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Venezuela

Raymond Azar: Guaidó y la designación de Troconis, “Crónicas de un escándalo anunciado”

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Nuevamente un escándalo dentro del Gobierno Interino de Juan Guaidó estalló poco antes del 5E, fecha importante para seguir siendo “reconocido” y apoyado por todos los venezolanos y el mundo, fecha a la cual ha pedido hasta el apoyo de los que más abandonó, evidentemente por mantenerse ahí patrocinado por Gobiernos internacionales sin ningún esfuerzo y para seguir de alguna manera generando falsas expectativas en los venezolanos que ya no le creen.

No es secreto que cada vez menos venezolanos dejan de llamarlo presidente, para muchos ahora simplemente es Juan Guaidó, con una dudosa continuidad para muchos, la Asamblea Nacional haciendo referencia a un “Principio de continuidad” que irónicamente nació en el año 2013 por medio de una sentencia de la magistrada del TSJ Luisa Estella Morales, pieza clave del chavismo en ese año, reseña Raymond Azar en The Freedom Post.

Hoy esa sentencia es la bandera de la Asamblea Nacional para justificar su continuidad después de cinco años de omisiones, negligencia, colaboracionismo y falsas esperanzas. Pues sí, parece que toca un año más de lo mismo, si el chavismo criminal lo permite.

Después de la nefasta o engañosa consulta popular del 12D, muchos pensábamos que no veríamos un nuevo escandalo “por ahora” del polémico interinato, pero arrancaron el año 2021 como terminaron el 2020, en caída libre. El día 2 de enero sale a la luz pública un reportaje en The Washington Post, medio reconocido estadounidense, una investigación a la cual hace unos meses ya había hecho mención la periodista Patricia Poleo en su programa Factores de Poder, justo después de la designación de Javier Troconis como Comisionado de Recuperación de Activos, del Gobierno Interino de Juan Guaidó.

Javier Troconis es reconocido no solo por sus vínculos con el chavismo sino por su estrecha relación de amistad con Diosdado Cabello, para el que desde hace mucho trabajó, pero esto no es todo, fue de los principales contratistas de Rafael Ramírez en PDVSA, hasta 10 meses previos a su designación por el Interinato.

Hoy cae sobre Troconis una nueva denuncia, según The Washington Post, Troconis propuso al Gobierno de Paraguay el pago a terceros de una comisión de 26 millones de USD por la negociación de una deuda de al menos 269 millones de USD, que este país tiene con Venezuela. Este pago no fue ejecutado, es lo que señala la investigación que TWP publicó este sábado, este nuevo escándalo previamente esperado por muchos incluyó mas de 20 entrevistas y la revisión de borradores de contratos y otros documentos que involucran a Troconis, quien evidentemente niega cualquier irregularidad.

The Washington Post:

Pero esto no termina aquí, hay otro caso que involucra a dos empresarios de Miami, Jorge Reyes y Pedro Antar, empresarios, dueños del consorcio “Caribbean Asset Recovery” .

Reyes y Antar alegan por su lado haber identificado 40 mil millones de USD en activos de Venezuela en el exterior y trabajan con el Gobierno Interino para su recuperación.

Reyes alegó que en abril de 2019 habló personalmente con Juan Guaidó para realizar el trabajo y que sostuvo mas de una docena de reuniones con altos funcionarios del interinato.

En una de estas reuniones ocurridas en diciembre de 2019 en Doral, Florida, Reyes acusa de haber recibido una nota manuscrita donde le pedían el pago inicial de 750.000 USD a nombre de una empresa en Florida propiedad de Magin Blasi, quien es hermano de Fernando Blasi, Director de Asuntos Comerciales de la embajada de Venezuela en EE.UU.

Reyes, asombrado según el Post señala que esto es una extorción, luego la investigación de este medio muestra que los funcionarios del Gobierno Interino eran precisamente Javier Troconis y Fernando Blasi, ambos niegan cualquier irregularidad y que un caso de fraude involucraba a Reyes y por esto rompieron relaciones.

Los escándalos no dejan de dejar en un muy mal escenario al Gobierno Interino, que nunca da una respuesta, una acción contundente, algo que muestre que por lo menos muestre diligencia y autoridad, pero… ¿Por qué pasa esto? ¿Qué lo hace tan recurrente?

La respuesta es muy sencilla, el Gobierno Interino no goza de cuerpos de autoridad, no goza de jueces, el derecho penal y la “amenaza” de condena no existe, esto ya lo vimos en Cúcuta, si cualquier mortal hurta o es parte de un escándalo dentro del interinato, el resultado siempre será el mismo, nada, porque no hay nada sujeto a derecho ni condena.

Esto solo conlleva a que la línea de corrupción sea más atractiva para muchos, así como lo es para Javier Troconis. La pregunta sigue siendo: ¿Juan Guaidó conoce o no su entorno? Tanta negligencia ya es sospechosa de complicidad.

