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Venezuela

Militarizada la explotación ilegal de oro, diamante y madera en el estado Bolívar

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Esto es una situación extremadamente grave para el país ya que en este Estado se encuentra el 80% de las aguas, el 70% de los bosques y se produce el 70% de la energía hidroeléctrica. Por lo antes expuesto durante la mal llamada 4ta República de 1958 a 1998 se legisló para preservar estos recursos y aprovecharlos racionalmente.

Por Manuel Nuñez

En este sentido en 1963 se decretó el Parque Nacional Canaima con una extensión de 1.000.000 de hectáreas y en el año 1975 se amplió a 3.000.000 de hectáreas, para incluir en él todos los ríos que conforman el Caroní y de esta manera asegurar su aprovechamiento y vida útil de las Represas d Guri, Macagua, Carruachi y Tocoma, esta última en 1998 quedó construida en un 70% y este gobierno en 21 años no la ha terminado. En 1968 se crean las Reservas Forestales del Caura, Imataca y la Paragua, en 1976 se crea el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales Renovables, en 1993 se sanciona la Ley Penal del Ambiente, en 1992 se declara el Río Icabarú Reserva Hidráulica Nacional, en 1981 se crea el Lote Boscoso San Pedro, en 1985 se crea el Lote Boscoso el Frío, en 1989 por Decreto 636 se prohíben todas las actividades contrarias a la declaración de Parques Nacionales, Reservas Forestales y Lotes Boscosos, en 1991 se declaran monumentos nacionales los espacios conocidos como Tepuyes, en el año 1994 la UNESCO declara al Parque Nacional Canaima Patrimonio Natural de la Humanidad, en 1986 la Cuenca del Caroní se declara Zonas de Administración Especial, en el año 1993 la UNEG abre la Escuela de Industrias Forestales en Upata, en 1981 CVG EDELCA crea la Gerencia de Cuenca e Hidrología y en 1976 la Gerencia Agricola de CVG crea el programa Cuenca del Caroní. Esto no quiere decir que durante la cuarta República no se violaron las leyes y las áreas mencionadas, pero, si se aplicaron sanciones. Por razones de espacio me referiré sólo a una, específicamente sucedió en la Reserva Forestal de Imataca en el año 1993 cuando el Ministerio del Ambiente constató graves violaciones a la Ley Penal del Ambiente y al Plan de manejo en la altiplanicie del Nuria en una concesión que había sido otorgada al Ministerio de la defensa en el año 1991 para su explotación forestal racional. Con esa concesión este Ministerio creó una compañía en sociedad con uno de los mayores industriales de la madera del país de apellido Gaspar. Dicha compañía fue registrada en Caracas con el nombre de Maderera Nuria Nº 1 C.A el día 9 de Diciembre de 1991, cuya composición accionaria era el 60% para el Sr Gaspar y el 40% para el Ministerio de la Defensa a pesar de ser este Ministerio el beneficiario de la concesión, además la junta directiva quedo integrada por el Sr Gaspar como Presidente, su hermano Presidente Suplente y de Vicepresidente el General Juan Gonzalez Berbesi. A dicha Empresa el M.A.R.N.R en 1994 le aperturó una averiguación administrativa y comprobó la violación de la Ley Penal del Ambiente y los Planes de manejo aprobados por dicho Ministerio dentro de la concesión y fuera de ella. Estas violaciones llegaron a nivel judicial en un juzgado de Caracas a cargo de la Juez María Perez Dupuy, la cual viajó a la Altiplanicie del Nuria y comprobó todas las violaciones detectadas por el M.A.R.N.R. Por tal motivo la Juez dictó Auto de detención al Presidente de la Compañía, al Director del Servicio Forestal Venezolano (SEFORVEN) Ingeniero Omar Carrero Niño y otros empresarios de la madera con concesiones en la Reserva Forestal de Imataca. Este Juicio fue erradicado de Caracas a un juzgado de Puerto Ordaz a cargo de Roberto Delgado Salazar, el cual por presiones ejercidas por los implicados por ser todos adeptos al régimen del momento los dejó en libertad. Pero, lo que podrán quitarse los implicados absueltos es la sanción moral, ya que, este caso fue ampliamente divulgado por la prensa nacional y regional. A partir de la creación del Arco Minero con una extensión de 116.000 km2, en el Estado Bolívar se desató lo que bien podríamos llamar la FIEBRE DEL ORO, miles de venezolanos vinieron a Guayana con la esperanza de salir de la deprimente situación socioeconómica que azotaba al país. El error más grave de la promulgación de tan nefasto decreto