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El testamento del torero español Paquirri y su relación con un clan guisador venezolano

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Este es el testamento dejado por el torero español Francisco Rivera Pérez, conocido en toda España como Paquirri, en el que nombra como albacea a Salvador Salvatierra Quintero, quien tuvo en su descendencia a la esposa de uno de los enchufados guisadores financieros de más alto voltaje de Venezuela…

En Sevilla, a treinta de abril de mil novecientos ochenta y tres, siendo las trece horas. Ante mí, Ángel Olavarría Téllez, notario de esta capital y de su Ilustre Colegio. Comparece: Don Francisco Rivera Pérez, mayor de edad, soltero, matador de toros, vecino de Sevilla, con domicilio en Ramón de Carranza número 22. Exhibe DNI número 31.175.941. Tiene a mi juicio y al de los testigos instrumentales que se expresan capacidad bastante para otorgar testamento abierto, el que hace y ordena con arreglo a las siguientes:

Primera: Declara profesar la Religión Católica, Apostólica, Romana; ser natural de Zahara de los Atunes, donde nació el 5 de marzo de 1948; hijo de don Antonio y doña Agustina, ésta fallecida. Estuvo casado en primeras nupcias con doña Carmen Cayetana Ordóñez González, matrimonio actualmente declarado nulo, y del que tiene dos hijos llamados Francisco de Asís y Antonio Cayetano Rivera Ordóñez. Tiene previsto contraer matrimonio con la señorita María Isabel Pantoja Martín.

Segunda: Con cargo al tercio de libre disposición de su herencia lega a su padre don Antonio Rivera Alvarado y a sus hermanos don Antonio, don José y doña Teresa Rivera Pérez lo siguiente:

a) El usufructo vitalicio de la mitad de dicho tercio de libre disposición, cuyo usufructo harán efectivo a partir del fallecimiento del otorgante.

b) La nuda propiedad de dicha mitad del tercio de libre disposición, que sólo recibirán cuando el más pequeño de los hijos que deje el testador a su fallecimiento alcance los veintiún años.

En relación con este legado deja establecidas las siguientes normas:

Si al testador le sobreviven su padre y sus tres citados hermanos, el usufructo se distribuirá entre ellos por cuartas e iguales partes. Si le premuere su padre, pero le sobreviven los tres hermanos, se distribuirá entre estos por terceras partes. Si alguno de los hermanos le premuere dejando descendencia, ésta le sustituirá en sus derechos, y si no la dejara, se dará el derecho de acrecer entre los demás colegatarios.

Por lo que respecta a la nuda propiedad, se observarán idénticas normas, refiriéndoles el día, antes expresado, en que el menor de los hijos del testador cumpla la edad de los veintiún años.

Tercera cláusula: Además de la cuota viudal legitimaria que le concede el Código Civil, lega la otra mitad del usufructo del tercio de libre disposición de su herencia a su futura esposa doña María Isabel Pantoja Martín, con carácter vitalicio.

Cuarta cláusula: Instituye herederos universales por partes iguales a todos los hijos que deje a su fallecimiento. Si alguno le premuriese lo sustituye por sus descendientes.

Quinta cláusula: Nombra albaceas a los señores don Salvador Salvatierra Quintero, don Ramón Vila Jiménez, don Fernando Morán Cabrera, don Agustín Marañón Richi, don Antonio Escámez Márquez.

Les concede las más amplias facultades para hacerse cargo de la herencia del testador, administrarla durante el período de indivisión, hacer cobros y pagos, reclamar cuanto se debiere al otorgante por cualquier causa o motivo, practicar liquidaciones, aceptar o impugnar las que se presenten, retirar dinero de cuentas corrientes, cartillas de ahorro, depósitos u otras operaciones análogas, ejercitar las acciones y derechos que procedieren, pudiendo nombrar letrados y procuradores de los Tribunales, y en general, realizar cuanto sea preciso hasta que los bienes queden en poder de los respectivos herederos.

Para la realización de cualquiera de estos actos será precisa la firma mancomunada de tres cualesquiera de los albaceas nombrados.

Sexta cláusula: Haciendo uso de las facultades que al testador concede el artículo 16 A, apartado 1º del Código Civil reformado, ordena que los bienes que hereden del testador sus hijos, tanto de su anterior matrimonio como del que va a contraer de forma inmediata, quedan exceptuados de las respectivas administraciones maternas, siendo administrados por los señores, antes nombrados, don Ramón Vila Jiménez, Don Fernando Morán Cabrera y don Antonio Escámez Márquez; siendo válido lo que en tal administración realicen dos cualesquiera de los tres administradores nombrados.

Esta administración se extenderá toda la minoría de edad de cada uno de sus hijos.

Séptima cláusula: Nombra comisario contador partidor de su herencia al letrado del Ilustre Colegio de Sevilla don Juan Moya García, y en su defecto, a la también letrada doña María del Carmen Moya Sanabria.

Les concede cuantas facultades sean precisas para practicar las operaciones de inventario, avalúo, liquidación, división y adjudicación de su herencia.

Les prorroga el plazo legal de un año por dos más.

