La Nueva Prensa<\/a> reflej\u00f3 las palabras de un fiscal que ha sufrido persecuci\u00f3n por rehusarse a participar en actividades il\u00edcitas solicitadas por Barbosa, Mancera o sus delegados. Seg\u00fan este testimonio, “Un pa\u00eds sin justicia es un pa\u00eds sin paz”, haciendo referencia a la desesperaci\u00f3n de los ciudadanos al verse obligados a tomar la justicia por su propia mano ante la inacci\u00f3n estatal.<\/p>\nEl archivo de investigaciones de alto perfil<\/h3>\n
Fuentes confiables dentro de la Fiscal\u00eda han revelado que entre los casos desechados se encuentran investigaciones de gran envergadura y resonancia internacional. Tal es el caso del esc\u00e1ndalo ODEBRECHT, que implicaba a Gina Mar\u00eda Parody D’echeona, exministra de Educaci\u00f3n Nacional, y su familia. La defensa de Parody estaba a cargo de \u00c1ngela Mar\u00eda Buitrago Ru\u00edz, una de las tres candidatas actuales a la Fiscal\u00eda General. Este caso fue archivado por Gabriel Ram\u00f3n Jaimes Dur\u00e1n, alto funcionario de la entidad y conocido internamente como uno de los “sicarios judiciales” del despacho.<\/p>\n
Otro archivo de gran significado fue el del empresario Luis Carlos Sarmiento Guti\u00e9rrez, relacionado con delitos de inter\u00e9s indebido en la celebraci\u00f3n de contratos y cohecho, propietario de las empresas beneficiadas con el contrato Ruta del Sol II. Este \u00faltimo pose\u00eda un inter\u00e9s preponderante en apoderarse de la concesi\u00f3n de la navegabilidad del r\u00edo Magdalena, cuya relevancia en el transporte de mercanc\u00edas supera al terrestre, a\u00e9reo y f\u00e9rreo. La investigaci\u00f3n, identificada con el n\u00famero 110016000000202100392 y fechada el 26 de febrero de 2021, fue tambi\u00e9n clausurada sin mayores explicaciones.<\/p>\n
Archivos personales y familiares en la c\u00faspide de la Fiscal\u00eda<\/h3>\n
En una trama que toca las esferas m\u00e1s altas de la Fiscal\u00eda, se encuentra el archivo del caso CUI No. 110016000102202200242, concerniente a Walfa Constanza T\u00e9llez Duarte, esposa de Barbosa. T\u00e9llez Duarte fue se\u00f1alada por contratar con una empresa a la que previamente hab\u00eda ejercido control fiscal, siendo delegada de la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica. Este asunto qued\u00f3 en manos de Javier Fernando C\u00e1rdenas P\u00e9rez, fiscal Tercero Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, quien tambi\u00e9n es se\u00f1alado por entorpecer el caso contra Uribe V\u00e9lez por compra de testigos.<\/p>\n
Martha Mancera, por su parte, no se qued\u00f3 atr\u00e1s en cuanto a controversias; no solo archiv\u00f3 investigaciones contra su persona por narcotr\u00e1fico, sino tambi\u00e9n dio carpetazo a las que involucraban a su hermano, Alexander Su\u00e1rez Mancera. Alexander, quien pas\u00f3 de t\u00e9cnico de computadores a fiscal delegado tras un curso breve, fue acusado de ingresar ilegalmente al sistema de informaci\u00f3n de la entidad (SPOA) para obtener datos personales de ciudadanos investigados de manera il\u00edcita, beneficiando a criminales de diversa \u00edndole. El caso, registrado bajo el CUI No. 110016000101201900064, fue archivado por N\u00e9stor Armando Novoa Vel\u00e1squez, subalterno de Mancera.<\/p>\n
La vicefiscal y el archivo de sus propios casos<\/h3>\n
En un giro a\u00fan m\u00e1s sorprendente, Martha Mancera procedi\u00f3 a archivar todas las investigaciones penales existentes en su contra, previo a asumir el rol de fiscal general encargada tras el retiro vacacional de Barbosa el pasado 20 de diciembre. Se especula que su estancia en el cargo podr\u00eda extenderse, derivado de un presunto pacto secreto entre Barbosa y algunos magistrados de la Corte Suprema. Cabe destacar que su per\u00edodo finaliza el 12 de febrero de 2024. Uno de los casos que Mancera archiv\u00f3 fue el CUI No. 110016000102202100220, relacionado con un delito de prevaricato por omisi\u00f3n fechado el 4 de diciembre de 2023, y cuyo archivo estuvo a cargo de Hern\u00e1n Su\u00e1rez Delgado, Fiscal Cuarto Delegado ante la Corte Suprema de Justicia, por una supuesta “atipicidad de la conducta”. Sin embargo, fuentes internas contradicen esta versi\u00f3n, sosteniendo que las pruebas apuntan a la falsedad de tal afirmaci\u00f3n.<\/p>\n
El panorama descrito por estos hechos pinta una imagen desalentadora de la justicia en Colombia, donde la impunidad parece ser la norma y las investigaciones de corrupci\u00f3n de alto nivel son sistem\u00e1ticamente relegadas al olvido. Este reportaje devela una estructura donde el acceso a la justicia parece medirse por la cercan\u00eda al poder, dejando a la ciudadan\u00eda en un laberinto de desconfianza y desesperanza.<\/p>\n
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