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España

Venezolanos que se apoderaron del barrio de Salamanca en Madrid están de retirada

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Una élite integrada por colombianos, mexicanos y exiliados venezolanos, pudiera decirse que se han adueñado del barrio de Salamanca, una de las áreas más exclusivas y costosas en el centro de Madrid. Sin embargo, desde 2019 varios venezolanos han puesto en venta sus propiedades de lujo en la capital española, como lo reseña El Confidencial.


¿Hotel o pisos de lujo? Los venezolanos siguen intentando soltar lastre inmobiliario

El capital venezolano está de retirada en España. En los últimos dos años, y ante el inminente cambio de ciclo en el mercado residencial de lujo, han puesto en venta buena parte de sus activos inmobiliarios en la capital, donde entraron con fuerza en 2013 y 2014, cuando solamente invertían en España fondos oportunistas, lo que les permitió hacerse con un número significativo de inmuebles en el centro de Madrid, en concreto, en el barrio de Salamanca, su distrito por excelencia, a precios muy atractivos.

Por E. Sanz | El Confidencial

Desde 2018, el capital venezolano está de retirada, poniendo a la venta y consiguiendo vender buena parte de los edificios adquiridos que no han podido o no han querido desarrollar. La última pieza en el mercado es San Bernardo 126, propiedad de LemonPrime, una de las primeras sociedades de capital venezolano en aterrizar en España, propiedad de los hermanos Manuel y Federico González Weil.

El edificio, que lleva en venta varios años, no consigue comprador debido a las elevadas expectativas de venta de sus propietarios, explican a El Confidencial diferentes fuentes del mercado de lujo, tal como ha sucedido con otros activos. El inmueble dispone de una superficie sobre rasante de algo más de 3.000 metros cuadrados —y casi 1.800 bajo rasante— y por él piden unos 15 o 16 millones de euros, lo que supondría un precio de repercusión de unos 4.000 euros el metro cuadrado, un precio, según los expertos consultados, muy elevado para sacar adelante un proyecto rentable que, tal y como figura en la propia página web de LemonPrime, contempla 24 viviendas de lujo, un local comercial y 32 plazas de aparcamiento. Pero no ha sido desarrollado.

El edificio fue adquirido a Altamira y, tras gestionar y tramitar la licencia de obras y después de la aprobación del proyecto, LemonPrime decidió ponerlo en venta, una estrategia —la de vender el edificio con la licencia de obra y el proyecto aprobado— muy similar a la que han seguido otros inversores, como por ejemplo Logika European Partners, un fondo detrás del que se encuentran el hijo de Ernesto de Hannover y capital de origen colombiano.

A favor del edificio juega el hecho de que cuenta con doble licencia, para uso hotelero y residencial, tal y como explican a El Confidencial diferentes fuentes. Un doble uso que abre el abanico a un mayor número de potenciales inversores. De hecho, como adelantaba El Confidencial hace unos días, el grupo inversor de Hong Kong, Platinum Real Estate, está tramitando un plan especial para poder recuperar el uso hotelero del edificio de Zorrilla 19, al observar mayores posibilidades de venta del edificio con este uso que como residencial.

Los venezolanos, en retirada

LemonPrime fue una de las primeras firmas de capital venezolano en aterrizar en Madrid. Lo hizo en el verano de 2012, cuando la prima de riesgo en España se encaminaba a máximos históricos y la salida del euro empezaba a cobrar fuerza. En aquel entonces, Renta Corporación cerraba la venta de Príncipe de Vergara 11, uno de los edificios más emblemáticos, espectaculares y exclusivos del barrio de Salamanca, a un pequeño grupo de inversores venezolanos asesorados por los hermanos González Weil. Por aquel edificio se pagaron unos 24 millones de euros, en torno a 4.000 euros el metro cuadrado.

La sociedad es propiedad de los hermanos Manuel y Federico González Weil. Es una compañía de capital venezolano —sería el equivalente a Gran Roque Capital, de Miguel Ángel y Áxel Capriles— que desde hace casi una década busca oportunidades de inversión en Madrid para las grandes fortunas de su país. Molior Arquitectura y Construcciones, cuyo director general es Carlos González Weil, se encarga de la puesta a punto y lavado de cara de los edificios. De hecho, su firma está detrás de los grandes proyectos de rehabilitación de lujo de Madrid del último lustro.