fue el de ignorar que ya en el Estado Bolívar había una importante actividad minera empírica, contaminante y altamente depredadora y en segundo lugar no haber materializado los linderos de los 116.000 km2, por lo tanto la destructora actividad minera se quintuplicó, tanto dentro como fuera de sus límites. Por otra parte el Presidente continuó promulgando decretos que más bien favorecían la minería ilegal como es el haber elevado a la categoría del Parque Nacional del Caura a la Reserva Forestal del mismo nombre, pero, no desalojó a los mineros ilegales ni madereros que destruían la Reserva. En Abril del 2020 publicado en Gaceta Oficial 6526 el Presidente autoriza la libre minería en los Ríos Caroní, Caura, Cuyuni, Cuchivero y Aro. En el Decreto del Arco Minero también contemplan que todas las actividades que se realicen dentro de su área estarán supeditadas al criterio del Ministerio de la Defensa. También fue creado el Ministerio para la Minería Ecológica y el Motor minero, figura esta que el Presidente suele crear cuando fracasa los ministerios. Como sumamente grave consideramos la ausencia en el arco minero del Ministerio para el Eco-socialismo, que al Sur del Orinoco no se oye el Eco y los mineros son Capitalistas. Tambien son considerados como decretos que incentivan la Minería son los promulgados en Diciembre del 2020, como es el Nº4392 publicado en Gaceta Oficial 42034 por medio del cual se crea la Zona Económica Especial Militar de Desarrollo Forestal (ZEEMDEF) En la Altiplanicie de Nuria de la reserva forestal de Imataca ubicada entre los municipios Sinfontes, Padre Chein del Estado Bolívar y el Antonio Díaz del Estado Delta Amacuro, cuyo objetivo fundamental es de aprovechar los recursos naturales y su comercialización con el propósito de satisfacer las necesidades logísticas de la Fuerza Armada Nacional y para lo cual podrá solicitar recursos de empresas privadas nacionales y extranjeras. El territorio adjudicado forma parte del bloque 4 del arco minero el cual en un 100% está dentro de la Reserva Forestal de Imataca. Otra Empresa decretada en Diciembre de ese mismo año es la Empresa Militar para el Aprovechamiento Sustentable de Productos Forestales ( ESMAPROFORN). No detallan el área a ocupar por esta compañía y en ambos decretos no se excluye la práctica de la minería, pero, es de dominio público que la actividad minería de ambas zonas es intensa e incluso se comenta la presencia de grupos ilegales, civiles y militares fuertemente armados. Quiero resaltar que ligado a estos dos decretos esta el Profesor de la ULA José Lozada, Master en Manejo Forestal y Doctor en Ciencias Ambientales. Este profesor es muy conocido en Guayana por haber sido ponente en dos Foros organizados por el CIV Seccional Ciudad Guayana en Agosto del 2017 y Septiembre del 2018. En ambos demostró su radical posición contra el Arco Minero e hizo una detallada exposición de los graves daños que estaba ocasionando la Minería en los frágiles ecosistemas del Estado Bolívar especialmente en el Parque Nacional Canaima, Rio Caroní, Caura y Cuyuní. En su primer Foro dijo que en “la Población del Dorado había visto una persona con una mal formación genética producida por la contaminación mercurial la cual era tan grave que no fue capaz de fotografiarla”. Pongo esto último entre comillas por ser palabras textuales del Dr Lozada. Ahora bien: ¿qué papel juega el Profesor Lozada en estas dos últimas Empresas Militares creadas en Diciembre del 2020?. Si tiene ud compromisos docentes con la ULA ó cualquier Instituto de investigación de la misma renuncie, para preservar la buena reputación de esta universidad. Acuérdese del caso del SOBRERERO LOCO de la Novela Alicia en el País de las Maravillas. Si no lo ha leído cómprelo. Actualmente en el área que comprende el Decreto de ZEEMDEF están sacando arenas auríferas, entre el Sur del Municipio Antonio Díaz y el Norte de Padre Chein de allí sale diariamente aproximadamente 50 gandolas de alto tonelaje que son llevadas a una planta procesadora llamada la Guacamaya en la población del Callao y que  presuntamente es propiedad de un alto jerarca  del PSUV de la Tiranía gobernante. Igualmente al Norte del Área de ESMAPROFORN en el sector conocido como las QUINCE LETRAS el ministerio de la Defensa tiene actualmente más de 5000 metros cúbicos de madera explotadas en espera que pase el invierno para sacarla rumbo al centro del país. 

