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Repudian detención y deportación de Trinidad y Tobago de 16 niños venezolanos

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Un grupo de venezolanos fue deportado de Trinidad y Tobago el domingo 22 de noviembre. Las autoridades migratorias de la isla enviaron, al menos, a 25 personas de regreso a Venezuela en dos embarcaciones tipo “piragua”. En ellas viajaban 16 niños, entre los que se incluyen uno de 4 meses, un bebé de 2 años, otro de seis y un niño de 8. Los medios trinitarios señalan que hay entre 9 y 13 adultos.

Por Indira Rojas | Prodavinci

El caso llegó a la Corte Suprema de Trinidad y Tobago. La Corte Interamericana de Derechos Humanos exhortó al país a garantizar el ingreso a su territorio de los venezolanos que buscan protección internacional por razones humanitarias.

El grupo estuvo desaparecido desde que zarparon el domingo. La abogada de los familiares informó el lunes 23 de noviembre por la tarde que se encontraba en una de las pequeñas islas del delta del Orinoco.

1. ¿Cuándo llegaron los migrantes venezolanos a Trinidad y Tobago?

La abogada Nafeesa Mohammed, que representa a las familias del grupo, dijo al medio local Newsday que los migrantes venezolanos fueron detenidos tras su entrada al país el martes 17 de noviembre de 2020. Se encontraban en la comisaría de la ciudad de Erin, a unos 98 kilómetros de la capital (Puerto España). Mohammed pidió a las autoridades migratorias que los niños fueran entregados a sus padres, pero el sábado 21 de noviembre fueron trasladados a la comisaría de Cedros.

2. ¿Cómo llega el caso a la Corte Suprema de Trinidad y Tobago?

La abogada Mohammed supo que el grupo saldría de la estación policial el domingo y presentó un recurso de habeas corpus dirigido a la jueza Avason Quinlan-Williams, de la Corte Suprema de Trinidad y Tobago. Pero las autoridades migratorias ya habían enviado a los venezolanos al mar.

“Un recurso de habeas corpus es un asunto serio en la ley. Estábamos preguntando por las bases bajo las cuales los niños habían sido detenidos. Me molesta que los funcionarios estatales hubieran hecho esto a escondidas y hubieran intentado sacarlos de nuestras aguas territoriales en lugar de presentarse ante los tribunales y rendir cuentas por su detención”, dijo Mohammed a un medio local. 

El domingo por la noche, la jueza Quinlan-Williams ordenó al Jefe del Estado Mayor de la Defensa —máximo cargo militar en Trinidad y Tobago— presentar a los inmigrantes venezolanos inmediatamente ante ella el lunes 23 de noviembre. Al mismo tiempo, la abogada de las familias pidió una audiencia. Cuando el procedimiento se reanudó el lunes, el comandante de la Guardia Costera informó que los venezolanos ya habían sido escoltados hasta el límite marítimo entre Venezuela y Trinidad y Tobago. La defensa del Estado alegó que, en tales circunstancias, la jueza ya no tenía jurisdicción en el asunto.

3. ¿Cómo fueron deportados?

Mohammed relata que antes de las 12:30 del mediodía del domingo recibió fotografías de los niños embarcando las dos piraguas. “Los familiares no pudieron ver ningún nombre registrado en los barcos que salieron del puerto de Cedros. ¿Quién tiene el control de ese barco? Los niños estaban bajo la custodia de la policía y surge la pregunta de quién fue el responsable de sacarlos sabiendo que se estaban llevando a cabo los procedimientos judiciales”, dijo Mohammed a Newsday.

Reginald Armour, quien defendió al Estado en la audiencia del grupo venezolano deportado, señaló que a partir de las 9:25 de la mañana el domingo el grupo de migrantes quedó bajo la custodia de la Guardia Costera. Fueron escoltados hasta la frontera marítima entre Trinidad y Tobago y Venezuela, y a las 11:20 de la mañana ya estaban fuera de vista y «no estaban bajo la custodia de la Fuerza de Defensa desde ese momento».

4. ¿Cuáles son las condiciones de los niños y sus familias y por qué es determinante para el caso? 

David Smolansky, comisionado de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos, divulgó en Twitter que una niña de 9 años tiene problemas cardíacos y lleva una válvula en su corazón, y un niño de 5 años presenta un soplo en el corazón.

