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Así describían en 2017 cómo el bolichico Alejandro Betancourt, propietario ahora de la marca Hawkers, amasó una fortuna con petrodólares venezolanos

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Ballard Partners se ha convertido en uno de los ‘lobbies’ más cotizados de Washington DC, uno de los mejores instrumentos de influencia ante la Administración Trump que se puede pagar con dinero. Lo contratan gobiernos extranjeros, algunas de las principales empresas de EEUU en sectores regulados, además de multinacionales como Amazon o American Airlines, reseñaron Ángel Villarino y Marcos García Rey en 2017 en El Confidencial.

A finales de octubre, a un consultor acostumbrado a rastrear las listas de clientes de los grupos de presión le llamaron poderosamente la atención dos nuevos nombres recién registrados: el de una televisión venezolana, Globovisión, en manos de un empresario cercano al chavismo, y el de la filial de una empresa española que vende gafas de sol por internet, Hawkers. El consultor resumía su estupor así: “No vas a encontrar a nadie en todo Washington que te pueda explicar eso porque una empresa así no necesita para nada un lobby de presión como Ballard». Para encontrarle sentido, decía, hay que llegar hasta el final de esta historia.

La idea de contratar los servicios de Ballard no se les ocurrió a los jóvenes emprendedores de Elche que han levantado en tiempo récord la ‘startup’ de moda. La estrategia proviene del entorno de Alejandro Betancourt, un multimillonario venezolano de 37 años que entró como un vendaval en la alta sociedad española hace poco más de un lustro y cuya fortuna lleva siendo investigada por la Justicia estadounidense desde 2014. Su historia ha salpicado durante años las páginas de la prensa venezolana y estadounidense, incluido ‘The Wall Street Journal’.

Los creadores de Hawkers lo conocieron a mediados de 2016. Se estaban convirtiendo en los chicos de oro y buscaban un socio capitalista a medida. De entre todos los candidatos que se acercaron a ellos, Betancourt era el inversor perfecto. Estaba dispuesto, recuerdan, a meter en torno a 40 millones de euros y gastarlos “en total sintonía con las ideas fundacionales”. Francisco Pérez, fundador y actual director general, dice que el venezolano “fue uno de los pocos ‘players’ que respetaban y les gustaba nuestra cultura y filosofía”.

Como ejemplo de la «sintonía» existente, relatan una anécdota reciente. Hawkers acaba de encargar un Tyrannosaurus Rex gigantesco, «igualito al de Parque Jurásico», una mascota que quieren convertir en el símbolo de sus nuevas oficinas de Elche. “Si a cualquier inversor industrial de los que vinieron a vernos le digo que nos queremos gastar decenas de miles de euros en un dinosaurio para ponerlo en la ofi, se piensan que estamos locos. Pero a ‘Bet’ —así le llama—, que es un tío de 37 años, podemos convencerle y acaba entusiasmado como nosotros”.

Hoy presidente de la sociedad matriz que controla Hawkers (Saldum Ventures SL), Leopoldo Alejandro Betancourt López (Caracas, 1980) no es, efectivamente, un inversor convencional. Su nombre empezó a sonar en España en 2012 cuando su sociedad Derwick Associates compró en subasta por más de 22 millones de euros una finca de caza de 1.600 hectáreas en Toledo, levantada sobre un castillo andalusí del siglo X y expropiada a Gerardo Díaz-Ferrán. El joven empresario, titular de una fortuna inmensa, se hizo pronto famoso por sus fiestas y logró codearse con buena parte de la ‘jet set’ española, desde los hermanos Cortina a la familia del torero Palomo Linares. A Hawkers llegó de la mano de los cofundadores de Tuenti, Félix Ruiz y Hugo Arévalo.

Por aquel entonces, su nombre llevaba ya un tiempo sonando en Venezuela. Personas cercanas a su entorno explican que es descendiente de un expresidente venezolano, Hermógenes López, pero se crio en una familia de la alta sociedad caraqueña venida a menos. Su padre es el pianista Leopoldo Betancourt y su madre, la diseñadora de joyas Lilia López, relacionada en las páginas cuché al difunto torero Palomo Linares. “Era una familia de dinero, pero no millonarios. Ni siquiera tenían chófer, algo muy común entre la gente con dinero en Caracas, hasta que entró en tratos con el Gobierno”, resumen.

