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Venezuela Política: Alejandro Marín mantiene su defensa pública a pesar de poseer una flota de aviones

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Ser propietario[1] de la empresa My Jet Sarver LLC[2], no ha sido óbice para que Alejandro Javier Marín recibiera el beneficio de la defensa pública en la Corte del Distrito Sur de Nueva York donde es procesado por mentirle al gobierno de los Estados Unidos en el contexto de un programa de cooperación en el que agentes federales recibían información con relación a un esquema de lavado de dinero vinculado a una organización criminal presuntamente operado por funcionarios del régimen venezolano, entre ellos Tareck El-Aissami.

Por Maibort Petit | Venezuela Política

Marín enfrenta tres cargos por hacer una declaración falsa a un agente federal, a saber, una agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) respecto a la retención de un dinero durante una operación encubierta en la que participaba como informante. Uno de estos interrogatorios se produjo el 18 de agosto de 2020 y los otros dos el 28 de agosto del mismo año.

En enero de 2018, Alejandro Marín había firmado un acuerdo para actuar como fuente confidencial de HSI y se comprometió a cooperar en una investigación relacionada con transacciones irregulares e ilegales de co-conspiradores ubicados en los Estados Unidos y en el extranjero. En ese contexto, en junio de 2018 participó en una operación de la investigación y debía transportar el dinero, producto derivado del delito, en un avión privado. Marín debía recoger el dinero de las ganancias ilícitas y llevar el avión a los Estados Unidos donde se confiscaría por ser producto de un delito.

El imputado ocultó el destino de parte del dinero[3]. Cuando se le consultó si había recibido alguna vez una suma de USD 140.000 que eran propiedad del gobierno de los Estados Unidos, Marín dijo que no, cuando en realidad sí lo había recibido. En pocas palabras, el imputado sustrajo la cantidad de los paquetes que debía transportar en la operación[4].

Alejandro Javier Marín se acogió a la defensa pública pero la fiscalía cuestionó tal prerrogativa y la jueza de la causa, Debra Freeman ordenó establecer cuál es la realidad financiera del acusado quien insiste en afirmar que, pese a ser un empresario, los ingresos que percibe se destinan casi en su totalidad al pago de un préstamo de USD 1,4 millones.

Pero ese no ha sido el único beneficio recibido por Marín durante el tiempo en que ha estado procesado por la justicia estadounidense, pues igualmente recibió un préstamo de USD 400 mil dólares del programa de ayuda a los negocios que implementó la administración del expresidente, Donald Trump, destinado a ayudar a las empresas durante la crisis ocasionada por la pandemia del Covid-19[5].

Designación del abogado público

El 18 de noviembre de 2020, la juez de primera instancia de los Estados Unidos, Debra Freeman, ordenó continuar que Alejandro Marín continúa disfrutando el beneficio de designación de un abogado en tanto se determine con certeza si el acusado está en capacidad o no de pagar defensa privada.

Se advierte que, en una etapa posterior de estos procedimientos, el gobierno podría solicitar el reembolso de los honorarios de abogados gastados en virtud de la Ley de Justicia Penal.

La corte también ordenó que la abogada designada para la defensa de Marín informe cualquier cambio en las circunstancias financieras de imputado durante el curso de su enjuiciamiento.

Refiere la orden que el 13 de noviembre de 2020, fue presentado ante el referido tribunal, el imputado Alejandro Javier Marín, acusado de hacer una declaración falsa a un agente federal y se procedió a designarle temporalmente como abogado a Kelley J. Sharkey. Pero se advirtió, con base en la información financiera de la declaración jurada financiera de Marín y las hechas por el gobierno —opuesto al nombramiento de abogado— no estaba claro si el imputado era elegible para ello. Por tal razón, la corte ordenó a Sharkey informar si el nombramiento temporal debería continuar.

La abogada designada había remitido al tribunal una correspondencia el 12 de noviembre de 2020, en la que esa instancia judicial encontró que, si bien Alejandro Marín parecía tener activos sustanciales, igualmente parecía estar significativamente endeudado y con poca liquidez en sus activos y sin efectivo disponible. Se indica que antes de su arresto, Marín presuntamente obtenía ingresos como piloto, luego de haber ordenado la prisión preventiva del acusado se desconoce si los ingresos continuarán. En este sentido, si bien el gobierno ha argumentado que podría obtener fondos de su negocio familiar aún en funcionamiento —recientemente obtuvo un préstamo PPE Pandemic de USD 400.000— el abogado Sharkey manifestó que, según su cliente, cualquier ganancia de la empresa se utiliza para pagar una deuda de USD 1.4 millones.

