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Corte de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ordena que Alex Saab sea puesto en detención domiciliaria en Cabo Verde por ser paciente oncológico

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El miércoles 2 de diciembre de 2020, el Tribunal de Justicia de la CEDEAO ordenó a la República de Cabo Verde que colocara al venezolano detenido, Sr. Alex Nain Saad Moran, bajo detención domiciliaria permanente y bajo la supervisión de sus autoridades judiciales nacionales.

Al pronunciarse en una demanda interpuesta por el Solicitante, un panel de tres jueces del tribunal dijo que esto le garantizará mejores condiciones de alojamiento, acceso a tratamiento médico y visitas compatibles con su situación personal, a cargo del Solicitante.

En la sentencia dictada por el Juez relator, Excmo. Magistrada Januária Moreira Costa, la Corte también ordenó que el Demandante no sea extraditado hasta que no se haya tomado una decisión sobre el fondo del caso sustantivo ante la Corte.

Sin embargo, el panel presidido por el Excmo. El juez Edward Amoako Asante, desestimó otras órdenes solicitadas por el solicitante y ordenó que se notificara a las partes sobre el fallo.

En la demanda, a través de su abogado el Sr. Femi Falana, el Demandante solicitó medidas provisionales para prevenir la violación de sus derechos humanos, principalmente el derecho a la libertad y seguridad así como el derecho a no ser sometido a tortura o tratos crueles e inhumanos mientras se encontraba detenido en espera de ser extraditado a los Estados Unidos de América a solicitud del gobierno de los Estados Unidos.

El Solicitante afirmó que el 12 de junio de 2020 a las 8:09 p.m., el avión en el que viajaba el Solicitante mientras se encontraba en una misión especial, hizo escala en la República de Cabo Verde para repostar.

Afirmó además que aproximadamente una hora después, a las 21:30 horas, fue detenido con fines de extradición por las autoridades de Cabo Verde en respuesta a una orden de detención internacional que supuestamente había distribuido INTERPOL sobre la base de una Alerta Roja en su contra. emitida a solicitud de los Estados Unidos (la “ alerta roja ”). Dijo que al momento de su detención, no se le presentó ni la copia de la Alerta Roja ni la orden de captura en su contra.

Asimismo, afirmó que el 9 de abril de 2018, el Solicitante fue designado como Enviado Especial del Gobierno de Venezuela, el cual le confirió la responsabilidad de adquirir recursos humanitarios de gran necesidad en Venezuela. En este contexto, y en el ámbito de su mandato como Enviado Especial, Venezuela el 1 de abril de 2020 encomendó al Solicitante la misión de negociar con organizaciones en Irán para obtener los recursos necesarios para Venezuela.

Sostuvo que desde el 16 de julio de 2020 ha interpuesto varios recursos contra la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos con base en el hecho de que no puede ser extraditado por su inmunidad e inviolabilidad, calificándola de puramente política.

En la presentación ante el tribunal, dijo que las apelaciones fueron denegadas por los tribunales de Cabo Verde que han dictaminado autorizar su extradición a los Estados Unidos y que su salud se ha deteriorado mientras estuvo detenido con un riesgo inminente de daño irreversible antes de la conclusión del caso.

Por lo tanto, el Demandante solicitó que, hasta que se emita la decisión sobre el fondo, la Corte ordene las siguientes medidas provisionales: que el Demandado suspenda el procedimiento de extradición contra el Demandante, que se inició a solicitud de los Estados Unidos y lo ponga en libertad bajo la supervisión y responsabilidad del Embajador de la República Boliviana de Venezuela, acreditado ante la República de Cabo Verde, también afirmó que se trata de un paciente oncológico en tratamiento y que desde su detención solicitó visitas médicas y exámenes periódicos para certificar su estado de salud pero fue denegado el acceso a instalaciones médicas adecuadas, entre otros

En defensa, la Demandada confirmó que la detención del Demandante el 12 de junio de 2020, en el aeropuerto de la isla de Sal, se produjo en respuesta a una solicitud del Gobierno estadounidense, más específicamente por parte de la Corte de Distrito de Florida, por una serie de delitos presuntamente cometidos por el Solicitante en territorio americano.

Indicó que la detención se llevó a cabo con base en los principios generales de cooperación judicial internacional en materia penal, en estricto cumplimiento de lo dispuesto en los arts. 3 y 4 de la Ley núm. 6 / VIII / 2011, de 29 de agosto y que no contraviene la legislación caboverdiana ni ningún acuerdo, tratado o convención internacional de los que el país sea parte.

