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Financial Times: Por qué es hora de levantar la prohibición comercial de la deuda de Venezuela

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Ewald Scharfenberg
@Ewalds6

Se agudiza la presión de los tenedores para levantar las sanciones que impiden transar papeles de deuda de Pdvsa en el mercado secundario. Mucho dinero en juego. Este artículo empuja en esa dirección y propone medidas creativas para reestructurar y rescatar la deuda vzlana.

El Dr. Thomas Laryea es un experto en leyes y políticas internacionales en Orrick, Herrington & Sutcliffe. Se especializa en asesorar a gobiernos y acreedores sobre finanzas internacionales. En esta publicación, aboga por la reconsideración de la dependencia excesiva de las sanciones, en particular la prohibición de la negociación secundaria de bonos venezolanos, mientras miramos hacia una reestructuración integral de la deuda, reseña el Financial Times.

La administración Biden tiene la oportunidad de reformar las relaciones con Venezuela y sentar las bases para la reestructuración de los más de 150.000 millones de dólares de Venezuela en deuda externa pública. Durante más de 15 años, Estados Unidos ha impuesto numerosas sanciones económicas a la nación latinoamericana y otras han seguido su ejemplo. El uso de sanciones alcanzó su punto máximo bajo la administración Trump, donde se implementaron para una amplia gama de objetivos políticos, que aparentemente incluían el cambio de régimen. Son pocos los encargados de formular políticas que pueden afirmar que estas sanciones han logrado los objetivos declarados.

La prohibición de ciertas transacciones de bonos venezolanos se destaca como una de las sanciones más peculiares e ineficaces. Comenzó en agosto de 2017 con la prohibición de que las personas estadounidenses participen en la emisión de nueva deuda no a corto plazo por parte de Venezuela, así como la prohibición de las compras de activos en el mercado secundario por parte de personas estadounidenses o dentro de los Estados Unidos. Simultáneamente, las autoridades estadounidenses emitieron una licencia que eximía la negociación de la mayoría de los eurobonos venezolanos (distintos de los bonos en poder de la propia República). Luego, en enero de 2019, las autoridades estadounidenses retiraron la exención a los bonos emitidos por la petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) y así los sometieron a la prohibición comercial, pero retuvieron la exención sobre ciertos otros bonos emitidos por la República. .

Fue un rasguño de cabeza. Es comprensible que se prohíba a los estadounidenses financiar directamente al gobierno venezolano. ¿Pero la prohibición de las transacciones del mercado secundario? Menos. Y dadas las limitaciones jurisdiccionales estadounidenses de la prohibición, ¿por qué tratar de imponerla cuando otros en el mercado global de bonos no se ven afectados? Y, para empezar, ¿por qué una prohibición comercial de los bonos de PDVSA pero no de los de la República?

Algunos han especulado que el objetivo era deprimir el precio de los bonos de PDVSA para inducir una futura reestructuración de la deuda. Pero, ¿por qué el gobierno de EE. UU. Usaría sanciones para diferenciar entre los bonos de PDVSA y los de la República de esta manera y afectaría el capital entre acreedores en una posible reestructuración de la deuda soberana que las sanciones de EE. Luego de mucho clamor del mercado, unas semanas después se eliminó la distinción entre PDVSA y los bonos de la República, de hecho sometiéndolos a ambos a la prohibición comercial.

El motivo aparente de la prohibición comercial fue que impidió que las entidades asociadas con la administración de Maduro se beneficiaran a través del mercado secundario. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué no abordarlo de manera personalizada agregando a estas personas a la lista de Nacionales Especialmente Designados con quienes las personas estadounidenses tienen prohibido tratos financieros? No ha habido una buena respuesta.

Precedente cuestionable

Además de seguir desafiando una explicación racional, la prohibición de comercio en el mercado secundario sienta un precedente cuestionable en términos de la regulación del mercado financiero de Estados Unidos. El riesgo de replicación de la prohibición comercial de Venezuela en otras situaciones de deuda soberana debe internalizarse en los mercados en el futuro, lo que podría impulsar alguna actividad legítima fuera de los Estados Unidos.

