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Venezuela Política: Claudia Díaz Guillén, Adrián José Velázquez y Raúl Gorrín, el trío que participó en el gran saqueo del tesoro venezolano

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El pasado 30 de octubre la fiscalía del Distrito Sur de la Florida presentó cargos contra Claudia Díaz Guillén y su esposo, señalados de recibir sobornos de Raúl Gorrín a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Por Maibort Petit | Venezuela Política

Señalada de violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA), la extesorera nacional, Claudia Patricia Díaz Guillén, mejor conocida como la “enfermera de Chávez”, fue acusada formalmente por tres cargos lavado de dinero ante la el Tribunal de Distrito Sur de Florida. La acusación de la fiscal Adriana Fajardo Orshan, también incluye al marido de la mujer, Adrián José Velázquez Figueroa. Ambos habrían recibido sobornos del empresario, Raúl Gorrín Belisario, a cambio de ser favorecido en negociaciones con el estado venezolano.

Raúl Gorrín

Sobre Gorrín Belisario, la acusación refiere que se ha convertido en un “preocupación nacional” para los Estados Unidos, de acuerdo a lo establecido en la FCPA. Se indica que el referido empresario controlaba las que en la demanda se identifican como “Compañía 1”, “Compañía 2” y “Compañía 3”, todas constituidas y registradas en Panamá.

La demanda igualmente señala a Alejandro Andrade Cedeño, quien también se desempeñó como Tesorero Nacional entre 2007 y 2010, como otro de los beneficiados con los pagos ilegales emitidos por Gorrín.

Hace pocos días, circuló una información que asegura que Claudia Díaz tuvo acceso a los registros judiciales del principado de Liechtenstein, una localidad de habla alemana ubicado entre Austria y Suiza, evidenciándose que habría comprado unos 250 lingotes de oro tasados en USD 9,5 millones, una operación que supuestamente se habría llevado a cabo a través de una empresa fantasma registrada en San Vicente y las Granadinas.

Los datos divulgados por la prensa refieren que el oro se depositó en una bóveda privada en Liechtenstein y que del mismo podrían disponer ella y su hijo cuando este alcance la edad de 18 años. Igualmente se informó que tiempo después una parte del oro fue vendido por un representante de Díaz y el dinero producto de la transacción ingresó a una cuenta en un banco suizo.

A través de su abogado, Díaz Guillén negó la tenencia del oro, pero las investigaciones hacen referencia a que el banquero suizo, Charles-Henry de Beaumont, quien trabajó en la Compagnie Bancaire Helvetique SA (CBH) habría sido quien llevó a cabo las transacciones de todos los funcionarios venezolanos a cuentas en Suiza, en tiempos en que Claudia Díaz supervisaba las finanzas de Venezuela en la OPEP.

En la actualidad, Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián Velásquez Figueroa, esperan la decisión de la Audiencia Nacional de España respecto a la solicitud de extradición que Venezuela ha formulado por estar acusada de delitos de blanqueo y enriquecimiento ilícito. Tanto Díaz Guillén como Velásquez se niegan a esta posibilidad pues aseguran que, de ser llevados a Venezuela, serían torturados[1].

En una entrevista concedida a BBC Mundo, Díaz Guillén reiteró su temor a ser torturada en Venezuela si es extraditada: «Nos torturarían, nos violarían todos los derechos, que de por sí, ya nos los han violado», criticó que se le estigmatizara señalándola únicamente como la “enfermera de Chávez”, sin tomar en cuenta su preparación académica y su carrera militar.

Aseguró que, en la última etapa de la enfermedad de Hugo Chávez, ella y el exministro de Planificación, Jorge Giordani, fueron presionados por parte del alto gobierno para cometer actos fuera de la ley. «El ministro y yo estábamos muy sorprendidos de cómo con el presidente en sus últimos momentos de vida eran capaces de emitir este tipo de instrucciones, como un poco aprovechándose de que él estaba en sus últimos momentos»[2].

La acusación

El pasado 30 de octubre del corriente, la fiscal Adriana Fajardo Orshan presentó ante el Tribunal de Distrito Sur de Florida la acusación contra Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, por los delitos de Conspiración para cometer blanqueo de capitales y Blanqueo de instrumentos monetarios.