Así lo dice y otorga ante mí y en presencia de los tres testigos que lo conocen y que lo ven, oyen y entienden, mayores de edad, sin excepción legal para serlo, a quienes yo el notario conozco, don Antonio Escámez Márquez, vecino de Barbate (Cádiz), don Salvador Salvatierra Quintero, vecino de Caracas, en Venezuela, y don Agustín Marañón Richi, vecino de Madrid.

Leído por mí en alta e íntegramente este testamento al otorgante y testigos, después de renunciar al derecho que para hacerlo por si les advertí tenían, la presta aquel su pleno asentimiento y firman todos.

De conocer el testador, de haberse cumplido en un solo acto y sin interrupción alguna todas las formalidades legales, y de cuanto se consigna en este testamento abierto extendido en dos pliegos del timbre de la clase séptima, serie 1 J, número seis millones setecientos cuatro mil cuarenta y nueve y el del presente, yo el notario doy fe. Están las firmas de don Francisco Rivera Pérez, don Antonio Escámez Márquez, don Salvador Salvatierra Quintero y don Agustín Marañón Richi. -Signado. Ángel Olavarría. Rubricados. Está el sello de la Notaría.

Nota: El mismo día de su otorgamiento di el parte prevenido al Decanato, doy fe. A Olavarría. -Rubricado.

Vía ABC

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Interinato acusa al régimen de vender oro de Venezuela a través de Emiratos Árabes, Moscú y Mali

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Nicolás Maduro se baña en oro. Julio Borges, comisionado de Relaciones Exteriores del Gobierno interino de Juan Guaidó, ha denunciado que el régimen chavista ha construido una plataforma para eludir las sanciones internacionales que el año pasado le generó unos 1.000 millones de dólares para financiar su permanencia en el poder.

Por Ludmila Vinogradoff |ABC

Borges presentó un informe en Washington donde se muestra la apropiación indebida de 19 millones de toneladas de las reservas de oro depositadas en el Banco Central de Venezuela, que han desaparecido como reservas internacionales y que ocultan una conspiración internacional en la que participan Rusia, Emiratos Arabes Unidos y Mali.

En ese sentido, Borges pidió en su informe más investigaciones y posibles sanciones de

los individuos y naciones que han permitido la realización de este plan corrupto que liquida las reservas de oro de Venezuela. Además, hipoteca el futuro de las próximas generaciones de venezolanos.

El eje central de la operación son los Emiratos Arabes Unidos (EAU). «Este país sirve como el centro neurálgico de este gran robo de las riquezas de Venezuela, sirviendo como el centro financiero de este plan ilícito. Grandes cantidades de efectivo salen de los EAU hacia Venezuela para ser intercambiados por el oro venezolano. Sus instituciones financieras son utilizadas como un intermediario para financiar la operación».

«Noor Capital, una compañía financiera con sede en los EAU y con vínculos con el régimen de Maduro, está involucrada con esta conspiración. Varios actores claves en este plan ilícito tienen o tuvieron conexión con la compañía», indica el informe de Borges.

Añade que el régimen chavista «ha sido capaz de sobrevivir gracias a la red de individuos y compañías sin escrúpulo en el mundo quienes frecuentemente, con el consentimiento de su Gobierno nacional, están ayudando a financiar la represión y miseria de los venezolanos. Buscamos responsabilizar a los facilitadores de la corrupción y la represión del régimende Maduro», dijo.

Todo comienza en Moscú

El viaje de la venta ilícita de las riquezas de oro en Venezuela comienza en Moscú y los EAU. Desde Moscú, un avión chárter ruso Boeing 757-200 propiedad de Eurofei, una empresa estrechamente asociada con el escuadrón de vuelo especial Rossiya (FBGU SLO) del presidente ruso, Vladimir Putin, sale hacia el aeropuerto internacional de Bamako, en Mali.

«Mientras tanto, desde los Emiratos Árabes Unidos y de manera sincronizada, un avión emiratí lleno de dinero en efectivo sale para encontrarse con el avión ruso en Bamako. Es allí donde el efectivo destinado a financiar el régimen de Maduro se transfiere del avión emiratí al chárter ruso para su transporte a Venezuela. El avión chárter ruso luego vuela desde Bamako al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, cerca de Caracas. En Maiquetía, al amparo de la noche, el efectivo se descarga a cambio de las reservas de oro de Venezuela que, ocultas dentro del discreto equipaje de los pasajeros, se cargan en el avión de carga ruso una vez que el efectivo está en manos del régimen», indica el informe.

La ruta

En la mayoría de los casos, el avión de carga ruso vuela desde Caracas al Aeropuerto Internacional de Bamako en Mali. «Allí, el oro se descarga en el avión emiratí que espera para su transporte a los Emiratos Árabes Unidos. Si bien la mayor parte del oro se destina a los Emiratos Árabes Unidos, parte del oro también ha llegado a otras naciones como Libia y Suiza».

En ocasiones, «el oro se ha llevado a una refinería cercana al aeropuerto de Bamako, donde se elimina su trazabilidad y otras veces se lleva directamente a los Emiratos Árabes Unidos. Durante la investigación, al menos 8 viajes del mismo avión de carga ruso fueron rastreados tomando la ruta de efectivo por oro desde Caracas al continente africano. En una transferencia observada recientemente en el aeropuerto de Bamako, 28 maletas que probablemente contenían unos 51 millones de euros en efectivo fueron transferidas desde el avión emiratí al avión ruso que esperaba y que voló inmediatamente a Caracas».