Algunos participantes del mercado buscan mitigar dicho riesgo proponiendo disposiciones en la documentación de los bonos soberanos que permitirían acelerar las condiciones de pago en circunstancias en las que se imponga una prohibición de negociación secundaria similar. Tales herramientas de mitigación de riesgos se encuentran en la etapa de “laboratorio” y su efectividad potencial dependería de las circunstancias particulares de cada caso.

Mientras tanto, los costos de la prohibición comercial en la situación de Venezuela están siendo absorbidos por los tenedores de deuda, en lugar de los asociados de la administración de Maduro. En relación con sus precios ya en dificultades en el momento de la imposición de la prohibición comercial, los bonos de la República y PDVSA han caído un 80 por ciento. Si bien la caída de los precios de los bonos se puede atribuir a una variedad de factores, el efecto de la prohibición comercial en los Estados Unidos, donde tradicionalmente ha tenido lugar la gran mayoría de las transacciones de estos bonos, fue ciertamente un factor.

La administración Biden ya ha comenzado a reconsiderar algunas de las sanciones contra Venezuela donde es evidente que las medidas han tenido efectos negativos. En particular, se han suavizado las sanciones que obstaculizan las operaciones portuarias y aeroportuarias y se están reconsiderando las que obstaculizan las respuestas a la pandemia de COVID. Este desarrollo es sólido en términos de reconocer las necesidades humanitarias del pueblo venezolano. Del mismo modo, debemos reconocer que el efecto de la balcanización de los mercados de capitales mundiales también es insostenible.

La eliminación de la prohibición comercial no abordaría todos los problemas para resolver los desafíos de la deuda de Venezuela, que son profundos y provienen de fallas económicas e institucionales crónicas. Sin embargo, eliminar la prohibición comercial enviaría una señal de voluntad para corregir errores y un compromiso de trabajar hacia posibles soluciones que aprovechen adecuadamente, en lugar de obstaculizar, el funcionamiento del mercado.

En una publicación anterior sobre FT Alphaville , señalé que la posible reestructuración de la deuda de Venezuela requeriría un esfuerzo internacional concertado. Propuse una forma de facilitar una reestructuración integral de la deuda de Venezuela mediante el establecimiento de un fideicomiso internacional bajo el marco legal del FMI. Es hora de considerar esas ideas progresistas y dejar de lado las medidas regresivas, tipificadas por la prohibición comercial.

Vía Financial Times

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La ofensiva de falsas acusaciones de Gonzalo Morales Divo, venezolano que se declaró culpable de sobornos en los Estados Unidos, contra críticos del “Gobierno interino” de Juan Guaidó

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Por Karem Galvez

Gonzalo Morales Divo es un empresario venezolano con una doble moral, pues mientras por un lado se declaraba culpable en los Estados Unidos de conspirar con su asociado José Manuel González Testino para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, acusado del pago de sobornos para obtener contrataciones con sobreprecio en CITGO, por el otro se ha dedicado a manejar la imagen del conocido como «Gobierno interino» de Juan Guaidó, mediante diferentes sitios en línea, en donde arremeten contra los críticos de Guaidó y contra otras personas vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

En diferentes sitios web Morales sometería al escarnio público a personas molestas a sus intereses.

Hace un par de meses Morales sufrió un accidente cerebrovascular, que según personas próximas al empresario, se debió supuestamente a una sobredosis de cocaína combinada con whisky. El cuadro clínico se complicó producto de un padecimiento hepático subyacente.

Para su restablecimiento, los médicos debieron inducirle el estado de coma, presumiéndose que su condición crítica pudiera ocasionarle secuelas, como daños neuronales, que le dificultarían la recuperación del habla. Luego de salir del coma inducido el empresario envió grabaciones de voz a personas próximas a él con sus primeras palabras, en donde les manifiesta: «nos vemos luego, esto es lento pero seguro» y «… los quiero mucho, cuidense…«.

