fbpx
Connect with us

Uncategorized

Así eran denunciados en 2014 los guisos cambiarios de Mauro Libi con los que fue estafado el Estado venezolano

Published

on

Spread the love

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

ENSAYO DIVULGATIVO

LA VERDAD SOBRE LAS LISTAS DE EMPRESAS DE MALETÍN PUBLICADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y CENCOEX

Autor

LUIS ENRIQUE GAVAZUT BIANCO

“MOVIMIENTO DE BATALLA SOCIAL PUNTA DE LANZA”

Guatire, 19 de agosto 2014

 

El 7 de agosto de 2014, finalmente las autoridades del país comenzaron a publicar la lista de las famosas “empresas de maletín”, investigadas por el desfalco de las divisas recibidas a través de CADIVI y el SITME. El primer listado fue publicado por el Ministerio Público en esa fecha, con un total de 56 empresas. Justo al día siguiente, dicha institución publicó una segunda lista contentiva de 60 empresas más. Posteriormente, el lunes 11 de agosto, el CENCOEX publicó un listado de 33 empresas que no acudieron a la cita de la primera y segunda semanas para la rendición de cuentas por el uso dado a las divisas recibidas de parte de ese organismo. Tres días después, el 14 de agosto, el Ministerio Público dio a conocer una tercera lista contentiva de 50 empresas más. Y dos días después de eso, el sábado 16 de agosto, el CENCOEX publicó un segundo listado con 17 empresas adicionales que no acudieron a la cita de la tercera semana para la rendición de cuentas ante ese organismo. Para el momento en que se escribió este artículo, no se habían publicado listas adicionales.

Lo primero que debe señalarse es la inconsistencia y falta de rigurosidad en la forma en que se han venido publicando esas listas, dado que las mismas tienen errores de transcripción en los nombres de las empresas, los cuales muchas veces no coinciden literalmente con los publicados en la base de datos de todas las empresas a las que CADIVI adjudicó divisas entre los años 2004 y 2012, ambos inclusive, y la cual se encuentra disponible para todo aquel que la desee consultar, en la página web: www.cadivi.gob.ve (cuyo nombre de dominio en Internet se mantiene igual para el actual CENCOEX).

Por otro lado, algunas listas han sido publicadas incluyendo el RIF de cada empresa y otras no, lo cual dificulta aún más la correcta e inequívoca identificación de las mismas. El formato utilizado para la publicación tampoco facilita la labor de análisis por parte de la ciudadanía, pues se ha utilizado el formato de imágenes y no el de base de datos, hoja de cálculo, cuadro de texto, o tan siquiera líneas de texto, lo cual obliga a tener que transcribir uno por uno cada nombre (muchos de los cuales están mal escritos y/o escritos de manera incompleta, o no coinciden con la forma como están escritos en la base de datos de CADIVI). Otro problema observado en la forma como se han publicado estas listas, consiste en la repetición de empresas. En total, de las 216 empresas publicadas hasta la fecha de elaboración de esta investigación, tanto por el Ministerio Público como por el CENCOEX, 4 de ellas están repetidas; razón por la cual, no son entonces 216 las empresas ya publicadas, sino solamente 212. Las empresas que están repetidas, son las siguientes:

Adicionalmente, debe hacerse notar que en ninguna de las listas publicadas hasta la fecha, se indica el monto de las divisas adjudicadas a cada empresa por parte de CADIVI y/o SITME y/o CENCOEX, ni si están siendo investigadas por divisas recibidas en un solo año o en varios, ni tampoco si recibieron divisas en 2012, o antes de ese año, o a partir de 2013 en adelante (cuando ya no existían CADIVI ni SITME). Tampoco se señala si esas empresas publicadas están siendo investigadas por la totalidad de las divisas recibidas por CADIVI, SITME y/o CENCOEX, o solamente por una parte de las divisas recibidas (o sea, si todas las empresas desfalcaron el 100% de las divisas que recibieron, o si hubo algún porcentaje de las divisas recibidas a las que sí se les dio el uso correcto para el que legalmente estaban destinadas).

Pese a las dificultades antedichas, se logró sistematizar toda la data y se procedió a cruzarla con la base de datos de CADIVI, lo cual permite determinar si esas empresas recibieron divisas de CADIVI entre los años 2004 y 2012 y, de no haber sido así, queda establecido entonces que se trata de empresas que únicamente recibieron divisas a través del SITME y/o son empresas que han recibido divisas (y que las han estafado) solamente a partir del año 2013 en adelante, es decir, que recibieron divisas del nuevo CENCOEX y las desfalcaron; denotando esto último, que el fraude a la nación continúa a pesar de haberse eliminado ya, tanto CADIVI como el SITME.

La base de datos de CADIVI reporta la información de cada empresa en el año 2012 en forma desagregada respecto del período 2004-2012. La principal denuncia en relación con las empresas de maletín es precisamente que en el año 2012 las mismas desfalcaron a la nación aproximadamente 20.000 millones de dólares, pero ningún vocero oficial del gobierno ha aclarado si ese desfalco se produjo con las divisas entregadas por CADIVI, por el SITME o por ambos, ni sus respectivas proporciones.

Lo primero que cabe destacar es que de las 212 empresas de maletín publicadas hasta la fecha por el Ministerio Público y CENCOEX, solamente 46 recibieron divisas de CADIVI en el año 2012, lo que equivale únicamente al 21,70% de las 212 empresas que han sido publicadas hasta ahora. De esas 46 empresas, 10 recibieron divisas de CADIVI solo en el año 2012, es decir, no recibieron divisas de CADIVI en ningún otro año anterior a 2012.

Por otra parte, 85 de las 212 empresas publicadas hasta la fecha, equivalentes al 40,09% de las mismas, nunca recibieron divisas de CADIVI, pues no figuran en la base de datos de las 10.374 empresas que recibieron autorizaciones de divisas por parte de ese organismo a lo largo del período de 9 años comprendido entre 2004 y 2012, ambos inclusive. Esto significa que 4 de cada 10 empresas que aparecen en esas listas probablemente cometieron fraude a través del SITME y/o CENCOEX y/o SICAD, lo que constituye un importante indicador de que el fraude a la nación ha continuado a pesar de haberse eliminado CADIVI y el SITME.

Las 46 empresas que recibieron autorizaciones de divisas de CADIVI en el año 2012, lo hicieron por un monto total de 298.477.142 US$, a través de 1.278 solicitudes aprobadas, cifra que representa tan solo el 1,49% de los 20.000 millones de dólares desfalcados aproximadamente a la nación por el sector privado en ese año 2012. Incluyendo los restantes 8 años del período 2004-2012, esas mismas 46 empresas recibieron autorizaciones de divisas de CADIVI a través de 17.749 solicitudes aprobadas por un monto total de 2.170.799.943 US$, que equivale tan solo al 1,20% del total de divisas aprobadas por CADIVI a la lista completa de 10.374 empresas que figuran en su base de datos para el período 2004-2012, que fueron 180.567.919.608 US$.

Por lo tanto, considerando solamente el desfalco ocurrido en el año 2012 y suponiendo que el mismo fue por un monto de 20.000 millones de dólares, el hecho cierto es que todas las empresas publicadas hasta ahora por el Ministerio Público y CENCOEX como implicadas en dicho desfalco, solamente representan el 1,49% del total de divisas robadas a la nación en ese año, al menos a través de CADIVI. De allí que, con la limitada información disponible, todavía se desconoce la lista de las empresas de maletín que den cuenta del 98,51% del desfalco del año 2012 (sin contar que en el año 2013 se produjo un desfalco similar y que en años anteriores a 2012 también pudo haberse producido). En otras palabras, la opinión pública continúa desconociendo todavía quiénes fueron los que cometieron la práctica totalidad del desfalco a la nación, lo que obviamente implica que el gobierno aún no ha sido capaz de establecer –excepto en un monto irrisorio- cuáles son las verdaderas “empresas de maletín” que se robaron las divisas de la nación en el año 2012.

Existen otros dos hallazgos relevantes que cabe resaltar en este análisis. El primero de ellos es que de las 46 empresas investigadas hasta ahora por el desfalco a la nación que recibieron un monto total de 298.477.142 US$ aprobados por CADIVI en el año 2012 específicamente, solo 2 de ellas, es decir, apenas el 4,35% de esas 46 empresas, recibieron 209.340.747 US$, equivalentes al 70,14% del total asignado a las 46 empresas. El segundo hallazgo que se desea resaltar, es que la empresa a la que más divisas le aprobó CADIVI en el año 2012 de ese listado total de 46 empresas que están siendo investigadas, es una empresa multinacional extranjera, a saber: Merck, C.A., una empresa farmacéutica cuya casa matriz se ubica en Alemania y que no debe ser confundida con Merck Sharp & Dohme Venezuela, C.A., que es una empresa totalmente distinta cuya casa matriz se ubica en Estados Unidos de América. Si bien ambas empresas tienen un mismo origen, la segunda mencionada corresponde a la nacionalización que, finalizada la Primera Guerra Mundial, hizo Estados Unidos de la filial de la compañía alemana Merck instalada en su territorio. Desde entonces, aun cuando comparten parcialmente el nombre, constituyen dos empresas totalmente distintas.

Cabe resaltar que esas 2 mayores empresas, de las 46 investigadas que recibieron divisas aprobadas por CADIVI en el año 2012, figuran ambas en el ranking de las 100 empresas que recibieron una mayor cantidad de divisas aprobadas por CADIVI en el período 2004-2012, entre el total de 10.374 empresas con solicitudes aprobadas de divisas por ese organismo en dicho período de 9 años consecutivos (al respecto ver el trabajo de investigación del autor titulado: “Dólares de Maletín, Empresas Extranjeras y Modelo Económico Socialista”, publicado en http://www.aporrea.org/media/2014/03/la_cosecha._loe..pdf). Merck, C.A. ocupa la posición No. 36, y la empresa Inversiones 4528, C.A. ocupa la posición No. 83, en el referido ranking. Entre ambas, recibieron en total asignaciones de divisas de CADIVI por valor de 957.677.638 US$ a lo largo del período 2004-2012. Casi mil millones de dólares entre las dos, únicamente a través de CADIVI (no se sabe si también recibieron divisas por el SITME). El CENCOEX registra en su página web que Merck, C.A. ha recibido 61.199.071 US$ en lo que va de 2014; pero no se ha publicado información oficial sobre el año 2013, ni tampoco sobre SICAD I ni SICAD II.

Los resultados observados permiten concluir en dirección favorable a las hipótesis que se derivan del estudio del autor titulado: “Dólares de Maletín, Empresas Extranjeras y Modelo Económico Socialista”, publicado en http://www.aporrea.org/media/2014/03/la_cosecha._loe..pdf (ver también: “El Caso CADIVI y la Estafa a la Nación, en: http://www.aporrea.org/actualidad/n250756.html;  y “La Estafa a la Nación y el Aumento de los Combustibles”, en: http://www.aporrea.org/contraloria/n256058.html), a saber:

1. Las llamadas “empresas de maletín”, no necesariamente son de maletín, sino que se trata principalmente de empresas debidamente establecidas y además con trayectoria y reconocimiento dentro del país. Prueba a favor de esta hipótesis son, por ejemplo, las empresas Merck, C.A. e Inversiones 4528, C.A.

2. En términos de montos de divisas recibidos, las empresas que estafaron a la nación corresponden a las empresas de gran capital, principalmente a las empresas multinacionales extranjeras. Prueba a favor de esta hipótesis es el hecho de que en las listas ya publicadas de empresas que están siendo investigadas por la comisión de delitos cambiarios, se encuentra la multinacional extranjera  Merck, C.A., la cual se ubica además en el primer lugar de todas las empresas investigadas publicadas, en cuanto a cantidad de divisas recibidas en el año 2012 a través de CADIVI.

3. Los casos investigados solamente representan una fracción minoritaria del monto total estafado, dado que resulta muy difícil para la República poder investigar la sobrefacturación de importaciones, sobre todo cuando ésta es perpetrada por las grandes empresas multinacionales extranjeras. Prueba a favor de esta hipótesis es el hecho de que la totalidad de las empresas publicadas hasta ahora apenas representan el 1,49% del total de divisas estafado a la nación por el sector privado a través de CADIVI tan solo en el año 2012. Y ese porcentaje pudiera incluso ser menor, pues se calculó sobre el supuesto de que el 100% de las divisas recibidas por esas empresas a través de CADIVI en ese año 2012, fueron estafadas, es decir, que ni un solo dólar de los recibidos por esas empresas habría sido destinado al uso correcto para el cual se les entregó, lo cual a decir verdad, luce poco probable; razón por la cual es muy posible que en realidad el porcentaje estafado por esas empresas a la nación sea menor incluso que ese ya de por sí irrisorio 1,49%.