El negocio es muy fácil y sencillo en entender, mientras la dictadura está bloqueada, la oposición, en un Gobierno Interino donde lo único que ha estado atento es en “recuperar” activos, ha dejado de enfocarse en su tarea real que era el cese de usurpación, mientras el régimen toma oxígeno, fuerza, y cada vez hacen que se “justifique” que las sanciones solo “perjudican” al venezolano, pero ¿Por qué perjudican al venezolano? Porque la oposición no materializa ninguna acción que facilite la posibilidad de una salida de la dictadura.

Por medios de periodistas y medios comprados solo hacen propagandas a “logros” vacíos, Alberto Ravell, Leopoldo Castillo, Carla Angola, Alberto Rodríguez, entre otros solo se han dedicado a justificar lo injustificable, a no señalar lo cuestionable, lo mismo hizo el chavismo con la libre prensa.

Cuando un país pierde la libre prensa pierde todo el poder, nosotros ya la perdimos dos veces, de la misma manera que Venevisión, Televen y Globovisión se entregaron a la dictadura, hoy vemos de una manera más actualizada el mismo trabajo del lado “opositor”.

Todos los venezolanos esperamos una aclaratoria de este hecho, que hoy se ha filtrado curiosamente en medios internacionales, las preguntas que quedan en el aire son: ¿Por qué? y ¿De donde salió la información?

Ya no se puede decir más “Vamos bien”.

Jorge Reyes y Pedro Antar fueron denunciados también por los periodistas Orlando Avendaño, Jefe Editor del Panam Post y Milagros Boyer, periodista de este mismo medio antes mencionado. Avendaño y Boyer explicaron en unos artículos una versión en la que los acuerdos de Caribbean Recovery Assets, sus directivas y todos los demás están confabulados con un esquema de soborno masivo, así como a su vez señalaron que los empresarios no tenian experiencia en este tipo de trabajo de recuperación de activos y que el consorcio fue creado explícitamente para esta operación.

Dicho acuerdo según el Panam Post en ese momento, el acuerdo negociado por Troconis estipulaba que él obtendría la mitad de las ganancias que Caribbean Asset Recovery recibiría como compensación por sus esfuerzos. Además de la demanda de un soborno de pago de 50.000 USD para asegurar el trato, una medida que contravendría la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU.

Como se ve, esto fue una crónica de un escándalo anunciado, ya no hay sorpesas.

Vía Raymond Azar | The Freedom Post

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Venezuela

Así describen «guisos» del empresario boliburgués César Bolívar

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César Bolívar presidente de Seguros Universitas, cuenta con una participación del 85% de las acciones. También es director y accionista del 75% de la compañía Servisalud, ambas empresas figuran como contratistas del Estado. Además, es presidente de la sociedad de porcentaje de Seguros Serviseguros, dirigida por el empresario Majed Khalil Majzoub, reseña Seguros y Banca citando al PanAm Post.

Cabe destacar que Universitas Seguros ha sido denunciada por estar presuntamente involucrada en la legitimación de capitales desde el 2012, pero esta contaba con la protección de fiscales del Ministerio Público y lo más grave es que aquí participó la mafia que dirigía la Superintendencia de Seguros, por lo que en ese momento no se tomaron acciones legales contra la junta fiscalizadora.

Indulgencia de la Asamblea Nacional a César Bolívar

El diputado Conrado Pérez, en ese entonces militante del partido Primero Justicia y vicepresidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela, hizo pública la decisión de abrir una investigación contra la empresa Seguros Universitas por «presuntos hechos de corrupción».

Dos fuentes aseguraron al PanAm Post que toda la documentación sobre el caso de Bolívar jamás llegó a Estados Unidos.

PanAm Post tuvo acceso a documentos que revelan que el 28 de mayo de 2019, ya como presidente encargado de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Conrado Pérez decidió, de forma unilateral, cerrar la investigación. Se trataría de un caso en el que se favorece al empresario boliburgués César Bolívar, dueño de Seguros Universitas, involucrado en negocios con el Estado.

La trama de corrupción consistía en que, desde la Comisión de Contraloría y otros espacios en la Asamblea Nacional, se otorgaban indulgencias a empresarios que se habían enriquecido grotescamente gracias a contratos con el régimen chavista.

Los diputados, presuntamente opositores, primero alertaban a los empresarios sobre la posibilidad de pedir colaboración a organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento de Estado de Estados Unidos para investigar sus aparentes casos de corrupción. Para evitarlo, exigían dinero. Y, una vez saldada la cuenta, emitían «cartas de buena conducta» a favor de quienes se beneficiaron de jugosos contratos ilícitos con el gobierno venezolano.

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Venezuela

Así sobreseyeron en Venezuela el caso de ilícitos cambiarios contra el boliburgués Raúl Gorrín

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El sobreseimiento de una causa impide que en Venezuela se vuelva juzgar a los acusados por el mismo caso, lo cual les concede impunidad en el país pero también puede ser relevante en procedimientos judiciales abiertos en otras jurisdicciones por lo que dificulta la recuperación del dinero o bienes robados a Venezuela, reseña Cuentas Claras Digital.