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España

Así boliburgueses y bolichicos compran inmuebles en España

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Madrid es una de las caras del éxodo venezolano. Según datos del último padrón municipal, actualizado el 1 de julio de 2020, en la capital de España residen 42.240 venezolanos. Por detrás de la rumana, la venezolana es la segunda nacionalidad extranjera en una ciudad en la que viven más de medio millón de foráneos, reseñó Deutsche Welle.

Simultáneamente se observa qué emprendedores venezolanos han montado negocios, fortunas tradicionales, así como también nuevos ricos o “bolichicos” surgidos a la sombra del chavismo han invertido en inmuebles en Madrid, España.

El mercado inmobiliario de la capital también percibe la mayor presencia venezolana. Un estudio de la inmobiliaria Redpiso, publicado en 2018, señalaba que los venezolanos encabezaban la adquisición extranjera de viviendas en Madrid, por encima de rusos y chinos, quienes más compraban hasta entonces.

¿Quiénes son los venezolanos que pueden permitirse comprar vivienda en Madrid? “Por un lado, está la clase media venezolana, profesionales con estudios, que han hecho carrera en las finanzas, la banca, los servicios, la industria… Es gente que tiene dinero para comprar un piso en barrios modestos de Madrid.

“Millonarios venezolanos de toda la vida, como el banquero Juan Carlos Escotet, las hijas de Carolina Herrera, Víctor Vargas, apodado el banquero rojo, cuya hija Margarita está casada con Luis Alfonso de Borbón”, enumera Placer, son algunas de las fortunas tradicionales de Venezuela afincadas en inmuebles de lujo en Madrid.

Y después están los nuevos burgueses bolivarianos, conocidos como “bolichicos” o “boliburgueses”, términos acuñados por un periodista venezolano para designar a quienes amasaron grandes fortunas durante el chavismo o que ocuparon altos cargos políticos del régimen.

Placer menciona unos cuantos ubicados en el país ibérico, donde realizan millonarias inversiones inmobiliarias y cultivan relaciones al más alto nivel. “La Audiencia Nacional investiga una red de lavado de dinero en España procedente de Pdvsa, todos antiguos cargos del chavismo, excepto Raúl Gorrín, que sigue ligado a él, y está señalado como testaferro de Nicolás Maduro”, prosigue Placer.

“También está el exviceministro de Energía Eléctrica con Chávez, Nervis Villalobos, que adquirió en España más de 100 inmuebles, sobre todo en Madrid y Marbella”, dice el escritor. “Y el ‘bolichico’ mayor, Alejandro Betancourt, que adquirió la exitosa empresa de gafas de sol Hawkers”.

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España

La lamentable y trágica muerte en España del repartidor venezolano de Deliveroo Néstor Alexander Pérez

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Ewald Scharfenberg
@Ewalds6

Néstor Alexander Pérez, el motorista venezolano de Deliveroo fallecido en Madrid, era abogado y en sus ratos libres leía «desde Adam Smith, hasta los ilustrados franceses».

Otro legado del comandante: el proletariado internacional del delivery.

EL PAÍS: Muerte de un repartidor precario: el pedido de Deliveroo que nunca llegará a su destino

Un pedido de Deliveroo se perdió en el camino el domingo pasado. La plataforma global de comida a domicilio tuvo que avisar al cliente de que una incidencia imposibilitaba la entrega. El motorista que transportaba el paquete había fallecido tras chocarse con un camión de la basura en la confluencia de las calles de Tomás Borrás y de Embajadores, en Madrid. Se llamaba Néstor Alexander Pérez, de 48 años, un venezolano corpulento que ejercía la abogacía en su país. Allí colgó la toga tras recibir varias amenazas, pero el cambio de profesión y de país no le libró de una muerte prematura.

Por Miguel Ezquiaga Fernández | EL PAÍS

Pese al toque de queda que impera en la capital, el servicio a domicilio se presta hasta la medianoche. Una hora antes Néstor recibía en su teléfono el mensaje con las indicaciones del último envío del día, aquel que le costó la vida. La Policía Municipal todavía investiga las causas del siniestro mortal. Dos enfermeros del hospital Clínico San Carlos y otro jubilado del Samur escucharon la colisión desde sus viviendas y bajaron a socorrer a la víctima, que entró en parada cardiorrespiratoria tras fuertes traumatismos en la cabeza y el pecho. En medio de la reanimación, el móvil de Néstor comenzó a sonar. La pantalla indicaba que la llamada se producía desde Caracas. Uno de los sanitarios descolgó, elevando la voz por encima de las sirenas:

—Néstor, cielo, ¿qué pasa?