Ahora bien, expuesto lo anterior, resulta sumamente interesante indagar un poco acerca de quiénes son estas empresas en realidad, pues conocer de ellas solamente un nombre y un RIF, no dice mucho, y es una información muy pobre para la gran expectativa que tiene la ciudadanía sobre las tristemente famosas “empresas de maletín”.

INDAGACIÓN ACERCA DE “INVERSIONES 4528, C.A.”

Al respecto, comencemos con la empresa Inversiones 4528, C.A., RIF J-300610020, mencionada en la fila 24 del primer listado contentivo de 56 empresas, publicado el 7 de agosto de 2014, por el Ministerio Público a través de la cuenta twitter de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y la cual ocupa el segundo lugar de todas las empresas publicadas hasta la fecha de elaboración de este estudio, en relación con las divisas que le fueron aprobadas por CADIVI en el año 2012, por un monto de 101.515.959 US$, apenas seis millones de dólares menos que la primera en la lista, la multinacional farmacéutica Merck, C.A.

Inversiones 4528, C.A. aparece inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), el cual indica que la misma tiene su domicilio en Guatire, Av. Principal de El Ingenio, Galpón 3. Su objeto es la compra, venta y distribución de artículos electrodomésticos, electrónicos y afines con el ramo, pudiendo recurrir a la importación o exportación para lograr su objetivo, e igualmente el comercio en general. Tiene un único accionista que detenta el 100% de las acciones: Jhonny Alfonzo Cilli. Entre sus principales clientes, se encuentran Central Madeirense y Video Sonido Martell.

Bien. Resulta que Jhonny Alfonso Cilli De Simone, titular de la cédula de identidad No. 5.976.515, aparece también como el Director General de la empresa Importaciones Millecose, C.A., RIF J-313501166, la cual aparece demandada en una sentencia emanada del Juzgado Octavo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 24 de octubre de 2012, por una acción ejercida en su contra por FOGADE, y en dicho caso, figura el ciudadano Mauro Libi Crestani, CI.: V-9.879.190, como avalista y principal pagador de la empresa Importaciones Millecose, C.A.

Resulta además, que en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) aparece inscrita la empresa Inversiones Pro-Image de Venezuela, C.A., RIF J-308869686, domiciliada en la Avenida Principal de la Urbanización El Ingenio, Galpón 3, Guatire, Edo. Miranda (es decir, el mismo domicilio de la empresa Inversiones 4528, C.A.), la cual tiene por objeto la compra, venta, distribución, importación y exportación de todo tipo de alimentos y cualquier otro afín de este ramo, así como la comercialización de productos alimenticios cualquiera sea su origen, y también artefactos electrodomésticos y electrónicos y conexos; y cuyos accionistas son los siguientes: Mauro Libi Crestani, CI.: 9.879.190, con el 90% de las acciones, y Jhony Alfonso Cilli, CI.: 5.976.515, con el 10% de las acciones. Entre los clientes de esta empresa figura Makro, a la que le han suministrado artefactos electrodomésticos y electrónicos.

Importaciones Millecose, C.A. no aparece inscrita en el RNC, pero figura en la base de datos internacional ImportGenius como una empresa en Venezuela que importa productos desde Holanda por el puerto de Puerto Cabello. Pero además, figura en esa misma base de datos como una empresa en Venezuela que exporta productos por vía marítima hacia Panamá.

Ahora bien, resulta que en el Informe Económico de Gestión, correspondiente al primer semestre de 2012, de la institución bancaria Banplus, aparece como Director Principal… nada más y nada menos que nuevamente Mauro Libi Crestani, cuyo nombre también figura en una base de datos empresarial internacional como ocupante de un cargo administrativo en una empresa financiera registrada en Madrid, España, dedicada a la adquisición, tenencia y administración directa o indirecta de acciones, participaciones sociales, cuotas y cualquier otra forma de participación o interés en el capital social, y está clasificada con el código CNAE 6619, correspondiente a empresas dedicadas a “Otras actividades auxiliares a los servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones”. La empresa, cuyo nombre no aparece en la base de datos a menos que se pague la suscripción del servicio, tiene una antigüedad de 5 años y el último balance presentado en el Registro Mercantil de Madrid es del año 2012; cuenta con un total de 12 cargos, de los cuales 6 son administrativos. El último “acto de capital” de la empresa fue realizado el 11 de diciembre de 2013, y corresponde a una ampliación de capital.

Ante estos hallazgos dignos de una novela detectivesca, resulta que continuando con la indagación, aparece publicada en Internet, en la página web de Primicias24.com, una nota fechada el 2 de junio de 2013, cuyo contenido se procede a transcribir textualmente a continuación por tratarse de un documento del dominio público:

Continuamos. En sentencia del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 16 de mayo de 2012, aparece FOGADE demandando a la empresa Inversiones Elecom, C.A., representada por el ciudadano Eleuterio Libi Plevana, CI.: V-6.977.203, en su carácter de Director General y Representante de la demandada, e igualmente al ciudadano Mauro Libi Crestani, CI.: V-9.879.190, en su carácter de avalista y principal pagador, por algunas obligaciones asumidas por Inversiones Elecom, C.A. con el Banco Canarias de Venezuela, C.A., cuyo ente liquidador fue precisamente FOGADE. Es decir, que Inversiones Elecom, C.A. adquirió deudas en el Banco Canarias y, cuando este quebró durante la crisis bancaria de finales de la década pasada y fue intervenido por FOGADE, esta última entidad accionó judicialmente contra los diferentes deudores del Banco Canarias para recuperar la cartera financiera perdida. Uno de esos deudores fue una empresa cuyo Director General y Representante Legal parece ser un familiar –pudiera ser el padre o un hermano mayor por los números de cédula y el primer apellido- de Mauro Libi Crestani, quien fungió como fiador de la deuda.

Pues bien, resulta que la empresa Inversiones Elecom JC, C.A., RIF J-312890258, no aparece inscrita en el RNC, pero figura en la base de datos internacional Panjiva, con el siguiente domicilio (ya el lector se imaginará cuál es): Av. Principal Urb. El Ingenio, Guatire, Edo. Miranda. El 7 de mayo de 2008 importó 162 lavadoras marca Koblenz de diferentes modelos, figurando como la empresa proveedora: Industria Italmexid SA de CV, es decir, por las siglas finales, se trata de una empresa registrada en México. Al buscarla, aparece en la base de datos internacional ImportGenius, como una empresa que el 10 de mayo de 2008 exportó 96.000 Kgs. de mercancía no especificada en el buque Alianca Gavea desde el puerto de Veracruz y hasta el puerto de Houston, Texas, a nombre de la empresa compradora Distribuidora Pasta Granoro, C.A., RIF J-312866926, con domicilio en (¿Todavía no lo sabe?): “Av. Ppal. El Ingenio, Guatire, Edo De”. La Distribuidora de Pasta Granoro, C.A. no aparece inscrita en el RNC, pero en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.926, de fecha lunes 21 de mayo de 2012, aparece publicada la Providencia Administrativa No. 163 de la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, de fecha 18 de mayo de 2012, donde se establece que la empresa Distribuidora de Pasta Granoro, C.A. –entre otras allí publicadas- está obligada como sujeto de aplicación del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Costos y Precios Justos que produce o importa el producto “Leche Líquida Esterilizada (UHT), de Larga Duración”, a notificar a la Superintendencia Nacional de Costos y Precios, los precios de venta a sus diferentes canales de distribución o comercialización, vigentes a la fecha de publicación de dicha Providencia Administrativa.

Volviendo a Inversiones Elecom JC, C.A., indagando acerca de su Director General y Representante Legal, Eleuterio Libi Plevana, aparece el siguiente obituario: “IMPROCECA, Industria y Procesadora de Cereales, C.A., lamentan profundamente el sensible fallecimiento del señor Eleuterio Libi Plevana, quien fuera fundador y guía de esta empresa…”. El obituario aparece fechado el 23 de octubre de 2012. También aparece Eleuterio Libi Plevana, en sentencia del Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 20 de julio de 2010, como Director de la empresa Inversiones Valentina 1542, C.A., de la cual no se ha podido obtener ninguna información.

Continuando con la indagación, aparece en Internet, en Linkedin, el perfil de José Miguel Raidi Núñez, quien se identifica como agente inmobiliario y que como parte de su curriculum menciona lo siguiente:

“Gerente Nacional de Ventas, Grupo Libi, abril de 2011 – marzo de 2012 (1 año), Caracas, Venezuela. Industria y Procesadora de Cereales INPROCECA, C.A. – Inversiones Elecom JC, C.A. – Inversiones 4528, C.A. – Grupo Importador y Distribuidor de alimentos, electrodomésticos, artículos del hogar y artículos de cuidado personal – Desarrollo e implementación de estrategias de ventas de todas las líneas de producto comercializadas por el grupo en las principales cadenas de distribución y supermercados del país, Team Leader de 8 vendedores a nivel nacional, Lanzamiento de la marca de Avena Avelina en el mercado venezolano.”

La empresa Industria y Procesadora de Cereales Improceca, C.A., RIF J-298866713, registra como actividad la importación y procesamiento de avena, y como dirección: Carretera Nacional Guarenas-Guatire, Parcelas 11 y 12. Urb. Industrial El Ingenio, Edo Miranda.

Bien, para finalizar con este caso, debe señalarse que todas las empresas vinculadas al “Grupo Libi”, por poseer los mismos accionistas o estar vinculados entre sí, o por detentar las mismas personas los altos cargos directivos y/o la representación legal, y/o también por figurar con el mismo domicilio, aparecen en la base de datos de CADIVI 2004-2012, y esta es su información:

Adicionalmente, de las anteriores empresas, resulta que Industria y Procesadora de Cereales, C.A. recibió en lo que va de 2014 (hasta el 31 de julio) por CENCOEX, la suma de 11.045.424 US$, y Distribuidora Pasta Granoro, C.A., recibió 4.058.847 US$. La primera mencionada ha sido convocada para el jueves 28 de agosto de 2014 por el CENCOEX, a objeto de verificar el correcto uso de las divisas liquidadas. La segunda, Distribuidora de Pasta Granoro, C.A., sorprendentemente no ha sido incluida en el listado de empresas convocadas para dicha verificación, lo que luce poco meticuloso de parte de las autoridades del CENCOEX, dada su conexión con una empresa perteneciente a su mismo grupo empresarial, que está incursa actualmente en una investigación criminal por fraude cambiario, como es la empresa Inversiones 4528, C.A.

Es evidente que Mauro Libi Crestani, quien pareciera ser el hombre principal detrás del “Grupo Libi” y quien además es o ha sido Director Principal del banco Banplus y ejerce también un cargo  administrativo en una empresa financiera registrada en Madrid, España,  debería ser incluido en las investigaciones que permitan seguir la pista a la correcta utilización de al menos 631.305.434 US$ preferenciales recibidos de parte de la República Bolivariana de Venezuela por las empresas de ese grupo empresarial. Obviamente, sin que decir lo anterior implique criminalmente a ninguna de ellas, sino simplemente para efectos de verificación.

Como dato final, debe señalarse que una persona con el nombre de Jhonny Cilli (el cual coincide con el del accionista de Inversiones 4528, C.A., y que además es socio de Mauro Libi Crestani en al menos otra empresa del Grupo Libi), figura en el registro de la División de Corporaciones del Departamento de Estado de Florida, Estados Unidos, como Director de la empresa Jhoma Distributors Corp., con el estatus de empresa activa, y figura como su Agente actual la empresa Trigo and Company PA, con el siguiente domicilio: 10900 N.w. 25th St. 102 Doral, FL 33172. Aún más, con ese mismo domicilio exactamente aparecen registradas seis (6) empresas en Florida, a saber: Natures Food Distributors Inc, Legalparalatinoscom Inc, Jhoma Distributors Corp, Venamerica Advisors Inc, R G R Investments Inc, y Daniel Garcia Architecture Design LLC. Los agentes registrados de cada una de esas empresas son, respectivamente, los siguientes: Ignacio Moreno, Tauler Law Firm PA, Trigo and Company PA, Alex Trigo, Alex Trigo y Alex Trigo.