Morales controla un pool de sitios en línea al servicio del Centro de Comunicación Nacional, dirigido por el periodista Alberto Federico Ravell, entidad creada por el «Gobierno interino» de Juan Guaidó. El empresario tendría una vinculación estrecha con Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó.

Gonzalo Morales es un confeso enemigo del investigador anticorrupción venezolano Alek Boyd, quien en algunas ocasiones ha denunciado las amenazas que ha recibido del empresario. Opositor a Maduro, Boyd es también un férreo crítico de Juan Guaidó y su «Gobierno interino». Morales tuvo en el pasado una relación sentimental con la actriz de telenovelas de su misma nacionalidad, Fabiola Colmenares. Es considerado cercano a la cúpula del partido político Voluntad Popular, fundado por el opositor Leopoldo López, así como del círculo próximo de Lilian Tintori, esposa de López.

En otro capítulo de la pugna Morales-Boyd, mediante sitios en línea vinculados directa o indirectamente a Morales se han difundido en fecha reciente serias acusaciones contra el investigador Alek Boyd y familiares de éste, que parecen obedecer a una campaña plagada de falsos señalamientos para desprestigiar la buena reputación de la familia Boyd.

Las imágenes mostradas son evidencias de la campaña de falsas acusaciones desplegadas en distintos sitios web vinculados a Morales contra el investigador y su familia.


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Informe de inteligencia estadounidense advierte de la influencia de Rusia en Venezuela

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La nueva cúpula de inteligencia de Estados Unidos, designada por Joe Biden, ha identificado las injerencias de Rusia como la mayor amenaza para Iberoamérica, en especial por su creciente apoyo a los regímenes de Cuba y Venezuela. En un informe anual para el Capitolio que no se publicaba en dos años, por las tensiones de Donald Trump con las agencias de inteligencia, estas últimas afirman que «en el continente americano, Rusia ha reforzado su apoyo a Venezuela y a Cuba y ha utilizado la venta de armas y los acuerdos energéticos para tratar de ampliar el acceso a los mercados y recursos naturales en América Latina, en parte para contrarrestar algunos de los efectos de las sanciones».

Por David Alandete | ABC

La nueva directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, ha comunicado a la comisión de Inteligencia del Senado que China y Rusia son las principales amenazas geoestratégicas para EE.UU. Según Haines, «China es un rival cada vez más fuerte, que desafía a EE.UU. en múltiples ámbitos, especialmente el económico, militar y tecnológico, y está presionando para cambiar las normas globales. Rusia está presionando a Washington donde puede a nivel global, empleando técnicas que incluyen el uso de la fuerza».

Especialmente preocupante para Washington es el desembarco ruso en Venezuela, a cuyo régimen apoya abiertamente el Kremlin con asistencia militar. La amenaza, dice el informe, afecta no sólo a EE.UU., sino también a sus aliados en Europa. «Moscú continuará empleando un gran abanico de tácticas destinadas a socavar la influencia de EE.UU., desarrollar nuevas relaciones internacionales, dividir a socios y debilitar las alianzas occidentales, y demostrar la capacidad de Rusia para influir a nivel global como un actor importante en un nuevo orden internacional multipolar», asegura.

Esa influencia rusa pasa por dejar huella en Iberoamérica, algo que el Kremlin hace con su injerencia en Cuba y Venezuela. Este último país tiene un gran riesgo de desestabilizar la región. «La crisis política y económica en Venezuela continuará, lo que mantendrá el éxodo de venezolanos al resto de la región y agregará tensión a los gobiernos que se enfrentan a algunas de las tasas de infección y muerte por Covid19 más altas del mundo», asegura.