Un francés

Una figura central en la operación es el ciudadano francés, Olivier Couriol, quien ha trabajado con Noor Capital como Jefe de Administración de Activos y Fondos y ha estado vinculado a otras actividades corruptas en el continente africano. Junto con Couriol, están involucradas otras personas relacionadas con Noor Capital, incluyendo otro francés que supervisa la transferencia del oro y el efectivo en el aeropuerto de Bamako entre los aviones rusos y emiratíes utilizados en la operación.

«Esta semana he proporcionado muchas pruebas de nuestra investigación al Congreso de los Estados Unidos, a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de los Estados Unidos y al Departamento de Estado de los Estados Unidos y los he alentado a investigar a todos los involucrados y que tomen las medidas pertinentes. También compartiremos información con las autoridades europeas. Si se han violado las sanciones contra el régimen de Maduro, los involucrados deben ser sancionados por sus acciones», agregó Borges.

Mali desmiente

El Gobierno de Mali desconoce si en su país se recibieron lingotes de oro desde Venezuela para refinarlo e intercambiar divisas en efectivo, como denunció esta semana la oposición del país sudamericano, dijo un funcionario a Reuters.

Un representante de la oposición venezolana viajó a Estados Unidos y se reunió con autoridades del Tesoro y congresistas para advertir que Venezuela habría enviado, durante 2020, oro de las reservas de su Banco Central a Mali en aviones rusos y los habría intercambiado por euros y dólares en efectivo en operaciones pactadas en su mayoría con clientes en Emiratos Árabes Unidos.

«Sabemos que existe tráfico de oro en Mali, principalmente entre Mali y los Emiratos Árabes Unidos», dijo Alexis Dembele, jefe de gabinete del ministro de minas de Mali al ser consultado por Reuters el miércoles sobre las posibles operaciones desde Venezuela.

«Para el caso específico de Venezuela, no estábamos al tanto, pero si resulta ser cierto, se tomarán todas las medidas», agregó el funcionario, sin precisar cuáles medidas.

Anualmente Mali envía unas 20 toneladas de oro hacia Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo con las cifras que suministró Dembele.

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Así describían en 2019 la implicación del banco suizo CBH en la red de corrupción de boliburgueses venezolanos

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Cuando la escasez de alimentos en Venezuela comenzó a intensificarse, Naman Wakil, un ex vendedor ambulante que hizo millones de dólares suministrando carne a los programas alimentarios del Gobierno socialista, decidió compartir la riqueza. Wakil ordenó a sus banqueros suizos transferir 5.9 millones de dólares a familiares del ministro de Alimentación venezolano, Carlos Osorio, quien le había otorgado los contratos de carne, según muestran los registros bancarios.

Los legisladores venezolanos calificaron en un informe oficial esta serie de pagos de 2012 y 2013 como “transacciones sospechosas”.

“Llámalo como quieras: sobornos, comisiones, es corrupción”, dijo el legislador Ismael García, quien ayudó a redactar el informe y ahora vive en el exilio en Costa Rica.

Ni Wakil ni Osorio han sido acusados ​​penalmente, pero los fiscales estadounidenses ahora están investigando los contratos de Wakil como parte de una amplia investigación de la corrupción venezolana, según dos personas familiarizadas con la investigación a las que tuvo acceso Bloomberg.

Los sobornos son casi comunes en Venezuela, donde los economistas estiman que la corrupción desvió al menos 385 mil millones de dólares en fondos públicos de 2003 a 2015. Sin embargo, hay algo notable sobre las transferencias de 5.9 millones de dólares de Wakil: solo un banco estuvo involucrado.

Ambas partes de cada transacción, pagador y beneficiario, utilizaron cuentas en CBH Compagnie Bancaire Helvetique (mejor conocido como CBH Bank), con sede en Ginebra, un banco familiar que se ha multiplicado por ocho desde 2006.

Específicamente, los clientes venezolanos, aquellos que ganaron millones haciendo negocios con su Gobierno, fueron parte del negocio del banco, destacó Zair Mundaray, quien dirigió los casos de delitos financieros para la oficina del fiscal general de Venezuela hasta mediados de 2017.

“Este es el banco al que recurren los venezolanos para ocultar dinero. Todos depositaron en CBH”, puntualizó Mundaray, quien ahora vive en Colombia y ha trabajado con otros ex fiscales extranjeros para tratar de construir casos criminales contra gente cercana al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y su predecesor, Hugo Chávez. Su objetivo es que estos casos se lleven a juicio si hay un cambio de régimen en Venezuela o cuando lo haya.

Mundaray cree que el banco debería ser señalado como el responsable de hacer negocios con personas acusadas de ayudar a saquear el tesoro de Venezuela. Al menos un cliente de CBH ha sido condenado en Estados Unidos por cargos relacionados con la corrupción, mientras que otros han sido acusados ​​o, como Wakil, están bajo investigación.