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La ofensiva de falsas acusaciones de Gonzalo Morales Divo, venezolano que se declaró culpable de sobornos en los Estados Unidos, contra críticos del “Gobierno interino” de Juan Guaidó

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Por Karem Galvez

Gonzalo Morales Divo es un empresario venezolano con una doble moral, pues mientras por un lado se declaraba culpable en los Estados Unidos de conspirar con su asociado José Manuel González Testino para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, acusado del pago de sobornos para obtener contrataciones con sobreprecio en CITGO, por el otro se ha dedicado a manejar la imagen del conocido como «Gobierno interino» de Juan Guaidó, mediante diferentes sitios en línea, en donde arremeten contra los críticos de Guaidó y contra otras personas vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

En diferentes sitios web Morales sometería al escarnio público a personas molestas a sus intereses.

Hace un par de meses Morales sufrió un accidente cerebrovascular, que según personas próximas al empresario, se debió supuestamente a una sobredosis de cocaína combinada con whisky. El cuadro clínico se complicó producto de un padecimiento hepático subyacente.

Para su restablecimiento, los médicos debieron inducirle el estado de coma, presumiéndose que su condición crítica pudiera ocasionarle secuelas, como daños neuronales, que le dificultarían la recuperación del habla. Luego de salir del coma inducido el empresario envió grabaciones de voz a personas próximas a él con sus primeras palabras, en donde les manifiesta: «nos vemos luego, esto es lento pero seguro» y «… los quiero mucho, cuidense…«.

Morales controla un pool de sitios en línea al servicio del Centro de Comunicación Nacional, dirigido por el periodista Alberto Federico Ravell, entidad creada por el «Gobierno interino» de Juan Guaidó. El empresario tendría una vinculación estrecha con Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó.

Gonzalo Morales es un confeso enemigo del investigador anticorrupción venezolano Alek Boyd, quien en algunas ocasiones ha denunciado las amenazas que ha recibido del empresario. Opositor a Maduro, Boyd es también un férreo crítico de Juan Guaidó y su «Gobierno interino». Morales tuvo en el pasado una relación sentimental con la actriz de telenovelas de su misma nacionalidad, Fabiola Colmenares. Es considerado cercano a la cúpula del partido político Voluntad Popular, fundado por el opositor Leopoldo López, así como del círculo próximo de Lilian Tintori, esposa de López.

En otro capítulo de la pugna Morales-Boyd, mediante sitios en línea vinculados directa o indirectamente a Morales se han difundido en fecha reciente serias acusaciones contra el investigador Alek Boyd y familiares de éste, que parecen obedecer a una campaña plagada de falsos señalamientos para desprestigiar la buena reputación de la familia Boyd.

Las imágenes mostradas son evidencias de la campaña de falsas acusaciones desplegadas en distintos sitios web vinculados a Morales contra el investigador y su familia.


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Informe de inteligencia estadounidense advierte de la influencia de Rusia en Venezuela

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La nueva cúpula de inteligencia de Estados Unidos, designada por Joe Biden, ha identificado las injerencias de Rusia como la mayor amenaza para Iberoamérica, en especial por su creciente apoyo a los regímenes de Cuba y Venezuela. En un informe anual para el Capitolio que no se publicaba en dos años, por las tensiones de Donald Trump con las agencias de inteligencia, estas últimas afirman que «en el continente americano, Rusia ha reforzado su apoyo a Venezuela y a Cuba y ha utilizado la venta de armas y los acuerdos energéticos para tratar de ampliar el acceso a los mercados y recursos naturales en América Latina, en parte para contrarrestar algunos de los efectos de las sanciones».

Por David Alandete | ABC

La nueva directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, ha comunicado a la comisión de Inteligencia del Senado que China y Rusia son las principales amenazas geoestratégicas para EE.UU. Según Haines, «China es un rival cada vez más fuerte, que desafía a EE.UU. en múltiples ámbitos, especialmente el económico, militar y tecnológico, y está presionando para cambiar las normas globales. Rusia está presionando a Washington donde puede a nivel global, empleando técnicas que incluyen el uso de la fuerza».

Especialmente preocupante para Washington es el desembarco ruso en Venezuela, a cuyo régimen apoya abiertamente el Kremlin con asistencia militar. La amenaza, dice el informe, afecta no sólo a EE.UU., sino también a sus aliados en Europa. «Moscú continuará empleando un gran abanico de tácticas destinadas a socavar la influencia de EE.UU., desarrollar nuevas relaciones internacionales, dividir a socios y debilitar las alianzas occidentales, y demostrar la capacidad de Rusia para influir a nivel global como un actor importante en un nuevo orden internacional multipolar», asegura.