manuelnunez178@gmail.com

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Venezuela

Así describen los «guisos», mitos y conflictos del interinato venezolano

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Venezuela

No todo fueron palabras de honra para el general venezolano Julio Lara Guzmán tras su fallecimiento por Covid-19

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El pasado 12 de abril falleció el general de brigada venezolano Julio Rafael Ángel Lara Guzmán, luego de padecer complicaciones con COVID-19.

La información fue confirmada por familiares del militar retirado a través de las redes sociales, así como por la promoción de Oficiales «Toma de El Callao», a través de un comunicado en el que lamentaron su deceso.

«Destacado oficial en la honorosa situación de retiro, quien fue llamado a los brazos del señor el día 12/04/21, apreciado compañero y amigo te perpetuarás en este plano terrenal», manifestaron algunos de sus antiguos compañeros oficiales.

Lara Guzmán participó en el levantamiento contra Hugo Chávez en 2002, desde la Plaza Altamira en Caracas.

Lara Guzmán fue jefe del Comando Regional 7 de la Guardia Nacional Bolivariana (CORE 7) en el oriente venezolano y también estuvo al frente de la Policía del Estado Zulia.

Por otra parte, en un audio del general Lara Guzmán, compartido por medio de la aplicación WhatsApp, éste manifestaba sus dificultades de salud debido a los síntomas del coronavirus y hacía un llamado al arrepentimiento y a la concordia.

«Me siento bastante mal, no tengo fuerzas. Esta jugada me salió mal a mí. Cuídense, sigan adelante, lamentablemente me tocó a mí. Quiero seguir adelante, pero me falta la fuerza. Perdónense, sigan adelante».

El editor de prensa venezolano Miguel Salazar mostró en Youtube el audio con las palabras del general.

Oscuras relaciones

Pero no todos evocaron con halagos al general Lara. Algunos recordaron en las redes sociales que durante su ejercicio como militar tuvo una conducta que dejó mucho que desear, asegurando que se había dejado envilecer por el poder.

Se escuchó decir que mientras se encontraba en condición activa como militar, Lara desechó algunas oportunidades, pues estaba convencido de que se convertiría en gobernador de Anzoátegui, estado donde hizo vida profesional. En las redes se aseguró que entonces el militar estuvo más pendiente de ser candidato a gobernador que de sus funciones como militar y que en ocasiones utilizó medidas coercitivas contra a periodistas incómodos, empleando sus contactos en sindicatos e instituciones estatales para amenazar con despidos a familiares de comunicadores.

Se señaló también que el general llegó a engavetar denuncias que recibía personalmente contra personas acusadas de narcotráfico, pese a comprometerse a investigarlas, pues mantenía amistad con algunas de las personas denunciadas.

Según se aseguró en las redes, uno de los denunciados por narcotráfico residía en un apartamento en un condominio de la ciudad de Puerto La Cruz denominado La Otra Banda y poseía un yate, en el que el general compartía con el propietario de la embarcación durante paseos en los que no faltaban afectuosas muestras de amistad y licores. El mismo sujeto habría financiado publicitariamente corridas de toros en fiestas aniversarias de la Guardia Nacional, como gesto de cortesía hacia el general, quien se comentó disfrutaba de esos y otros gestos ante el silencio de muchos.

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Venezuela

Así describen la corrupta destrucción del estado Zulia en Venezuela

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En solo tres años y tres meses el Zulia pasó de ser el más importante estado petrolero de Venezuela a mutar en veloz transición en una entidad en ruinas que sirve como guarida al mayor centro de complot para el saqueo, la extorsión, expropiación de empresas y lavado de dinero del crimen organizado en la frontera noroccidental con Colombia.

