{"id":7353,"date":"2025-10-10T07:56:40","date_gmt":"2025-10-10T07:56:40","guid":{"rendered":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/?p=7353"},"modified":"2025-10-10T07:58:58","modified_gmt":"2025-10-10T07:58:58","slug":"donde-estan-los-854-millones-de-los-clientes-del-banco-del-orinoco-el-grupo-de-victor-vargas-responde-con-evasivas-y-amenazas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/nuevaprensaamerica.com\/index.php\/2025\/10\/10\/donde-estan-los-854-millones-de-los-clientes-del-banco-del-orinoco-el-grupo-de-victor-vargas-responde-con-evasivas-y-amenazas\/","title":{"rendered":"\u00bfD\u00f3nde est\u00e1n los $854 millones de los clientes del Banco del Orinoco? El grupo de V\u00edctor Vargas responde con evasivas y amenazas"},"content":{"rendered":"

El ya turbulento caso de la quiebra del Banco del Orinoco N.V. (BDO) ha entrado en una nueva y virulenta fase. Un cruce de misivas entre el s\u00edndico de la quiebra y el Grupo Cartera de Inversiones Venezolanas (CIVCA) ha desatado una tormenta de acusaciones que salpica directamente al beneficiario final del conglomerado, V\u00edctor Vargas Irausqu\u00edn, y a figuras de alto perfil como Luis Alfonso de Borb\u00f3n. Lo que hasta hace poco se manejaba en los pasillos de los tribunales de Curazao, ahora se ha convertido en un campo de batalla p\u00fablico, revel\u00f3 Reporte de la Econom\u00eda<\/a>.<\/p>\n

La mecha se encendi\u00f3 el pasado 2 de septiembre, cuando el s\u00edndico Danilo Narv\u00e1ez lanz\u00f3 un dardo envenenado en forma de correo electr\u00f3nico a los acreedores. En el texto, Narv\u00e1ez confirmaba sin rodeos que sus esfuerzos se centraban en recuperar activos presuntamente “apropiados por Cartera de Inversiones Venezolanas C.A. y su beneficiario final, el venezolano V\u00edctor Jos\u00e9 Vargas Irausquin”. La comunicaci\u00f3n escal\u00f3 en gravedad al revelar la existencia de una denuncia por “fraude concursal” (*bedrieglijke bankbreuk*), acusando a Vargas y a Cartera no solo de la apropiaci\u00f3n indebida de activos por una cifra colosal de 1.500 millones de d\u00f3lares, sino tambi\u00e9n de falsificaci\u00f3n.<\/p>\n

La r\u00e9plica de CIVCA no se hizo esperar. El 3 de octubre, circul\u00f3 un comunicado \u2014calificado de ap\u00f3crifo por los abogados Roberto Hung y Carlos Calder\u00f3n<\/a> al carecer de firma responsable\u2014 que intentaba desmantelar las imputaciones del s\u00edndico, tild\u00e1ndolas de “infundadas” y carentes de “sustento f\u00e1ctico y jur\u00eddico”. En un contragolpe, el conglomerado acus\u00f3 a Narv\u00e1ez de generar una “percepci\u00f3n err\u00f3nea del proceso” y anunci\u00f3 el inicio de acciones legales en su contra.<\/p>\n

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Sin embargo, la controversia va m\u00e1s all\u00e1 de un simple intercambio epistolar. La denuncia del s\u00edndico pone en el punto de mira a todo el entramado directivo que gestionaba la entidad al momento de su colapso. Documentos del proceso de quiebra identifican, adem\u00e1s de a Vargas como beneficiario final, a los miembros de la junta directiva: Joel Santos Tobio, Santos Alonso Ramos y, notablemente, a Luis Alfonso de Borb\u00f3n Mart\u00ednez-Bordi\u00fa, cuya implicaci\u00f3n a\u00f1ade una dimensi\u00f3n internacional al esc\u00e1ndalo. Este enfrentamiento p\u00fablico no es m\u00e1s que la punta de un iceberg que esconde un historial de promesas incumplidas y maniobras legales cuestionables.<\/p>\n

Un castillo de naipes: El fantasma de los documentos falsos y la memoria selectiva de CIVCA<\/h3>\n