Aunque pasa mucho tiempo en España (incluso celebró su boda en Madrid), Betancourt sigue manteniendo su residencia fiscal en Venezuela, estrechas relaciones dentro del Gobierno de Nicolás Maduro y lleva a cabo fructíferos negocios en asociación con la petrolera rusa Gazprom. La sociedad alrededor de la cual gravitan sus negocios y el origen de su fortuna, Derwick Associates, está siendo investigada por varias agencias federales en EEUU, según diversas fuentes. En el contexto de las pesquisas que se están llevando a cabo en ese país sobre una presunta red de sobornos, en octubre se desencadenó el arresto en España de cuatro ex altos funcionarios venezolanos que esperan a ser extraditados a Houston.

‘Bolichico’ Betancourt

Nervis Villalobos Cárdenas, Luis Carlos de León, César Rincón Godoy y Rafael Reiter fueron detenidos a finales de octubre por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Todos ellos habían ocupado cargos públicos en instituciones y compañías estatales de su país vinculadas al sector energético. La orden de arresto tuvo su origen en un requerimiento del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Seguidamente, fueron puestos a disposición del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional. Un tribunal de la ciudad tejana de Houston los está investigando por supuesto blanqueo de capitales.

Se han vertido ríos de tinta sobre cómo altos funcionarios y ejecutivos cercanos al chavismo se han enriquecido supuestamente de forma ilícita con los negocios de PDVSA y otras empresas del sector energético venezolano. Han hecho fortuna dos términos para referirse a esos beneficiados de la revolución bolivariana de Hugo Chávez: los ‘boliburgueses’, que son los representantes del círculo más cercano de la generación del malogrado presidente; y los ‘bolichicos’, los hijos de los primeros o simplemente personas más jóvenes que están ahora en la treintena. Alejandro Bentacourt es el paradigma del ‘bolichico’.

Sobre el método que utilizaron para reunir su fortuna no hay tanta información. Es decir, sobre cómo esos ‘bolichicos” amasaron ingentes cantidades de dinero gracias a supuestos esquemas de corrupción que están siendo investigados a fondo en Estados Unidos por varios órganos federales, según confirman a este diario fuentes cercanas a las diligencias.

Desde 2013, un par de demandas civiles (que no deben confundirse con las investigaciones criminales) han descrito en sus alegaciones esas tramas de supuesto enriquecimiento ilícito de los ‘bolichicos’. Fueron interpuestas por Otto Reich, exembajador estadounidense en Caracas, en un tribunal de Nueva York, y por Thor Halvorssen, activista y presidente de Human Rights Foundation, en uno de Miami. Ambas iban dirigidas contra Betancourt y la sociedad matriz que consiguió los contratos en Venezuela, Derwick Associates, además de contra otras dos personas asociadas a esa empresa con sede en su país de origen y Barbados y su primo Pedro Trebbau López.

Procesos desestimados

Los dos procesos judiciales fueron archivados por falta de competencia jurisdiccional, no porque los hechos planteados fueran inciertos. El de Miami, además, está recurrido. Con todo, fuentes cercanas a Betancourt insisten en que las demandas civiles fueron rechazadas, sin que actualmente Betancourt se encuentre vinculado ni directa ni indirectamente a ningún proceso legal en su contra.

El modelo de negocio que describen las demandas era muy sencillo: desde Estados Unidos, los ‘bolichicos’ estarían ofreciendo sobornos de millones de dólares a los altos ejecutivos de las compañías estatales venezolanas para asegurarse la concesión de obras en el sector de la construcción de plantas de energía. Así, se estarían beneficiando de un “proceso de contratación directa” que les evitaba tener competidores. Una vez que Derwick Associates recibía el dinero de los contratos en cuentas de Nueva York —siempre según las demandas—, lo transferían a los sobornados en bancos de Estados Unidos. Seguidamente, los empresarios subcontrataban a otras compañías para llevar a cabo las obras en Venezuela, ya que sus firmas eran simples intermediarias y no tenían capacidad técnica para llevarlas a término.

