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Venezuela

Franco Di Gennaro Aristizábal, su papel en el tráfico de armas y la violencia en Venezuela

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Desde el año 2006 se han identificado doce rutas terrestres en la frontera entre Colombia y Venezuela, y 11 más en la frontera entre Colombia y Panamá.

Venezuela es la capital del terrorismo en Occidente. La presencia de Hezbolá en ese país y su relación directa con los capos del régimen ya es conocida. Vuelos directos, tráfico de armas, de oro, de diamantes, de coltán, de dinero en efectivo y personas, los peores otros países que son origen de las armas para el tráfico ilegal son Estados Unidos, Australia y España, dejando como resultado que “durante los últimos tres años la Policía ha incautado 66.589 armas de fuego: 27.205 revólveres, 23.654 escopetas y 14.181 pistolas”. Respecto a las armas de fuego de largo alcance, las más incautadas fueron fusiles: 941; lanzagranadas, 113 y ametralladoras, 13”.

Durante el periodo comprendido entre 2016 y 2018 la Policía capturó a 41.709 personas por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego de uso privativo.

En Venezuela se libra la batalla de la libertad contra gangster que desde el poder defienden carteles de droga, tráfico de armas y corrupción. Las «autoridades» encargadas de regular son las principales responsables, la GNB junto con los empresarios que usan sus comercios como camuflaje para estos actos delictivos, obligando a los dueños de fincas y a sus trabajadores a «cooperar» con ellos o enfrentarse a la cárcel o a la muerte.

En Venezuela el tráfico de armas de fuego es elevado, pero hay un mercado aún mayor, el de alquiler de armas para que los malandros «trabajen». Las armas incautadas son usadas para estos fines y los «detenidos» usados como infiltrados, tal es el caso de Franco Di Gennaro Aristizábal, quien se hace ver como un empresario respetable y no es más que un infiltrado, en algunas oportunidades al servicio de la DEA y en otras al servicio de las FARC, paramilitares, la GNB y grupos violentos que someten a venezolanos honestos en el estado Zulia.

Hoy los principales accesos para el tráfico de armas hacia Colombia ocurren por dos fronteras: las de Venezuela y Panamá.

Para el primer caso, la Dijín reveló que hay doce rutas clandestinas por donde se introducen ilegalmente al país todo tipo de armas.

“La inestabilidad gubernamental que se presenta en Venezuela ha propiciado que por allí ingrese un alto porcentaje de armas ilegales a Colombia, entre ellas los rifles que usan los guerrilleros del Eln para asesinar a los miembros de la Fuerza Pública”.

Ruta 1: Maracaibo-Paraguaipoa-Paraguachón.

Ruta 2: El Vigía-La Grita-Tres Bocas-Tibú.

Ruta 3: Maracay-San Cristóbal-Cúcuta.

Ruta 4: El Amparo-Guasdualito-Arauca.

Ruta 5: San Antonio del Táchira- Cúcuta.

Como estás cinto rutas, la Dijín de Colombia tiene otras siete identificadas para el caso de la frontera con Venezuela.

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Venezuela

Así sobreseyeron en Venezuela el caso de ilícitos cambiarios contra el boliburgués Raúl Gorrín

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El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual les concede impunidad en el país pero también puede ser relevante en procedimientos judiciales abiertos en otras jurisdicciones por lo que dificulta la recuperación del dinero o bienes robados a Venezuela, reseña Cuentas Claras Digital.

Documentos a los que ha tenido acceso Cuentas Claras Digital muestran los pasos seguidos por la trama que coadyuvó para que un tribunal venezolano sobreseyera la causa penal contra Raúl Gorrín por los ilícitos cambiarios de una opaca operación realizada con Pdvsa.

Se trata del crédito por 7.200 millones de bolívares, pagadero en dólares, otorgado a la petrolera por la compañía Rantor Capital CA, el 17 de diciembre de 2014. Dos semanas después, Rantor cedió el contrato de 1.143 millones de dólares a la compañía Eaton Global Services Limited, constituida en Hong Kong. Raúl Gorrín es el beneficiario final de la primera y el dueño del 100% de las acciones de la segunda, tal como denunció Cuentas Claras Digital en 2017. En ambos casos, se trata de empresas de maletín.

Durante los años que estuvo en vigencia el control cambiario en Venezuela, no existió mejor negocio que comprar dólares baratos a la denominada tasa preferencial y luego venderlos caros en el mercado negro. Es lo que se denomina ganancia por diferencial cambiario.