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El reciente comunicado de Cartera de Inversiones Venezolanas no solo es cuestionable por su anonimato, sino que se sustenta sobre un castillo de naipes: su “famoso plan de composici\u00f3n”. Seg\u00fan recordaron los juristas Carlos Calder\u00f3n y Roberto Hung el pasado jueves, 8 de octubre, esta propuesta fue categ\u00f3ricamente rechazada en la asamblea de acreedores celebrada ante el tribunal de la quiebra el pasado 6 de diciembre de 2024. En aquella sesi\u00f3n, tanto la sindicatura como un significativo grupo de afectados votaron en contra de un plan que calificaron de “insultante”, carente de garant\u00edas y dise\u00f1ado para evadir responsabilidades.<\/p>\n

Este episodio de memoria selectiva no es un hecho aislado; es un eco de un patr\u00f3n de conducta que ha marcado el proceso desde sus inicios. La sombra de la falsificaci\u00f3n documental, mencionada por el s\u00edndico en su \u00faltima comunicaci\u00f3n, no es una novedad. De hecho, fue uno de los detonantes de la intervenci\u00f3n del banco. Ya en 2019, el Centrale Bank van Cura\u00e7ao en Sint Maarten (CBCS) fundament\u00f3 su solicitud de quiebra, entre otras razones, en la “utilizaci\u00f3n de documentaci\u00f3n falsa” por parte de la entidad.<\/p>\n

El ejemplo m\u00e1s flagrante y audaz de esta pr\u00e1ctica se materializ\u00f3 el a\u00f1o pasado. En un intento por dar credibilidad a su plan, CIVCA asegur\u00f3 poseer una multimillonaria cartera de t\u00edtulos valores custodiada por Farringdon Asset Management, una reconocida firma con sede en Singapur. El tribunal, esc\u00e9ptico, les concedi\u00f3 un plazo de 15 d\u00edas para presentar una certificaci\u00f3n que lo acreditara. Justo el \u00faltimo d\u00eda, el grupo entreg\u00f3 una comunicaci\u00f3n supuestamente firmada por un representante de Farringdon.<\/p>\n

La maniobra se desplom\u00f3 estrepitosamente. Seg\u00fan consta en los informes de la sindicatura, al contactar directamente con Martin Young, director de Farringdon, el 14 de octubre de 2024, su respuesta fue demoledora: la carta era un fraude, la direcci\u00f3n de correo electr\u00f3nico desde la que se envi\u00f3 era falsa y, para rematar, ni el Banco del Orinoco ni Cartera de Inversiones “han sido, son o ser\u00e1n clientes” de su firma, seg\u00fan recordaron los abogados Carlos Calder\u00f3n y Roberto Hung. Este historial de enga\u00f1os documentados arroja una luz sombr\u00eda sobre la credibilidad de cualquier comunicado o promesa emanada del entorno de V\u00edctor Vargas.<\/p>\n

La trampa legal del plan de composici\u00f3n: Cambiando oro por papel mojado<\/h3>\n

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A pesar de su estrepitoso fracaso en la asamblea de diciembre y de estar cimentado sobre la falsedad de los activos de Farringdon, Cartera de Inversiones Venezolanas insiste en presentar su Plan de Composici\u00f3n como un salvavidas para los acreedores. En su reciente comunicado, el conglomerado se jacta de que m\u00e1s de 630 afectados (un 46% del total) ya han suscrito los acuerdos. Sin embargo, un an\u00e1lisis detallado de lo que estos acreedores han firmado revela una artima\u00f1a legal que, seg\u00fan los abogados Hung y Calder\u00f3n, equivale a cambiar oro por papel mojado.<\/p>\n

La esencia del pacto es una cesi\u00f3n y canje que despoja a los depositantes de su principal activo: un derecho de cobro exigible e inmediato (o a su vencimiento) contra una entidad bancaria en la jurisdicci\u00f3n de Curazao. A cambio, reciben una promesa et\u00e9rea de pago de un particular, una compa\u00f1\u00eda del Grupo Cartera, que ni siquiera es la accionista principal del banco quebrado. Esta nueva obligaci\u00f3n, regida por las leyes de Venezuela, posterga cualquier posibilidad de cobro a un incierto futuro, con plazos que se extienden hasta por cinco a\u00f1os.<\/p>\n

La oferta es, en la pr\u00e1ctica, un salvavidas de plomo. Al firmar el documento, instrumentado por la firma de abogados Polanco, Azuaje & M\u00e1rmol, los acreedores no solo aceptan un canje desventajoso, sino que, de manera crucial, exculpan a los responsables de cualquier otra responsabilidad legal. Renuncian a perseguir judicialmente a los directivos y accionistas en otras jurisdicciones, desmantelando as\u00ed cualquier frente de presi\u00f3n que pudiera obligarlos a responder con su patrimonio personal por el descalabro de 854 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

