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Venezuela

Así fue demandado Carlos Croes hijo en 2018 por diputados en Venezuela

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El diputado José Gregorio Aparicio, jefe de la fracción de ProCiudadanos en la Asamblea Nacional de Venezuela (AN), inició formalmente una demanda en 2018 contra Carlos Croes hijo, director del semanario Quinto Día, por difamación e injuria.

José Gregorio Aparicio

La información fue confirmada ese mismo año a Contrapunto por el líder del movimiento político, Leocenis García, quien además explicó que la demanda correspondía a una publicación realizada en el medio de comunicación.

La abogada Yisel Soárez Padrón, representante de Aparicio, detalló en una nota de prensa que la demanda correspondía a una serie de señalamientos en la que vinculaban al parlamentario y a miembros de ProCiudadanos con el narcotráfico y la extorsión.

«Quinto Día habría publicado presuntas difamaciones con un perfil y fotografías de diez diputados, incluyendo además al coordinador nacional de ProCiudadanos, el también periodista y empresario, Leocenis García, donde afirmaban distintos hechos de corrupción, extorsión y narcotráfico», explica una nota enviada por el equipo de prensa del movimiento político.

Soárez Padrón detalló además que en la publicación se vinculaba directamente a Leocenis García con el narcotraficante Walid Makled.

“Lo grave de eso es la instigación al odio, las calificaciones que hace la redacción y algunos periodistas de que necesitamos dinero y a cada diputado como lo difama. No es otra cosa que causar repudio contra un movimiento político distinto a lo tradicional que su liderazgo está en los jóvenes. Al líder de Prociudadanos, Leocenis García, lo relacionó con Walid Makled de tener un oscuro pasado. Todas estas afirmaciones las deben probar. Una cosa es informar y otra muy diferente es vilipendiar a los diputados de la AN”, manifestó la jurista.

La demanda fue presentada ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas.

En las redes sociales algunos acusaron al demandado de ser un «enchufado».

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Venezuela

Así describen «guisos» del empresario boliburgués César Bolívar

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César Bolívar presidente de Seguros Universitas, cuenta con una participación del 85% de las acciones. También es director y accionista del 75% de la compañía Servisalud, ambas empresas figuran como contratistas del Estado. Además, es presidente de la sociedad de porcentaje de Seguros Serviseguros, dirigida por el empresario Majed Khalil Majzoub, reseña Seguros y Banca citando al PanAm Post.

Cabe destacar que Universitas Seguros ha sido denunciada por estar presuntamente involucrada en la legitimación de capitales desde el 2012, pero esta contaba con la protección de fiscales del Ministerio Público y lo más grave es que aquí participó la mafia que dirigía la Superintendencia de Seguros, por lo que en ese momento no se tomaron acciones legales contra la junta fiscalizadora.

Indulgencia de la Asamblea Nacional a César Bolívar

El diputado Conrado Pérez, en ese entonces militante del partido Primero Justicia y vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, hizo pública la decisión de abrir una investigación contra la empresa Seguros Universitas por «presuntos hechos de corrupción».

Dos fuentes aseguraron al PanAm Post que toda la documentación sobre el caso de Bolívar jamás llegó a Estados Unidos.

PanAm Post tuvo acceso a documentos que revelan que el 28 de mayo de 2019, ya como presidente encargado de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Conrado Pérez decidió, de forma unilateral, cerrar la investigación. Se trataría de un caso en el que se favorece al empresario boliburgués César Bolívar, dueño de Seguros Universitas, involucrado en negocios con el Estado.

La trama de corrupción consistía en que, desde la Comisión de Contraloría y otros espacios en la Asamblea Nacional, se otorgaban indulgencias a empresarios que se habían enriquecido grotescamente gracias a contratos con el régimen chavista.

Los diputados, presuntamente opositores, primero alertaban a los empresarios sobre la posibilidad de pedir colaboración a organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento de Estado de Estados Unidos para investigar sus aparentes casos de corrupción. Para evitarlo, exigían dinero. Y, una vez saldada la cuenta, emitían «cartas de buena conducta» a favor de quienes se beneficiaron de jugosos contratos ilícitos con el gobierno venezolano.

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Venezuela

Así sobreseyeron en Venezuela el caso de ilícitos cambiarios contra el boliburgués Raúl Gorrín

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El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual les concede impunidad en el país pero también puede ser relevante en procedimientos judiciales abiertos en otras jurisdicciones por lo que dificulta la recuperación del dinero o bienes robados a Venezuela, reseña Cuentas Claras Digital.