Este caso involucra, además de Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, a Raúl Gorrín Belisario, algunas de sus empresas y a Alejandro Andrade Cedeño.

El primer cargo

La acusación refiere, respecto al delito de Conspiración para cometer blanqueo de capitales, que se le imputa a Díaz Guillén y Velásquez Figueroa, que entre 2008 y 2017, en los condados de Miami-Dade y Palm Beach, en el distrito sur de Florida, así como en otros lugares, los acusados se combinaron, conspiraron, confederaron y acordaron entre sí y con otros conocidos y desconocidos en los Estados Unidos acciones que violan el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).

La fiscalía precisa que los demandados habrían conspirado para transportar, transmitir y transferir un instrumento monetario y fondos a un lugar en los Estados Unidos desde con la intención de promover la realización de una actividad ilegal, violatoria de la FCPA bajo el Título 15, Código de los Estados Unidos, Secciones 78dd-2 y 78dd-3; así como también un delito contra una nación extranjera que involucra el soborno de un funcionario público y la apropiación indebida, robo y malversación de fondos públicos o en beneficio de este, lo cual viola el Título 18, Código de los Estados Unidos, Sección 1956 (a) (2) (A).
Específicamente, la acusación señala que Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa estuvieron de acuerdo con Raúl Gorrín Belisario y otros, para transportar, enviar, transferir y hacer que se transporten, transmitan y transfieran fondos de Suiza a los Estados Unidos, esto con el objetivo de promover un esquema de soborno a funcionarios extranjeros en Venezuela, entre ellos Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.

El pago de dichos sobornos significaría para Gorrín Belisario la obtención de negocios.

Cómo operó la conspiración

Narra la acusación que la conspiración de Claudia Patricia Díaz Guillén, Adrián José Velásquez Figueroa implicó que cuando Raúl Gorrín Belisario residía en el Distrito Sur de Florida, discutió con ellos el pago de sobornos, tanto a ella como a Alejandro Andrade Cedeño.

Raúl Gorrín Belisario también ofreció y pagó sobornos, directa e indirectamente, a Díaz Guillén y a Andrade, con el propósito de asegurarse la adjudicación de negocios y obtener ventajas comerciales.

Igualmente, Gorrín Belisario utilizó las cuentas bancarias de la Compañía 1, la Compañía 2 y la Compañía 3, y su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, como conducto para el pago de los sobornos a Alejandro Andrade Cedeño y Claudia Patricia Díaz Guillén.
Refiere la acusación que Raúl Gorrín, Claudia Díaz Guillén y Adrián Velásquez Figueroa, junto con otros, mientras se encontraban en el Distrito Sur de Florida, transfirieron ciertos fondos de las cuentas bancarias de la Compañía 1, Compañía 2 y Compañía 3, así como de su propia cuenta bancaria personal en HSBC Private Bank (Suisse) SA, en Suiza, para promover el esquema de soborno ilegal.

Agrega que Raúl Gorrin Belisario, Claudia Patricia Díaz Guillén y Adrián José Velásquez Figueroa, promovieron el pago de sobornos en beneficio de la primera e, incluso a través de su cónyuge, Velásquez Figueroa, con el fin de promover el esquema de sobornos.

Los acusados, junto con otros, entre ellos Raúl Gorrín instaron pagos a terceros para cubrir gastos de diversos artículos de lujo a su favor en el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, a través del esquema de soborno ilegal.

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La ofensiva de falsas acusaciones de Gonzalo Morales Divo, venezolano que se declaró culpable de sobornos en los Estados Unidos, contra críticos del “Gobierno interino” de Juan Guaidó

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Por Karem Galvez

Gonzalo Morales Divo es un empresario venezolano con una doble moral, pues mientras por un lado se declaraba culpable en los Estados Unidos de conspirar con su asociado José Manuel González Testino para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, acusado del pago de sobornos para obtener contrataciones con sobreprecio en CITGO, por el otro se ha dedicado a manejar la imagen del conocido como «Gobierno interino» de Juan Guaidó, mediante diferentes sitios en línea, en donde arremeten contra los críticos de Guaidó y contra otras personas vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

En diferentes sitios web Morales sometería al escarnio público a personas molestas a sus intereses.

Hace un par de meses Morales sufrió un accidente cerebrovascular, que según personas próximas al empresario, se debió supuestamente a una sobredosis de cocaína combinada con whisky. El cuadro clínico se complicó producto de un padecimiento hepático subyacente.