Según fuentes cercanas a las investigaciones en marcha, los beneficiarios de este esquema estarían blanqueando el dinero a través de numerosos bancos en Europa y Estados Unidos. En 2016, el entonces fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Preet Bharara (destituido por Trump), ya había solicitado a las autoridades suizas información sobre las cuentas relacionadas con esa supuesta trama que estaría esquilmando los recursos de PDVSA y la sociedad estatal eléctrica Corpoelec. Esas fuentes confirman que el exhorto también afectaba a cuentas relacionadas con Derwick Associates y sus directivos. Menciones a dicha investigación han aparecido en los últimos meses en publicaciones como ‘The Wall Street Journal’ y, con más detalle, en la bitácora del periodista y activista Alek Boyd, quien asegura estar sufriendo una campaña de acoso contra su persona desde que empezó a investigar el caso.

Expertos independientes han denunciado el esquema de sobreprecios pagados por las compañías estatales. En agosto de 2013, el consultor experto en el sector energético José. G. Aguilar publicó un estudio sobre 40 contratos otorgados. En apenas 14 meses, entre 2009 y 2010, 12 de los 14 solicitados por Derwick le fueron adjudicados sin concurso por PDVSA, Corpoelec y Corporación Venezolana de Guyana. En el análisis de Aguilar se recogen 11 de los 12 que fueron concedidos inicialmente por 2.873 millones de dólares, pero que finalmente Derwick facturó por 5.044 millones, según sus estimaciones. El sobreprecio fue, por tanto, de más de 2.000 millones de dólares.**

“No hay ni una sola sombra de duda de que el esquema de malversación de fondos y sobornos denunciado en mi demanda es cierto”, afirma Halvorssen a El Confidencial. Y añade la persona que demandó en Miami a Derwick: “Hay varias investigaciones criminales contra Betancourt y D’Agostino en Texas y Nueva York. Eso es incuestionable. Yo mismo he sido entrevistado por varias agencias federales sobre el tema”.

Una fuente cercana a las pesquisas que se siguen en Estados Unidos subraya que “es un hecho que hay investigaciones en marcha [sobre Betancourt]. Las agencias federales son muy rigurosas porque no quieren perder ningún caso en sede judicial y se toman su tiempo para verificar la información, pero están en ello”. Desde el entorno de Betancourt, sin embargo, lo niegan rotundamente.

Sobre el proceso que ha provocado las recientes detenciones en España de ‘bolichicos’, Halvorssen afirma que “la investigación de Houston está relacionada con Betancourt, por supuesto. Los que están bajo arresto en España, como Nervis Villalobos, fueron sobornados por Convit [su socio]. Sin duda alguna, Convit sobornó a Villalobos personalmente. Y eso me consta porque he visto la prueba documental”.

Francisco Antonio Convit es codirector junto al presidente de Hawkers de al menos dos sociedades en Barbados, Derwick Oil and Gas Corporation y Diamanven Corp, según se ha podido saber gracias a Paradise Papers, trabajo en que ha participado El Confidencial junto a La Sexta en España y que han coordinado ‘Süddeutsche Zeitung’ y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Por su lado, Nervis Villalobos fue director general de Energía del Ministerio de Energía y Minas de Venezuela y viceministro de Energía Eléctrica entre 2001 y 2006.

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La ofensiva de falsas acusaciones de Gonzalo Morales Divo, venezolano que se declaró culpable de sobornos en los Estados Unidos, contra críticos del “Gobierno interino” de Juan Guaidó

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Por Karem Galvez

Gonzalo Morales Divo es un empresario venezolano con una doble moral, pues mientras por un lado se declaraba culpable en los Estados Unidos de conspirar con su asociado José Manuel González Testino para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, acusado del pago de sobornos para obtener contrataciones con sobreprecio en CITGO, por el otro se ha dedicado a manejar la imagen del conocido como «Gobierno interino» de Juan Guaidó, mediante diferentes sitios en línea, en donde arremeten contra los críticos de Guaidó y contra otras personas vinculadas al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.

En diferentes sitios web Morales sometería al escarnio público a personas molestas a sus intereses.

Hace un par de meses Morales sufrió un accidente cerebrovascular, que según personas próximas al empresario, se debió supuestamente a una sobredosis de cocaína combinada con whisky. El cuadro clínico se complicó producto de un padecimiento hepático subyacente.