Los fiscales estadounidenses están investigando al menos a cinco venezolanos que ingresaron a CBH y son sospechosos de corrupción, comentaron dos personas familiarizadas con las pesquisas. El banco en sí no es blanco de esas investigaciones, puntualizaron.

Los funcionarios de CBH, que ocupa un edificio de cinco pisos cerca del principal centro comercial de Ginebra, rechazaron solicitudes de comentarios para este artículo de Bloomberg.

Wakil no respondió a los mensajes que se dejaron en la oficina de una empresa familiar, con un socio comercial y con un abogado que figura como el agente registrado de varias empresas que Wakil ha establecido en Florida.

Osorio negó las acusaciones de corrupción en un tribunal civil venezolano, donde un juez dictaminó en 2017 que el informe de los legisladores lo había difamado. Osorio no respondió a las solicitudes de comentarios enviadas al ministerio de información de Venezuela ni a la empresa estatal que dirige.

Ni CBH ni ninguno de sus empleados han sido acusados ​​de ningún delito. Su presidente, Joseph Benhamou, un ciudadano suizo e israelí cuya familia ha sido propietaria del banco durante la última década, indicó a los funcionarios de Florida el año pasado que el banco nunca ha sido sancionado por los reguladores o las fuerzas del orden, y que cumple con todas las leyes internacionales suizas.

Benhamou hizo esas declaraciones como parte del intento de su familia de adquirir un banco con sede en Miami, un plan que terminó este año sin explicación pública mientras los reguladores federales estaban considerando la solicitud.

No obstante, los clientes venezolanos de CBH han aparecido repetidamente en casos penales de EU que datan de 2010. En al menos tres querellas, los venezolanos fueron condenados o acusados ​​formalmente de usar cuentas de CBH para pagar o recibir sobornos o lavar fondos ilícitos, según muestran los registros judiciales.

Uno de ellos , el ex tesorero venezolano Alejandro Andrade, se declaró culpable en un tribunal federal de Miami en 2017 por aceptar más de mil millones de dólares en sobornos, incluidos decenas de millones de fondos extraídos de una cuenta de CBH para comprar aviones privados y cubrir gastos relacionados con su caballos, de acuerdo con una declaración de hechos adjunta a su acuerdo de culpabilidad.

Documentos de la Corte, correos electrónicos internos y registros y entrevistas con personas familiarizadas con el banco muestran que para muchos clientes venezolanos, CBH era más que un simple depositario pasivo.

Sus empleados trabajaron con abogados en Panamá y Luxemburgo para establecer empresas para clientes, quienes utilizaron la sede central del banco en Ginebra como la dirección registrada de al menos 15 de esas entidades, según muestran correos electrónicos entre banqueros de CBH y abogados externos.

Servir a los titulares de cuentas en ambos lados de las transferencias de dinero, como lo hizo CBH para Wakil no era una práctica aislada, según tres personas con conocimiento de las actividades del banco. Los banqueros instaron a los clientes venezolanos a que sus asociados también abran cuentas con CBH, explicaron las fuentes.

Los clientes que usan transferencias internas pueden evitar cables externos que son monitoreados por sistemas reguladores diseñados para detectar transacciones sospechosas. “Claramente, si hubieran estado utilizando los medios tradicionales de utilizar el sistema de transferencia bancaria, habría habido señales de alerta”, mencionó Dennis Lormel, ex especialista en delitos financieros y finanzas del terrorismo de la Oficina Federal de Investigaciones, quien recibió un descripción al respecto. Lormel ahora dirige DML Associates, una firma de consultoría que asesora a los bancos sobre cómo prevenir el lavado de dinero y el fraude.

Wakil, de 58 años, nació en Alepo, Siria, emigró a Venezuela y vivió en el distrito de Petare de Caracas, uno de los barrios marginales más grandes del mundo. Pasó de vender productos en las calles a una inmensa riqueza.

Según el informe de los legisladores venezolanos, tuvo una estrecha relación con Osorio, un general importante en el Ejército de Venezuela que supervisó miles de millones de dólares en contratos como ministro de Alimentos de la nación.

Osorio ha ocupado una serie de poderosos puestos bajo la administración de Maduro, y en junio fue puesto a cargo de una compañía minera estatal. El ex jefe de Inteligencia Militar de Venezuela describe a Osorio como el asesor ‘espiritual’ de Maduro, un hombre que aviva la fascinación del presidente con la santería y otras religiones que fusionan aspectos de las creencias africanas, indígenas y cristianas.

En 2017, Osorio ganó la demanda por difamación contra un ex legislador y dos legisladores en ejercicio, argumentando que sus acusaciones de corrupción no eran ciertas. Un juez ordenó a los legisladores que pagaran 900 millones de bolívares (en ese momento, alrededor de 447.461 dólares al tipo de cambio oficial y 129.571 dólares en el mercado negro) y que dejaron de publicar información sobre Osorio.

Cinco meses después, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a Osorio en relación con los mismos alegatos, y concluyó que “fue cómplice de estafar al estado de hasta 573 millones de dólares a través de la corrupción en el programa alimentario de Venezuela”.

La especialidad de Wakil era comprar carne y aves de corral baratas, algunas de ellas cerca de su fecha de vencimiento, en Brasil, y luego venderlas a los programas de alimentos venezolanos en los márgenes, según los resultados de la investigación de la Asamblea Nacional.