Para su restablecimiento, los médicos debieron inducirle el estado de coma, presumiéndose que su condición crítica pudiera ocasionarle secuelas, como daños neuronales, que le dificultarían la recuperación del habla. Luego de salir del coma inducido el empresario envió grabaciones de voz a personas próximas a él con sus primeras palabras, en donde les manifiesta: «nos vemos luego, esto es lento pero seguro» y «… los quiero mucho, cuidense…«.

Morales controla un pool de sitios en línea al servicio del Centro de Comunicación Nacional, dirigido por el periodista Alberto Federico Ravell, entidad creada por el «Gobierno interino» de Juan Guaidó. El empresario tendría una vinculación estrecha con Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó.

Gonzalo Morales es un confeso enemigo del investigador anticorrupción venezolano Alek Boyd, quien en algunas ocasiones ha denunciado las amenazas que ha recibido del empresario. Opositor a Maduro, Boyd es también un férreo crítico de Juan Guaidó y su «Gobierno interino». Morales tuvo en el pasado una relación sentimental con la actriz de telenovelas de su misma nacionalidad, Fabiola Colmenares. Es considerado cercano a la cúpula del partido político Voluntad Popular, fundado por el opositor Leopoldo López, así como del círculo próximo de Lilian Tintori, esposa de López.

En otro capítulo de la pugna Morales-Boyd, mediante sitios en línea vinculados directa o indirectamente a Morales se han difundido en fecha reciente serias acusaciones contra el investigador Alek Boyd y familiares de éste, que parecen obedecer a una campaña plagada de falsos señalamientos para desprestigiar la buena reputación de la familia Boyd.

Las imágenes mostradas son evidencias de la campaña de falsas acusaciones desplegadas en distintos sitios web vinculados a Morales contra el investigador y su familia.


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Informe de inteligencia estadounidense advierte de la influencia de Rusia en Venezuela

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La nueva cúpula de inteligencia de Estados Unidos, designada por Joe Biden, ha identificado las injerencias de Rusia como la mayor amenaza para Iberoamérica, en especial por su creciente apoyo a los regímenes de Cuba y Venezuela. En un informe anual para el Capitolio que no se publicaba en dos años, por las tensiones de Donald Trump con las agencias de inteligencia, estas últimas afirman que «en el continente americano, Rusia ha reforzado su apoyo a Venezuela y a Cuba y ha utilizado la venta de armas y los acuerdos energéticos para tratar de ampliar el acceso a los mercados y recursos naturales en América Latina, en parte para contrarrestar algunos de los efectos de las sanciones».

Por David Alandete | ABC

La nueva directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, ha comunicado a la comisión de Inteligencia del Senado que China y Rusia son las principales amenazas geoestratégicas para EE.UU. Según Haines, «China es un rival cada vez más fuerte, que desafía a EE.UU. en múltiples ámbitos, especialmente el económico, militar y tecnológico, y está presionando para cambiar las normas globales. Rusia está presionando a Washington donde puede a nivel global, empleando técnicas que incluyen el uso de la fuerza».

Especialmente preocupante para Washington es el desembarco ruso en Venezuela, a cuyo régimen apoya abiertamente el Kremlin con asistencia militar. La amenaza, dice el informe, afecta no sólo a EE.UU., sino también a sus aliados en Europa. «Moscú continuará empleando un gran abanico de tácticas destinadas a socavar la influencia de EE.UU., desarrollar nuevas relaciones internacionales, dividir a socios y debilitar las alianzas occidentales, y demostrar la capacidad de Rusia para influir a nivel global como un actor importante en un nuevo orden internacional multipolar», asegura.

Esa influencia rusa pasa por dejar huella en Iberoamérica, algo que el Kremlin hace con su injerencia en Cuba y Venezuela. Este último país tiene un gran riesgo de desestabilizar la región. «La crisis política y económica en Venezuela continuará, lo que mantendrá el éxodo de venezolanos al resto de la región y agregará tensión a los gobiernos que se enfrentan a algunas de las tasas de infección y muerte por Covid19 más altas del mundo», asegura.