Para su restablecimiento, los médicos debieron inducirle el estado de coma, presumiéndose que su condición crítica pudiera ocasionarle secuelas, como daños neuronales, que le dificultarían la recuperación del habla. Luego de salir del coma inducido el empresario envió grabaciones de voz a personas próximas a él con sus primeras palabras, en donde les manifiesta: «nos vemos luego, esto es lento pero seguro» y «… los quiero mucho, cuidense…«.

Morales controla un pool de sitios en línea al servicio del Centro de Comunicación Nacional, dirigido por el periodista Alberto Federico Ravell, entidad creada por el «Gobierno interino» de Juan Guaidó. El empresario tendría una vinculación estrecha con Gustavo Guaidó, hermano de Juan Guaidó.

Gonzalo Morales es un confeso enemigo del investigador anticorrupción venezolano Alek Boyd, quien en algunas ocasiones ha denunciado las amenazas que ha recibido del empresario. Opositor a Maduro, Boyd es también un férreo crítico de Juan Guaidó y su «Gobierno interino». Morales tuvo en el pasado una relación sentimental con la actriz de telenovelas de su misma nacionalidad, Fabiola Colmenares. Es considerado cercano a la cúpula del partido político Voluntad Popular, fundado por el opositor Leopoldo López, así como del círculo próximo de Lilian Tintori, esposa de López.

En otro capítulo de la pugna Morales-Boyd, mediante sitios en línea vinculados directa o indirectamente a Morales se han difundido en fecha reciente serias acusaciones contra el investigador Alek Boyd y familiares de éste, que parecen obedecer a una campaña plagada de falsos señalamientos para desprestigiar la buena reputación de la familia Boyd.

Las imágenes mostradas son evidencias de la campaña de falsas acusaciones desplegadas en distintos sitios web vinculados a Morales contra el investigador y su familia.


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Informe de inteligencia estadounidense advierte de la influencia de Rusia en Venezuela

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La nueva cúpula de inteligencia de Estados Unidos, designada por Joe Biden, ha identificado las injerencias de Rusia como la mayor amenaza para Iberoamérica, en especial por su creciente apoyo a los regímenes de Cuba y Venezuela. En un informe anual para el Capitolio que no se publicaba en dos años, por las tensiones de Donald Trump con las agencias de inteligencia, estas últimas afirman que «en el continente americano, Rusia ha reforzado su apoyo a Venezuela y a Cuba y ha utilizado la venta de armas y los acuerdos energéticos para tratar de ampliar el acceso a los mercados y recursos naturales en América Latina, en parte para contrarrestar algunos de los efectos de las sanciones».

Por David Alandete | ABC

La nueva directora de Inteligencia Nacional, Avril Haines, ha comunicado a la comisión de Inteligencia del Senado que China y Rusia son las principales amenazas geoestratégicas para EE.UU. Según Haines, «China es un rival cada vez más fuerte, que desafía a EE.UU. en múltiples ámbitos, especialmente el económico, militar y tecnológico, y está presionando para cambiar las normas globales. Rusia está presionando a Washington donde puede a nivel global, empleando técnicas que incluyen el uso de la fuerza».

Especialmente preocupante para Washington es el desembarco ruso en Venezuela, a cuyo régimen apoya abiertamente el Kremlin con asistencia militar. La amenaza, dice el informe, afecta no sólo a EE.UU., sino también a sus aliados en Europa. «Moscú continuará empleando un gran abanico de tácticas destinadas a socavar la influencia de EE.UU., desarrollar nuevas relaciones internacionales, dividir a socios y debilitar las alianzas occidentales, y demostrar la capacidad de Rusia para influir a nivel global como un actor importante en un nuevo orden internacional multipolar», asegura.

Esa influencia rusa pasa por dejar huella en Iberoamérica, algo que el Kremlin hace con su injerencia en Cuba y Venezuela. Este último país tiene un gran riesgo de desestabilizar la región. «La crisis política y económica en Venezuela continuará, lo que mantendrá el éxodo de venezolanos al resto de la región y agregará tensión a los gobiernos que se enfrentan a algunas de las tasas de infección y muerte por Covid19 más altas del mundo», asegura.