Y más aún: con la misma dirección que aparece registrado Jhonny Cilli en Florida, a saber: 1335 Nw 98th Ct Unit 12 Doral, FL 33172, también figuran 41 empresas registradas en el Estado de Florida, que son las siguientes: Cosi Investments Inc, 0611 Investments LLC, 2807 Investments Inc, Vo Holdings Inc, Orval Investments Inc, Valentina Investments Inc, Taurus Cargo Solutions Inc, 3606 Investments Inc, Ornella Investments Inc, Valor Investments Inc, Pescara Investments Inc, Vieu Import Export Inc, Industry Refrigeration Supply Inc, Gabriele Investments Inc, Orval Import Export Corp, Roli Air Inc, Ml Financial Group Inc, Mare Blu Sports Inc, Jhoma Distributors Corp, A M Global Solutions Inc, Padova Investments Inc, Solar Commerce Group Inc, Intercontinental Foods Inc, Johfan Investment LLC, Karma Property Management Inc, Supreme Xport Services Inc, Tech Engineering Manufacturers Inc, Fov Marine Inc, Orele Investment Inc, Fov Investments Inc, Doral Cay 7 LLC, Ml Capital Inc, Southern Parts Truck Service Inc, Lb Group Investment Inc, Ml450 Leasing LLC, Importadora Silvanoski Ca Inc, Transporte Y Servicios Valbarq Ca Inc, Vo LLC, Jaeml Farm Genetic Inc, Industries Jaz Inc, y Adcom Wolrdwide Miami.

¿Será casualidad que aparece una “Valentina Investments Inc” y Eleuterio Libi Plevana aparecía en vida como Director de la empresa “Inversiones Valentina 1542, C.A.”? Pues bien, resulta que figura como Director Principal de Valentina Investments Inc, nada más y nada menos que… Mauro Libi. Pero además este personaje figura como Director Principal también de las siguientes firmas: Vo Holdings Inc, Orval Investments Inc, Ornella Investments Inc, Valor Investments Inc, Pescara Investments Inc, Gabriele Investments Inc, Mare Blu Sports Inc, A M Global Solutions Inc, Padova Investments Inc, Solar Commerce Group Inc, Karma Property Management Inc, Fov Marine Inc, Orele Investment Inc, Fov Investments Inc, y Vo LLC.

Y la lista de personas que fungen como Directores Principales del resto de las empresas que figuran con el mismo domicilio en Miami (1335 Nw 98th Ct Unit 12 Doral, FL 33172), son las siguientes: Corini Cárdenas Pantoja, Giuseppe Marcone Diloria, Antonio Yunez, María Doménica Marconi Diloria, Juan Guillermo Rugero Marconi, Alessandro D’auria, Jhonny Cilli, Fanny García, Karina García, Claude Charles, Traci J. Hinds, Marc Schlossberg, Alberto Trigo, Roberta Libi, Fanny Libi, Carlos Eduardo Fernández Palencia, Jesús Arnoldo López Requena y Select Logistics Inc.

Algunas de esas personas figuran en Venezuela como accionistas de importantes empresas, algunas de las cuales han celebrado jugosos contratos con organismos del Estado, a saber: Constructora Conduoil, C.A., Constructora Acquapetrol, C.A., Distribuidora Jhoclar, C.A.

Por otra parte, Alessandro D’auria Solis que figura como Director Principal de varias de las empresas registradas en Miami, resulta ser el titular del 20% de las acciones de la empresa del Grupo Libi, Industria y Procesadora de Cereales, C.A. (Improceca); el 80% restante de las acciones de esa empresa figura en el RNC a nombre de Eleuterio Libi Plevana, quien ya falleció. Roberta Libi Crestani es hermana de Mauro Libi Crestani.

Así mismo, Fanny García de Libi (que aparece como Fanny García y como Fanny Libi, como Director Principal en varias de las empresas de Miami), también figura como Director de la empresa Inmobiliaria Orval de Panamá, S.A., cargo que comparte junto a Mauro Libi y el extinto Eleuterio Libi. Mauro Libi también aparece como Director de la panameña Corporación GL International, S.A., junto a Eleuterio Libi (qepd) y Johan Chávez.

Sin acusar a nadie, cabe preguntarse por qué y para qué hacen falta tantas empresas para un mismo ramo de actividad económica, por ejemplo, empresas financieras para el manejo de cartera de inversiones. Usualmente, esto es típico de las mafias de legitimación de capitales, es decir, de lavado de dinero, y también se usan para la evasión fiscal. Por ejemplo, con las empresas de inversiones se fracciona el dinero adquirido ilegalmente, como pudieran ser dólares preferenciales obtenidos de la República Bolivariana de Venezuela, y luego cada una de ellas por separado se encarga de comprar inmuebles o invertir el dinero en activos financieros negociables. Cuando se observa un mismo grupo con acceso a capitales a través de una empresa bancaria o casa de bolsa (al igual que a jugosas ganancias mal habidas a través de empresas contratistas con el Estado, típicamente empresas constructoras) y que además posea muchas empresas financieras, empresas de comercio exterior (importadoras y exportadoras) y empresas inmobiliarias, se está ante un esquema típico idóneo para la fuga ilegal de capitales y su legitimación en diferentes países. Claro está, lo anterior solo se menciona a título de ejemplo, sin que ello signifique estar acusando a ninguna persona o empresa en particular que haya sido mencionada en este trabajo.

Nótese que una vez que un grupo mafioso se hace con el botín, su problema principal es dónde colocarlo sin que las autoridades a nivel internacional sospechen. Para ello se procede a la legitimación de esos capitales, convirtiendo el dinero robado en activos con los que se puede disimularlo, típicamente comprando inmuebles o activos financieros negociables. Para esto es necesario utilizar un entramado complejo y difuso de testaferros y empresas de maletín, es decir, aquellas cuya única finalidad consiste en servir de medio para la legitimación de los capitales mal habidos, de tal manera que a las autoridades se les dificulte muchísimo seguir la pista y demostrar el fraude.

No obstante, y pese al discurso hipócrita de Estados Unidos en relación con el combate al lavado de dinero, a Miami ha ido a parar a lo largo de décadas toda la fauna venezolana y latinoamericana en general de ex gobernantes corruptos, empresarios mafiosos y demás especies similares, aportando enormes sumas de capitales producto del delito que han ido a robustecer el sistema financiero del Estado de Florida y de los Estados Unidos en general, así como a su economía, dándole un gran auge, por ejemplo, al mercado inmobiliario de Miami. Es por eso que, a menos que se trate de una investigación tendenciosa con fines políticos ordenados directamente por Washington, como fue por ejemplo, el caso de Antonini Wilson y compañía, las autoridades norteamericanas simplemente no investigan ni un solo caso de legitimación de capitales provenientes de Latinoamérica en el Estado de Florida ni en ningún otro estado de ese emporio inmaculado de la libertad y la decencia mundiales.

INDAGACIÓN ACERCA DE “IMPORTACIONES PH CELULAR, C.A.”

La empresa Importaciones PH Celular, C.A., RIF J-002896434, mencionada en la fila 22 del primer listado contentivo de 56 empresas, publicado el 7 de agosto de 2014, por el Ministerio Público a través de la cuenta twitter de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, y la cual ocupa el lugar 46 de todas las empresas publicadas hasta la fecha de elaboración de este estudio, en relación con las divisas que le fueron aprobadas por CADIVI en el año 2012, por un monto de 41.750 US$.

Importaciones PH Celular, C.A. aparece inscrita en el Registro Nacional de Contratistas (RNC), el cual indica que la misma tiene su domicilio en Calle Pantín con Andrés Galarraga, Edif. PH Celular, Chacao, Edo. Miranda. Su objeto es la importación, fabricación, ensamblaje, mercadeo y venta de equipos electrónicos en general, así como actividades conexas al ramo y en general cualquier acto de lícito comercio. Tiene un único accionista que detenta el 100% de las acciones: Luis Alejandro Rojas Córdova, C.I.: V-6.524.027. Figura también como miembro de la Junta Directiva, Jenney Rojas Córdova, C.I.: V-4.081.217. Entre sus principales clientes, se encuentra la Cadena de Tiendas Venezolanas (CATIVEN). Registra un capital suscrito y pagado de Bs. 6.700.0000,oo.

Al indagar acerca de los hermanos Rojas Córdova, aparece una empresa inscrita en el RNC denominada: “Cooperativa de Ahorro y Crédito Panafin, R.S.”, RIF J-295241003, con el mismo domicilio en Calle Pantín con Andrés Galarraga, Edif. PH Celular, PB, Municipio Chacao del Estado Miranda. Su objeto es: a) Fomentar el ahorro y otorgar préstamos a sus asociados con los recursos aportados por los mismos a un interés muy bajo; b) asesora financiera; c) actuar como principal agente ó intermediario de otras sociedades; f) realizar inversiones o tomar participaciones en otras sociedades; g) en suma podrá dedicarse a cualquier otra actividad de lícito comercio relacionado con el área y en general, ejecutar todos los actos y contratos que sean necesarios para la consecución de su objeto. Tiene 5 accionistas, cada uno con el 20% de las acciones, a saber: los hermanos Rojas Córdova ya identificados, así como Nelson Enrique Mora Domínguez, C.I.: V-3.721.277, Ybrahin Alejo, C.I.: V-11.737.837, y José Querales, C.I.: V-12.248.120. El capital suscrito es de Bs. 25.000.000,oo y el capital pagado Bs. 5.000.000,oo.

Al menos una cuenta bancaria de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Panafin, R.S., en el banco Banesco, ha sido utilizada para recibir pagos de empresas compradoras de teléfonos celulares localizadas en el extranjero, específicamente la empresa Compracell, Kmor Investment Group Inc., Distribuidor Blackberry, ubicada en la siguiente dirección: 8181 NW 36th St., Suite 20-I, Miami, FL. 33166. Esa misma cuenta bancaria, aparece publicada para hacer las reservaciones de la exuberante Posada La Chulinga, ubicada en la Isla de Margarita, Estado Nueva Esparta.

En un listado de fecha 22 de marzo de 2007, de las instituciones autorizadas a participar en la colocación de títulos valores de PDVSA, aparece la empresa Valores Panafin Casa de Bolsa, C.A., RIF J-303565301. El domicilio de esta empresa aparece registrado en El Rosal, Avenida Venezuela, Edif. Venezuela, Piso 1, Oficina 12, y presenta como persona de contacto a Nelson Mora, es decir, uno de los actuales socios de la Cooperativa Panafin. La Casa de Bolsa Panafin participó como ente autorizado para transar títulos de la deuda pública nacional pertenecientes al Banco Central de Venezuela (BCV). Dicha casa de bolsa figura registrada ante la Comisión Nacional de Valores bajo la denominación de Panafin Asesores de Inversión, C.A., y la misma cambió su nombre el 13 de marzo de 2009 a este otro: Banexpress Asesores de Inversión, C.A.

Continuando con la indagación, se pudo determinar que la sociedad mercantil Banexpress Casa de Bolsa, C.A. recibió dos multas el 24 de febrero de 2010 por la Comisión Nacional de Valores (CNV), la primera de ellas por tener posiciones en títulos valores denominados en moneda extranjera (SITME) registradas a nombre de Banexpress, cuando en realidad pertenecen a sus clientes. La segunda multa fue por no registrar los préstamos financieros indexados a títulos valores (Mutuos Activos y Mutuos Pasivos). Pocas semanas después de eso, la firma fue intervenida el 15 de marzo de 2010 por la CNV porque realizó operaciones de activos financieros indexados a títulos valores (mutuo activo) con el accionista Panafin Securities International LTD, lo cual no está permitido por las leyes venezolanas. Insólitamente, a poco menos de un mes de ocurrido lo anterior, en la Gaceta Oficial 39.401, de fecha 12 de abril de 2010, aparece publicada una resolución de la CNV donde se ordena el cese de la intervención de la sociedad mercantil Banexpress Casa de Bolsa, C.A. Finalmente, casi un año después de haber continuado operando tranquilamente, el 4 de marzo de 2011 la CNV canceló la autorización otorgada a Banexpress para actuar como Operador de Valores Autorizado (OVA); la notificación de esta decisión fue hecha al ciudadano Carmelo De Grazia Suárez, C.I.: V-11.533.990, quien fungía como su Director.

Al leer la siguiente reseña curricular de Carmelo De Grazia Suárez, que aparece publicada en Internet, pudiera –en caso de que dicha persona estuviese incursa en algún delito- venir a la mente aquella famosa frase de El Libertador: “Talento y probidad, pues el talento sin probidad es un azote”:

Abogado, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), 1995. Cursó el Programa de Postgrado en Derecho sobre Nuevas Tendencias en el Derecho Público, Jurisdicción Contencioso Administrativa, Contratación Pública y Servicios de Interés General, en la Universidad San Pablo CEU, 2002. Egresado del programa de Especialización en Gestión de Carteras del Instituto de Estudios Bursátiles adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, 2008.

