», a través de un comunicado en el que lamentaron su deceso.

«Destacado oficial en la honorosa situación de retiro, quien fue llamado a los brazos del señor el día 12/04/21, apreciado compañero y amigo te perpetuarás en este plano terrenal», manifestaron algunos de sus antiguos compañeros oficiales.

Lara Guzmán participó en el levantamiento contra Hugo Chávez en 2002, desde la Plaza Altamira en Caracas.

Lara Guzmán fue jefe del Comando Regional 7 de la Guardia Nacional Bolivariana (CORE 7) en el oriente venezolano y también estuvo al frente de la Policía del Estado Zulia.

Por otra parte, en un audio del general Lara Guzmán, compartido por medio de la aplicación WhatsApp, éste manifestaba sus dificultades de salud debido a los síntomas del coronavirus y hacía un llamado al arrepentimiento y a la concordia.

«Me siento bastante mal, no tengo fuerzas. Esta jugada me salió mal a mí. Cuídense, sigan adelante, lamentablemente me tocó a mí. Quiero seguir adelante, pero me falta la fuerza. Perdónense, sigan adelante».

El editor de prensa venezolano Miguel Salazar mostró en Youtube el audio con las palabras del general.

Oscuras relaciones

Pero no todos evocaron con halagos al general Lara. Algunos recordaron en las redes sociales que durante su ejercicio como militar tuvo una conducta que dejó mucho que desear, asegurando que se había dejado envilecer por el poder.

Se escuchó decir que mientras se encontraba en condición activa como militar, Lara desechó algunas oportunidades, pues estaba convencido de que se convertiría en gobernador de Anzoátegui, estado donde hizo vida profesional. En las redes se aseguró que entonces el militar estuvo más pendiente de ser candidato a gobernador que de sus funciones como militar y que en ocasiones utilizó medidas coercitivas contra a periodistas incómodos, empleando sus contactos en sindicatos e instituciones estatales para amenazar con despidos a familiares de comunicadores.

Se señaló también que el general llegó a engavetar denuncias que recibía personalmente contra personas acusadas de narcotráfico, pese a comprometerse a investigarlas, pues mantenía amistad con algunas de las personas denunciadas.

Según se aseguró en las redes, uno de los denunciados por narcotráfico residía en un apartamento en un condominio de la ciudad de Puerto La Cruz denominado La Otra Banda y poseía un yate, en el que el general compartía con el propietario de la embarcación durante paseos en los que no faltaban afectuosas muestras de amistad y licores. El mismo sujeto habría financiado publicitariamente corridas de toros en fiestas aniversarias de la Guardia Nacional, como gesto de cortesía hacia el general, quien se comentó disfrutaba de esos y otros gestos ante el silencio de muchos.

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Así describen la corrupta destrucción del estado Zulia en Venezuela

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En solo tres años y tres meses el Zulia pasó de ser el más importante estado petrolero de Venezuela a mutar en veloz transición en una entidad en ruinas que sirve como guarida al mayor centro de complot para el saqueo, la extorsión, expropiación de empresas y lavado de dinero del crimen organizado en la frontera noroccidental con Colombia.

Por Dámaso Jiménez | venezuelausa.org

El 10 de diciembre del 2017 comenzó una historia de corrupción inaudita e implacable desde la gobernación del Zulia, luego que la ANC ilegítima arrebatara el triunfo al opositor Juan Pablo Guanipa, para imponer una ficha del PSUV radical en la figura de Omar Prieto Fernández, para beneficio exclusivo de una cúspide del régimen que permitió la destrucción de un legado de empresas para enriquecer groseramente a un pequeño grupo de personajes civiles y militares a costa del hambre, la privación del derecho a la vida y el ataque despiadado a la propiedad privada.

Prieto venía de ser el alcalde del municipio San Francisco, aledaño a Maracaibo, con múltiples acusaciones de manejos irregulares de los recursos públicos, arbitrariedades, amenazas y persecuciones policiales. La nueva alianza lo obligó a romper con su principal mentor político, Rodrigo Cabezas, de quien fuera su suplente en la Asamblea Nacional, y a quien denominó “traidor” y “transexual político”, luego que hiciera propuestas a Juan Guaidó como jefe del Parlamento para salir de la crisis.