La abogada de las familias señaló que los padres de algunos niños se encontraban en Trinidad y Tobago mientras la embarcación se dirigía a Venezuela. No detalló cuántos, pero algunos están registrados en la isla mientras que otros son titulares de la tarjeta del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).

Uno de los padres de los niños dijo a la agencia francesa de noticias AFP que vive en Trinidad y Tobago desde hace dos años y que enviaba dinero a Venezuela para ayudar a su esposa a cuidar a sus cuatro hijos. “Cada día es más crítico y difícil para ellos sobrevivir, así que le dije a mi esposa que viniera aquí con nuestra hija mayor”.

La abogada Nafeesa Mohammed ha pedido en varias ocasiones a las autoridades de Trinidad y Tobago que adopten un enfoque humanitario, y no solo la perspectiva de las leyes locales. El día que se reportó la deportación, Mohammed dijo a la prensa que “se trata de una situación que involucra a niños en la que deberían aplicarse consideraciones especiales”.

El Informe especial de peligros y vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes en contextos de movilidad humana (2019), de la ONG venezolana Cecodap, explica que un niño migrante “presenta una doble vulnerabilidad. La combinación entre la edad y su condición migratoria obliga a una protección específica y adecuada de sus derechos por parte de los Estados involucrados en la ruta migratoria, ya sea origen, tránsito y destino”.

Esta “doble vulnerabilidad” está contemplada en la Observación General Conjunta realizada en 2017 por el Comité sobre los Derechos del Niño y el Comité de Protección de los Derechos de todos los trabajadores migrantes y de sus familias. Desarrolla los principios de interés superior del niño, la igualdad, el derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, y la protección de la familia y la reunificación familiar.

El coordinador general de la ONG venezolana Cecodap, Carlos Trapani, señaló que Trinidad y Tobago ratificó el 5 de diciembre de 1991 la Convención sobre los Derechos del Niño, lo que lo obliga a “proteger a los niños sin discriminación alguna. El estatus migratorio no excluye la protección a los niños”.

5. ¿Cuál es la situación de los migrantes venezolanos en Trinidad y Tobago?

La última actualización de Acnur, del 5 de noviembre de 2020, reporta que 5.448.441 venezolanos han salido del país. Entre estos se cuentan refugiados y solicitantes de asilo. La mayoría se concentra en Colombia, Perú y Chile. En Trinidad y Tobago hay aproximadamente 24.169. Un reporte de Acnur de 2019 indica que “el número total de llegadas de venezolanos a Trinidad y Tobago es mucho menor que en muchos países de América Latina, sin embargo, en relación al porcentaje de su población, ha recibido más venezolanos que casi cualquier otro país”.

Acnur advierte en este reporte que preocupa las manifestaciones de xenofobia contra los venezolanos en la isla, pero que “quizás el mayor desafío al que se enfrentan los venezolanos que buscan refugio es que Trinidad y Tobago no tiene una política de migración efectiva o legislación sobre refugiados. Como resultado, la mayoría de los migrantes venezolanos, solicitantes de asilo y los refugiados se ven obligados a entrar en situaciones ilegales”.

El Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados dijo a Newsday que antes del caso de los 16 niños deportados, “tenían conocimiento de al menos 39 niños que habían sido devueltos desde principios de año”.

Durante la audiencia virtual del lunes, Mohammed dijo que de acuerdo a sus fuentes el barco que transportaba a los niños quedó varado en algún momento del domingo, y se encontraba en aguas territoriales de Trinidad y Tobago, aproximadamente a 20 minutos de la costa de Trinidad.

David Smolansky informó el martes al mediodía que los padres de los niños denunciaron que el motor del peñero se dañó media hora después de salir del puerto. Un trabajador de migración de Trinidad y Tobago reveló a Radio Fe y Alegría Noticias que al momento de embarcar “los motores fuera de borda presentaron averías, lo que demoró el zarpe”.

6. ¿Dónde fueron localizados el lunes 23 de noviembre?

La abogada Nafeesa Mohammed dijo en la Corte que cerca de la una de la tarde del lunes supo que el grupo de migrantes se encontraba en La Barra, en aguas costeras venezolanas, “en un embarcadero protegido solo por una choza de paja”.