Documentos a los que ha tenido acceso Cuentas Claras Digital muestran los pasos seguidos por la trama que coadyuvó para que un tribunal venezolano sobreseyera la causa penal contra Raúl Gorrín por los ilícitos cambiarios de una opaca operación realizada con Pdvsa.

Se trata del crédito por 7.200 millones de bolívares, pagadero en dólares, otorgado a la petrolera por la compañía Rantor Capital CA, el 17 de diciembre de 2014. Dos semanas después, Rantor cedió el contrato de 1.143 millones de dólares a la compañía Eaton Global Services Limited, constituida en Hong Kong. Raúl Gorrín es el beneficiario final de la primera y el dueño del 100% de las acciones de la segunda, tal como denunció Cuentas Claras Digital en 2017. En ambos casos, se trata de empresas de maletín.

Durante los años que estuvo en vigencia el control cambiario en Venezuela, no existió mejor negocio que comprar dólares baratos a la denominada tasa preferencial y luego venderlos caros en el mercado negro. Es lo que se denomina ganancia por diferencial cambiario.

El 17 de diciembre de 2014, fecha del contrato entre Pdvsa y Rantor Capital CA, la tasa oficial era de 6,30 bolívares por dólar, pero en el mercado paralelo alcanzaba los 182,23 bolívares por dólar, siempre con tendencia al alza por la especulación. Obtener 1.143 millones de dólares de Pdvsa a cambio de 7.200 millones de bolívares fue una operación que dejó obscenas ganancias a los integrantes de la trama, tanto en la petrolera como en las empresas involucradas.

¿Por qué, existiendo una extensa red de bancos públicos, se prefirió recurrir de manera secreta a instituciones financieras privadas casi desconocidas?
¿Por qué Pdvsa recurrió a una línea de financiamiento con un particular, no regulado por la Sudeban, sin estructura ni programa de prevención de legitimación de capitales?
¿Por qué la administración de Eulogio Del Pino y específicamente el vicepresidente de finanzas Víctor Aular, no realizó una subasta pública, una operación transparente, más aún cuando se trata de la empresa estatal “de todos los venezolanos”?
¿Dónde están las declaraciones fiscales y los libros contables de Rantor Capital CA?
¿Por qué fue catalogado el contrato entre Pdvsa y Rantor CA como “confidencial” ?
¿A qué tasa preferencial fue convenido el negocio? A una de las tasas oficiales o a una tasa no oficial?

A pesar de todas estos graves señalamientos, el 16 septiembre de 2020 el Juzgado 11 de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas, decretó el sobreseimiento de la causa (hasta ese momento desconocida por la opinión pública) supuestamente seguida a Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo, Víctor Aular y otros, sobre estos hechos.

El fiscal Farik Karin Mora Salcedo (el mismo de casos como los de Roberto Marrero y el diputado Juan Requesens) y la jueza Luisa Romero firmaron la decisión claramente sesgada a favor de los denunciados.

Cuentas Claras Digital tuvo acceso a la correspondencia oficial que supuestamente intercambiaron el Ministerio Público y la consultoría jurídica de PDVSA y cuyo objetivo final era tratar de exonerar a los acusados.

Se trata de un oficio firmado por el fiscal Mora Salcedo con fecha 28 de noviembre de 2017 dirigido a la consultoría jurídica de PDVSA, que a su vez acusa recibo de la misma el 30 de noviembre y procede, con una diligencia inusual, a responder en el lapso de una semana el 7 de diciembre de 2017, con el respectivo oficio en el cual en lugar de proteger el interés público, a todas luces beneficia a los acusados.

 

Varios delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, Código Penal, entre otros instrumentos, fueron cometidos en este caso por funcionarios, particulares, cómplices y encubridores, como los operadores de justicia que hoy están tratando de lavar el botín esquilmado al patrimonio nacional.

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Venezuela

¿Opositor o infiltrado? Las amenazas de un reportero venezolano

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En las redes sociales circulan grabaciones de audio en donde describen cómo supuestamente un reportero y tuitero opositor elimina de Twitter mensajes que ha publicado, por petición de personas en el Gobierno venezolano.

Irónicamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), miembros del Colegio Nacional de Periodistas y organizaciones internacionales han manifestado muchas veces su solidaridad con el reportero opositor, quien según el audio, forma parte de la maquinaria comunicacional del régimen, por lo cual algunos lo consideran un infiltrado en las filas opositoras, protegido por la llamada guerrilla comunicacional del régimen.

 

En otro audio un individuo, supuestamente el tuitero, exige dinero amenazantemente a una persona.

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