{"id":4223,"date":"2025-01-03T21:23:23","date_gmt":"2025-01-03T21:23:23","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=4223"},"modified":"2025-01-10T10:31:25","modified_gmt":"2025-01-10T10:31:25","slug":"jesus-escudero-y-raul-reyes-revilla-en-el-centro-de-la-polemica-por-caso-bangente-ejecutivos-son-acusados-de-presunta-extorsion-y-terrorismo-judicial","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2025\/01\/03\/jesus-escudero-y-raul-reyes-revilla-en-el-centro-de-la-polemica-por-caso-bangente-ejecutivos-son-acusados-de-presunta-extorsion-y-terrorismo-judicial\/","title":{"rendered":"Jes\u00fas Escudero y Ra\u00fal Reyes Revilla en el centro de la pol\u00e9mica por caso Bangente: Ejecutivos son acusados de presunta extorsi\u00f3n y terrorismo judicial"},"content":{"rendered":"

En Venezuela, un turbio episodio de presunto abuso de poder y corrupci\u00f3n ha salido a la luz, involucrando al Banco de la Gente Emprendedora (Bangente) y al conglomerado tecnol\u00f3gico Grupo Tranred. Los abogados Ra\u00fal Jos\u00e9 Reyes Revilla y Jes\u00fas Escudero, actuando en nombre de Grupo Alaz\u00e1n C.A., son se\u00f1alados como los art\u00edfices de un esquema sistem\u00e1tico de terrorismo judicial y extorsi\u00f3n empresarial. A trav\u00e9s de presiones judiciales, amenazas veladas y una aparente manipulaci\u00f3n de las instituciones, se les acusa de intentar despojar a los leg\u00edtimos propietarios de Bangente y del complejo de empresas que conforma Tranred, evitando cumplir con las obligaciones de pago acordadas.<\/p>\n

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Ra\u00fal Reyes Revilla<\/figcaption><\/figure>\n

Las compa\u00f1\u00edas que integran el Grupo Tranred \u2013 1000Pagos, DigoPago y Tranred, C.A. \u2013 representan un avance significativo en el \u00e1mbito de los pagos electr\u00f3nicos en Venezuela. Entre enero y abril de 2023, Reyes y Escudero se acercaron a los due\u00f1os de Bangente y Grupo Tranred con una propuesta formal de adquisici\u00f3n, seg\u00fan el portal AlbertoNews<\/a>. El objetivo, seg\u00fan se desprende de las denuncias, era tomar posesi\u00f3n de estas entidades pioneras, aprovechando su s\u00f3lida infraestructura y posicionamiento en el mercado venezolano, pero bajo una estrategia que, con el tiempo, se tornar\u00eda coercitiva.<\/p>\n

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Jes\u00fas Escudero (primero de izquierda a derecha), Ra\u00fal Reyes Revilla (tercero de izquierda a derecha)<\/figcaption><\/figure>\n

Sin embargo, a partir de julio de 2023, los compradores comenzaron a incumplir los compromisos establecidos tras la firma del contrato. Esta situaci\u00f3n persiste hasta la fecha, generando un clima de incertidumbre y controversia legal. Empleando t\u00e1cticas intimidatorias, Reyes y Escudero tomaron el control de las operaciones de Bangente, ejerciendo presi\u00f3n sobre los accionistas originales para que cedieran la administraci\u00f3n de la entidad bancaria.<\/p>\n

Ataque judicial y un embargo 17 veces superior a la deuda real<\/h3>\n
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Ra\u00fal Reyes Revilla<\/figcaption><\/figure>\n

La escalada de presiones lleg\u00f3 a su punto \u00e1lgido un a\u00f1o despu\u00e9s, cuando Reyes y Escudero orquestaron una ofensiva judicial masiva. Utilizando como plataforma el Tribunal 10\u00ba Civil de Caracas, lograron obtener medidas cautelares de embargo y secuestro preventivo. Estas medidas se sustentaban en una reclamaci\u00f3n inicial inflada, ascendente a 17 millones de d\u00f3lares. Este monto, desproporcionado a todas luces, quedar\u00eda en entredicho al ser reducido posteriormente, en un proceso de arbitraje, a una supuesta deuda inferior al mill\u00f3n de d\u00f3lares. Esta dr\u00e1stica disminuci\u00f3n puso de manifiesto la verdadera intenci\u00f3n tras la acci\u00f3n legal inicial: una maniobra extorsiva carente de fundamentos legales s\u00f3lidos. La cifra millonaria actu\u00f3 como un garrote legal, dise\u00f1ado para doblegar la voluntad de los leg\u00edtimos due\u00f1os.<\/p>\n

Pero la estrategia legal de Reyes y Escudero no se detuvo all\u00ed. En noviembre del a\u00f1o pasado, recurrieron al Tribunal 20 de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de la Circunscripci\u00f3n Judicial Penal del \u00c1rea Metropolitana de Caracas y a la Fiscal\u00eda 6ta Nacional. Su objetivo era montar, sin presentar pruebas fehacientes, una acusaci\u00f3n de sabotaje tecnol\u00f3gico contra los propietarios, familiares, directivos y empleados de las empresas afectadas. Esta maniobra elev\u00f3 la tensi\u00f3n del conflicto, sumando un nuevo elemento de presi\u00f3n a la ya compleja situaci\u00f3n.<\/p>\n

Detenciones y se\u00f1alamientos sin sustento ante la mirada de la Sudeban<\/h3>\n
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Bangente<\/figcaption><\/figure>\n