En solo unos años, aseguró contratos estatales por valor de cientos de millones de dólares, encontraron los investigadores. Eso incluye un acuerdo en junio de 2012 para suministrar al Ministerio de Alimentación de Venezuela 70 mil toneladas métricas de carne de res, pasta y aceite de cocina; pagó 5 mil 340 dólares por tonelada de carne de res, según documentos revisados ​​por Bloomberg News.

El contrato describe la necesidad de establecer sociedades de cartera para cada operación para manejar el intercambio de bolívares y dólares en medio de estrictos controles de divisas.

Para 2012, Wakil controlaba varias cuentas en CBH, destacaron cuatro personas familiarizadas con las investigaciones de sus tratos en Venezuela y EU.

Su fortuna personal alcanzó los 400 millones de dólares en septiembre de 2015, muestra un intercambio de correos electrónicos ese mes entre uno de sus abogados y uno de los defensores de los banqueros, que se convirtieron en parte de los ‘Panama Papers’.

Si bien la escasez de alimentos sacudió a Venezuela, gran parte de las ganancias de Wakil llegaron a territorio estadounidense, donde adquirieron ‘juguetes’ llamativos. Él y su familia poseen al menos 11 propiedades en Miami, la mayoría a través de compañías que controlan.

Eso incluye un apartamento de lujo cerca de la Bahía de Biscayne, en Coconut Grove, que Wakil compró por 3.2 millones de dólares en 2011, según muestran los registros de propiedad. Wakil condujo autos de BMW y Range Rovers, según múltiples multas de tráfico que acumuló en el sur de Florida.

A fines de 2016 compró un condominio de 5.6 millones de dólares en la Porsche Design Tower , un edificio de 60 pisos frente al mar que fue diseñado conjuntamente por el fabricante de automóviles alemán. Las unidades individuales tienen elevadores de vidrio de gran tamaño que elevan los autos de los propietarios cientos de metros hasta los “garajes en el cielo”. Mucho antes de esa compra, Wakil había usado CBH para un propósito mucho menos glamuroso, según Mundaray, el ex fiscal.

A partir de diciembre de 2012 y durante siete meses, Wakil ordenó a sus banqueros de CBH que hicieran ocho transferencias de sus cuentas, de acuerdo con documentos bancarios en el centro de una investigación que los fiscales venezolanos abrieron sobre las acusaciones de corrupción de los legisladores en 2016.

En total, transfirió 5.9 millones de dólares en una cuenta de la entidad bancaria controlada por los cuñados de Osorio, el jefe del programa alimentario, según los documentos, que se hicieron públicos por primera vez por el ex legislador venezolano Carlos Tablante.

Mundaray estaba supervisando la investigación de los fiscales cuando, en 2017, Maduro despidió a su jefe, la ex fiscal general Luisa Ortega, quien había comenzado a denunciar públicamente la corrupción. Mundaray y otros fiscales la siguieron, soltando el caso de Wakil antes de que pudiera completarse.

Los ex fiscales, liderados por Ortega, continuaron investigando casos de corrupción desde su exilio autoimpuesto en Bogotá.

No está claro qué sucedió con el caso oficial después de que Mundaray y sus colegas abandonaron Venezuela. El actual fiscal General venezolano, Tarek Saab, quien fue nombrado por Maduro en 2017, declinó hacer comentarios sobre el caso.

Cuando Mundaray supervisó oficialmente los casos de corrupción en Caracas, declaró, CBH seguía apareciendo en transacciones ‘extrañas’. Durante años, le pareció que los venezolanos que tenía ‘bajo la lupa’ por pesquisas de corrupción habían estado’moviendo’ su dinero en el banco suizo.

“Tenías patrones de actividad que eran sospechosos: muchas cuentas, clientes sin pruebas perceptibles de la fuente de su dinero, compañías sin ninguna fuente obvia de actividad económica”, afirma Mundaray.

CBH comenzó a operar en 1975 como una corredora de valores llamada Stock and Commodities Services o Banque SCS Alliance. Cuando Joseph Benhamou, que era auditor en KPMG, se unió a su junta directiva, tenía una licencia bancaria y oficinas en Ginebra, St. Moritz, Luxemburgo y Nassau.

En siete años, Benhamou había asumido el cargo de director ejecutivo, su familia había comprado una parte controladora del banco y el nombre había sido cambiado a Compagnie Bancaire Helvetique, o Swiss Banking Company en inglés.

En 2011, la firma comenzó a buscar nuevos negocios en Venezuela, con dos gerentes de relaciones recientemente contratados, el español Santiago Souto y el francés Charles-Henry de Beaumont.

Fueron Souto y otro banquero de CBH, Roberto Rodríguez, a quienes se les pidió que ejecutaran los pagos de las cuentas de Wakil a los familiares de Osorio, según documentos bancarios internos. Souto no respondió a las solicitudes de comentarios.

Rodríguez, un español que trabajó junto a Souto en CBH durante varios años, se mudó a la oficina de CBH en Hong Kong. Al acercarse a Bloomberg en junio, Rodríguez al principio negó haber conocido a Souto. Finalmente, retrocedió. “Yo solo era su asistente”, aseguró Rodríguez. Declinó hacer comentarios sobre los pagos.