Radio Fe y Alegría Noticias precisó el martes que los niños deportados se encontraban junto a los adultos en una de las barras de Delta Amacuro, llamada Mariusa. Las barras son pequeñas islas inundables formadas en el delta del río Orinoco. Son zonas boscosas, de morichales y manglares, rodeadas de comunidades indígenas que quedan a dos horas de navegación por el río.

7. ¿Qué dijo la Corte Interamericana de los Derechos Humanos?

La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación por la deportación de los migrantes venezolanos, incluyendo a los niños y adolescentes del grupo. En un hilo de Twitter, publicado la noche del lunes 23 de noviembre, la CIDH exhortó a Trinidad y Tobago “a garantizar el ingreso al territorio de personas venezolanas que buscan protección internacional por razones humanitarias urgentes, así como a respetar el principio de no devolución”.

Además, instó al país a “observar estrictamente el deber de protección especial de los niños, niñas, y adolescentes migrantes y a considerar su interés superior en todas las decisiones que les afecten”.

La CIDH reiteró las acciones en el marco de la responsabilidad compartida contempladas en la Resolución 2/18 sobre la migración forzada de personas venezolanas, la Resolución 4/19 sobre los Principios Interamericanos sobre los Derechos Humanos de Todas las Personas Migrantes, Refugiadas, Apátridas y las Víctimas de la Trata de Personas, y la Resolución 1/20 sobre Pandemia y Derechos Humanos en las Américas.

En esta última, exhortan a los Estados a “evitar el empleo de estrategias de detención migratoria y otras medidas que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la enfermedad generada por el COVID-19 y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana como deportaciones o expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes”. También señalan que el retorno a los países de origen debe hacerse “ garantizando el principio de respeto a la unidad familiar”.

8. ¿Qué es el principio de no devolución?

Carlos Trapani, abogado y coordinador general de Cecodap, explicó a Prodavinci que el principio de no devolución prohíbe a los Estados expulsar de su jurisdicción a las personas, con independencia de su nacionalidad o cualquier otra condición. “Si la vida de un niño corre riesgo o puede sufrir un daño no puede haber devolución”. Agrega que es necesario integrar los derechos de los niños con los derechos de los migrantes, lo que implica “interpretar el derecho de no devolución a la luz del interés superior del niño”.

El principio de no devolución incluye la prohibición del rechazo en las fronteras, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que constituye “la piedra angular de la protección internacional de las personas refugiadas y de las personas solicitantes de asilo”.

La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 fue el primer instrumento internacional en codificar, en su artículo 33.1, el principio de no devolución “como una medida efectiva para garantizar el ejercicio del derecho a buscar y recibir asilo”. La Convención señala que “ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre por causa de su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social, o de sus opiniones políticas”.

Este principio también está contemplado en la Declaración de Cartagena sobre Refugiados (1984) y en la Opinión Consultiva Oc-21/14 sobre los derechos y garantías de niñas y niños en el contexto de la migración y/o en necesidad de protección internacional, emitida por la CIDH en 2014.

9. ¿Qué dijo el Ministro de Seguridad Nacional de Trinidad y Tobago?

El ministro de Seguridad Nacional trinitense, Stuart R. Young, dijo en una rueda de prensa el martes 24 de noviembre que las fronteras están cerradas desde el 22 de marzo como parte de las medidas de contención contra la covid-19 y que cualquier emigrante venezolano que intente entrar debe tener una visa. “Si un migrante entra a la isla de manera ilegal, se convierte en una persona indeseable en el instante en el que pisa el territorio y deberá afrontar consecuencias judiciales”.

Young desconoció la deportación de los 16 niños:

“He visto el ‘supuesto’ reporte sobre los 16 niños, pero ahora pregunto ¿alguien ha visto a esos individuos? ¿Quiénes son? Muestren certificados de nacimiento para verificar que son menores de edad (…). Yo no puse a ninguna persona en ningún bote. Conozco mis responsabilidades, y no cubren eso. No sé si son 10, 12, o 16 niños. Vi lo que dijo Juan Guaidó, pero no sabemos de qué hablan».