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Los accionistas de Plus Ultra en la mira de Estados Unidos ligados a un banco en Dominica utilizado para vender bonos de PDVSA

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Los dos accionistas venezolanos de Plus Ultra que están en el punto de mira de la Inteligencia de Estados Unidos, Héctor Antonio Tobía Roye y Flavio Bórquez Tarff, mantienen lazos con un banco del Caribe que fue utilizado en 2017 por el Gobierno de Nicolás Maduro para articular una operación de venta de bonos que permitió al régimen chavista acceder a financiación internacional. Por el camino, se quedaron presuntas comisiones ilegales por importe de 150 millones de dólares. Tobía Roye y Bórquez Tarff entraron en 2018 en el accionariado de la aerolínea que ha recibido 53 millones de euros del Gobierno de Pedro Sánchez. Cada uno de ellos inyectó 1,23 millones de euros y pasaron a ocupar un asiento en el consejo de administración de la compañía. La embajada de Estados Unidos en Madrid ha solicitado colaboración a España para rastrear ese movimiento ante la sospecha de que se trataría de una operación de lavado de dinero procedente de la corrupción de Venezuela.

Por José María Olmo / elconfidencial.com

En sus pesquisas, la Administración de Washington relaciona a Tobía Roye y Bórquez Tarff con un banco de Puerto Rico, Andcapital Bank, que estaría aprovechando el estatus financiero privilegiado de ese territorio para introducir fondos de origen ilegal en Estados Unidos. De ahí habrían salido los 2,4 millones de euros invertidos por estos empresarios en Plus Ultra, según han revelado a El Confidencial fuentes próximas a las averiguaciones. Pero, además de ese banco, de la sombra de Tobía Roye y Bórquez Tarff emerge una segunda entidad en el Caribe. Se trata del Commonwealt Bank & Trust de Dominica. En 2017, el entonces presidente de la Asamblea Nacional controlada por la oposición venezolana, Julio Borges, denunció ante Estados Unidos que el Ejecutivo de Maduro había vendido bonos de la petrolera estatal PDVSA al banco Goldman Sachs por un valor de 2.900 millones de dólares para acceder por esa vía a recursos financieros.

El banco estadounidense compró los bonos de la mayor empresa venezolana con un descuento del 69%. Solo pagó por ellos en torno a 865 millones de euros. Borges reprochó a Washington que uno de sus mayores bancos hubiera acudido al rescate del chavismo insuflándole recursos en un momento crítico para el sistema y también advirtió de que, en esa operativa, se utilizaron oscuros bancos intermediarios que estaban vinculados a los jerarcas del régimen. En concreto, los bonos de PDVSA fueron adquiridos en un primer momento por Commonwealt Bank & Trust, la entidad de los accionistas de Plus Ultra. Después, se los transfirió a un pequeño banco de Londres, Dinosaur Merchant Bank, y de ahí pasaron finalmente a una oficina de Líbano, Midclear SAL, que ejecutó el traspaso a Goldman Sachs. Sin embargo, no todo el dinero abonado por la entidad norteamericana llegó a las arcas de Venezuela. En el proceso, desaparecieron 150 millones de dólares en concepto de supuestas comisiones ilegales, expuso Borges. El propio Banco del Tesoro de Venezuela, equivalente al Banco de España, se refirió en 2017 al Commonwealth Bank como uno de sus bancos corresponsales en el mundo.

Los ecos de ese escándalo retumban ahora en la aerolínea salvada por la SEPI con un crédito de 53 millones de euros, a pesar de que su cuota de mercado en España no llega al 0,1%. Otra entidad clave en la supervivencia de la empresa se encuentra igualmente bajo el foco de los investigadores. Se trata de la entidad panameña Panacorp Casa de Valores, que en diciembre de 2017 otorgó a la aerolínea un préstamo participativo de 7,5 millones de dólares que fue utilizado para costear dos de los tres aviones que integraban en ese momento su flota. Tobía Roye y Bórquez Tarff tienen una estrecha vinculación con el chavismo. Se les considera próximos al exvicepresidente José Vicente Rangel Vale (fallecido el pasado diciembre) y al hijo de este, José Vicente Rangel Ávalos, dos pesos pesados del todopoderoso Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Las pesquisas de la Inteligencia de Estados Unidos añaden más presión al Gobierno de Sánchez, que ya ha recibido las críticas de la oposición por ayudar a Plus Ultra atendiendo a criterios desconocidos. La CNMC no fue consultada por el Gobierno antes de aprobar el rescate.

Vía elconfidencial.com

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