Mientras que antiguos colegas dicen que Souto a menudo discutía con Benhamou, dos personas recuerdan que Beaumont iba constantemente a almorzar con el CEO, donde los alimentos los preparaba un chef privado. Los hombres estaban tan cerca que Beaumont llamó a Benhamou ‘papá’, mencionó una de las personas.

Beaumont, en una respuesta por escrito a las preguntas, dijo que el banco requería que todos los clientes documentaran sus fuentes de ingresos y riqueza cuando era director de CBH. Otros funcionarios de CBH, inquirió, decidieron si tomarían un cliente una vez que estudiaran los documentos de la solicitud. “Nunca he tenido ningún poder de decisión de ningún tipo”, señaló.

En cuanto a los clientes anteriores, se negó a opinar. “No puedo emitir ningún comentario sobre ningún procedimiento legal de donde sea que provengan”, explicó. “Lo que puedo decirte es que nunca he cometido ninguna mala práctica”.

Uno de los clientes venezolanos de CBH fue Raúl Gorrin, un abogado venezolano que construyó imperios en seguros y medios de comunicación, y que fue acusado en Miami en agosto de 2018 por cargos de lavado de dinero y conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Actualmente es un prófugo de la justicia estadounidense.

En 2012 y 2013, Gorrin abrió una cuenta en CBH para comprar aviones por un valor de 33.7 millones de dólares y cubrir algunos gastos relacionados con caballos para Andrade, el ex tesorero venezolano, según los documentos del acuerdo de declaración de culpabilidad presentados en el caso de Andrade el año pasado.

La compra de Gorrin en 2013 de la red de televisión Globovisión, que según los líderes de la oposición silenciaron a uno de los pocos medios de comunicación que habían estado dispuestos a criticar a Maduro, fue financiada en parte por una transferencia bancaria de las cuentas de Gorrin en CBH, según una persona familiarizada con la operación.

Otro cliente de CBH fue Luis Oberto, hijo de un prominente banquero venezolano, cuyo nombre apareció en una investigación de corrupción pública que involucra a la compañía petrolera estatal, Petróleos de Venezuela (PDVSA), según Tablante, el ex legislador venezolano.

Tablante, quien anteriormente se desempeñó como jefe de la Oficina Antinarcóticos de Venezuela, trabajó en varias investigaciones de corrupción con otros legisladores y describió sus hallazgos en el libro El Gran Saqueo.

En 2012, una compañía controlada por Luis Oberto y su hermano Ignacio consiguió un contrato para proporcionar una línea de crédito a PDVSA que les hubiera permitido beneficiarse de los intercambios de divisas, según Tablante y personas familiarizadas con las investigaciones en Venezuela y los préstamos de EU, el contrato se extendió en bolívares, pero PDVSA los pagó en dólares al tipo de cambio oficial del Gobierno.

En ese momento, los bolívares eran aproximadamente tres veces más baratos en el mercado negro de divisas de Venezuela, lo que permitía que cualquiera que controlara las líneas de crédito de PDVSA triplicara su dinero.

En un acuerdo, Violet Advisors, con sede en Panamá, una compañía ahora extinta que incluyó a Luis Oberto como presidente e Ignacio Oberto como director, obtuvo una línea de crédito de 17 mil 490 millones de bolívares con PDVSA, según documentos internos de la compañía petrolera citados por Tablante. Violet Advisors tenía una cuenta en CBH, según los registros de transferencia de fondos revisados ​​por Bloomberg News.

En abril de 2016, la oficina del fiscal general venezolano abrió una investigación penal sobre presunta corrupción vinculada a grandes contratos de PDVSA, según documentos y dos ex fiscales venezolanos familiarizados con el caso.

Un resumen escrito de esa investigación muestra que los fiscales que trabajan bajo Mundaray examinaron los registros fiscales y comerciales de Luis Oberto. Saab, el actual fiscal general, declinó hacer comentarios sobre dónde se encuentra la investigación.

El Departamento de Justicia ahora está investigando cómo los Oberto ganaron los contratos de préstamo y si se invirtió alguna ganancia de ellos en Estados Unidos, según dos personas familiarizadas con la investigación. Los abogados de los Oberto con sede en Miami se negaron a responder preguntas detalladas sobre sus negocios.

“Luis e Ignacio Oberto son empresarios muy respetados que nunca han sido acusados ​​en ningún país de ningún delito”, comentaron los abogados Ed Shohat y David Oscar Markus en un comunicado conjunto. “Y por una buena razón: son honorables, éticos y transparentes. No han cometido ningún delito. Cualquier sugerencia de lo contrario se encontrará con una defensa de prensa de la corte completa».

Para abril de 2013, cuando CBH estaba cobrando tarifas significativas de su negocio venezolano, Souto dejó el banco para convertirse en un administrador de activos independiente. Beaumont se fue el mismo año.

Los documentos muestran que los clientes de Souto mantuvieron dinero en CBH después de que él dejó el banco, y se mantuvo involucrado en la gestión de sus asuntos. Por ejemplo, Wakil le pidió a Souto que lo ayudara a organizar cuatro de las ocho transferencias electrónicas a los familiares de Osorio después de que había dejado CBH, según muestran los registros.