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Los accionistas de Plus Ultra en la mira de Estados Unidos ligados a un banco en Dominica utilizado para vender bonos de PDVSA

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Los dos accionistas venezolanos de Plus Ultra que están en el punto de mira de la Inteligencia de Estados Unidos, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Bórquez Tarff, mantienen lazos con un banco del Caribe que fue utilizado en 2017 por el Gobierno de Nicolás Maduro para articular una operación de venta de bonos que permitió al régimen chavista acceder a financiación internacional. Por el camino, se quedaron presuntas comisiones ilegales por importe de 150 millones de dólares. Tobía Roye y Bórquez Tarff entraron en 2018 en el accionariado de la aerolínea que ha recibido 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez. Cada uno de ellos inyectó 1,23 millones de euros y pasaron a ocupar un asiento en el consejo de administración de la compañía. La embajada de Estados Unidos en Madrid ha solicitado colaboración a España para rastrear ese movimiento ante la sospecha de que se trataría de una operación de lavado de dinero procedente de la corrupción de Venezuela.

Por José María Olmo / elconfidencial.com

En sus pesquisas, la Administración de Washington relaciona a Tobía Roye y Bórquez Tarff con un banco de Puerto Rico, Andcapital Bank, que estaría aprovechando el estatus financiero privilegiado de ese territorio para introducir fondos de origen ilegal en Estados Unidos. De ahí habrían salido los 2,4 millones de euros invertidos por estos empresarios en Plus Ultra, según han revelado a El Confidencial fuentes próximas a las averiguaciones. Pero, además de ese banco, de la sombra de Tobía Roye y Bórquez Tarff emerge una segunda entidad en el Caribe. Se trata del Commonwealt Bank & Trust de Dominica. En 2017, el entonces presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición venezolana, Julio Borges, denunció ante Estados Unidos que el Ejecutivo de Maduro había vendido bonos de la petrolera estatal PDVSA al banco Goldman Sachs por un valor de 2.900 millones de dólares para acceder por esa vía a recursos financieros.

El banco estadounidense compró los bonos de la mayor empresa venezolana con un descuento del 69%. Solo pagó por ellos en torno a 865 millones de euros. Borges reprochó a Washington que uno de sus mayores bancos hubiera acudido al rescate del chavismo insuflándole recursos en un momento crítico para el sistema y también advirtió de que, en esa operativa, se utilizaron oscuros bancos intermediarios que estaban vinculados a los jerarcas del régimen. En concreto, los bonos de PDVSA fueron adquiridos en un primer momento por Commonwealt Bank & Trust, la entidad de los accionistas de Plus Ultra. Después, se los transfirió a un pequeño banco de Londres, Dinosaur Merchant Bank, y de ahí pasaron finalmente a una oficina de Líbano, Midclear SAL, que ejecutó el traspaso a Goldman Sachs. Sin embargo, no todo el dinero abonado por la entidad norteamericana llegó a las arcas de Venezuela. En el proceso, desaparecieron 150 millones de dólares en concepto de supuestas comisiones ilegales, expuso Borges. El propio Banco del Tesoro de Venezuela, equivalente al Banco de España, se refirió en 2017 al Commonwealth Bank como uno de sus bancos corresponsales en el mundo.

Los ecos de ese escándalo retumban ahora en la aerolínea salvada por la SEPI con un crédito de 53 millones de euros, a pesar de que su cuota de mercado en España no llega al 0,1%. Otra entidad clave en la supervivencia de la empresa se encuentra igualmente bajo el foco de los investigadores. Se trata de la entidad panameña Panacorp Casa de Valores, que en diciembre de 2017 otorgó a la aerolínea un préstamo participativo de 7,5 millones de dólares que fue utilizado para costear dos de los tres aviones que integraban en ese momento su flota. Tobía Roye y Bórquez Tarff tienen una estrecha vinculación con el chavismo. Se les considera próximos al exvicepresidente José Vicente Rangel Vale (fallecido el pasado diciembre) y al hijo de este, José Vicente Rangel Ávalos, dos pesos pesados del todopoderoso Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Las pesquisas de la Inteligencia de Estados Unidos añaden más presión al Gobierno de Sánchez, que ya ha recibido las críticas de la oposición por ayudar a Plus Ultra atendiendo a criterios desconocidos. La CNMC no fue consultada por el Gobierno antes de aprobar el rescate.

Vía elconfidencial.com

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