Durante los primeros meses de su gestión Prieto se dedicó a descalificar como corrupto e investigar públicamente la gestión de su antecesor chavista, el teniente coronel golpista del 4F, Francisco Arias Cárdenas, uno de sus principales enemigos políticos régimen adentro; así como minimizar la maniobrabilidad política y operativa de la oposición y defenestrar la salud empresarial de la entidad.

Comenzó con el diputado opositor Juan Pablo Guanipa, a cuya familia en un acto de venganza política le clausura ilegalmente los tres reconocidos y exitosos restaurantes denominados “Té con Té”. Luego ordenó atacar los comercios ligados al ex gobernador Arias Cárdenas, a quien acusó de liderar una conspiración dirigida para tumbar a Nicolás Maduro.

http://tureporte.com/te-con-te-no-reabrira-sus-puertas-su-acta-de-defuncion-ya-esta-firmada/

Para mantener una figura temeraria designa a Lisandro Cabello como número dos al frente de la Secretaría de Gobierno y a Rebeca Del Gallego, coordinadora del bufete de Cabello, como procuradora del Zulia.

Convertidos en el triunvirato de la corte chavista en el Zulia, Prieto  comienza desde el 2018 a extorsionar a empresarios privados, incautar propiedades de quienes manifestaran ideas diferentes o se sumaran a los paros convocados por la oposición. El propósito era destruir la confianza y la economía del otrora principal emporio financiero y empresarial del país.

“Nosotros no somos empresarios, somos el gobierno bolivariano. Este es nuestro mensaje: empresarios que quieran meterse en la política les vamos a responder como políticos. El que venga a atacar las políticas del presidente Maduro tendrán una respuesta contundente. El que haga guarimbas y destrozos no sólo le retirarán las licencias, también se le incautarán propiedades”, dijo Prieto en su primera declaración de guerra a los empresarios, emprendedores, buhoneros, trabajadores independientes, periodistas y todo aquel que osara confrontar sus intenciones.

Así quedó la fachada de la Clínica Paraiso a consecuencia de una granada para cumplir amenazas

De ese complot indujeron y provocaron con los colectivos armados saqueos de fuerte relevancia para debilitar comercios. Solo fueron resguardados los negocios de Prieto y sus socios testaferros como los supermercados Nasa de Alfredo Provenzani,  los Hipermercado-La Grande de Danilo Nammour y los supermercados Fiorella de Omar Barrios, exsocio de Arias Cárdenas en la importación de alimentos desde Colombia y apertura de Bodegones en Maracaibo.

El siguiente paso fue ofrecer comprar los comercios importantes a precios de gallinas flacas. Los que hicieron resistencia fueron intimidados por el hampa y las granadas y huyeron. La lista es extensa, pero estas son solo algunas de las que ofrecieron testimonios sobre esta red de mafias que se apoderaron del Zulia.

SM Pharma

Pharma fue el principal laboratorio de producción de medicamentos del occidente venezolano. Fue fundada por una familia española, los Santamarta, hace 40 años. Numerosos dirigentes del PSUV intentaron en diferentes oportunidades “vacunarlos” y sacarles grandes sumas de dinero. La empresa se resistió al principio. Los propietarios atemorizados denunciaron a la procuradora Del Gallego de exigirles el pago de un millón de dólares a cambio de no expropiar la empresa. En septiembre del 2018 el gobernador Omar Prieto declara de utilidad pública el laboratorio farmacéutico, lo expropia y asalta con la policía regional la sede de la empresa. De esta forma se consumó la confiscación ilegítima de una empresa altamente productiva y de larga tradición en el Zulia. El presidente de la empresa, Raimundo Santamarta y todo su núcleo familiar huyen del país, luego que Lisandro Cabello anunciara públicamente que preparaba, a través de un tribunal, un auto de detención en su contra. Dos años después el Laboratorio Pharma se encuentra literalmente destruido y sus calderas que requieren de un mantenimiento técnico permanente se encuentran contaminadas. Como consecuencia los propietarios legítimos de esta importante industria farmacéutica destruida por Prieto, interpusieron un arbitraje internacional con el apoyo del Gobierno de España contra la República Bolivariana de Venezuela, exigiendo una indemnización o reparación por 200 millones de dólares. El Fisco de algún gobierno responsable en el futuro tendría que responder por este asalto realizado por Prieto y Cabello.