El respaldo de este plan no se basa en activos l\u00edquidos o verificables, sino en una nebulosa cartera de cr\u00e9dito endosada al cobro, vinculada a otras empresas del propio V\u00edctor Vargas, como Esvenca, Asfavenca y Cartera de Inversiones Petroleras (CIP). Se invita a los afectados a confiar en la solvencia futura de un entramado empresarial cuyo historial reciente est\u00e1 manchado por la opacidad y la falsificaci\u00f3n. La advertencia de los juristas a quienes han firmado es lapidaria y premonitoria: “Se\u00f1or, anote la fecha en que usted celebr\u00f3 esa negociaci\u00f3n y comun\u00edquese con nosotros dentro de cinco a\u00f1os”, comentaron los abogados Calder\u00f3n y Hung.<\/p>\n

El sello de Deloitte: \u00bfUn aval de confianza o un espejismo de legitimidad?<\/h3>\n

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Para apuntalar la fr\u00e1gil estructura de su Plan de Composici\u00f3n, el Grupo Cartera ha recurrido a una estrategia cl\u00e1sica: levantar una fachada de respetabilidad utilizando el nombre de firmas de renombre. En el centro de esta maniobra se encuentra la socia venezolana de la trasnacional de auditor\u00eda y consultor\u00eda Deloitte & Touche, cuya “Certificaci\u00f3n de Capacidades” de noviembre de 2024 sobre Esvenca y Asfavenca, es esgrimida como garant\u00eda de la solvencia de las empresas que supuestamente respaldar\u00e1n los pagos a los acreedores.<\/p>\n

Sin embargo, una inspecci\u00f3n m\u00e1s atenta de este supuesto aval revela una chapuza que delata la improvisaci\u00f3n rampante que parece signar cada movimiento de CIVCA. En el documento que certifica la capacidad de Esvenca, una de las joyas de la corona de Vargas para este plan, Deloitte incurre en un descuido garrafal: el nombre de la empresa aparece repetidamente mal escrito como “Enviromental Solutions de Venezuela, C.A.”, omitiendo una “n” fundamental. El nombre correcto, “Environmental Solutions de Venezuela C.A.”, figuraba incluso en la propia (y ya desaparecida) p\u00e1gina web de la compa\u00f1\u00eda. Este error, lejos de ser una simple errata, es una met\u00e1fora perfecta del plan en su totalidad: una apariencia de solidez que se desmorona ante el m\u00e1s m\u00ednimo escrutinio.<\/p>\n

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Certificaci\u00f3n de Deloitte<\/figcaption><\/figure>\n

Esta informalidad se extiende a la propia presencia digital del conglomerado. La p\u00e1gina web de Cartera de Inversiones Venezolanas fue creada a toda prisa entre finales de 2024 y principios de 2025, evidenciando que la comunicaci\u00f3n y la transparencia no eran una prioridad hasta que la presi\u00f3n de los tribunales y los acreedores se hizo insostenible.<\/p>\n

Si bien el nombre de Deloitte puede inspirar confianza, su historial no est\u00e1 exento de controversias. La red global opera como un conjunto de firmas miembro independientes, y la firma venezolana es una de ellas. A nivel internacional, Deloitte ha enfrentado investigaciones y multas millonarias en casos tan sonados como el esc\u00e1ndalo de Abengoa en Espa\u00f1a, el de Primus Capital en Chile o el fraude de Parmalat en Italia, donde se cuestion\u00f3 la rigurosidad de sus auditor\u00edas. Por lo tanto, su sello en este plan, lejos de disipar las dudas, las multiplica, invitando a preguntar qu\u00e9 nivel de diligencia se puede esperar de una certificaci\u00f3n que -como en el caso de Esvenca- ni siquiera logra transcribir correctamente el nombre de la empresa que avala.<\/p>\n

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Certificaci\u00f3n de Deloitte<\/figcaption><\/figure>\n
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Extinto sitio web de Esvenca<\/figcaption><\/figure>\n

El agujero negro financiero: \u00bfD\u00f3nde est\u00e1n los 854 millones de d\u00f3lares?<\/h3>\n

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M\u00e1s all\u00e1 de la guerra de comunicados y las dudosas propuestas de pago, la pregunta fundamental que resuena desde el 4 de octubre de 2019, fecha en que se decret\u00f3 la quiebra, sigue sin respuesta: \u00bfd\u00f3nde est\u00e1n los 854 millones de d\u00f3lares de los acreedores del Banco del Orinoco? La sentencia de quiebra, que qued\u00f3 firme el 5 de julio de 2024 tras el retiro de las apelaciones del propio Grupo Cartera, confirm\u00f3 lo que el Banco Central de Curazao ya hab\u00eda advertido: la posici\u00f3n financiera de la entidad era “deplorable” y su supuesto patrimonio parec\u00eda “inexistente”.<\/p>\n