Agregó que si descubren a venezolanos que residen legalmente en Trinidad y Tobago ayudando a connacionales indocumentados a llegar a la isla, “su permiso será revocado y también será deportado”.

Mientras Young hablaba a la prensa, los migrantes venezolanos se aproximaban de nuevo a territorio trinatario. Videos tomados dentro de los botes circularon en redes sociales. Cuando los periodistas preguntaron sobre el retorno de los venezolanos, el ministro dijo que no tenía conocimiento al respecto.

Agregó que Nicolás Maduro no se ha comunicado con el gobierno de Trinidad y Tobago.

10. ¿Dónde se encuentran este martes 24 de noviembre?

En redes sociales se divulgó un video en el que aparece el grupo de hombres, mujeres y niños hacinados en una embarcación, sin chaleco salvavidas. Una de las mujeres lleva sobre su pecho a un bebé envuelto en una cobija. Una voz masculina señala que ya están cerca de las playas trinitarias.

 

Cerca de las 2:00 de la tarde del martes, el grupo de venezolanos deportados llegaron en dos piraguas a la playa Los Iros, en Erin, territorio de Trinidad y Tobago. En un video, una migrante dijo que nunca llegaron a tierra firme venezolana. Otros señalaron que algunos niños tienen fiebre, que no pudieron dormir, y que al llegar de nuevo a la isla el capitán de la embarcación se fue y los dejó allí.

La administración de Nicolás Maduro no se ha pronunciado sobre el caso.

Vía Prodavinci

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Así describen el «guiso» de Javier Pérez-Santalla con bonos petroleros venezolanos

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Si ya no es obvio que la corrupción del régimen de Maduro no tiene límites, ahora les tenemos más evidencias. Como ustedes han escuchado, el Banco Central de Venezuela (BCV) está vendiendo los bonos de PDVSA a bancos extranjeros a impensables descuentos no encontrados en ningún otro mercado del mundo, para dar oxígeno a la cúpula roja rojita y financiar la represión de una dictadura, reseña Seguros y Banca citando a Primera Página.

Pero escondido dentro de esa grotesca transacción también existe un mega guiso a través de un sospechoso intermediario que se llama Dinosaur Group, ¡el cual hemos investigado y que estamos sacando a la luz pública!

Como hemos reportado, las reservas financieras del Gobierno se han reducido a los últimos 10 millardos de dólares y la gran mayoría no es líquida sino está en forma de oro.

Como punto de comparación, en el 2011 Venezuela contaba con 30 millardos de dólares en reservas mientras el monto saqueado, con motivo de la corrupción, supera los 350 millardos de dólares. Al mismo tiempo, el Gobierno tiene que pagar pronto millardos de dólares en deuda extranjera, gracias en parte a sus destructivos canjes de bonos de PDVSA. Por eso Maduro está dispuesto a hipotecar el futuro de Venezuela para mantenerse en el poder.

Pérez- Santalla ha trabajado con Dinosaur Group desde el 2003, pero antes se desempeñó como Director en Refco, una empresa financiera basada en Nueva York y famosa por su larga historia de escándalos –entre otras, buscó ocultar 430 millones de dólares en deudas incobrables y creó bonos falsos con un supuesto valor de 525 millones de dólares– antes de caer en bancarrota en el 2005 por sus actividades fraudulentas.

Según un reportaje del Wall Street Journal, son los bancos menos conocidos en el mundo financiero que están dispuestos a involucrarse con el régimen de Maduro, incluyendo un pequeño grupo en París que emitió 5 millardos de dólares en bonos venezolanos en diciembre de 2016.

Al investigar Dinosaur Group, nos sorprendió mucho descubrir que el grupo es casi invisible en el mundo financiero. Según los medios, tiene sedes en Londres y Nueva York y ganó 400 mil dólares en el 2015. Además, de acuerdo al último reportaje de la Comisión de Bolsa y Valores sobre Dinosaur Group, la firma es tan chiquita que la agencia gubernamental estadounidense solo requiere que el banco mantenga 250 mil dólares en efectivo – una cantidad de dinero increíblemente pequeña en comparación con otras instituciones financieras.