Por Dámaso Jiménez | venezuelausa.org

El 10 de diciembre del 2017 comenzó una historia de corrupción inaudita e implacable desde la gobernación del Zulia, luego que la ANC ilegítima arrebatara el triunfo al opositor Juan Pablo Guanipa, para imponer una ficha del PSUV radical en la figura de Omar Prieto Fernández, para beneficio exclusivo de una cúspide del régimen que permitió la destrucción de un legado de empresas para enriquecer groseramente a un pequeño grupo de personajes civiles y militares a costa del hambre, la privación del derecho a la vida y el ataque despiadado a la propiedad privada.

Prieto venía de ser el alcalde del municipio San Francisco, aledaño a Maracaibo, con múltiples acusaciones de manejos irregulares de los recursos públicos, arbitrariedades, amenazas y persecuciones policiales. La nueva alianza lo obligó a romper con su principal mentor político, Rodrigo Cabezas, de quien fuera su suplente en la Asamblea Nacional, y a quien denominó “traidor” y “transexual político”, luego que hiciera propuestas a Juan Guaidó como jefe del Parlamento para salir de la crisis.

Durante los primeros meses de su gestión Prieto se dedicó a descalificar como corrupto e investigar públicamente la gestión de su antecesor chavista, el teniente coronel golpista del 4F, Francisco Arias Cárdenas, uno de sus principales enemigos políticos régimen adentro; así como minimizar la maniobrabilidad política y operativa de la oposición y defenestrar la salud empresarial de la entidad.

Comenzó con el diputado opositor Juan Pablo Guanipa, a cuya familia en un acto de venganza política le clausura ilegalmente los tres reconocidos y exitosos restaurantes denominados “Té con Té”. Luego ordenó atacar los comercios ligados al ex gobernador Arias Cárdenas, a quien acusó de liderar una conspiración dirigida para tumbar a Nicolás Maduro.

http://tureporte.com/te-con-te-no-reabrira-sus-puertas-su-acta-de-defuncion-ya-esta-firmada/

Para mantener una figura temeraria designa a Lisandro Cabello como número dos al frente de la Secretaría de Gobierno y a Rebeca Del Gallego, coordinadora del bufete de Cabello, como procuradora del Zulia.

Convertidos en el triunvirato de la corte chavista en el Zulia, Prieto  comienza desde el 2018 a extorsionar a empresarios privados, incautar propiedades de quienes manifestaran ideas diferentes o se sumaran a los paros convocados por la oposición. El propósito era destruir la confianza y la economía del otrora principal emporio financiero y empresarial del país.

“Nosotros no somos empresarios, somos el gobierno bolivariano. Este es nuestro mensaje: empresarios que quieran meterse en la política les vamos a responder como políticos. El que venga a atacar las políticas del presidente Maduro tendrán una respuesta contundente. El que haga guarimbas y destrozos no sólo le retirarán las licencias, también se le incautarán propiedades”, dijo Prieto en su primera declaración de guerra a los empresarios, emprendedores, buhoneros, trabajadores independientes, periodistas y todo aquel que osara confrontar sus intenciones.

Así quedó la fachada de la Clínica Paraiso a consecuencia de una granada para cumplir amenazas

De ese complot indujeron y provocaron con los colectivos armados saqueos de fuerte relevancia para debilitar comercios. Solo fueron resguardados los negocios de Prieto y sus socios testaferros como los supermercados Nasa de Alfredo Provenzani,  los Hipermercado-La Grande de Danilo Nammour y los supermercados Fiorella de Omar Barrios, exsocio de Arias Cárdenas en la importación de alimentos desde Colombia y apertura de Bodegones en Maracaibo.

El siguiente paso fue ofrecer comprar los comercios importantes a precios de gallinas flacas. Los que hicieron resistencia fueron intimidados por el hampa y las granadas y huyeron. La lista es extensa, pero estas son solo algunas de las que ofrecieron testimonios sobre esta red de mafias que se apoderaron del Zulia.

