La nueva cúpula de inteligencia de Estados Unidos, designada por Joe Biden, ha identificado las injerencias de Rusia como la mayor amenaza para Iberoamérica, en especial por su creciente apoyo a los regímenes de Cuba y Venezuela. En un informe anual para el Capitolio que no se publicaba en dos años, por las tensiones de Donald Trump con las agencias de inteligencia, estas últimas afirman que «en el continente americano, Rusia ha reforzado su apoyo a Venezuela y a Cuba y ha utilizado la venta de armas y los acuerdos energéticos para tratar de ampliar el acceso a los mercados y recursos naturales en América Latina, en parte para contrarrestar algunos de los efectos de las sanciones».

Por David Alandete | ABC

La nueva directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, ha comunicado a la comisión de Inteligencia del Senado que China y Rusia son las principales amenazas geoestratégicas para EE.UU. Según Haines, «China es un rival cada vez más fuerte, que desafía a EE.UU. en múltiples ámbitos, especialmente el económico, militar y tecnológico, y está presionando para cambiar las normas globales. Rusia está presionando a Washington donde puede a nivel global, empleando técnicas que incluyen el uso de la fuerza».

Especialmente preocupante para Washington es el desembarco ruso en Venezuela, a cuyo régimen apoya abiertamente el Kremlin con asistencia militar. La amenaza, dice el informe, afecta no sólo a EE.UU., sino también a sus aliados en Europa. «Moscú continuará empleando un gran abanico de tácticas destinadas a socavar la influencia de EE.UU., desarrollar nuevas relaciones internacionales, dividir a socios y debilitar las alianzas occidentales, y demostrar la capacidad de Rusia para influir a nivel global como un actor importante en un nuevo orden internacional multipolar», asegura.

Esa influencia rusa pasa por dejar huella en Iberoamérica, algo que el Kremlin hace con su injerencia en Cuba y Venezuela. Este último país tiene un gran riesgo de desestabilizar la región. «La crisis política y económica en Venezuela continuará, lo que mantendrá el éxodo de venezolanos al resto de la región y agregará tensión a los gobiernos que se enfrentan a algunas de las tasas de infección y muerte por Covid19 más altas del mundo», asegura.

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Los dos accionistas venezolanos de Plus Ultra que están en el punto de mira de la Inteligencia de Estados Unidos, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Bórquez Tarff, mantienen lazos con un banco del Caribe que fue utilizado en 2017 por el Gobierno de Nicolás Maduro para articular una operación de venta de bonos que permitió al régimen chavista acceder a financiación internacional. Por el camino, se quedaron presuntas comisiones ilegales por importe de 150 millones de dólares. Tobía Roye y Bórquez Tarff entraron en 2018 en el accionariado de la aerolínea que ha recibido 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez. Cada uno de ellos inyectó 1,23 millones de euros y pasaron a ocupar un asiento en el consejo de administración de la compañía. La embajada de Estados Unidos en Madrid ha solicitado colaboración a España para rastrear ese movimiento ante la sospecha de que se trataría de una operación de lavado de dinero procedente de la corrupción de Venezuela.

Por José María Olmo / elconfidencial.com

En sus pesquisas, la Administración de Washington relaciona a Tobía Roye y Bórquez Tarff con un banco de Puerto Rico, Andcapital Bank, que estaría aprovechando el estatus financiero privilegiado de ese territorio para introducir fondos de origen ilegal en Estados Unidos. De ahí habrían salido los 2,4 millones de euros invertidos por estos empresarios en Plus Ultra, según han revelado a El Confidencial fuentes próximas a las averiguaciones. Pero, además de ese banco, de la sombra de Tobía Roye y Bórquez Tarff emerge una segunda entidad en el Caribe. Se trata del Commonwealt Bank & Trust de Dominica. En 2017, el entonces presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición venezolana, Julio Borges, denunció ante Estados Unidos que el Ejecutivo de Maduro había vendido bonos de la petrolera estatal PDVSA al banco Goldman Sachs por un valor de 2.900 millones de dólares para acceder por esa vía a recursos financieros.

El banco estadounidense compró los bonos de la mayor empresa venezolana con un descuento del 69%. Solo pagó por ellos en torno a 865 millones de euros. Borges reprochó a Washington que uno de sus mayores bancos hubiera acudido al rescate del chavismo insuflándole recursos en un momento crítico para el sistema y también advirtió de que, en esa operativa, se utilizaron oscuros bancos intermediarios que estaban vinculados a los jerarcas del régimen. En concreto, los bonos de PDVSA fueron adquiridos en un primer momento por Commonwealt Bank & Trust, la entidad de los accionistas de Plus Ultra. Después, se los transfirió a un pequeño banco de Londres, Dinosaur Merchant Bank, y de ahí pasaron finalmente a una oficina de Líbano, Midclear SAL, que ejecutó el traspaso a Goldman Sachs. Sin embargo, no todo el dinero abonado por la entidad norteamericana llegó a las arcas de Venezuela. En el proceso, desaparecieron 150 millones de dólares en concepto de supuestas comisiones ilegales, expuso Borges. El propio Banco del Tesoro de Venezuela, equivalente al Banco de España, se refirió en 2017 al Commonwealth Bank como uno de sus bancos corresponsales en el mundo.