El Demandado concluyó que el Solicitante no disfruta de la inmunidad reclamada porque no cumple con los requisitos de un enviado especial, a los efectos de la inmunidad diplomática consagrados en la Convención de las Naciones Unidas sobre Misiones Especiales de 1969. En consecuencia, argumentó que esto invalida la base para impugnar las decisiones de las autoridades judiciales de Cabo Verde.

La Demandada concluyó solicitando al Tribunal que considere que no se han cumplido los requisitos de admisibilidad de la demanda, en particular porque aún no se han agotado los recursos internos, señalando que en ningún caso deben ordenarse las medidas cautelares. El juez Dupe Atoki también estuvo en el panel.

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Por esto no le creyeron a Leopoldo López cuando habló de qué vive en España

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Leopoldo López asegura vivir en España con ayuda de su familia y de las cosas que vendió en Venezuela, pero algunos no le creen…

 

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Así describen las sociedades de unos Capriles para conseguir negocios con Citgo

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Jorge Echenagucia Cioppa es un ingeniero químico de 71 años que trabajó en PDVSA y que llegó a ser, entre 1998 y 2000, el Gerente General del terminal de embarque, por dónde se exporta el mayor volumen de crudo pesado de Venezuela.

En este caso La Tabla ha localizado datos que demuestran que el interés de Jorge Echenagucia Vallenilla, ya no son en las importaciones, sino el petróleo, lo cual es absolutamente consistente pues finalmente las divisas que son su objetivo provienen de esa fuente.

Sin embargo este proceso ocurre en medio de un prolongado y cada vez más estricto bloqueo comercial que impide los negocios entre entidades creadas de EEUU y el Gobierno de Venezuela.

Pero el negocio de marzo 2019 no ha sido el único ensayo de Jorge Echenagucia para entrar al negocio petrolero. Lo hizo también en dos oportunidades en el 2016 con la creación de dos compañías en Panamá.

Una llamada Gasport International Company, S.A., creada el 11 de julio de ese año, presidida por el propio Echenagucia, y en cuya directiva figuran Mario Orlando Gatto y Alexandra Basso (residenciados en el norte de Anzoategui), y Eduardo Capriles Gonzalo, primo hermano de Henrique Capriles Radonski, excandidato presidencial de la oposición en 2012 (es hijo de Armando Capriles García, hermano de Henrique Capriles García).

Los negocios previstos no eran con el gobierno que encabeza Nicolas Maduro, sino con el hipotético de Juan Guaidó, que a pesar de ser de «fantasía» tiene el control del principal activo venezolano en EEUU, la corporación de refinación y distribución de combustibles, Citgo.

Vale recordar que antiguos proveedores de PDVSA desde el primer momento comenzaron a ser contratados por la «administración Guaidó» que controla desde febrero 2019 a Citgo.

Vía La Tabla | Seguros y Banca

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Proponen retirarle el Nobel de la Paz al expresidente Juan Manuel Santos

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Con una carta firmada por la senadora colombiana Maria Fernanda Cabal,  se dio inicio a la petición ciudadana para que el Comité Noruego del Nobel le retire el premio de Paz al expresidente Juan Manuel Santos.

Por mariafernandacabal.com

En el documento, se pone en conocimiento del organismo internacional información sobre el exmandatario de Colombia y Nobel de Paz (2016), Juan Manuel Santos Calderón, revelada recientemente por el exsenador colombiano, Bernardo Miguel Elías, hoy detenido en una cárcel del país por los delitos de cohecho y tráfico de influencias; conductas enmarcadas dentro del escándalo del pago de sobornos de la multinacional brasileña Odebrecht para la adjudicación de contratos de obras públicas.

El mencionado excongresista, hizo delicadas revelaciones que vinculan directamente a Santos Calderón con Eleuberto Martorelli, uno de los directivos de Odebrecht, dentro de las maniobras realizadas para conseguir aportes ilegales para la financiación de su campaña de reelección en 2014.

Estas declaraciones se suman al proceso que adelantan las autoridades colombianas contra el señor Roberto Prieto, gerente de la campaña de Juan Manuel Santos y quien fuera citado por la Fiscalía General de la Nación, para imputarle cargos por el delito de lavado de activos, por las millonarias sumas de  dinero recibidas a cambio de gestiones a favor de la multinacional en procesos de contratación pública.

Siga leyendo en mariafernandacabal.com

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