SM Pharma

Pharma fue el principal laboratorio de producción de medicamentos del occidente venezolano. Fue fundada por una familia española, los Santamarta, hace 40 años. Numerosos dirigentes del PSUV intentaron en diferentes oportunidades “vacunarlos” y sacarles grandes sumas de dinero. La empresa se resistió al principio. Los propietarios atemorizados denunciaron a la procuradora Del Gallego de exigirles el pago de un millón de dólares a cambio de no expropiar la empresa. En septiembre del 2018 el gobernador Omar Prieto declara de utilidad pública el laboratorio farmacéutico, lo expropia y asalta con la policía regional la sede de la empresa. De esta forma se consumó la confiscación ilegítima de una empresa altamente productiva y de larga tradición en el Zulia. El presidente de la empresa, Raimundo Santamarta y todo su núcleo familiar huyen del país, luego que Lisandro Cabello anunciara públicamente que preparaba, a través de un tribunal, un auto de detención en su contra. Dos años después el Laboratorio Pharma se encuentra literalmente destruido y sus calderas que requieren de un mantenimiento técnico permanente se encuentran contaminadas. Como consecuencia los propietarios legítimos de esta importante industria farmacéutica destruida por Prieto, interpusieron un arbitraje internacional con el apoyo del Gobierno de España contra la República Bolivariana de Venezuela, exigiendo una indemnización o reparación por 200 millones de dólares. El Fisco de algún gobierno responsable en el futuro tendría que responder por este asalto realizado por Prieto y Cabello.

https://www.eluniversal.com/economia/32882/grupo-sm-pharma-rechaza-expropiacion-de-sus-instalaciones-por-parte-de-la-gobernacion-del-zulia

Luego de la expropiación de Pharma Maduro declaró que el Laboratorio abastecería de medicinas a la mitad del país.

http://tureporte.com/conozca-la-historia-del-laboratorio-sm-pharma-que-allano-la-gobernacion/

Los propietarios legítimos de Pharma interpusieron un arbitraje internacional con el apoyo del Gobierno de España contra la República Bolivariana de Venezuela por 200 millones de dólares por la expropiación del Laboratorio

https://www.elnacional.com/venezuela/dueno-de-sm-pharma-reclama-indemnizacion-de-200-millones-de-dolares-al-regimen-de-maduro/

España deplora la confiscación de la empresa farmacéutica SM PHARMA https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/Paginas/2019/20190209confiscation.aspx

Heladería Argentina

Un emprendimiento que surgió en 1985 como una venta de helados en Maracaibo bajo la marca registrada “Heladería Argentina”, había logrado tal éxito comercial que en 1992 les permitió a sus propietarios instalar en el sector Los Robles una fábrica de producción y distribución de sus diferentes presentaciones. Todo marchaba bien hasta que el secretario de gobierno, Lisandro Cabello, decidió utilizar de forma arbitraria el poder de la Gobernación para saldar una disputa judicial contra Víctor Salas, uno de los socios propietarios de la heladería. La amenaza exigía el pago de un monto en dólares o les expropiarían una casa de habitación propiedad de los dueños de la heladería, ubicada frente a la Residencia Oficial del gobernador del Zulia. Fue utilizado el mismo argumento ilegal: Expropiación por causa de utilidad pública. Luego de decretado irrumpen policialmente en la propiedad de Salas. La persecución y asedio fue de tal magnitud que la familia se vió obligada a abandonar el país, cerrar la fábrica y los 4 locales comerciales donde los marabinos concurrían de forma cotidiana.