https://www.eluniversal.com/economia/32882/grupo-sm-pharma-rechaza-expropiacion-de-sus-instalaciones-por-parte-de-la-gobernacion-del-zulia

Luego de la expropiación de Pharma Maduro declaró que el Laboratorio abastecería de medicinas a la mitad del país.

http://tureporte.com/conozca-la-historia-del-laboratorio-sm-pharma-que-allano-la-gobernacion/

Los propietarios legítimos de Pharma interpusieron un arbitraje internacional con el apoyo del Gobierno de España contra la República Bolivariana de Venezuela por 200 millones de dólares por la expropiación del Laboratorio

https://www.elnacional.com/venezuela/dueno-de-sm-pharma-reclama-indemnizacion-de-200-millones-de-dolares-al-regimen-de-maduro/

España deplora la confiscación de la empresa farmacéutica SM PHARMA https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2019/20190209confiscation.aspx

Heladería Argentina

Un emprendimiento que surgió en 1985 como una venta de helados en Maracaibo bajo la marca registrada “Heladería Argentina”, había logrado tal éxito comercial que en 1992 les permitió a sus propietarios instalar en el sector Los Robles una fábrica de producción y distribución de sus diferentes presentaciones. Todo marchaba bien hasta que el secretario de gobierno, Lisandro Cabello, decidió utilizar de forma arbitraria el poder de la Gobernación para saldar una disputa judicial contra Víctor Salas, uno de los socios propietarios de la heladería. La amenaza exigía el pago de un monto en dólares o les expropiarían una casa de habitación propiedad de los dueños de la heladería, ubicada frente a la Residencia Oficial del gobernador del Zulia. Fue utilizado el mismo argumento ilegal: Expropiación por causa de utilidad pública. Luego de decretado irrumpen policialmente en la propiedad de Salas. La persecución y asedio fue de tal magnitud que la familia se vió obligada a abandonar el país, cerrar la fábrica y los 4 locales comerciales donde los marabinos concurrían de forma cotidiana.