—Néstor está inconsciente porque ha sufrido un accidente. ¿Tiene familiares o personas cercanas en Madrid?

Fue entonces cuando la prima del otro lado del charco avisó de lo sucedido a Marcos Pérez, de 45 años y hermano del fallecido, quien se presentó en el lugar de los hechos. A la altura del número 168 de la calle de Embajadores se agolpaban las ambulancias y los coches patrulla, aunque la pelea por la vida del repartidor estaba perdida de antemano y este falleció en el acto. Dos psicólogos, vestidos con bata blanca, se aproximaron a Marcos: “No tuvieron que abrir la boca, por su gesto intuí lo que había sucedido. Mi hermano murió sobre el mismo asfalto que recorría cada día”. A raíz de la crisis sanitaria, Néstor abandonó Glovo —aún utilizaba su macuto cuadrado y amarillo— y trabajaba como repartidor sustituto de Deliveroo.

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España

EL INDEPENDIENTE: El Medios y jueces, la conspiranoia del kirchnerismo que copia Podemos en España

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En la obra Cómo mueren las democracias Steven Levitsky y Daniel Ziblatt revelan cómo «las democracias pueden fracasar a manos de líderes electos, de presidentes o de primeros ministros que subvierten el proceso mismo que les condujo al poder». Ese desmantelamiento se hace a pasos pequeños y se va ocultando la represión bajo la apariencia de legalidad.

Por ANA ALONSO | EL INDEPENDIENTE

«De ahí que hacerse con el control de los árbitros sea tan importante». En el caso de los medios, los gobiernos «pueden usar su control de los árbitros para marginar ‘legalmente’ a los medios de comunicación de la oposición, a menudo mediante demandas de libelo y difamación», puede leerse en el ensayo de estos dos profesores de Harvard.

Si desde el poder se arremete contra periodistas que disienten o investigan a quienes están al frente de las instituciones, la libertad de expresión se tambalea. No se trata de corporativismo: los periodistas ejercen su derecho a la libertad de expresión en nombre del ciudadano en una democracia. En palabras de la ex senadora argentina Norma Morandini, «si el corazón de la democracia es la libertad de expresión, al amenazar y criminalizar a la prensa se está desmantelando la democracia».

De ahí que los señalamientos a periodistas de El ConfidencialEl Mundo y Ok Diario realizados desde www.laultimahora.es, el digital que dirige Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias, sean muy preocupantes en una democracia. La Asociación de la Prensa de Madrid (APM) condenó en un comunicado esas «críticas ofensivas» realizadas desde «páginas web que se autodenominan medios de información sin respetar las reglas básicas del periodismo».

Bousselham ha sido la testigo clave en la investigación por descubrimiento y revelación de secretos con agravante de género, daños informáticos y denuncia falsa contra el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.

El jefe del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, salió en tromba en su cuenta de Twitter a defender a «un modesto digital llamado La Última Hora». Sin pista alguna sobre quién lo dirige y su relación con Unidas Podemos.

El caso Santoro

Estas prácticas son bien conocidas por un buen número de periodistas argentinos, entre los que se encuentra Daniel Santoro, quien ganó el Premio Rey Juan Carlos en 1995 por su investigación sobre la venta ilegal de armas a Ecuador y Croacia. Santoro acaba de recibir un fallo de la Cámara Federal del Mar del Plata que ha levantado su procesamiento y ha acusado al juez que le había encausado de graves errores fruto de su mala fe.

Santoro, que trabaja en el Grupo Clarín, ha vivido un calvario en los últimos años. En esta ocasión se atrevió a investigar a Cristina Fernández de Kirchner, quien fuera presidenta (2007-2015) y hoy es vicepresidenta en el gobierno que lidera Alberto Fernández.

«El kirchnerismo quería enjuiciar a los periodistas que habían investigado a CFK y a otros funcionarios. Adopta el concepto de lawfare de los abogados del ex presidente brasileño Lula da Silva. Defiende que hay una conspiración de medios hegemónicos, jueces y Estados Unidos contra los gobiernos populares de América Latina», explica Daniel Santoro, a quien acusaron de violar la ley de inteligencia e intento de extorsión. Le recriminaban por haber enviado un informe de antecedentes comerciales a una fuente, Marcelo D’Alessio, a quien calificaban de agente de la DEA.