Ha sido profesor de Derecho Administrativo y Prácticas de Derecho Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, así como profesor de la Cátedra Responsabilidad Patrimonial del Estado, Postgrado de Derecho Administrativo, Universidad Santa María.

También es Carmelo De Grazia Suárez, el autor de varios libros.

Volviendo a Luis Alejandro Rojas Córdova, a modo de antecedente histórico, seguramente antes de incursionar en el negocio especulativo financiero y de la importación y exportación de celulares y otros artefactos de electrónica de consumo, y en concordancia con el vínculo que existe entre la Cooperativa Panafin y una posada de lujo localizada precisamente en el Estado Nueva Esparta, se tiene el siguiente extracto tomado de una sentencia del Juzgado de Primera Instancia en lo Agrario, del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, de fecha 13 de mayo de 2003:

“En fecha 23-04-2.002 (F. del 1 al 5), el trabajador accionante ciudadano JOSÉ EDUARDO PATIÑO SUÁUEZ, debidamente asistido por el Dr. MIGUEL ANGEL MAGO BRITO, plenamente identificados en autos, presentó demanda por Cobro de Bolívares (LABORAL), junto con anexos (F. del 6 al 30), en contra de la Empresa “AGROPECUARIA ISLA DE COCHE, C.A., en la cual reclama la cantidad de OCHO MILLONES CIENTO SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES SIN CENTIMOS (Bs. 8.162.500,oo), correspondiente al total de las Prestaciones Sociales y demás beneficios contractuales, los cuales se encuentran determinados en el libelo de la demanda; y el Tribunal por auto de fecha 25 de Abril de 2.002, admitió cuanto ha lugar en derecho la demanda (F. 31), ordenándose la citación de la demandada, en la persona de cualquiera de los ciudadanos LUIS ALEJANDRO ROJAS CORDOVA y/o PASTOR ROJAS CORDOVA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la Cédula de Identidad N°s. V-v-6.525.027 Y V-4.819.087, respectivamente; en su condición de Directores de la referida Sociedad Mercantil, ubicada en la siguiente dirección: Sector la Gloria, Isla de Coche, Municipio Autónomo Villalba del Estado Nueva Esparta.”

La empresa Agropecuaria Isla de Coche, C.A., aparece inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta en fecha 14 de marzo de 1997, bajo el No. 384, Tomo A-5, teniendo como Presidente a Luis Alejandro Rojas Córdova y como Director del proyecto a Ángel Balestrini. De su sitio web se desprende que la referida empresa está dedicada a la cría de camarones en estanques en instalaciones ubicadas en la Isla de Coche. Se invirtieron 500 millones de bolívares a partir del año 2000 para poner en marcha esa granja camaronera, con capitales totalmente privados. Aun cuando el proyecto era ambicioso, nunca ha conseguido operar más allá de un 25% de su capacidad instalada, incluso presentando períodos de inactividad. La maquinaria pesada utilizada para la realización de las obras se importó desde Miami, como se desprende del siguiente texto de la sentencia judicial antes mencionada:

“El ciudadano Luis Alejandro Rojas Córdova, me envía desde la ciudad de Miami, la maquinaria pesada para realizar los trabajos de Movimiento de Tierra y el día 25 de Agosto del año 2.000, las recibo en los Almacenes Generales de Depósito TRANSMARCA en el Guamache, Municipio Tubores, por parte de los representantes de la Empresa Aduanera, A.S.I.N.A.I.R., C.A. y me hacen entrega de las copias de la documentación de importación, y las características y seriales son los siguientes: (1 cargador CAT 926-E, serial 94ZO1354, 1 Retroexcavador CAT 416-B, serial 8SG0890, 1 Cargador de Oruga CAT 955-L, serial 64J-5763, 1 vibrador compactador TAMPO RS-28-c GVC-20177, 1 Motoniveladora CAT 120, serial 10R4026), y luego esta maquinaria fue transportada hasta la Isla de Coche. El día 26 de Agosto del año 2000 se inician con las máquinas anteriormente recibidas los trabajos de movimiento de tierras y se continuaron en las semanas siguientes. El día 15 de Diciembre del año 2.000, recibo un tractor de Oruga, CAT modelo D6-D, serial 20X04775, y se transporta ese mismo día a la Isla de Coche, y se continúan los trabajos de movimientos de tierra anteriormente citados, hasta la última semana del mes de Diciembre del año 2.000…”.

Ahora bien, en algunas páginas de Internet, se menciona como directivo de Banexpress Casa de Bolsa, a Benito Robles Herrera, quien al parecer se desempeñó como Secretario de Gobierno del Estado Vargas durante la gestión de Antonio Rodríguez San Juan (2000-2008). En nota de prensa publicada por el diario El Universal el 17 de mayo de 2000, se lee lo siguiente:

“Hoy, el gobernador de Vargas, Alfredo Laya, entregará a la Fiscalía, la Contraloría, la Asamblea Nacional y a la Defensoría del Pueblo, una denuncia ‘formal contra Benito Robles Herrera, presidente de la Comisión Legislativa Regional y jefe del Comando de Campaña del candidato a gobernador del MVR, Antonio Rodríguez.

“En la marcha, el gobernador señaló que ‘tenemos pruebas que demuestran que el presidente de la Asamblea Legislativa _puesto a dedo por Miquilena_, estuvo incurso en un hecho de corrupción en el puerto de La Guaira. Vamos a entregar todo el expediente que ha sido levantado y que demuestra el fraude que Robles le hizo a una empresa mexicana, al robarle toda la maquinaria que la empresa importó’. El caso se remonta al año 1998, cuando supuestamente Robles falseó los datos de facturación para subvalorar la importación y cambió el certificado de origen de la maquinaria para luego apropiársela. ‘En migración se constatan las veces que los propietarios reales de la mercancía viajaron al país para esclarecer los hechos’, dijo Laya.”

Lo anterior conviene concatenarlo también con el siguiente texto tomado de una sentencia del Tribunal de Control de Barcelona, Estado Anzoátegui, de fecha 9 de febrero de 2012, identificado su asunto principal bajo las siglas: BP01-P-2012-000320, donde queda establecido el vínculo existente entre Benito Alfonso Robles Herrera y Valores Panafin Casa de Bolsa, que fue la primera denominación de Banexpress:

“Se inicia la presente investigación en fecha 04-09-2008, en virtud de la denuncia interpuesta por el ciudadano PEDRO JOSE PEREZ CARPIO, quien manifiesta que en el mes de enero del año 2006, realizó un trabajo de movimientos de tierra con su maquinaria a unos terrenos de INAVI, donde se iba a construir un Urbanismo, siendo contratado por el ciudadano de nombre BENITO ALFONSO ROBLES HERRERA, quien le debía cancelar la cantidad de doscientos mil bolívares fuertes (Bs.F. 200.000.00), terminando la labor en el mes de julio del año 2006, pero que como al momento de cancelar el monto adeudado el ciudadano BENITO ALFONSO ROBLES HERRERA no disponía de dinero y en virtud de este último tenía una casa en Puerto La Cruz, específicamente en el sector Turístico El Morro, Residencias Casa Bote “A”, Villa A-259, la cual estaba vendiendo en seiscientos treinta mil bolívares fuetes, se la ofreció en forma de pago el trabajo ejecutado, debiendo el ciudadano PEREZ CARPIO PEDRO JOSE pagarle la diferencia de cuatrocientos treinta mil bolívares fuetes, y así quedó convenido invirtiéndole el ciudadano PEREZ CARPIO PEDRO JOSE, en arreglos materiales y construcciones la cantidad aproximada de ciento cuarenta mil bolívares fuetes, logrando mudarse en el mes de noviembre del año 2006, posteriormente pasado tres meses, precisamente el día 15 de marzo de 2007, le depositó en la cuenta corriente número 01280107600701711103, del Banco Carona, a nombre de VALORES PANAFIN CASA DE BOLSAS, C.A., con un cheque la cantidad de doscientos mil bolívares fuertes, siendo que la negociación debía concluirse a mediados de junio del año 2007, por lo cual se comunicó vía telefónica con el señor BENITO ROBLES para acordar la fecha en que iban a firmar el documento de compra-venta del inmueble, para poder registrar la referida compra y así pagarle el resto del dinero que equivalía a la cantidad de doscientos treinta mil bolívares fuertes, quien le indicó que debía cancelarle más dinero por la casa porque al parecer se la había dejado muy barata, surgiendo una discusión por lo cual el ciudadano BENITO ROBLES le señaló que lo iba a sacar de la casa como un perro y que no le iba a devolver ni un bolívar, siendo que en fecha miércoles 13-08-2008, se presentaron en la residencia una Juez del Municipio Sotillo de Puerto La Cruz, acompañada de varios Policías del Municipio Sotillo y Policías del Estado Anzoátegui, quien me desalojaron de la residencia”.

Por otro lado, Benito Alfonso Robles Herrera, C.I: V-4.984.025, detenta el 100% de las acciones de la empresa denominada Arquinurb Construcciones, C.A., RIF J-003543616, la cual figura en la base de datos de CADIVI 2004-2012 por habérsele aprobado antes del año 2012, 13 solicitudes de dólares preferenciales de la República por un monto total de 1.553.079 US$. Dicha empresa, con un capital suscrito y pagado de Bs. 6.000.000,oo, figura en el RNC con Nivel Financiero Estimado de Contratación XXXIX, es decir, el máximo posible (para contratos de Bs. 100.000.000,oo o más), y ha celebrado jugosos contratos con diferentes organismos del Estado, entre ellos, Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA). Ese nivel de contratación no se compagina con un capital suscrito y pagado registrado por esa empresa equivalente a tan solo el 6% o menos de los montos que el RNC le autoriza para celebrar contratos con la República (Nivel XXXIX). Arquinurb Construcciones, C.A. no ha recibido dólares preferenciales del CENCOEX durante el año 2014 (hasta el 31 de julio), pero no se sabe si recibió divisas de ese organismo en el año 2013, ni tampoco si lo hizo por parte del SITME o lo ha hecho a través de SICAD I o SICAD II.

Ahora bien, el sábado 6 de marzo de 2010 aparece publicada una nota en la página web Informe25.com, que dice textualmente lo siguiente:

“Atribuyen la propiedad de Banexpress casa de bolsa a implicados en el “Valijagate”. De acuerdo a una tesis que se comenta con insistencia, supuestamente los verdaderos dueños tras bastidores de la recientemente intervenida Banexpress Casa de Bolsa serían Carlos Kauffman y Franklin Durán, recordados por el escándalo del “Valijagate”. Se presume que los directivos de Banexpress, Carmelo De Grazia y Benito Robles, se prepararían para huir de Venezuela ante el temor de ser allanados y detenidos. Se especula que buena parte del dinero captado a través de la casa de bolsa habría sido colocado en el exterior. Hay que resaltar que Robles fungiría en la actualidad como contratista de PDVSA, mediante empresas que se encontrarían ejecutando millonarias obras.”

En el RNC de la constructora de Robles, Arquinurb Construcciones, C.A., figura registrado como último contrato celebrado por esa empresa con el Estado venezolano, una obra que le fue contratada por PDVSA, con fecha 19 de marzo de 2009. Desde entonces, no se ha conseguido información de si la firma ha continuado contratando con el Estado. Tampoco ha podido determinarse si continúa activa al día de hoy en el mercado nacional. No se ha obtenido información tampoco sobre el paradero de Robles o de Carmelo De Grazia en los actuales momentos.

Franklin Durán y Carlos Kauffman, ambos condenados por la justicia norteamericana y ya en libertad, pero el último mencionado todavía con una orden de aprehensión emitida por el Tribunal 18 en Funciones de Control del Área Metropolitana de Caracas en el 2008, por el caso de la valija con los 800 mil dólares de Antonini Wilson, han sido señalados de ser los testaferros del Grupo Sosa Rodríguez-Pérez Recao, antiguos dueños de la empresa Lubricantes Venoco Internacional, C.A., cuyo Presidente para la fecha en que se produjo el golpe de abril de 2002 era nada más y nada menos que Pedro Carmona Estanga. Tras la derrota del golpe, el Grupo Sosa Rodríguez-Pérez Recao (recuérdese que Pérez Recao fue el famoso francotirador que apareció de pie ante las cámaras detrás de Carmona Estanga vestido como un personaje de Rambo o Terminator) se apresuró a vender por 35 millones de dólares la empresa Venoco a Franklin Durán y Carlos Kauffman.