El 17 de diciembre de 2014, fecha del contrato entre Pdvsa y Rantor Capital CA, la tasa oficial era de 6,30 bolívares por dólar, pero en el mercado paralelo alcanzaba los 182,23 bolívares por dólar, siempre con tendencia al alza por la especulación. Obtener 1.143 millones de dólares de Pdvsa a cambio de 7.200 millones de bolívares fue una operación que dejó obscenas ganancias a los integrantes de la trama, tanto en la petrolera como en las empresas involucradas.

¿Por qué, existiendo una extensa red de bancos públicos, se prefirió recurrir de manera secreta a instituciones financieras privadas casi desconocidas?
¿Por qué Pdvsa recurrió a una línea de financiamiento con un particular, no regulado por la Sudeban, sin estructura ni programa de prevención de legitimación de capitales?
¿Por qué la administración de Eulogio Del Pino y específicamente el vicepresidente de finanzas Víctor Aular, no realizó una subasta pública, una operación transparente, más aún cuando se trata de la empresa estatal “de todos los venezolanos”?
¿Dónde están las declaraciones fiscales y los libros contables de Rantor Capital CA?
¿Por qué fue catalogado el contrato entre Pdvsa y Rantor CA como “confidencial” ?
¿A qué tasa preferencial fue convenido el negocio? A una de las tasas oficiales o a una tasa no oficial?

A pesar de todas estos graves señalamientos, el 16 septiembre de 2020 el Juzgado 11 de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas, decretó el sobreseimiento de la causa (hasta ese momento desconocida por la opinión pública) supuestamente seguida a Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo, Víctor Aular y otros, sobre estos hechos.

El fiscal Farik Karin Mora Salcedo (el mismo de casos como los de Roberto Marrero y el diputado Juan Requesens) y la jueza Luisa Romero firmaron la decisión claramente sesgada a favor de los denunciados.

Cuentas Claras Digital tuvo acceso a la correspondencia oficial que supuestamente intercambiaron el Ministerio Público y la consultoría jurídica de PDVSA y cuyo objetivo final era tratar de exonerar a los acusados.

Se trata de un oficio firmado por el fiscal Mora Salcedo con fecha 28 de noviembre de 2017 dirigido a la consultoría jurídica de PDVSA, que a su vez acusa recibo de la misma el 30 de noviembre y procede, con una diligencia inusual, a responder en el lapso de una semana el 7 de diciembre de 2017, con el respectivo oficio en el cual en lugar de proteger el interés público, a todas luces beneficia a los acusados.

 

Varios delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, Código Penal, entre otros instrumentos, fueron cometidos en este caso por funcionarios, particulares, cómplices y encubridores, como los operadores de justicia que hoy están tratando de lavar el botín esquilmado al patrimonio nacional.

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Venezuela

¿Opositor o infiltrado? Las amenazas de un reportero venezolano

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En las redes sociales circulan grabaciones de audio en donde describen cómo supuestamente un reportero y tuitero opositor elimina de Twitter mensajes que ha publicado, por petición de personas en el Gobierno venezolano.

Irónicamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), miembros del Colegio Nacional de Periodistas y organizaciones internacionales han manifestado muchas veces su solidaridad con el reportero opositor, quien según el audio, forma parte de la maquinaria comunicacional del régimen, por lo cual algunos lo consideran un infiltrado en las filas opositoras, protegido por la llamada guerrilla comunicacional del régimen.

 

En otro audio un individuo, supuestamente el tuitero, exige dinero amenazantemente a una persona.

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El «enchufe» petrolero de Massimo Giuriolo Volpin en Venezuela

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Massimo Giuriolo Volpin incrementó su fortuna en miles de millones de dólares gracias a jugosos contratos con PDVSA y Corpoelec otorgados a su empresa Zaramella & Pavan Construction Company S.A., reseña Diario Gratuito.

Estas operaciones financieras habrían iniciado mucho antes de la llegada del régimen Chavista al poder, pero en 2006 se incrementaron de manera desmedida hasta 2015, según data de Panamá Papers.

Mediante información asertiva del diario The International Consortium of Investigative Journalists el dinero lo ocultó en las Islas Vírgenes Británicas.

Se conoce que Massimo Giuriollo y sus presuntas operaciones financieras de lavado permanecen activas; Según el equipo de investigación de Diario Gratuito, al menos hasta 2017 la empresa ha tenido relaciones comerciales con el Ministerio del Poder Popular para el Transporte de Venezuela.

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