Mientras tanto, el banco ‘se fue de compras’. Adquirió cuentas en todo América e Iberoamérica del Banco Espírito Santo, que más tarde se derrumbaron después de lo que los reguladores describieron el movimiento como actividades fraudulentas y “gestión ruinosa”. CBH también añadió activos en Hong Kong y Europa del Este, y abrió una oficina en Londres. Sus activos alcanzaron los 9 mil 300 millones de francos suizos en 2018.

El año pasado, Benhamou de CBH puso su mira en Estados Unidos, cerrando un trato para comprar Brickell Bank, un banco de una sucursal en el distrito financiero de Miami que era propiedad del Banco Espírito Santo, ahora en bancarrota. Previó trasladar 120 millones de dólares de depósitos al banco de Miami y enviar clientes para abrir cuentas ahí, según muestran los documentos presentados ante los reguladores de Florida.

“Creo que fue un gran sueño para mí tener algo en Estados Unidos”, comentó Benhamou en una audiencia reguladora estatal de 2018. “Miami es el centro, la puerta de entrada para la clientela latinoamericana”.

Las verificaciones de antecedentes no salieron nada mal y los reguladores de Florida aprobaron la compra. En ese momento, los planes de Benhamous solo necesitaban la aprobación regulatoria federal. Pasaron los meses sin ninguna noticia. Luego, a principios de mayo, un pretendiente diferente reveló planes para comprar Brickell Bank.

Los reguladores federales aprobaron la adquisición por parte de Banesco USA, un banco propiedad del financiero venezolano Juan Carlos Escotet, según un comunicado emitido por Brickell Bank en agosto. Los reguladores estatales y federales, Banesco y CBH se negaron a discutir lo que sucedió con los planes de Benhamous.

En Venezuela, encontrar los miles de millones perdidos del país es una prioridad para Juan Guaidó, reconocido como el líder legítimo de Venezuela por Estados Unidos, la Unión Europea y docenas de otros países. Los miembros de un equipo que Guaidó designó para rastrear los fondos dicen que esperan poder recuperar una porción significativa, pero son realistas sobre los desafíos involucrados.

Una década de presión por parte de los reguladores extranjeros ha obligado a las autoridades suizas a ‘aliviar’ sus famosas reglas de secreto bancario y a compartir más información en general. Aun así, los fiscales estadounidenses han solicitado varios registros bancarios relacionados con cuentas venezolanas sospechosas en CBH con escasos resultados, según personas familiarizadas con las solicitudes.

Las autoridades suizas tardan al menos un año en pronunciarse sobre tales solicitudes de los organismos policiales extranjeros. En consecuencia, el progreso de los fiscales estadounidenses ha sido lento.

En marzo de 2018, Mundaray, el ex fiscal venezolano, intentó forzar el problema. Viajó a Suiza ‘armado’ con casos que, según señaló, documentaban cómo los venezolanos usaban los bancos suizos para ocultar las ganancias de algunos de los mayores delitos financieros que había investigado. Instó a los funcionarios del Gobierno a investigar CBH y otros bancos, dijo.

La oficina del fiscal general suizo le comentó a Bloomberg este mes que ha estado investigando acusaciones de lavado de dinero en bancos suizos por parte de venezolanos, pero se negó a hacer más comentarios. De regreso en Bogotá, Mundaray, quien recientemente fue nombrado asesor legal en la embajada venezolana que representa al Gobierno de Guaidó en Colombia, dice que tiene la esperanza de que su solicitud de funcionarios suizos produzca resultados. “Prometieron tomar medidas”, aseguró. “Y realmente espero que lo hagan, ¿verdad?”.

(Por Charlie Devereux y Michael Smith – Bloomberg)
Vía Infobae

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Las acusaciones del empresario Mauro Libi contra el comunicador Alberto Rodríguez de participar en campaña difamatoria por intereses económicos

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El empresario venezolano Mauro Libi, líder del Grupo Libi y presidente de Avelina y Frimaca Venezuela, señaló en 2019 en una nota de prensa al comunicador Leocenis García, de haber emprendido una campaña en su contra a través de las redes sociales «sin fundamento alguno y sin pruebas». Libi aseguró que había instruido a su equipo de abogados para que preparara un informe «de esta infame campaña para presentarlo ante la Asamblea Nacional», pues el caso tenía como trasfondo presionarlo para que retirara una demanda en Estados Unidos contra el periodista Alberto Rodríguez Palencia, cercano a García.

Tras señalar que ha sido «blanco» de acusaciones infundadas por Leocenis García, reiteró que las empresas del Grupo Libi «siempre han estado sometidas a rigurosas inspecciones y fiscalizaciones realizadas por los distintos órganos del Estado venezolano en diferentes períodos gubernamentales».

Denunció que se trataba de una «campaña de descrédito motivada a razón de una demanda que recientemente efectuó en Estados Unidos al señor Alberto Rodríguez (@AlbertoRodNews), muy relacionado a @leocenisoficial, a quien utilizó para difamarme».

Alberto Rodríguez

Dijo que la demanda «ya es pública y está en pleno curso», al tiempo que insistió en que cuenta con pruebas y todo el «show» busca «presionarme para que retire dicha demanda».