Tras la burda tramoya de la valija de Antonini Wilson (quien para la época fungía como asesor de Venoco), el gobierno nacional, en el mes de octubre de 2010 procedió a la estatización de Venoco, caso por el cual fue posteriormente demandado por el Holding Venoklim, B.V., con domicilio en Holanda, que aparece en el RNC como propietario del 100% de las acciones de Venoco; aunque el gobierno ha señalado que dichas acciones fueron vendidas principalmente a Franklin Durán, razón por la cual la empresa es de capital nacional y, por lo tanto, la República Bolivariana de Venezuela no puede ser demandada internacionalmente ante el CIADI, pues no se trató en este caso de una nacionalización, sino de una estatización de capitales privados nacionales.

En nota de prensa de Laura Weffer Cifuentes, publicada por el diario El Nacional, el 23 de septiembre de 2008, se lee adicionalmente lo siguiente: “

“El diputado Conrado Peñaloza, del Consejo Legislativo de Monagas, dio a conocer ayer una información que consideró importante. De acuerdo con los datos que maneja –hasta hace un mes formó parte del PSUV en ese estado– el gobernador de la entidad federal, José Gregorio Briceño, firmó contratos con varias de las constructoras que pertenecían a Kauffman. ‘No sólo eso, Durán también asesoraba al gobierno regional en materia financiera y hasta los aviones en los que se trasladaba el mandatario de la entidad también les pertenecían a estos empresarios’, dijo. Entre parte de las obras que habrían llevado adelante se encontrarían el elevado del Bajo Guarapiche, los acueductos y el estadio donde se realizó la Copa América.”

El “Gato Briceño”, un oportunista político inicialmente del partido de gobierno que luego se pasó al bando de la oposición, ha sido ampliamente señalado por actos de corrupción mientras duró su gestión al frente de la Gobernación del Estado Monagas.

Ahora veamos la red internacional vinculada a Importaciones PH Celular, C.A. y la Cooperativa de Ahorro y Crédito Panafin, R.S., ambas vigentes en Venezuela, así como sus anteriores empresas vinculadas a la casa de bolsa Panafin, que luego pasó a ser Banexpress.

En un página web de USA Florida Companies aparece registrada en el Estado de Florida la empresa PANAFIN HOLDINGS LLC, en fecha 13 de febrero de 2006 y figura actualmente como inactiva. El domicilio registrado es: 3034 NW 82ND AVENUE MIAMI, y tanto el representante como el agente es el siguiente: ROJAS LUIS A, 3034 NW 82ND AVENUE MIAMI FL 33122. También en esa misma fecha, la misma persona y con el mismo domicilio, registró la empresa PANAFIN FINANCIAL ADVISORS LLC, reportada actualmente como inactiva.

En el Registro de Marcas Comerciales JUSTIA, aparece inscrita la marca: PANATRANSFER, clasificada como bienes y servicios, servicios de pago de facturas, transferencias electrónicas de dinero, con pseudónimo: MarkPANAFIN TRANSFER. Corresponde a la clasificación internacional 036: seguros, asuntos financieros, asuntos monetarios, asuntos de bienes raíces. Su estatus actual es activo. El propietario de esta marca es PANAFIN HOLDINGS LLC.

También aparece registrada en el Estado de Florida, la empresa PH CELLULAR, INC, con el estatus de activa, y domicilio principal: 9590 NW 25th ST, Doral, FL 33172, que se corresponde también con la dirección registrada del agente y director: ROJAS, LUIS ALEJANDRO. Esa es su nueva dirección, la cual fue modificada el 01 de julio de 2013, siendo anteriormente la misma registrada para PANAFIN HOLDINGS LLC y PANAFIN FINANCIAL ADVISORS LLC.  También ha figurado durante algunos años la siguiente dirección: LUIS A. ROJAS, 13627 Deening Bay Drive # 404, Coral Gable, FL 33158.

Con el mismo domicilio actual, y el mismo agente y director principal, también aparecen inscritas en el Registro de Empresas del Estado de Florida las compañías PANATRANSFER LLC y LUCOR FINANCE LLC. Y, una empresa con antiguo nombre LARC LLC que tenía el domicilio viejo de 3034 NW 82ND AVENUE MIAMI FL 33122, cambió de nombre a LARC ONE LLC el 03 de septiembre de 2010, y estableció como nuevo domicilio actual: 9590 NW 25th ST, Doral, FL 33172.

Luego aparece una empresa denominada N492BC INVESTMENTS, LLC, (antigua N942BC INVESTMENTS LLC) con domicilio principal 2525 PONCE DE LEON BLVD., SUITE 250, CORAL GABLES, FL 33134; agente: C T CORPORATION SYSTEM 1200 SOUTH PINE ISLAND ROAD PLANTATION, FL 33324; y personas autorizadas: CUSCO, EDUARDO 2525 PONCE DE LEON BLVD., SUITE 250, CORAL GABLES, FL 33134, y (adivínelo): ROJAS, LUIS ALEJANDRO 9590 NE 25TH STREET, MIAMI, FL 33176.

Otra empresa es FLORIDA P.H. INTERNATIONAL, INC., con el mismo domicilio principal de N492BC INVESTMENTS, LLC, y figurando como agente FINE, ALAN S con la misma dirección, y como directores principales: ROJAS, LUIS ALEJANDRO, CENTRO PROFESSIONAL TAMANACO, CHUAO- CARACAS, VENEZUELA; ROJAS, LUIS, 3100 N.W. 72ND AVENUE, SUITE 108, MIAMI, FL 33122; y ROVATI, CARLOS, CENTRO PROFESSIONAL TAMANCO, CHUAO-CARACAS, VENEZUELA. Esa dirección en el Cubo Negro de Caracas debe ser la siguiente, que aparece asociada a Luis Alejandro Rojas en el Registro de Empresas de Florida: CCCT, NIVEL C-1, OFICINA #32, CHUAO, CARACAS, VENEZUELA. Asociado a esa dirección también aparece el nombre de GONZÁLEZ, RODOLFO E., con la siguiente dirección en Miami: 199 Ocean Lane Drive #1012, Key Biscanyne, FL 33149.

Otra dirección que también aparece registrada a nombre de Luis Alejandro Rojas y Carlos Rovati, es 9155 S. DADELAND BOULEVARD SUITE 1504, MIAMI, FL 33156, de la empresa OGANGI CORPORATION, cuyo agente es también C T CORPORATION SYSTEM, 1200 SOUTH PINE ISLAND ROAD, PLANTATION, FL 33324, el mismo que figura en la empresa N492BC INVESTMENTS, LLC.

Como agente y director inicial de PH CELLULAR, INC. aparece María Cristina del Valle, Esq., 801 Brickell Avenue, Suite 1901, Miami, FL 33131, la cual tiene actualmente una página web donde figura como empresa de bienes raíces y agente artístico, se dedica a la representación de clientes locales, latinoamericanos y europeos en la negociación de contratos para la compra y venta de restaurantes, hoteles, inmuebles comerciales y residenciales, y representa a artistas y productores selectos en sus presentaciones y finas artes.

Otro nombre que aparece como director en el registro de FLORIDA P.H. INTERNATIONAL, INC., es el de Salemi, Calogero A., Av. José Félix Sosa, Torre Británica, Piso 9, Ofc. F, Altamira, Caracas, Venezuela. Según sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 28 de marzo de 2008, se desprende que al menos hasta ese año, Calogero A. Salemi Castellana, es un ganadero con operaciones en Venezuela, pues en el caso ventilado se maneja una demanda por un lote de 745 cabezas de ganado. En otro documento oficial, este ciudadano aparece como abogado en ejercicio.

En cuanto a Carlos Manuel Rovati Santana, C.I.: V-5.979.984, el mismo aparece como socio con el 50% de las acciones de la empresa inscrita en el RNC que lleva por nombre: HELIPONENTS, C.A., la cual registra como domicilio principal, una dirección que aparece también en el registro de algunas de las empresas de Miami ya mencionadas, a saber: Chuao, Av. La Estancia, Centro Ciudad Comercial Tamanaco, Nivel C-1, Of. 31. El objeto social de esta empresa es el siguiente:

“Importacion,exportacion, compra-venta y reparacion de partes para equipos aeronauticos, asi como su comercializacion, distribucion, importacion, exportacion compra-venta de los mismos, tanto para el interior como para el exterior del pais. La compania podra igualmente actuar como principal agente o intermediario de otras sociedades mercantiles, asi como realizar inversiones o tomar participaciones en otras sociedades. En suma podra dedicarse a cualquier otra actividad de licito comercio relacionada con el ramo, esten o no comprendidas de la descripcion que antecede la cual debera considerarse meramente enunciativa”.

Presenta un Capital Suscrito de Bs. 100.000.000,oo y un Capital Pagado de Bs. 20.000.000,oo. El otro accionista con el restante 50% de las acciones es Víctor José Arriaga Navarro, C.I.: V-7.249.491. Esta empresa no aparece en la base de datos 2004-2012 de CADIVI, ni tampoco en el listado del CENCOEX de 2014 (hasta el 31 de julio), pero no se tiene información respecto a si obtuvo divisas a través del SITME, SICAD I o SICAD II.

En la base de datos CorporationWiki aparece Carlos Rovati, en Weston, Florida, como el Presidente de CPR Aeronautical Group, Inc., registrada el 16 de diciembre de 2003. También figura como miembro directivo de otras tres empresas registradas en Miami, a saber: CVRA Aeronautical, LLC, Rovati Investments, LLC (junto a Roxana Rovati) y Venbeverage, LLC.

Ahora mucha atención. Los mismos socios Carlos Manuel Rovati Santana y Víctor José Arriaga Navarro, tienen registrada en el RNC una empresa a partes iguales con capital suscrito y pagado de Bs. 2.000.000,oo, que lleva por nombre: Corporación Logmitec, C.A., RIF J-313532487, domiciliada en la misma dirección de Heliponents, C.A., y en cuyo objeto se lee: “El asesoramiento técnico, gerencial y administrativo, así como también la comercialización, importación, traslado y uso de sustancias y productos químicos y explosivos controlados por la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional (DARFA)…” (subrayado propio). Esta empresa, en el año 2006, celebró dos contratos con el Comando de la Aviación Naval para el suministro de repuestos aeronáuticos.

Bien. En Panamá, aparece también registrada la firma Arjotech, Corp., con un capital de 100.000 US$, con los siguientes directores: Víctor José Arriaga Navarro, Fernando Enrique Moncada Santana y José Miguel Jordán Silva. Fernando Enrique Moncada Santana también aparece asociado a la empresa Fly Parts 21, Corp., igualmente registrada en Panamá, con un capital de 500.000 US$, en la que aparecen también como directores las siguientes personas: Ewaldo Pitti Aparicio, Rubén Alberto Gordillo, José Miguel Jordán y María Pía Carrasquero Rodríguez. Por su parte, José Miguel Jordán Silva, aparece también asociado a la firma panameña Sosavenca, S.A., junto a los siguientes nombres: José Gregorio Pérez Escalona y Mauro Hernán Araujo Oviedo.

Y la lista continúa expandiéndose ad infinitum. Por ejemplo, Ewaldo Pitti Aparicio, figura asociado, junto a un universo de otros socios, a más de un centenar de empresas registradas en Panamá, vigentes, y casi todas con un capital de 10.000 US$. Estas empresas, por sus nombres, incluyen importadoras y exportadoras, empresas de alojamiento turístico, empresas de suministros químicos, inversoras, bienes raíces, consultoras, constructoras, empresas financieras, etc.

El entramado en Panamá aparenta ser muy extenso como para resumirlo aquí, pero con lo ya expuesto se aprecian bastante bien las amplias conexiones que pudiera quizás tener la empresa Importaciones PH Celular, C.A., actualmente incursa en una investigación criminal por fraude cambiario cometido en la República Bolivariana de Venezuela. Dicho entramado podría abarcar relaciones con múltiples empresas obviamente de maletín registradas en Miami y Panamá, principalmente inversoras e inmobiliarias, e incluyendo empresas financieras en Venezuela, así como importadoras y exportadoras, al igual que empresas constructoras y de otro tipo que contratan o han contratado con el Estado (incluso hasta suplidoras de repuestos para la Fuerza Armada Nacional, lo que tal vez constituya una evidente vulnerabilidad en el sistema de seguridad y defensa de la nación).