Esa influencia rusa pasa por dejar huella en Iberoamérica, algo que el Kremlin hace con su injerencia en Cuba y Venezuela. Este último país tiene un gran riesgo de desestabilizar la región. «La crisis política y económica en Venezuela continuará, lo que mantendrá el éxodo de venezolanos al resto de la región y agregará tensión a los gobiernos que se enfrentan a algunas de las tasas de infección y muerte por Covid19 más altas del mundo», asegura.

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Los accionistas de Plus Ultra en la mira de Estados Unidos ligados a un banco en Dominica utilizado para vender bonos de PDVSA

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Los dos accionistas venezolanos de Plus Ultra que están en el punto de mira de la Inteligencia de Estados Unidos, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Bórquez Tarff, mantienen lazos con un banco del Caribe que fue utilizado en 2017 por el Gobierno de Nicolás Maduro para articular una operación de venta de bonos que permitió al régimen chavista acceder a financiación internacional. Por el camino, se quedaron presuntas comisiones ilegales por importe de 150 millones de dólares. Tobía Roye y Bórquez Tarff entraron en 2018 en el accionariado de la aerolínea que ha recibido 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez. Cada uno de ellos inyectó 1,23 millones de euros y pasaron a ocupar un asiento en el consejo de administración de la compañía. La embajada de Estados Unidos en Madrid ha solicitado colaboración a España para rastrear ese movimiento ante la sospecha de que se trataría de una operación de lavado de dinero procedente de la corrupción de Venezuela.

Por José María Olmo / elconfidencial.com

En sus pesquisas, la Administración de Washington relaciona a Tobía Roye y Bórquez Tarff con un banco de Puerto Rico, Andcapital Bank, que estaría aprovechando el estatus financiero privilegiado de ese territorio para introducir fondos de origen ilegal en Estados Unidos. De ahí habrían salido los 2,4 millones de euros invertidos por estos empresarios en Plus Ultra, según han revelado a El Confidencial fuentes próximas a las averiguaciones. Pero, además de ese banco, de la sombra de Tobía Roye y Bórquez Tarff emerge una segunda entidad en el Caribe. Se trata del Commonwealt Bank & Trust de Dominica. En 2017, el entonces presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición venezolana, Julio Borges, denunció ante Estados Unidos que el Ejecutivo de Maduro había vendido bonos de la petrolera estatal PDVSA al banco Goldman Sachs por un valor de 2.900 millones de dólares para acceder por esa vía a recursos financieros.

El banco estadounidense compró los bonos de la mayor empresa venezolana con un descuento del 69%. Solo pagó por ellos en torno a 865 millones de euros. Borges reprochó a Washington que uno de sus mayores bancos hubiera acudido al rescate del chavismo insuflándole recursos en un momento crítico para el sistema y también advirtió de que, en esa operativa, se utilizaron oscuros bancos intermediarios que estaban vinculados a los jerarcas del régimen. En concreto, los bonos de PDVSA fueron adquiridos en un primer momento por Commonwealt Bank & Trust, la entidad de los accionistas de Plus Ultra. Después, se los transfirió a un pequeño banco de Londres, Dinosaur Merchant Bank, y de ahí pasaron finalmente a una oficina de Líbano, Midclear SAL, que ejecutó el traspaso a Goldman Sachs. Sin embargo, no todo el dinero abonado por la entidad norteamericana llegó a las arcas de Venezuela. En el proceso, desaparecieron 150 millones de dólares en concepto de supuestas comisiones ilegales, expuso Borges. El propio Banco del Tesoro de Venezuela, equivalente al Banco de España, se refirió en 2017 al Commonwealth Bank como uno de sus bancos corresponsales en el mundo.

Los ecos de ese escándalo retumban ahora en la aerolínea salvada por la SEPI con un crédito de 53 millones de euros, a pesar de que su cuota de mercado en España no llega al 0,1%. Otra entidad clave en la supervivencia de la empresa se encuentra igualmente bajo el foco de los investigadores. Se trata de la entidad panameña Panacorp Casa de Valores, que en diciembre de 2017 otorgó a la aerolínea un préstamo participativo de 7,5 millones de dólares que fue utilizado para costear dos de los tres aviones que integraban en ese momento su flota. Tobía Roye y Bórquez Tarff tienen una estrecha vinculación con el chavismo. Se les considera próximos al exvicepresidente José Vicente Rangel Vale (fallecido el pasado diciembre) y al hijo de este, José Vicente Rangel Ávalos, dos pesos pesados del todopoderoso Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Las pesquisas de la Inteligencia de Estados Unidos añaden más presión al Gobierno de Sánchez, que ya ha recibido las críticas de la oposición por ayudar a Plus Ultra atendiendo a criterios desconocidos. La CNMC no fue consultada por el Gobierno antes de aprobar el rescate.

Vía elconfidencial.com

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