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Financial Times: Por qué es hora de levantar la prohibición comercial de la deuda de Venezuela

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Ewald Scharfenberg
@Ewalds6

Se agudiza la presión de los tenedores para levantar las sanciones que impiden transar papeles de deuda de Pdvsa en el mercado secundario. Mucho dinero en juego. Este artículo empuja en esa dirección y propone medidas creativas para reestructurar y rescatar la deuda vzlana.

El Dr. Thomas Laryea es un experto en leyes y políticas internacionales en Orrick, Herrington & Sutcliffe. Se especializa en asesorar a gobiernos y acreedores sobre finanzas internacionales. En esta publicación, aboga por la reconsideración de la dependencia excesiva de las sanciones, en particular la prohibición de la negociación secundaria de bonos venezolanos, mientras miramos hacia una reestructuración integral de la deuda, reseña el Financial Times.

La administración Biden tiene la oportunidad de reformar las relaciones con Venezuela y sentar las bases para la reestructuración de los más de 150.000 millones de dólares de Venezuela en deuda externa pública. Durante más de 15 años, Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones económicas a la nación latinoamericana y otras han seguido su ejemplo. El uso de sanciones alcanzó su punto máximo bajo la administración Trump, donde se implementaron para una amplia gama de objetivos políticos, que aparentemente incluían el cambio de régimen. Son pocos los encargados de formular políticas que pueden afirmar que estas sanciones han logrado los objetivos declarados.

La prohibición de ciertas transacciones de bonos venezolanos se destaca como una de las sanciones más peculiares e ineficaces. Comenzó en agosto de 2017 con la prohibición de que las personas estadounidenses participen en la emisión de nueva deuda no a corto plazo por parte de Venezuela, así como la prohibición de las compras de activos en el mercado secundario por parte de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos. Simultáneamente, las autoridades estadounidenses emitieron una licencia que eximía la negociación de la mayoría de los eurobonos venezolanos (distintos de los bonos en poder de la propia República). Luego, en enero de 2019, las autoridades estadounidenses retiraron la exención a los bonos emitidos por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y así los sometieron a la prohibición comercial, pero retuvieron la exención sobre ciertos otros bonos emitidos por la República. .

Fue un rasguño de cabeza. Es comprensible que se prohíba a los estadounidenses financiar directamente al gobierno venezolano. ¿Pero la prohibición de las transacciones del mercado secundario? Menos. Y dadas las limitaciones jurisdiccionales estadounidenses de la prohibición, ¿por qué tratar de imponerla cuando otros en el mercado global de bonos no se ven afectados? Y, para empezar, ¿por qué una prohibición comercial de los bonos de PDVSA pero no de los de la República?

Algunos han especulado que el objetivo era deprimir el precio de los bonos de PDVSA para inducir una futura reestructuración de la deuda. Pero, ¿por qué el gobierno de EE. UU. Usaría sanciones para diferenciar entre los bonos de PDVSA y los de la República de esta manera y afectaría el capital entre acreedores en una posible reestructuración de la deuda soberana que las sanciones de EE. Luego de mucho clamor del mercado, unas semanas después se eliminó la distinción entre PDVSA y los bonos de la República, de hecho sometiéndolos a ambos a la prohibición comercial.

El motivo aparente de la prohibición comercial fue que impidió que las entidades asociadas con la administración de Maduro se beneficiaran a través del mercado secundario. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no abordarlo de manera personalizada agregando a estas personas a la lista de Nacionales Especialmente Designados con quienes las personas estadounidenses tienen prohibido tratos financieros? No ha habido una buena respuesta.

Precedente cuestionable

Además de seguir desafiando una explicación racional, la prohibición de comercio en el mercado secundario sienta un precedente cuestionable en términos de la regulación del mercado financiero de Estados Unidos. El riesgo de replicación de la prohibición comercial de Venezuela en otras situaciones de deuda soberana debe internalizarse en los mercados en el futuro, lo que podría impulsar alguna actividad legítima fuera de los Estados Unidos.

Algunos participantes del mercado buscan mitigar dicho riesgo proponiendo disposiciones en la documentación de los bonos soberanos que permitirían acelerar las condiciones de pago en circunstancias en las que se imponga una prohibición de negociación secundaria similar. Tales herramientas de mitigación de riesgos se encuentran en la etapa de “laboratorio” y su efectividad potencial dependería de las circunstancias particulares de cada caso.