Como puede verse, se trataría entonces de un entramado muy similar al descubierto en el caso de la igualmente incursa en fraude cambiario Inversiones 4528, C.A.; lo cual lleva a pensar en una estructura típica erigida para la sustracción delincuencial de la renta petrolera nacional y su fuga hacia el extranjero, donde a través de una compleja red de empresas de maletín se procede, entre Miami y Panamá principalmente, aunque también involucrando a otros países como Colombia, México y España, a la legitimación de los capitales robados a la República Bolivariana de Venezuela.

Llegando a esa conclusión, es indudable que al identificar los signos de ese mismo tipo de estructuras, cuentan las autoridades del país con un indicio claro de la existencia de un grupo de delincuencia organizada para la legitimación de capitales. Lo verdaderamente espeluznante es imaginarse la probable cantidad de grupos de ese tipo que pudieran existir en nuestro país y estar actualmente operando a sus anchas. Es imperativo que el gobierno constituya un ente con capacidades científicas y técnicas tan sofisticadas y avanzadas como las que muestran estos grupos de delincuencia organizada, y dotarlo de una gran cantidad de recursos, pues se trata de delitos muy complejos que requieren conocimientos altamente sofisticados en el ámbito financiero, bancario, de seguros, de comercio internacional, jurídicos, entre otros.

Cada vez recuerdo con más vigencia que nunca lo que hace tiempo me contó un policía de investigación de la delincuencia organizada. Me dijo que una vez capturaron al dueño de una empresa financiera porque estaban convencidos de que había cometido fraude. Mientras lo interrogaba, en un descanso y en confidencia –con la prepotencia y el descaro que solamente puede dar la más absoluta certeza de la impunidad- este hombre le dijo al policía: “Tú y yo sabemos que soy culpable… pero ninguno de ustedes podrá probarlo jamás, porque ni siquiera yo mismo soy capaz de entender la forma tan sofisticada como hacemos nuestros negocios”. Años después, ese policía me contaba que, efectivamente, nunca pudieron atraparlo.

Es por ello que, cuando vemos por ejemplo a los “chinitos” (ahora de CADIVI) Inversiones 4528, C.A. e Importaciones PH Celular, C.A., lo que realmente queremos ver no es que esas empresas sean sancionadas, sino queremos ver presos a los banqueros, abogados, contadores, agentes inmobiliarios y funcionarios públicos corruptos que están detrás de esos “chinitos”, que pudieran no ser más que la punta de un iceberg tan grande como Venezuela toda. Queremos que las propiedades de todos ellos y su inmenso entramado mafioso sean confiscadas en su totalidad por la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo que queremos ver. Queremos ver sentencias de 30 años de cárcel, no de tres meses, y sin derecho a beneficios. Queremos ver extradiciones hacia países donde esas sentencias pudieran ser mucho mayores aún, como por ejemplo, cadenas perpetuas. Eso es lo que queremos ver. El crimen que han cometido, cometen y siguen cometiendo contra la nación es tan inmenso, que igualmente inmenso debe ser el castigo para lavar un poco siquiera las heridas infligidas a nuestra Patria. Una patria que todos los que somos chavistas de conciencia y corazón deseamos ver libre, soberana, independiente, próspera y definitivamente SOCIALISTA, a ver si algún día logramos limpiar al país de semejante plaga infecta de capitalistas y burócratas corruptos.

Vía aporrea.org

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Uncategorized

Interinato acusa al régimen de vender oro de Venezuela a través de Emiratos Árabes, Moscú y Mali

Published

on

By

Spread the love

Nicolás Maduro se baña en oro. Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno interino de Juan Guaidó, ha denunciado que el régimen chavista ha construido una plataforma para eludir las sanciones internacionales que el año pasado le generó unos 1.000 millones de dólares para financiar su permanencia en el poder.

Por Ludmila Vinogradoff |ABC

Borges presentó un informe en Washington donde se muestra la apropiación indebida de 19 millones de toneladas de las reservas de oro depositadas en el Banco Central de Venezuela, que han desaparecido como reservas internacionales y que ocultan una conspiración internacional en la que participan Rusia, Emiratos Arabes Unidos y Mali.

En ese sentido, Borges pidió en su informe más investigaciones y posibles sanciones de

los individuos y naciones que han permitido la realización de este plan corrupto que liquida las reservas de oro de Venezuela. Además, hipoteca el futuro de las próximas generaciones de venezolanos.

El eje central de la operación son los Emiratos Arabes Unidos (EAU). «Este país sirve como el centro neurálgico de este gran robo de las riquezas de Venezuela, sirviendo como el centro financiero de este plan ilícito. Grandes cantidades de efectivo salen de los EAU hacia Venezuela para ser intercambiados por el oro venezolano. Sus instituciones financieras son utilizadas como un intermediario para financiar la operación».

«Noor Capital, una compañía financiera con sede en los EAU y con vínculos con el régimen de Maduro, está involucrada con esta conspiración. Varios actores claves en este plan ilícito tienen o tuvieron conexión con la compañía», indica el informe de Borges.

Añade que el régimen chavista «ha sido capaz de sobrevivir gracias a la red de individuos y compañías sin escrúpulo en el mundo quienes frecuentemente, con el consentimiento de su Gobierno nacional, están ayudando a financiar la represión y miseria de los venezolanos. Buscamos responsabilizar a los facilitadores de la corrupción y la represión del régimende Maduro», dijo.

Todo comienza en Moscú

El viaje de la venta ilícita de las riquezas de oro en Venezuela comienza en Moscú y los EAU. Desde Moscú, un avión chárter ruso Boeing 757-200 propiedad de Eurofei, una empresa estrechamente asociada con el escuadrón de vuelo especial Rossiya (FBGU SLO) del presidente ruso, Vladimir Putin, sale hacia el aeropuerto internacional de Bamako, en Mali.

«Mientras tanto, desde los Emiratos Árabes Unidos y de manera sincronizada, un avión emiratí lleno de dinero en efectivo sale para encontrarse con el avión ruso en Bamako. Es allí donde el efectivo destinado a financiar el régimen de Maduro se transfiere del avión emiratí al chárter ruso para su transporte a Venezuela. El avión chárter ruso luego vuela desde Bamako al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cerca de Caracas. En Maiquetía, al amparo de la noche, el efectivo se descarga a cambio de las reservas de oro de Venezuela que, ocultas dentro del discreto equipaje de los pasajeros, se cargan en el avión de carga ruso una vez que el efectivo está en manos del régimen», indica el informe.

La ruta

En la mayoría de los casos, el avión de carga ruso vuela desde Caracas al Aeropuerto Internacional de Bamako en Mali. «Allí, el oro se descarga en el avión emiratí que espera para su transporte a los Emiratos Árabes Unidos. Si bien la mayor parte del oro se destina a los Emiratos Árabes Unidos, parte del oro también ha llegado a otras naciones como Libia y Suiza».

En ocasiones, «el oro se ha llevado a una refinería cercana al aeropuerto de Bamako, donde se elimina su trazabilidad y otras veces se lleva directamente a los Emiratos Árabes Unidos. Durante la investigación, al menos 8 viajes del mismo avión de carga ruso fueron rastreados tomando la ruta de efectivo por oro desde Caracas al continente africano. En una transferencia observada recientemente en el aeropuerto de Bamako, 28 maletas que probablemente contenían unos 51 millones de euros en efectivo fueron transferidas desde el avión emiratí al avión ruso que esperaba y que voló inmediatamente a Caracas».

Un francés

Una figura central en la operación es el ciudadano francés, Olivier Couriol, quien ha trabajado con Noor Capital como Jefe de Administración de Activos y Fondos y ha estado vinculado a otras actividades corruptas en el continente africano. Junto con Couriol, están involucradas otras personas relacionadas con Noor Capital, incluyendo otro francés que supervisa la transferencia del oro y el efectivo en el aeropuerto de Bamako entre los aviones rusos y emiratíes utilizados en la operación.

«Esta semana he proporcionado muchas pruebas de nuestra investigación al Congreso de los Estados Unidos, a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos y al Departamento de Estado de los Estados Unidos y los he alentado a investigar a todos los involucrados y que tomen las medidas pertinentes. También compartiremos información con las autoridades europeas. Si se han violado las sanciones contra el régimen de Maduro, los involucrados deben ser sancionados por sus acciones», agregó Borges.

Mali desmiente

El Gobierno de Mali desconoce si en su país se recibieron lingotes de oro desde Venezuela para refinarlo e intercambiar divisas en efectivo, como denunció esta semana la oposición del país sudamericano, dijo un funcionario a Reuters.

Un representante de la oposición venezolana viajó a Estados Unidos y se reunió con autoridades del Tesoro y congresistas para advertir que Venezuela habría enviado, durante 2020, oro de las reservas de su Banco Central a Mali en aviones rusos y los habría intercambiado por euros y dólares en efectivo en operaciones pactadas en su mayoría con clientes en Emiratos Árabes Unidos.

«Sabemos que existe tráfico de oro en Mali, principalmente entre Mali y los Emiratos Árabes Unidos», dijo Alexis Dembele, jefe de gabinete del ministro de minas de Mali al ser consultado por Reuters el miércoles sobre las posibles operaciones desde Venezuela.

«Para el caso específico de Venezuela, no estábamos al tanto, pero si resulta ser cierto, se tomarán todas las medidas», agregó el funcionario, sin precisar cuáles medidas.

Anualmente Mali envía unas 20 toneladas de oro hacia Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con las cifras que suministró Dembele.

Siga leyendo en ABC

Continue Reading

Uncategorized

Así describían en 2019 la implicación del banco suizo CBH en la red de corrupción de boliburgueses venezolanos

Published

on

By

Spread the love

Cuando la escasez de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del Gobierno socialista, decidió compartir la riqueza. Wakil ordenó a sus banqueros suizos transferir 5.9 millones de dólares a familiares del ministro de Alimentación venezolano, Carlos Osorio, quien le había otorgado los contratos de carne, según muestran los registros bancarios.

Los legisladores venezolanos calificaron en un informe oficial esta serie de pagos de 2012 y 2013 como “transacciones sospechosas”.

“Llámalo como quieras: sobornos, comisiones, es corrupción”, dijo el legislador Ismael García, quien ayudó a redactar el informe y ahora vive en el exilio en Costa Rica.

Ni Wakil ni Osorio han sido acusados ​​penalmente, pero los fiscales estadounidenses ahora están investigando los contratos de Wakil como parte de una amplia investigación de la corrupción venezolana, según dos personas familiarizadas con la investigación a las que tuvo acceso Bloomberg.

Los sobornos son casi comunes en Venezuela, donde los economistas estiman que la corrupción desvió al menos 385 mil millones de dólares en fondos públicos de 2003 a 2015. Sin embargo, hay algo notable sobre las transferencias de 5.9 millones de dólares de Wakil: solo un banco estuvo involucrado.

Ambas partes de cada transacción, pagador y beneficiario, utilizaron cuentas en CBH Compagnie Bancaire Helvetique (mejor conocido como CBH Bank), con sede en Ginebra, un banco familiar que se ha multiplicado por ocho desde 2006.

Específicamente, los clientes venezolanos, aquellos que ganaron millones haciendo negocios con su Gobierno, fueron parte del negocio del banco, destacó Zair Mundaray, quien dirigió los casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general de Venezuela hasta mediados de 2017.

“Este es el banco al que recurren los venezolanos para ocultar dinero. Todos depositaron en CBH”, puntualizó Mundaray, quien ahora vive en Colombia y ha trabajado con otros ex fiscales extranjeros para tratar de construir casos criminales contra gente cercana al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su predecesor, Hugo Chávez. Su objetivo es que estos casos se lleven a juicio si hay un cambio de régimen en Venezuela o cuando lo haya.

Mundaray cree que el banco debería ser señalado como el responsable de hacer negocios con personas acusadas de ayudar a saquear el tesoro de Venezuela. Al menos un cliente de CBH ha sido condenado en Estados Unidos por cargos relacionados con la corrupción, mientras que otros han sido acusados ​​o, como Wakil, están bajo investigación.

Los fiscales estadounidenses están investigando al menos a cinco venezolanos que ingresaron a CBH y son sospechosos de corrupción, comentaron dos personas familiarizadas con las pesquisas. El banco en sí no es blanco de esas investigaciones, puntualizaron.

Los funcionarios de CBH, que ocupa un edificio de cinco pisos cerca del principal centro comercial de Ginebra, rechazaron solicitudes de comentarios para este artículo de Bloomberg.