«Cuando establecí Avelina en Estados Unidos, fuimos sometidos a un exhaustivo estudio por parte de todas las autoridades federales, sino ¿Cómo pudiéramos estar operando en ese país por más de 5 años?», dijo, e insistió en que «eso es solamente posible si se cumple con el marco legal y financiero de ese país».

El conflicto con el empresario Mauro Libi ocasionó que Rodríguez, quien algunos niegan sea periodista, fuera obligado a renunciar de una cadena de televisión latina en Estados Unidos, tras las acusaciones de Libi contra Rodríguez de haberse confabulado para una campaña de descrédito. En la cadena, Rodríguez tuvo como jefe a un reconocido periodista de investigación colombiano, ganador de un premio Pulitzer.

En ese momento que el periodista se encontraba trabajando para la cadena de televisión, fue despedido pues los directores se percataron que su trabajo periodístico estaba vinculado a temas de extorsión contra empresarios venezolanos y la cadena no deseaba ser vinculada a ellos ni ninguno de sus empleados.

Despedido del canal, quedó en casi situación de calle en la ciudad de Miami, donde por un par de semanas debió dormir en casas de amigos.

Luego que Juan Guaidó se proclamara presidente interino de Venezuela, Rodríguez lo ha acompañado como parte de su equipo de comunicadores afectos, en la divulgación y retransmisión de información en respaldo al interinato.

Algunos han acusado al comunicador, ex director del semanario Sexto Poder y pariente de una ex pareja de Leocenis García, de haberse prestado varias veces para montajes, calumnias y mentiras.

El comunicado íntegro de Mauro Libi:

El día de hoy me dirijo a la opinión pública con la finalidad de exponer lo siguiente:

1.- Nuevamente he sido «blanco» de acusaciones emitidas por Leocenis García, quien irresponsablemente emitió recientemente una información a través de sus Redes Sociales sin fundamento alguno y sin pruebas que avalen dicha afirmación.

2.- Con una grosera ausencia de veracidad y sin contar con elementos de convicción alguna, por años Leocenis García ha intentado “forjar” una matriz de opinión en mi contra pidiendo a cambio favores económicos a los cuales nunca he accedido.

3.- Desde entonces ha pretendido mancillar de esta forma mi trayectoria empresarial en Venezuela, involucrándome en hechos de corrupción, que nunca he cometido en más de 55 años que tienen las empresas de mi familia, me acusa de testaferro de personeros gubernamentales y jamás ha presentado una prueba.

4.- Las empresas que componen al Grupo Libi, siempre han estado sometidas a rigurosas inspecciones y fiscalizaciones realizadas por los distintos órganos del Estado venezolano en diferentes periodos gubernamentales. Además, de eso yo si tengo pruebas que son públicas.

5.- Esta nueva campaña de descrédito es motivada a razón de una demanda que recientemente efectúe en Estados Unidos al señor Alberto Rodríguez, muy relacionado a Leocenis García, a quien utilizó para difamarme. Esta demanda ya es pública y está en pleno curso. Todo este show es para presionarme para que retire dicha demanda.

6.- De esto yo si tengo pruebas: conversaciones en Whatsapp con amenazas del mismo Leocenis García, comunicaciones a través de terceros y de otros voceros que han tocado a mi puerta para que decline en mis acciones legales.

7.- He indicado a mi equipo de abogados que preparen un informe detallado sobre el alcance de esta infame campaña para presentarlo ante la Asamblea Nacional y a distintas instituciones en el extranjero con mi versión y pruebas de los hechos.

8.- Lamento que medios de comunicación hayan difundido la información sin corroborar su veracidad. La descalificación y descrédito despierta el morbo de muchos y esto estimula la propagación de este tipo de noticias en sitios webs en Venezuela.

9.- También veo con profunda preocupación que periodistas serios del país hayan repetido la información que salió el día de ayer en diferentes portales digitales, y ninguno me contactó para tomar mis declaraciones con respecto al caso.

10.- Como lo he dicho en reiteradas oportunidades: Todo aquel que tenga pruebas que las consigne a los organismos competentes. En el año 2016 se formuló ante la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional una denuncia pública en mi contra.

11.- Comparecí ante la Asamblea Nacional –cabe destacar que soy el único empresario que ha rendido cuentas ante el Parlamento – y fui absuelto después de presentar mis alegatos y todos los documentos que probaron mi inocencia.

12.- Cuando establecí Avelina en Estados Unidos fuimos sometidos a un exhaustivo estudio por parte de todas las autoridades federales, sino ¿Cómo pudiéramos estar operando en ese país por más de 5 años? Eso es solamente posible si se cumple con el marco legal y financiero de ese país.

13.- Estoy comprometido con el desarrollo del país, sigo apostando por los venezolanos que seguimos trabajando para promover el trabajo en Venezuela, y continuaremos nuestras labores para internacionalizar los productos de nuestra marca Avelina.

14.- Finalmente @leocenisoficial, no hago esto por tu campaña, lo hago por los empleados de mis empresas, por nuestros clientes, por mis verdaderos amigos y familiares que lo único que han mostrado es solidaridad ante toda esta situación.

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