La denuncia por el supuesto sabotaje tecnol\u00f3gico tuvo consecuencias inmediatas y severas. Hasta el momento, dos personas inocentes han sido detenidas, mientras que otras cinco enfrentan persecuci\u00f3n por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Los afectados denuncian este accionar como un claro ejemplo de terrorismo judicial, una t\u00e1ctica para infundir miedo y forzar la entrega de los activos en disputa.<\/p>\n

Sin embargo, en su af\u00e1n por ejercer presi\u00f3n, Reyes y Escudero aparentemente obviaron un detalle crucial: tanto Bangente como las empresas del Grupo Tranred est\u00e1n bajo la constante supervisi\u00f3n de la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban). Hasta la fecha, este organismo regulador no ha emitido ninguna alerta sobre operaciones irregulares de la naturaleza denunciada por los abogados del Grupo Alaz\u00e1n C.A., lo que debilita significativamente la veracidad de sus acusaciones.<\/p>\n

Un actor clave en este entramado judicial es el juez Gustavo Hidalgo Bracho, del Tribunal 10\u00ba Civil de Caracas. Se le acusa de haber facilitado la ejecuci\u00f3n de las medidas cautelares infladas, permitiendo un embargo cuyo valor superaba en 17 veces el monto que posteriormente se reclamar\u00eda en el arbitraje. Esta actuaci\u00f3n, calificada como irregular y ejecutada de manera expedita, se percibe como una herramienta de presi\u00f3n brutal contra los due\u00f1os originales de Bangente y Grupo Tranred.<\/p>\n

Contradicciones judiciales y maniobras para mantener el control<\/h3>\n
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Bangente<\/figcaption><\/figure>\n

Las irregularidades en el Tribunal 10\u00ba Civil no se limitaron al desproporcionado embargo inicial. Hace aproximadamente tres meses, en un giro inesperado, el propio juez Gustavo Hidalgo Bracho declar\u00f3 la falta de jurisdicci\u00f3n de su tribunal para seguir conociendo el caso, justo cuando los representantes leg\u00edtimos de Bangente y Grupo Tranred pudieron presentar su oposici\u00f3n a las medidas impuestas. Lo sorprendente fue que, a pesar de reconocer su falta de competencia, el juez mantuvo activas las medidas de embargo, una acci\u00f3n que carece de l\u00f3gica jur\u00eddica y que alimenta las sospechas de parcialidad.<\/p>\n

La situaci\u00f3n dio un vuelco a\u00fan m\u00e1s escandaloso en las \u00faltimas semanas de diciembre. En lugar de remitir el expediente al Tribunal Supremo de Justicia, como correspond\u00eda tras la declaraci\u00f3n de falta de jurisdicci\u00f3n, el juez Hidalgo Bracho retuvo el caso y emiti\u00f3 una nueva sentencia intentando recuperar la jurisdicci\u00f3n que \u00e9l mismo hab\u00eda negado previamente. Este proceder, que expertos legales califican como una flagrante violaci\u00f3n de las normas procesales, refuerza la percepci\u00f3n de que existe una intenci\u00f3n deliberada de ejercer presi\u00f3n sobre los antiguos due\u00f1os y favorecer los intereses del Grupo Alaz\u00e1n.<\/p>\n

La insistencia del juez en mantener el control del caso, a pesar de sus propias contradicciones, se interpreta como una maniobra para perpetuar el presunto terrorismo judicial.<\/p>\n

La Sudeban interviene ante sospechas de irregularidades y empresas fantasma<\/h3>\n
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Bangente<\/figcaption><\/figure>\n

Sin embargo, la trama tejida alrededor de Bangente comenz\u00f3 a desmoronarse gracias a la intervenci\u00f3n de la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban). Al poner bajo la lupa a los nuevos gerentes del banco, el ente regulador detect\u00f3 alteraciones documentales y la falta de registro de las asambleas en los plazos legales establecidos. Estas anomal\u00edas levantaron serias sospechas sobre la legalidad de la adquisici\u00f3n y la transparencia de las operaciones.<\/p>\n

Profundizando en las investigaciones, la Sudeban descubri\u00f3 un elemento a\u00fan m\u00e1s inquietante: la creaci\u00f3n de empresas de malet\u00edn aparentemente dise\u00f1adas para facilitar la transferencia irregular de las acciones del banco.<\/p>\n

En la direcci\u00f3n de la instituci\u00f3n financiera, se coloc\u00f3 a personas carentes de la experiencia y el conocimiento necesarios en el sector bancario, lo que gener\u00f3 preocupaci\u00f3n sobre la gesti\u00f3n y el futuro de Bangente. Una de estas empresas, identificada como West Corp, C.A., constituida en mayo de 2024 con un capital irrisorio de aproximadamente 10.000 d\u00f3lares, respaldado por un inventario de mobiliario usado, ilustra la fragilidad de la estructura societaria utilizada para tomar control del banco.<\/p>\n

Seg\u00fan la documentaci\u00f3n recabada, West Corp, C.A. tiene su domicilio fiscal en un apartamento residencial ubicado en la UD5 de Caricuao, espec\u00edficamente en las Residencias La Trinitaria, en Caracas, lo que contrasta significativamente con la magnitud de una instituci\u00f3n bancaria. La representaci\u00f3n legal de esta empresa recae en personas con escasa o nula experiencia en el \u00e1mbito financiero, lo que ha impulsado a la Sudeban a tomar medidas para revertir esta situaci\u00f3n irregular y determinar las responsabilidades correspondientes.<\/p>\n