Wakil no respondió a los mensajes que se dejaron en la oficina de una empresa familiar, con un socio comercial y con un abogado que figura como el agente registrado de varias empresas que Wakil ha establecido en Florida.

Osorio negó las acusaciones de corrupción en un tribunal civil venezolano, donde un juez dictaminó en 2017 que el informe de los legisladores lo había difamado. Osorio no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas al ministerio de información de Venezuela ni a la empresa estatal que dirige.

Ni CBH ni ninguno de sus empleados han sido acusados ​​de ningún delito. Su presidente, Joseph Benhamou, un ciudadano suizo e israelí cuya familia ha sido propietaria del banco durante la última década, indicó a los funcionarios de Florida el año pasado que el banco nunca ha sido sancionado por los reguladores o las fuerzas del orden, y que cumple con todas las leyes internacionales suizas.

Benhamou hizo esas declaraciones como parte del intento de su familia de adquirir un banco con sede en Miami, un plan que terminó este año sin explicación pública mientras los reguladores federales estaban considerando la solicitud.

No obstante, los clientes venezolanos de CBH han aparecido repetidamente en casos penales de EU que datan de 2010. En al menos tres querellas, los venezolanos fueron condenados o acusados ​​formalmente de usar cuentas de CBH para pagar o recibir sobornos o lavar fondos ilícitos, según muestran los registros judiciales.

Uno de ellos , el ex tesorero venezolano Alejandro Andrade, se declaró culpable en un tribunal federal de Miami en 2017 por aceptar más de mil millones de dólares en sobornos, incluidos decenas de millones de fondos extraídos de una cuenta de CBH para comprar aviones privados y cubrir gastos relacionados con su caballos, de acuerdo con una declaración de hechos adjunta a su acuerdo de culpabilidad.

Documentos de la Corte, correos electrónicos internos y registros y entrevistas con personas familiarizadas con el banco muestran que para muchos clientes venezolanos, CBH era más que un simple depositario pasivo.

Sus empleados trabajaron con abogados en Panamá y Luxemburgo para establecer empresas para clientes, quienes utilizaron la sede central del banco en Ginebra como la dirección registrada de al menos 15 de esas entidades, según muestran correos electrónicos entre banqueros de CBH y abogados externos.

Servir a los titulares de cuentas en ambos lados de las transferencias de dinero, como lo hizo CBH para Wakil no era una práctica aislada, según tres personas con conocimiento de las actividades del banco. Los banqueros instaron a los clientes venezolanos a que sus asociados también abran cuentas con CBH, explicaron las fuentes.

Los clientes que usan transferencias internas pueden evitar cables externos que son monitoreados por sistemas reguladores diseñados para detectar transacciones sospechosas. “Claramente, si hubieran estado utilizando los medios tradicionales de utilizar el sistema de transferencia bancaria, habría habido señales de alerta”, mencionó Dennis Lormel, ex especialista en delitos financieros y finanzas del terrorismo de la Oficina Federal de Investigaciones, quien recibió un descripción al respecto. Lormel ahora dirige DML Associates, una firma de consultoría que asesora a los bancos sobre cómo prevenir el lavado de dinero y el fraude.

Wakil, de 58 años, nació en Alepo, Siria, emigró a Venezuela y vivió en el distrito de Petare de Caracas, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender productos en las calles a una inmensa riqueza.

Según el informe de los legisladores venezolanos, tuvo una estrecha relación con Osorio, un general importante en el Ejército de Venezuela que supervisó miles de millones de dólares en contratos como ministro de Alimentos de la nación.

Osorio ha ocupado una serie de poderosos puestos bajo la administración de Maduro, y en junio fue puesto a cargo de una compañía minera estatal. El ex jefe de Inteligencia Militar de Venezuela describe a Osorio como el asesor ‘espiritual’ de Maduro, un hombre que aviva la fascinación del presidente con la santería y otras religiones que fusionan aspectos de las creencias africanas, indígenas y cristianas.

En 2017, Osorio ganó la demanda por difamación contra un ex legislador y dos legisladores en ejercicio, argumentando que sus acusaciones de corrupción no eran ciertas. Un juez ordenó a los legisladores que pagaran 900 millones de bolívares (en ese momento, alrededor de 447.461 dólares al tipo de cambio oficial y 129.571 dólares en el mercado negro) y que dejaron de publicar información sobre Osorio.

Cinco meses después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Osorio en relación con los mismos alegatos, y concluyó que “fue cómplice de estafar al estado de hasta 573 millones de dólares a través de la corrupción en el programa alimentario de Venezuela”.

La especialidad de Wakil era comprar carne y aves de corral baratas, algunas de ellas cerca de su fecha de vencimiento, en Brasil, y luego venderlas a los programas de alimentos venezolanos en los márgenes, según los resultados de la investigación de la Asamblea Nacional.

En solo unos años, aseguró contratos estatales por valor de cientos de millones de dólares, encontraron los investigadores. Eso incluye un acuerdo en junio de 2012 para suministrar al Ministerio de Alimentación de Venezuela 70 mil toneladas métricas de carne de res, pasta y aceite de cocina; pagó 5 mil 340 dólares por tonelada de carne de res, según documentos revisados ​​por Bloomberg News.

El contrato describe la necesidad de establecer sociedades de cartera para cada operación para manejar el intercambio de bolívares y dólares en medio de estrictos controles de divisas.

Para 2012, Wakil controlaba varias cuentas en CBH, destacaron cuatro personas familiarizadas con las investigaciones de sus tratos en Venezuela y EU.

Su fortuna personal alcanzó los 400 millones de dólares en septiembre de 2015, muestra un intercambio de correos electrónicos ese mes entre uno de sus abogados y uno de los defensores de los banqueros, que se convirtieron en parte de los ‘Panama Papers’.

Si bien la escasez de alimentos sacudió a Venezuela, gran parte de las ganancias de Wakil llegaron a territorio estadounidense, donde adquirieron ‘juguetes’ llamativos. Él y su familia poseen al menos 11 propiedades en Miami, la mayoría a través de compañías que controlan.

Eso incluye un apartamento de lujo cerca de la Bahía de Biscayne, en Coconut Grove, que Wakil compró por 3.2 millones de dólares en 2011, según muestran los registros de propiedad. Wakil condujo autos de BMW y Range Rovers, según múltiples multas de tráfico que acumuló en el sur de Florida.

A fines de 2016 compró un condominio de 5.6 millones de dólares en la Porsche Design Tower , un edificio de 60 pisos frente al mar que fue diseñado conjuntamente por el fabricante de automóviles alemán. Las unidades individuales tienen elevadores de vidrio de gran tamaño que elevan los autos de los propietarios cientos de metros hasta los “garajes en el cielo”. Mucho antes de esa compra, Wakil había usado CBH para un propósito mucho menos glamuroso, según Mundaray, el ex fiscal.

A partir de diciembre de 2012 y durante siete meses, Wakil ordenó a sus banqueros de CBH que hicieran ocho transferencias de sus cuentas, de acuerdo con documentos bancarios en el centro de una investigación que los fiscales venezolanos abrieron sobre las acusaciones de corrupción de los legisladores en 2016.

En total, transfirió 5.9 millones de dólares en una cuenta de la entidad bancaria controlada por los cuñados de Osorio, el jefe del programa alimentario, según los documentos, que se hicieron públicos por primera vez por el ex legislador venezolano Carlos Tablante.

Mundaray estaba supervisando la investigación de los fiscales cuando, en 2017, Maduro despidió a su jefe, la ex fiscal general Luisa Ortega, quien había comenzado a denunciar públicamente la corrupción. Mundaray y otros fiscales la siguieron, soltando el caso de Wakil antes de que pudiera completarse.

Los ex fiscales, liderados por Ortega, continuaron investigando casos de corrupción desde su exilio autoimpuesto en Bogotá.

No está claro qué sucedió con el caso oficial después de que Mundaray y sus colegas abandonaron Venezuela. El actual fiscal General venezolano, Tarek Saab, quien fue nombrado por Maduro en 2017, declinó hacer comentarios sobre el caso.

Cuando Mundaray supervisó oficialmente los casos de corrupción en Caracas, declaró, CBH seguía apareciendo en transacciones ‘extrañas’. Durante años, le pareció que los venezolanos que tenía ‘bajo la lupa’ por pesquisas de corrupción habían estado’moviendo’ su dinero en el banco suizo.

“Tenías patrones de actividad que eran sospechosos: muchas cuentas, clientes sin pruebas perceptibles de la fuente de su dinero, compañías sin ninguna fuente obvia de actividad económica”, afirma Mundaray.

CBH comenzó a operar en 1975 como una corredora de valores llamada Stock and Commodities Services o Banque SCS Alliance. Cuando Joseph Benhamou, que era auditor en KPMG, se unió a su junta directiva, tenía una licencia bancaria y oficinas en Ginebra, St. Moritz, Luxemburgo y Nassau.

En siete años, Benhamou había asumido el cargo de director ejecutivo, su familia había comprado una parte controladora del banco y el nombre había sido cambiado a Compagnie Bancaire Helvetique, o Swiss Banking Company en inglés.

En 2011, la firma comenzó a buscar nuevos negocios en Venezuela, con dos gerentes de relaciones recientemente contratados, el español Santiago Souto y el francés Charles-Henry de Beaumont.

Fueron Souto y otro banquero de CBH, Roberto Rodríguez, a quienes se les pidió que ejecutaran los pagos de las cuentas de Wakil a los familiares de Osorio, según documentos bancarios internos. Souto no respondió a las solicitudes de comentarios.

Rodríguez, un español que trabajó junto a Souto en CBH durante varios años, se mudó a la oficina de CBH en Hong Kong. Al acercarse a Bloomberg en junio, Rodríguez al principio negó haber conocido a Souto. Finalmente, retrocedió. “Yo solo era su asistente”, aseguró Rodríguez. Declinó hacer comentarios sobre los pagos.

Mientras que antiguos colegas dicen que Souto a menudo discutía con Benhamou, dos personas recuerdan que Beaumont iba constantemente a almorzar con el CEO, donde los alimentos los preparaba un chef privado. Los hombres estaban tan cerca que Beaumont llamó a Benhamou ‘papá’, mencionó una de las personas.

Beaumont, en una respuesta por escrito a las preguntas, dijo que el banco requería que todos los clientes documentaran sus fuentes de ingresos y riqueza cuando era director de CBH. Otros funcionarios de CBH, inquirió, decidieron si tomarían un cliente una vez que estudiaran los documentos de la solicitud. “Nunca he tenido ningún poder de decisión de ningún tipo”, señaló.

En cuanto a los clientes anteriores, se negó a opinar. “No puedo emitir ningún comentario sobre ningún procedimiento legal de donde sea que provengan”, explicó. “Lo que puedo decirte es que nunca he cometido ninguna mala práctica”.

Uno de los clientes venezolanos de CBH fue Raúl Gorrin, un abogado venezolano que construyó imperios en seguros y medios de comunicación, y que fue acusado en Miami en agosto de 2018 por cargos de lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Actualmente es un prófugo de la justicia estadounidense.

En 2012 y 2013, Gorrin abrió una cuenta en CBH para comprar aviones por un valor de 33.7 millones de dólares y cubrir algunos gastos relacionados con caballos para Andrade, el ex tesorero venezolano, según los documentos del acuerdo de declaración de culpabilidad presentados en el caso de Andrade el año pasado.

La compra de Gorrin en 2013 de la red de televisión Globovisión, que según los líderes de la oposición silenciaron a uno de los pocos medios de comunicación que habían estado dispuestos a criticar a Maduro, fue financiada en parte por una transferencia bancaria de las cuentas de Gorrin en CBH, según una persona familiarizada con la operación.

Otro cliente de CBH fue Luis Oberto, hijo de un prominente banquero venezolano, cuyo nombre apareció en una investigación de corrupción pública que involucra a la compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), según Tablante, el ex legislador venezolano.

Tablante, quien anteriormente se desempeñó como jefe de la Oficina Antinarcóticos de Venezuela, trabajó en varias investigaciones de corrupción con otros legisladores y describió sus hallazgos en el libro El Gran Saqueo.

En 2012, una compañía controlada por Luis Oberto y su hermano Ignacio consiguió un contrato para proporcionar una línea de crédito a PDVSA que les hubiera permitido beneficiarse de los intercambios de divisas, según Tablante y personas familiarizadas con las investigaciones en Venezuela y los préstamos de EU, el contrato se extendió en bolívares, pero PDVSA los pagó en dólares al tipo de cambio oficial del Gobierno.