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Los accionistas de Plus Ultra en la mira de Estados Unidos ligados a un banco en Dominica utilizado para vender bonos de PDVSA

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Los dos accionistas venezolanos de Plus Ultra que están en el punto de mira de la Inteligencia de Estados Unidos, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Bórquez Tarff, mantienen lazos con un banco del Caribe que fue utilizado en 2017 por el Gobierno de Nicolás Maduro para articular una operación de venta de bonos que permitió al régimen chavista acceder a financiación internacional. Por el camino, se quedaron presuntas comisiones ilegales por importe de 150 millones de dólares. Tobía Roye y Bórquez Tarff entraron en 2018 en el accionariado de la aerolínea que ha recibido 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez. Cada uno de ellos inyectó 1,23 millones de euros y pasaron a ocupar un asiento en el consejo de administración de la compañía. La embajada de Estados Unidos en Madrid ha solicitado colaboración a España para rastrear ese movimiento ante la sospecha de que se trataría de una operación de lavado de dinero procedente de la corrupción de Venezuela.

Por José María Olmo / elconfidencial.com

En sus pesquisas, la Administración de Washington relaciona a Tobía Roye y Bórquez Tarff con un banco de Puerto Rico, Andcapital Bank, que estaría aprovechando el estatus financiero privilegiado de ese territorio para introducir fondos de origen ilegal en Estados Unidos. De ahí habrían salido los 2,4 millones de euros invertidos por estos empresarios en Plus Ultra, según han revelado a El Confidencial fuentes próximas a las averiguaciones. Pero, además de ese banco, de la sombra de Tobía Roye y Bórquez Tarff emerge una segunda entidad en el Caribe. Se trata del Commonwealt Bank & Trust de Dominica. En 2017, el entonces presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición venezolana, Julio Borges, denunció ante Estados Unidos que el Ejecutivo de Maduro había vendido bonos de la petrolera estatal PDVSA al banco Goldman Sachs por un valor de 2.900 millones de dólares para acceder por esa vía a recursos financieros.

El banco estadounidense compró los bonos de la mayor empresa venezolana con un descuento del 69%. Solo pagó por ellos en torno a 865 millones de euros. Borges reprochó a Washington que uno de sus mayores bancos hubiera acudido al rescate del chavismo insuflándole recursos en un momento crítico para el sistema y también advirtió de que, en esa operativa, se utilizaron oscuros bancos intermediarios que estaban vinculados a los jerarcas del régimen. En concreto, los bonos de PDVSA fueron adquiridos en un primer momento por Commonwealt Bank & Trust, la entidad de los accionistas de Plus Ultra. Después, se los transfirió a un pequeño banco de Londres, Dinosaur Merchant Bank, y de ahí pasaron finalmente a una oficina de Líbano, Midclear SAL, que ejecutó el traspaso a Goldman Sachs. Sin embargo, no todo el dinero abonado por la entidad norteamericana llegó a las arcas de Venezuela. En el proceso, desaparecieron 150 millones de dólares en concepto de supuestas comisiones ilegales, expuso Borges. El propio Banco del Tesoro de Venezuela, equivalente al Banco de España, se refirió en 2017 al Commonwealth Bank como uno de sus bancos corresponsales en el mundo.

Los ecos de ese escándalo retumban ahora en la aerolínea salvada por la SEPI con un crédito de 53 millones de euros, a pesar de que su cuota de mercado en España no llega al 0,1%. Otra entidad clave en la supervivencia de la empresa se encuentra igualmente bajo el foco de los investigadores. Se trata de la entidad panameña Panacorp Casa de Valores, que en diciembre de 2017 otorgó a la aerolínea un préstamo participativo de 7,5 millones de dólares que fue utilizado para costear dos de los tres aviones que integraban en ese momento su flota. Tobía Roye y Bórquez Tarff tienen una estrecha vinculación con el chavismo. Se les considera próximos al exvicepresidente José Vicente Rangel Vale (fallecido el pasado diciembre) y al hijo de este, José Vicente Rangel Ávalos, dos pesos pesados del todopoderoso Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Las pesquisas de la Inteligencia de Estados Unidos añaden más presión al Gobierno de Sánchez, que ya ha recibido las críticas de la oposición por ayudar a Plus Ultra atendiendo a criterios desconocidos. La CNMC no fue consultada por el Gobierno antes de aprobar el rescate.

Vía elconfidencial.com

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