Los ecos de ese escándalo retumban ahora en la aerolínea salvada por la SEPI con un crédito de 53 millones de euros, a pesar de que su cuota de mercado en España no llega al 0,1%. Otra entidad clave en la supervivencia de la empresa se encuentra igualmente bajo el foco de los investigadores. Se trata de la entidad panameña Panacorp Casa de Valores, que en diciembre de 2017 otorgó a la aerolínea un préstamo participativo de 7,5 millones de dólares que fue utilizado para costear dos de los tres aviones que integraban en ese momento su flota. Tobía Roye y Bórquez Tarff tienen una estrecha vinculación con el chavismo. Se les considera próximos al exvicepresidente José Vicente Rangel Vale (fallecido el pasado diciembre) y al hijo de este, José Vicente Rangel Ávalos, dos pesos pesados del todopoderoso Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Las pesquisas de la Inteligencia de Estados Unidos añaden más presión al Gobierno de Sánchez, que ya ha recibido las críticas de la oposición por ayudar a Plus Ultra atendiendo a criterios desconocidos. La CNMC no fue consultada por el Gobierno antes de aprobar el rescate.

Vía elconfidencial.com

Luis Alfonso de Borbón Martínez-Bordiú y la venezolana María Margarita Vargas Santaella celebraron en noviembre de 2020 16 años de matrimonio. Se casaron en la iglesia de San Estanislao de Cracovia, en los Altos de Chavón, cerca de La Romana, en la República Dominicana. Los novios se dieron el “sí, quiero” ante unos 1.500 invitados, la mayor parte venezolanos. El novio, de 30 años, era hijo de Alfonso de Borbón, duque de Cádiz, y de Carmen Martínez-Bordiú, nieta del general Francisco Franco. Margarita, que por entonces tenía 21 años, es hija de Carmen Leonor Santaella y de Víctor José Vargas Irausquín, un magnate venezolano. La boda fue todo un acontecimiento social no exento de polémica por la ausencia de algún representante de la familia real española, emparentada con el novio. La pareja, tras residir algún tiempo en Estados Unidos, está instalada en Madrid, donde lleva una vida discreta en lo personal. Políticamente, sin embargo, Luis Alfonso de Borbón se ha convertido en el mayor activo en defensa de los intereses familiares, tanto es así que se le conoce como “el príncipe de los Franco”.

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En la boda, Luis Alfonso sorprendió a todos, vestido con el uniforme de Bailío de la Gran Cruz de la Orden de Malta, distinción reservada a jefes de Estado y de las Casas Reales. También llevaba la insignia de la orden dinástica francesa del Espíritu Santo. El atuendo ya insinuaba sus pretensiones dinásticas. En Francia está considerado por los legitimistas como el aspirante a un hipotético trono. Él contribuye a mantener encendida la llama participando en algunos actos y reuniones de sus partidarios. Pero mientras que ese círculo de franceses le considera su príncipe, los Franco ya le han investido, , reseñó Mábel Galaz en El País.

Luis Alfonso, de 46 años, escenificó esta posición de liderazgo familiar cuando en octubre de 2019 los restos del dictador Franco fueron trasladados de la basílica del Valle de los Caídos. Con la cabeza alta, orgulloso de su misión, llevó sobre sus hombros no solo el peso físico del féretro, sino también el que le ha impuesto la historia de dos familias que han hecho recaer sobre él la responsabilidad de ser su representante. “Cuando se ataca a Franco se ataca a los míos, a la monarquía que instauró y a la Iglesia que protegió”, publicó en su cuenta de Instagram en la que se identifica como duque de Anjou en esos días.

La marcha de su madre a París y la muerte en accidente de esquí de su padre, dejaron a su abuela Carmen Franco como encargada de cuidarlo, educarlo e inculcarle las férreas creencias religiosas y patrióticas de la familia. Luis Alfonso es amigo desde la infancia de Víctor González Coello de Portugal, actual vicepresidente de Vox y diputado por Salamanca. Y se le pudo ver con el líder del partido de ultraderecha, Santiago Abascal, en una reunión pocos días después de la convocatoria de las elecciones del 10 de noviembre. En 2017, tras la muerte de su abuela —quien volcó en él toda su confianza, hasta el punto de encargarle la gestión del patrimonio familiar que no había confiado a sus propios hijos—, Luis Alfonso asumió el cargo de presidente honorífico de la Fundación Francisco Franco.

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Su actividad empresarial le ha llevado a aparecer también en diversos medios latinoamericanos, que han publicado la situación complicada que Luis Alfonso de Borbón atravesaba con el Banco de Orinoco, propiedad de su suegro, donde es consejero. En las redes sociales cientos de afectados, con la etiqueta #EstafadosBOD, criticaron a la entidad y al bisnieto de Franco, de quien afirmaron que les era presentado como “el príncipe”, un título que unido al apellido Borbón influyó como garante de la solvencia de la entidad.

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Por su parte, Los Vargas estuvieron encantados desde el principio con la elección de Margarita. Nada mejor para ella que un joven de profundas creencias religiosas y sangre azul en sus venas. Era la unión perfecta: ella ponía el dinero y él los apellidos. Margarita ha vivido siempre volcada en su familia. Es madre de cuatro hijos a los que imparte una educación católica tradicional. También participa en actividades solidarias para la Cruz Roja y para la Orden de Malta, de la que es dama. Su nombre se asocia a causas benéficas y al mundo de la hípica —compite desde hace muchos años—. Una de sus mejores amigas en España es Paloma Cuevas, la ahora exesposa de Enrique Ponce. Tras la separación de torero, Margarita Vargas se ha convertido en el mejor apoyo de Cuevas.

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La pareja y sus cuatro hijos residen en una espectacular casa en la urbanización de La Finca, en la misma avenida que la polémica casa de Luis García Cereceda, fundador del elitista complejo de Pozuelo de Alarcón. Se trata de una propiedad de tres plantas, 1.300 metros cuadrados de vivienda y 8.000 de parcela. La casa abrió en su día una hipoteca con Banca Banif que tasó la vivienda en 6,1 millones de euros. Para cerrar el círculo, en 2020 Margarita Vargas logró la nacionalidad española.

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