En ese momento, los bolívares eran aproximadamente tres veces más baratos en el mercado negro de divisas de Venezuela, lo que permitía que cualquiera que controlara las líneas de crédito de PDVSA triplicara su dinero.

En un acuerdo, Violet Advisors, con sede en Panamá, una compañía ahora extinta que incluyó a Luis Oberto como presidente e Ignacio Oberto como director, obtuvo una línea de crédito de 17 mil 490 millones de bolívares con PDVSA, según documentos internos de la compañía petrolera citados por Tablante. Violet Advisors tenía una cuenta en CBH, según los registros de transferencia de fondos revisados ​​por Bloomberg News.

En abril de 2016, la oficina del fiscal general venezolano abrió una investigación penal sobre presunta corrupción vinculada a grandes contratos de PDVSA, según documentos y dos ex fiscales venezolanos familiarizados con el caso.

Un resumen escrito de esa investigación muestra que los fiscales que trabajan bajo Mundaray examinaron los registros fiscales y comerciales de Luis Oberto. Saab, el actual fiscal general, declinó hacer comentarios sobre dónde se encuentra la investigación.

El Departamento de Justicia ahora está investigando cómo los Oberto ganaron los contratos de préstamo y si se invirtió alguna ganancia de ellos en Estados Unidos, según dos personas familiarizadas con la investigación. Los abogados de los Oberto con sede en Miami se negaron a responder preguntas detalladas sobre sus negocios.

“Luis e Ignacio Oberto son empresarios muy respetados que nunca han sido acusados ​​en ningún país de ningún delito”, comentaron los abogados Ed Shohat y David Oscar Markus en un comunicado conjunto. “Y por una buena razón: son honorables, éticos y transparentes. No han cometido ningún delito. Cualquier sugerencia de lo contrario se encontrará con una defensa de prensa de la corte completa».

Para abril de 2013, cuando CBH estaba cobrando tarifas significativas de su negocio venezolano, Souto dejó el banco para convertirse en un administrador de activos independiente. Beaumont se fue el mismo año.

Los documentos muestran que los clientes de Souto mantuvieron dinero en CBH después de que él dejó el banco, y se mantuvo involucrado en la gestión de sus asuntos. Por ejemplo, Wakil le pidió a Souto que lo ayudara a organizar cuatro de las ocho transferencias electrónicas a los familiares de Osorio después de que había dejado CBH, según muestran los registros.

Mientras tanto, el banco ‘se fue de compras’. Adquirió cuentas en todo América e Iberoamérica del Banco Espírito Santo, que más tarde se derrumbaron después de lo que los reguladores describieron el movimiento como actividades fraudulentas y “gestión ruinosa”. CBH también añadió activos en Hong Kong y Europa del Este, y abrió una oficina en Londres. Sus activos alcanzaron los 9 mil 300 millones de francos suizos en 2018.

El año pasado, Benhamou de CBH puso su mira en Estados Unidos, cerrando un trato para comprar Brickell Bank, un banco de una sucursal en el distrito financiero de Miami que era propiedad del Banco Espírito Santo, ahora en bancarrota. Previó trasladar 120 millones de dólares de depósitos al banco de Miami y enviar clientes para abrir cuentas ahí, según muestran los documentos presentados ante los reguladores de Florida.

“Creo que fue un gran sueño para mí tener algo en Estados Unidos”, comentó Benhamou en una audiencia reguladora estatal de 2018. “Miami es el centro, la puerta de entrada para la clientela latinoamericana”.

Las verificaciones de antecedentes no salieron nada mal y los reguladores de Florida aprobaron la compra. En ese momento, los planes de Benhamous solo necesitaban la aprobación regulatoria federal. Pasaron los meses sin ninguna noticia. Luego, a principios de mayo, un pretendiente diferente reveló planes para comprar Brickell Bank.

Los reguladores federales aprobaron la adquisición por parte de Banesco USA, un banco propiedad del financiero venezolano Juan Carlos Escotet, según un comunicado emitido por Brickell Bank en agosto. Los reguladores estatales y federales, Banesco y CBH se negaron a discutir lo que sucedió con los planes de Benhamous.

En Venezuela, encontrar los miles de millones perdidos del país es una prioridad para Juan Guaidó, reconocido como el líder legítimo de Venezuela por Estados Unidos, la Unión Europea y docenas de otros países. Los miembros de un equipo que Guaidó designó para rastrear los fondos dicen que esperan poder recuperar una porción significativa, pero son realistas sobre los desafíos involucrados.

Una década de presión por parte de los reguladores extranjeros ha obligado a las autoridades suizas a ‘aliviar’ sus famosas reglas de secreto bancario y a compartir más información en general. Aun así, los fiscales estadounidenses han solicitado varios registros bancarios relacionados con cuentas venezolanas sospechosas en CBH con escasos resultados, según personas familiarizadas con las solicitudes.

Las autoridades suizas tardan al menos un año en pronunciarse sobre tales solicitudes de los organismos policiales extranjeros. En consecuencia, el progreso de los fiscales estadounidenses ha sido lento.

En marzo de 2018, Mundaray, el ex fiscal venezolano, intentó forzar el problema. Viajó a Suiza ‘armado’ con casos que, según señaló, documentaban cómo los venezolanos usaban los bancos suizos para ocultar las ganancias de algunos de los mayores delitos financieros que había investigado. Instó a los funcionarios del Gobierno a investigar CBH y otros bancos, dijo.

La oficina del fiscal general suizo le comentó a Bloomberg este mes que ha estado investigando acusaciones de lavado de dinero en bancos suizos por parte de venezolanos, pero se negó a hacer más comentarios. De regreso en Bogotá, Mundaray, quien recientemente fue nombrado asesor legal en la embajada venezolana que representa al Gobierno de Guaidó en Colombia, dice que tiene la esperanza de que su solicitud de funcionarios suizos produzca resultados. “Prometieron tomar medidas”, aseguró. “Y realmente espero que lo hagan, ¿verdad?”.

(Por Charlie Devereux y Michael Smith – Bloomberg)
Vía Infobae

Continue Reading

Uncategorized

Las acusaciones del empresario Mauro Libi contra el comunicador Alberto Rodríguez de participar en campaña difamatoria por intereses económicos

Published

on

By

Spread the love

El empresario venezolano Mauro Libi, líder del Grupo Libi y presidente de Avelina y Frimaca Venezuela, señaló en 2019 en una nota de prensa al comunicador Leocenis García, de haber emprendido una campaña en su contra a través de las redes sociales «sin fundamento alguno y sin pruebas». Libi aseguró que había instruido a su equipo de abogados para que preparara un informe «de esta infame campaña para presentarlo ante la Asamblea Nacional», pues el caso tenía como trasfondo presionarlo para que retirara una demanda en Estados Unidos contra el periodista Alberto Rodríguez Palencia, cercano a García.

Tras señalar que ha sido «blanco» de acusaciones infundadas por Leocenis García, reiteró que las empresas del Grupo Libi «siempre han estado sometidas a rigurosas inspecciones y fiscalizaciones realizadas por los distintos órganos del Estado venezolano en diferentes períodos gubernamentales».

Denunció que se trataba de una «campaña de descrédito motivada a razón de una demanda que recientemente efectuó en Estados Unidos al señor Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews), muy relacionado a @leocenisoficial, a quien utilizó para difamarme».

Alberto Rodríguez

Dijo que la demanda «ya es pública y está en pleno curso», al tiempo que insistió en que cuenta con pruebas y todo el «show» busca «presionarme para que retire dicha demanda».

«Cuando establecí Avelina en Estados Unidos, fuimos sometidos a un exhaustivo estudio por parte de todas las autoridades federales, sino ¿Cómo pudiéramos estar operando en ese país por más de 5 años?», dijo, e insistió en que «eso es solamente posible si se cumple con el marco legal y financiero de ese país».

El conflicto con el empresario Mauro Libi ocasionó que Rodríguez, quien algunos niegan sea periodista, fuera obligado a renunciar de una cadena de televisión latina en Estados Unidos, tras las acusaciones de Libi contra Rodríguez de haberse confabulado para una campaña de descrédito. En la cadena, Rodríguez tuvo como jefe a un reconocido periodista de investigación colombiano, ganador de un premio Pulitzer.

En ese momento que el periodista se encontraba trabajando para la cadena de televisión, fue despedido pues los directores se percataron que su trabajo periodístico estaba vinculado a temas de extorsión contra empresarios venezolanos y la cadena no deseaba ser vinculada a ellos ni ninguno de sus empleados.

Despedido del canal, quedó en casi situación de calle en la ciudad de Miami, donde por un par de semanas debió dormir en casas de amigos.

Luego que Juan Guaidó se proclamara presidente interino de Venezuela, Rodríguez lo ha acompañado como parte de su equipo de comunicadores afectos, en la divulgación y retransmisión de información en respaldo al interinato.

Algunos han acusado al comunicador, ex director del semanario Sexto Poder y pariente de una ex pareja de Leocenis García, de haberse prestado varias veces para montajes, calumnias y mentiras.

El comunicado íntegro de Mauro Libi:

El día de hoy me dirijo a la opinión pública con la finalidad de exponer lo siguiente:

1.- Nuevamente he sido «blanco» de acusaciones emitidas por Leocenis García, quien irresponsablemente emitió recientemente una información a través de sus Redes Sociales sin fundamento alguno y sin pruebas que avalen dicha afirmación.

2.- Con una grosera ausencia de veracidad y sin contar con elementos de convicción alguna, por años Leocenis García ha intentado “forjar” una matriz de opinión en mi contra pidiendo a cambio favores económicos a los cuales nunca he accedido.

3.- Desde entonces ha pretendido mancillar de esta forma mi trayectoria empresarial en Venezuela, involucrándome en hechos de corrupción, que nunca he cometido en más de 55 años que tienen las empresas de mi familia, me acusa de testaferro de personeros gubernamentales y jamás ha presentado una prueba.

4.- Las empresas que componen al Grupo Libi, siempre han estado sometidas a rigurosas inspecciones y fiscalizaciones realizadas por los distintos órganos del Estado venezolano en diferentes periodos gubernamentales. Además, de eso yo si tengo pruebas que son públicas.

5.- Esta nueva campaña de descrédito es motivada a razón de una demanda que recientemente efectúe en Estados Unidos al señor Alberto Rodríguez, muy relacionado a Leocenis García, a quien utilizó para difamarme. Esta demanda ya es pública y está en pleno curso. Todo este show es para presionarme para que retire dicha demanda.

6.- De esto yo si tengo pruebas: conversaciones en Whatsapp con amenazas del mismo Leocenis García, comunicaciones a través de terceros y de otros voceros que han tocado a mi puerta para que decline en mis acciones legales.

7.- He indicado a mi equipo de abogados que preparen un informe detallado sobre el alcance de esta infame campaña para presentarlo ante la Asamblea Nacional y a distintas instituciones en el extranjero con mi versión y pruebas de los hechos.

8.- Lamento que medios de comunicación hayan difundido la información sin corroborar su veracidad. La descalificación y descrédito despierta el morbo de muchos y esto estimula la propagación de este tipo de noticias en sitios webs en Venezuela.

9.- También veo con profunda preocupación que periodistas serios del país hayan repetido la información que salió el día de ayer en diferentes portales digitales, y ninguno me contactó para tomar mis declaraciones con respecto al caso.

10.- Como lo he dicho en reiteradas oportunidades: Todo aquel que tenga pruebas que las consigne a los organismos competentes. En el año 2016 se formuló ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional una denuncia pública en mi contra.

11.- Comparecí ante la Asamblea Nacional –cabe destacar que soy el único empresario que ha rendido cuentas ante el Parlamento – y fui absuelto después de presentar mis alegatos y todos los documentos que probaron mi inocencia.

12.- Cuando establecí Avelina en Estados Unidos fuimos sometidos a un exhaustivo estudio por parte de todas las autoridades federales, sino ¿Cómo pudiéramos estar operando en ese país por más de 5 años? Eso es solamente posible si se cumple con el marco legal y financiero de ese país.

13.- Estoy comprometido con el desarrollo del país, sigo apostando por los venezolanos que seguimos trabajando para promover el trabajo en Venezuela, y continuaremos nuestras labores para internacionalizar los productos de nuestra marca Avelina.

14.- Finalmente @leocenisoficial, no hago esto por tu campaña, lo hago por los empleados de mis empresas, por nuestros clientes, por mis verdaderos amigos y familiares que lo único que han mostrado es solidaridad ante toda esta situación.

Continue Reading

Trending