El misterio se torna a\u00fan m\u00e1s profundo y sospechoso al contrastar la falta de liquidez del banco con las fastuosas cifras que el propio Grupo Cartera ha manejado en sus comunicaciones. Seg\u00fan declaraciones de V\u00edctor Vargas y sus representantes, el grupo dispon\u00eda de una cartera de valores que, a septiembre de 2024, alcanzaba un valor de mercado de aproximadamente 1.600 millones de d\u00f3lares. La pregunta, planteada por los abogados Calder\u00f3n y Hung, es inevitable y demoledora: si Cartera de Inversiones manejaba una fortuna de tal magnitud, \u00bfpor qu\u00e9 no apareci\u00f3 ni un solo d\u00f3lar a nombre del Banco del Orinoco para hacer frente a sus obligaciones?<\/p>\n

Esta flagrante contradicci\u00f3n es el nudo gordiano del caso. \u00bfC\u00f3mo es posible que los 854 millones de d\u00f3lares depositados por los clientes se hayan desvanecido, mientras que, en paralelo, los activos del accionista principal se multiplicaban? La l\u00f3gica apunta a una sola direcci\u00f3n, la misma que investiga el s\u00edndico: una presunta apropiaci\u00f3n indebida de los fondos del banco para engrosar la cartera de inversiones del conglomerado.<\/p>\n

La situaci\u00f3n es una paradoja financiera que clama al cielo. Por un lado, una entidad bancaria declarada insolvente por falta de activos. Por otro, su beneficiario final alardeando de poseer una cartera que duplica el monto de la deuda. En este abismo entre la realidad del banco y la narrativa del accionista yace la clave de lo que en Curazao se califica como una potencial quiebra fraudulenta.<\/p>\n

El laberinto judicial: Entre la lenta justicia y la desesperaci\u00f3n de los afectados<\/h3>\n

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El camino hacia la justicia para los miles de acreedores del Banco del Orinoco se ha convertido en una odisea legal de seis largos a\u00f1os, un laberinto donde cada giro parece conducir a una nueva demora. La sentencia de quiebra, aunque firme, solo marc\u00f3 el inicio de una batalla mucho m\u00e1s compleja: la recuperaci\u00f3n de los activos desaparecidos. La denuncia penal por fraude concursal, interpuesta por el s\u00edndico el pasado 24 de marzo de 2025 y revelada el 2 de octubre pasado, representa un paso crucial, llevando el caso del \u00e1mbito mercantil al penal y poniendo bajo la lupa la responsabilidad directa de V\u00edctor Vargas y su c\u00fapula directiva.<\/p>\n

En su desesperado intento por ganar tiempo, el Grupo Cartera ha utilizado t\u00e1cticas dilatorias, como las reiteradas solicitudes de aplazamiento en las reuniones de acreedores. La audiencia del 27 de septiembre de 2024, por ejemplo, fue pospuesta para el 10 de marzo de 2025, no sin antes recibir un ultim\u00e1tum del juez supervisor para que presentaran pruebas fehacientes de la existencia de la cartera de inversiones que respaldar\u00eda su plan. Mientras tanto, el conglomerado intenta desprestigiar a quienes buscan justicia, llegando a acusar en su \u00faltimo comunicado a un grupo de abogados en Venezuela de incurrir en “pr\u00e1cticas de car\u00e1cter extorsivo”, a pesar de que -seg\u00fan el Grupo Cartera- estos solo representan a un 5% de los afectados y buscan que el proceso se acelere.<\/p>\n

La justicia, como bien se\u00f1alan los abogados que representan a los acreedores, es a menudo tard\u00eda, pero el objetivo es claro: que los responsables se apersonen, presenten sus documentos y demuestren que las graves acusaciones en su contra son infundadas. Mientras el proceso judicial avanza, los acreedores se enfrentan a una cruda realidad: su dinero sigue en un limbo, y la soluci\u00f3n ofrecida es una promesa a futuro que parece m\u00e1s una estrategia de evasi\u00f3n que una genuina voluntad de reparar el da\u00f1o.<\/p>\n

La pregunta que flota en el aire es si la justicia de Curazao lograr\u00e1 finalmente desenredar esta madeja de opacidad financiera y hacer que los responsables rindan cuentas por el colosal agujero patrimonial que dejaron tras de s\u00ed.<\/p>\n