Hipermercado La Grande
Una de las sedes de Fiorella

http://tureporte.com/hipermercado-la-grande-5-de-julio/

Hipermercado-La Grande, Fiorella, panadería Biaggio y pastelería Jeffrey´s

Al fracasar los Abastos Bicentenarios de Maduro, los perseguidos de ayer por Omar Prieto, Danilo Nammour, Wael El Yaber y Omar Barrios se convierten ahora en sus principales socios y utilizaron el poder político para instalar varias cadenas de supermercados con el monopolio de los alimentos con costos elevados, logrando con el favor del gobierno central con la libre importación de todo tipo de alimentos y víveres, lo que permitió a Prieto hacer una gran fortuna personal. La inversión inicial fue de 95 mil dólares. Los locales fueron utilizados sin ningún costo por los nuevos dueños garantes de una propiedad del Estado venezolano, incluyendo los equipos, estanterías y galpones. El documento de legalización aparente de estas operaciones son una estafa a la República. Prieto ordena a la abogada Del Gallego que el comodato en algunos casos sea implementado por 100 años. Según los conocedores, en estos escasos 3 años de gestión de Prieto se regalaron propiedades del estado Zulia a cambio de nada. El poder e influencia de Danilo Nammour quedó demostrado luego de permitirse cerrar el puente sobre el lago para realizar un video musical para su hija menor, que fue publicado el 25 de febrero del 2021, y que generó una serie de críticas masivas a través de las redes por lo que ha sido considerado un abuso de poder por parte de los socios de Prieto. Wael El Yaber acompaña a Prieto desde que fue electo alcalde de San Francisco logrando realizar varios negocios en La Coromoto. Sus inicios de empresario se remontan desde “Todo Regalado”. Entre 2018 y 2019 realiza cuantiosas inversiones mediante la adquisición de negocios de familias importantes de Maracaibo. Sigue siendo un misterio como el señor Gian Franco Lovino, de ascendencia italiana, se desprendió tan fácilmente de un negocio familiar muy exitoso como la panadería “Don Biaggio” en Bella Vista, donde atendía amablemente a sus clientes y que vendió para salir del país. La otra adquisición de Wael El Yaber es la famosa pastelería Jeffreys, ubicada a pocos metros de la Plaza de la República. Las razones de su propietario, el norteamericano Paul Jeffrey para vender su negocio estrella a esta sociedad que gobierna y se regresa el vuelto, son también desconocidas. A estos hechos “extraños” se suma el allanamiento por parte de la GNB de un galpón donde El Yaber guardaba cientos de motos. La orden de allanar e incautar fue dada por el entonces Ministro del Interior y Justicia, General Néstor Reverol, quién aún mantiene una investigación abierta por estas extorsiones y enriquecimiento ilícito de este triunvirato. Omar Barrios manejó la importación de alimentos desde Colombia con salvoconducto de su socio Arias Cárdenas. Su hijo del mimso nombre fue el conductor de la camioneta con la que fue atropellado el estudiante de medicina y socorrista Paúl Moreno, a quien dio muerte para luego huir del lugar. No pagó por este delito que conmocionó el país en medio de las protestas del 2017. La sociedad con Prieto le permitió una mayor inmunidad a la familia y abrir otros negocios como La Despensa, en el centro comercial Costa Verde, y diferentes sucursales del Supermarket Fiorella con 4 sucursales. Fue inversionista del desaparecido medio diariorepublica.com. Adicionalmente mantiene otros negocios en el país y los EEUU.

https://www.entornointeligente.com/la-despensa-abre-el-15-de-diciembre-y-tres-supermercados-ms/

Jeffrey

http://tureporte.com/por-que-cerro-la-sede-original-de-jeffreys/

https://cronica.uno/extorsiones-en-el-zulia-obligan-a-comerciantes-a-cerrar-sus-negocios-y-huir/

https://elpitazo.net/reportajes/bandas-delictivas-extorsionan-y-amenazan-para-imponer-terror-en-el-zulia/

Coima camaronero

En las 3 últimas décadas se ha desarrollado de forma exitosa en el Zulia el cultivo de camarones y cangrejas para el mercado internacional. Miami y la ciudad de Panamá son los destinos recurrentes. Empresarios dedicados a esta actividad productiva han señalado que utilizaban el servicio de empresas aéreas internacionales especializadas en cadenas de enfriamiento, para sacar sus exportaciones por el aeropuerto internacional La Chinita, previo pago de los impuestos nacionales establecidos por Ley. Desde el 2018 la administración de Prieto impuso un impuesto regional a los camaroneros, pero luego llegó lo infame. El abogado William Cabello, encargado entonces de la administración del aeropuerto y recientemente designado autoridad única para lo económico y financiero en la región, les comunicó a los camaroneros que debían cancelar una “contribución adicional” en una cuenta bancaria en EEUU. La amenaza suponía la no autorización de exportar por el aeropuerto si no cancelaban la nueva coima. La extorsión funcionó y los camaroneros deben depositar puntualmente a la cuenta del hermano de un alto funcionario de Prieto instalado con importantes negocios desde la Florida central, donde han abierto negocios de vehículos nuevos y usados, transporte privado, clínicas,  barberías,  centros de belleza y empresas registradas en Venezuela y USA para acopiar pagos petroleros y depósitos bancarios provenientes de la corrupción, olvidando lo señalado por el embajador de los EEUU para Venezuela, James Story, de que ya fueron iniciadas las investigaciones de los colaboradores desde territorio norteamericano de los chavistas sancionados.

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