Mientras tanto, los costos de la prohibición comercial en la situación de Venezuela están siendo absorbidos por los tenedores de deuda, en lugar de los asociados de la administración de Maduro. En relación con sus precios ya en dificultades en el momento de la imposición de la prohibición comercial, los bonos de la República y PDVSA han caído un 80 por ciento. Si bien la caída de los precios de los bonos se puede atribuir a una variedad de factores, el efecto de la prohibición comercial en los Estados Unidos, donde tradicionalmente ha tenido lugar la gran mayoría de las transacciones de estos bonos, fue ciertamente un factor.

La administración Biden ya ha comenzado a reconsiderar algunas de las sanciones contra Venezuela donde es evidente que las medidas han tenido efectos negativos. En particular, se han suavizado las sanciones que obstaculizan las operaciones portuarias y aeroportuarias y se están reconsiderando las que obstaculizan las respuestas a la pandemia de COVID. Este desarrollo es sólido en términos de reconocer las necesidades humanitarias del pueblo venezolano. Del mismo modo, debemos reconocer que el efecto de la balcanización de los mercados de capitales mundiales también es insostenible.

La eliminación de la prohibición comercial no abordaría todos los problemas para resolver los desafíos de la deuda de Venezuela, que son profundos y provienen de fallas económicas e institucionales crónicas. Sin embargo, eliminar la prohibición comercial enviaría una señal de voluntad para corregir errores y un compromiso de trabajar hacia posibles soluciones que aprovechen adecuadamente, en lugar de obstaculizar, el funcionamiento del mercado.

En una publicación anterior sobre FT Alphaville , señalé que la posible reestructuración de la deuda de Venezuela requeriría un esfuerzo internacional concertado. Propuse una forma de facilitar una reestructuración integral de la deuda de Venezuela mediante el establecimiento de un fideicomiso internacional bajo el marco legal del FMI. Es hora de considerar esas ideas progresistas y dejar de lado las medidas regresivas, tipificadas por la prohibición comercial.

Vía Financial Times

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¿Lago Gatún Fincas – F4 una «lavadora» de venezolanos en Panamá?

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A Panamá han llegado durante los últimos años inversionistas extranjeros sobre los cuales bien valdría la pena indagar mejor.

Esto precisa ser objeto de investigación de parlamentarios que, como la diputada Zulay Rodríguez, buscan siempre rescatar el buen nombre del gentilicio panameño, luchando contra el lavado de dinero y la legitimación de capitales y en procura de que Panamá logre salir de las listas grises internacionales, que ubican al país como un paraíso fiscal.

Más debería saberse de grandes fortunas manejadas por venezolanos, que han llegado a Panamá para constituir empresas y/o hacer inversiones, muchos de ellos vinculados al régimen venezolano.

Puede tomarse de ejemplo el caso de Lago Gatun Fincas – F4, dónde llegó una empresa con un proyecto, compró un terreno, construyó la vialidad, instaló los servicios para habitabilidad y está vendiendo parcelas.

 

 

La empresa, se escucha, está a cargo de tres socios, aunque como rostro visible estaría un oficial retirado del Ejército venezolano, quien participó en Venezuela en la intentona golpista del 27 de noviembre junto a compañeros de armas de Hugo Chávez. El oficial retirado ha ocupado cargos importantes en el Gobierno chavista. El mismo ha sido notario, juez y presidió la Comisión Nacional de Casinos de Venezuela.

 

No sabemos si con el F4 los socios de la empresa trataron de resaltar la fecha del 4 de febrero de 1992, cuando Chávez comandó su Golpe de Estado en Caracas.

 

En la página web del proyecto, pese a escucharse son venezolanos, se describe a unos supuestos inversores de Países Bajos. La empresa posee una oficina que puede ser contactada solo a través de la página web. Se escucha de algunos, no obstante, que la empresa está vinculada a altos personeros del régimen venezolano, representados por testaferros.

Las construcciones se han realizado en las riberas del Lago Gatún, importante reserva de agua dulce del Canal de Panamá. El lago es una zona estratégica por ubicarse en la zona del Canal.

Sería útil conocer la opinión de las autoridades de Panamá, pero también de Estados Unidos, que últimamente han estado desarrollando operaciones militares importantes en esa zona.

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