Fue Valeska Teixeira, abogada de Lula, quien popularizó la teoría del lawfare y sus seguidores la equiparan con la warfare, o la teoría de la seguridad nacional, aplicada por Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. En lugar de torturas o persecución, esas fuerzas hegemónicas persiguen judicial y mediáticamente a los «representantes del pueblo».

CFK adoptó esta tesis para justificar las causas en su contra y las investigaciones periodísticas como la realizada por Daniel Santoro, autor de La ruta del dinero K, sobre la trama secreta de lavado de dinero que implica a Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo, diputado.

Parten de las tesis del teórico político argentino Ernesto Laclau, que sostiene que «los medios de comunicación han sido siempre un factor de resistencia a la movilización popular, porque se ha dado una enorme monopolización de sos medios de producción en torno a ciertos núcleos centrales». Los enemigos eran los medios hegemónicos, a ojos de Laclau, en quien se inspiran los dirigentes de Unidas Podemos.

CFK no está sola. El constitucionalista argentino Eduardo Barsesat, que integra la fundación Common Action Forum, anunció en enero de 2020 la creación de un Tribunal Ético contra el lawfare.

Para Barsesat, el lawfare tiene aliados poderosos, que son «los relatos periodísticos de medios hegemónicos que anclan en las creencias populares ese vínculo de los políticos y la corrupción». Formaba parte de este Tribunal Ético el juez Baltasar Garzón, que no tardó en desmarcarse.

«Es una concepción del poder que desprecia a la prensa como inherente al sistema democrático para garantizar los derechos ciudadanos a conocer la verdad sobre la honestidad de sus gobernantes», afirma Morandini.

A juicio de la ex senadora, que fue directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, «es deshonesto confundir un foro de debate de ideas, sea cual sea su ideología, con un tribunal político para defender a los funcionarios procesados por corrupción».

Cristina Fernández de Kirchner sabía que la credibilidad es el pilar sobre el que se construye la carrera de un periodista. De ahí que acabar con la credibilidad de Santoro, y de los que se atrevieron a investigar cómo se ha enriquecido en el poder, ha sido uno de sus objetivos.

«CFK sabe que dependemos de nuestra credibilidad. Nos ataca, nos cuestiona, y después salen miles en las redes secundando sus diatribas. Luego nos presentan una denuncia penal. He estado dos años con prohibición de salir del país y pendiente del procesamiento. Ahora una Cámara Federal ha anulado el procesamiento», afirma Santoro.

No hay límites en esta operación de señalamiento y difamación. Llegaron a publicar su dirección y una foto de su esposa. Fomentan la división entre los periodistas, la grieta, de la que habla Santoro, que recuerda cómo el número de periodistas dedicados a casos de investigación se ha reducido a los dedos de una mano.

«Hasta que salió el fallo vivía estresado. Mi familia tenía miedo. Perdí empleos en la radio y en la televisión, aunque el Grupo Clarín siempre me ha respaldado. Gané el Premio Rey de España con una investigación sobre Menem, por la que fue investigad. Menem me criticaba pero nunca mencionó a mi familia. Han pasado todas las líneas rojas», señala Santoro, si bien distingue a Fernández, que respalda a CFK pero «no tiene esa virulencia».

Recuerdan Santoro y Morandini un programa de la televisión pública678, en el que se dedicaban a insultar a los periodistas de medios privados no afines, como el Grupo Clarín. Por ejemplo, elegían al periodista del mes, al que ridiculizaban. CFK, en su segunda presidencia, gestó además la ley de medios, con el objetivo de desbaratar al Grupo Clarín, que le plantaba cara.

Jorge Lanata, que ahora conduce Lanata sin Filtro en Radio Mitre, es uno de sus objetivos por sus investigaciones sobre la corrupción de CFK y familia. Le ridiculizaban, le llamaban «farandulero», incluso crearon un hashtag ad hoc, y cuestionaban continuament su credibilidad.

 

«El debate democrático no justifica la descalificación. Aprendí en la universidad que los periodistas formamos, informamos, entretenemos y somos el guardián de la corrupción. Pero ellos no aceptan que cumplamos esta tarea», concluye Santoro.

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