Hipermercado La Grande
Una de las sedes de Fiorella

http://tureporte.com/hipermercado-la-grande-5-de-julio/

Hipermercado-La Grande, Fiorella, panadería Biaggio y pastelería Jeffrey´s

Al fracasar los Abastos Bicentenarios de Maduro, los perseguidos de ayer por Omar Prieto, Danilo Nammour, Wael El Yaber y Omar Barrios se convierten ahora en sus principales socios y utilizaron el poder político para instalar varias cadenas de supermercados con el monopolio de los alimentos con costos elevados, logrando con el favor del gobierno central con la libre importación de todo tipo de alimentos y víveres, lo que permitió a Prieto hacer una gran fortuna personal. La inversión inicial fue de 95 mil dólares. Los locales fueron utilizados sin ningún costo por los nuevos dueños garantes de una propiedad del Estado venezolano, incluyendo los equipos, estanterías y galpones. El documento de legalización aparente de estas operaciones son una estafa a la República. Prieto ordena a la abogada Del Gallego que el comodato en algunos casos sea implementado por 100 años. Según los conocedores, en estos escasos 3 años de gestión de Prieto se regalaron propiedades del estado Zulia a cambio de nada. El poder e influencia de Danilo Nammour quedó demostrado luego de permitirse cerrar el puente sobre el lago para realizar un video musical para su hija menor, que fue publicado el 25 de febrero del 2021, y que generó una serie de críticas masivas a través de las redes por lo que ha sido considerado un abuso de poder por parte de los socios de Prieto. Wael El Yaber acompaña a Prieto desde que fue electo alcalde de San Francisco logrando realizar varios negocios en La Coromoto. Sus inicios de empresario se remontan desde “Todo Regalado”. Entre 2018 y 2019 realiza cuantiosas inversiones mediante la adquisición de negocios de familias importantes de Maracaibo. Sigue siendo un misterio como el señor Gian Franco Lovino, de ascendencia italiana, se desprendió tan fácilmente de un negocio familiar muy exitoso como la panadería “Don Biaggio” en Bella Vista, donde atendía amablemente a sus clientes y que vendió para salir del país. La otra adquisición de Wael El Yaber es la famosa pastelería Jeffreys, ubicada a pocos metros de la Plaza de la República. Las razones de su propietario, el norteamericano Paul Jeffrey para vender su negocio estrella a esta sociedad que gobierna y se regresa el vuelto, son también desconocidas. A estos hechos “extraños” se suma el allanamiento por parte de la GNB de un galpón donde El Yaber guardaba cientos de motos. La orden de allanar e incautar fue dada por el entonces Ministro del Interior y Justicia, General Néstor Reverol, quién aún mantiene una investigación abierta por estas extorsiones y enriquecimiento ilícito de este triunvirato. Omar Barrios manejó la importación de alimentos desde Colombia con salvoconducto de su socio Arias Cárdenas. Su hijo del mimso nombre fue el conductor de la camioneta con la que fue atropellado el estudiante de medicina y socorrista Paúl Moreno, a quien dio muerte para luego huir del lugar. No pagó por este delito que conmocionó el país en medio de las protestas del 2017. La sociedad con Prieto le permitió una mayor inmunidad a la familia y abrir otros negocios como La Despensa, en el centro comercial Costa Verde, y diferentes sucursales del Supermarket Fiorella con 4 sucursales. Fue inversionista del desaparecido medio diariorepublica.com. Adicionalmente mantiene otros negocios en el país y los EEUU.

https://www.entornointeligente.com/la-despensa-abre-el-15-de-diciembre-y-tres-supermercados-ms/

Jeffrey

http://tureporte.com/por-que-cerro-la-sede-original-de-jeffreys/

https://cronica.uno/extorsiones-en-el-zulia-obligan-a-comerciantes-a-cerrar-sus-negocios-y-huir/

https://elpitazo.net/reportajes/bandas-delictivas-extorsionan-y-amenazan-para-imponer-terror-en-el-zulia/

Coima camaronero

En las 3 últimas décadas se ha desarrollado de forma exitosa en el Zulia el cultivo de camarones y cangrejas para el mercado internacional. Miami y la ciudad de Panamá son los destinos recurrentes. Empresarios dedicados a esta actividad productiva han señalado que utilizaban el servicio de empresas aéreas internacionales especializadas en cadenas de enfriamiento, para sacar sus exportaciones por el aeropuerto internacional La Chinita, previo pago de los impuestos nacionales establecidos por Ley. Desde el 2018 la administración de Prieto impuso un impuesto regional a los camaroneros, pero luego llegó lo infame. El abogado William Cabello, encargado entonces de la administración del aeropuerto y recientemente designado autoridad única para lo económico y financiero en la región, les comunicó a los camaroneros que debían cancelar una “contribución adicional” en una cuenta bancaria en EEUU. La amenaza suponía la no autorización de exportar por el aeropuerto si no cancelaban la nueva coima. La extorsión funcionó y los camaroneros deben depositar puntualmente a la cuenta del hermano de un alto funcionario de Prieto instalado con importantes negocios desde la Florida central, donde han abierto negocios de vehículos nuevos y usados, transporte privado, clínicas,  barberías,  centros de belleza y empresas registradas en Venezuela y USA para acopiar pagos petroleros y depósitos bancarios provenientes de la corrupción, olvidando lo señalado por el embajador de los EEUU para Venezuela, James Story, de que ya fueron iniciadas las investigaciones de los colaboradores desde territorio norteamericano de los chavistas sancionados.

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