Documentos a los que ha tenido acceso Cuentas Claras Digital muestran los pasos seguidos por la trama que coadyuvó para que un tribunal venezolano sobreseyera la causa penal contra Raúl Gorrín por los ilícitos cambiarios de una opaca operación realizada con Pdvsa.

Se trata del crédito por 7.200 millones de bolívares, pagadero en dólares, otorgado a la petrolera por la compañía Rantor Capital CA, el 17 de diciembre de 2014. Dos semanas después, Rantor cedió el contrato de 1.143 millones de dólares a la compañía Eaton Global Services Limited, constituida en Hong Kong. Raúl Gorrín es el beneficiario final de la primera y el dueño del 100% de las acciones de la segunda, tal como denunció Cuentas Claras Digital en 2017. En ambos casos, se trata de empresas de maletín.

Durante los años que estuvo en vigencia el control cambiario en Venezuela, no existió mejor negocio que comprar dólares baratos a la denominada tasa preferencial y luego venderlos caros en el mercado negro. Es lo que se denomina ganancia por diferencial cambiario.

El 17 de diciembre de 2014, fecha del contrato entre Pdvsa y Rantor Capital CA, la tasa oficial era de 6,30 bolívares por dólar, pero en el mercado paralelo alcanzaba los 182,23 bolívares por dólar, siempre con tendencia al alza por la especulación. Obtener 1.143 millones de dólares de Pdvsa a cambio de 7.200 millones de bolívares fue una operación que dejó obscenas ganancias a los integrantes de la trama, tanto en la petrolera como en las empresas involucradas.

¿Por qué, existiendo una extensa red de bancos públicos, se prefirió recurrir de manera secreta a instituciones financieras privadas casi desconocidas?
¿Por qué Pdvsa recurrió a una línea de financiamiento con un particular, no regulado por la Sudeban, sin estructura ni programa de prevención de legitimación de capitales?
¿Por qué la administración de Eulogio Del Pino y específicamente el vicepresidente de finanzas Víctor Aular, no realizó una subasta pública, una operación transparente, más aún cuando se trata de la empresa estatal “de todos los venezolanos”?
¿Dónde están las declaraciones fiscales y los libros contables de Rantor Capital CA?
¿Por qué fue catalogado el contrato entre Pdvsa y Rantor CA como “confidencial” ?
¿A qué tasa preferencial fue convenido el negocio? A una de las tasas oficiales o a una tasa no oficial?

A pesar de todas estos graves señalamientos, el 16 septiembre de 2020 el Juzgado 11 de Primera Instancia en Funciones de Control de Caracas, decretó el sobreseimiento de la causa (hasta ese momento desconocida por la opinión pública) supuestamente seguida a Raúl Gorrín, Gustavo Perdomo, Víctor Aular y otros, sobre estos hechos.

El fiscal Farik Karin Mora Salcedo (el mismo de casos como los de Roberto Marrero y el diputado Juan Requesens) y la jueza Luisa Romero firmaron la decisión claramente sesgada a favor de los denunciados.

Cuentas Claras Digital tuvo acceso a la correspondencia oficial que supuestamente intercambiaron el Ministerio Público y la consultoría jurídica de PDVSA y cuyo objetivo final era tratar de exonerar a los acusados.

Se trata de un oficio firmado por el fiscal Mora Salcedo con fecha 28 de noviembre de 2017 dirigido a la consultoría jurídica de PDVSA, que a su vez acusa recibo de la misma el 30 de noviembre y procede, con una diligencia inusual, a responder en el lapso de una semana el 7 de diciembre de 2017, con el respectivo oficio en el cual en lugar de proteger el interés público, a todas luces beneficia a los acusados.

 

Varios delitos previstos y sancionados en la Ley Contra la Corrupción, Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, Código Penal, entre otros instrumentos, fueron cometidos en este caso por funcionarios, particulares, cómplices y encubridores, como los operadores de justicia que hoy están tratando de lavar el botín esquilmado al patrimonio nacional.

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Venezuela

¿Opositor o infiltrado? Las amenazas de un reportero venezolano

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En las redes sociales circulan grabaciones de audio en donde describen cómo supuestamente un reportero y tuitero opositor elimina de Twitter mensajes que ha publicado, por petición de personas en el Gobierno venezolano.

Irónicamente el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), miembros del Colegio Nacional de Periodistas y organizaciones internacionales han manifestado muchas veces su solidaridad con el reportero opositor, quien según el audio, forma parte de la maquinaria comunicacional del régimen, por lo cual algunos lo consideran un infiltrado en las filas opositoras, protegido por la llamada guerrilla comunicacional del régimen.

 

En otro audio un individuo, supuestamente el tuitero, exige dinero amenazantemente a una persona.

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