La crisis que actualmente afrontan la Direcci\u00f3n Nacional de Inteligencia DNI y la Unidad de Informaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero UIAF, demanda de manera inmediata una revisi\u00f3n de aspectos vitales relacionados con su estructura, dependencia, funcionalidad, gasto y control.<\/p>\n
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Ambas\u00a0 instituciones fueron creadas con extrema cautela y apego a los m\u00e1s altos est\u00e1ndares de eficiencia y efectividad, se convirtieron en referentes de vanguardia, y si bien enfrentaron altibajos en administraciones pasadas, no existe duda de que han sido instrumentos estrat\u00e9gicos para el pa\u00eds en t\u00e9rminos de defensa, seguridad y justicia.<\/p>\n
Lo primero, es recordar que cuando se construy\u00f3 la Ley 1621 de 2013 muy\u00a0 a\u00f1orada despu\u00e9s de d\u00e9cadas sin una legislaci\u00f3n apropiada que regulara los servicios de inteligencia, gracias a la voluntad y decisi\u00f3n del Ministerio de Defensa y al Congreso de la Rep\u00fablica, se logr\u00f3 aprobar una Ley moderna, que incorpor\u00f3 entre otros, tres aspectos trascendentales: el establecimiento de las misiones de trabajo, orientadas a definir los criterios de autorizaci\u00f3n, supervisi\u00f3n, recursos, trazabilidad, alcance y objetivos de las actividades de inteligencia a cumplir. Es decir, si antes de la ley lo que no estaba prohibido era permitido, con la ley, cambia la mentalidad, solo podr\u00e1n realizarse las actividades autorizadas en las misiones de trabajo.<\/p>\n
Se precisaron los l\u00edmites y alcances de los procedimientos de inteligencia, definiendo de manera prevaleciente el respeto y promoci\u00f3n por los derechos humanos y los derechos fundamentales. Y se plasmaron criterios y principios para la correcta y sensible administraci\u00f3n de las fuentes humanas, t\u00e9cnicas y electr\u00f3nicas propias de los procesos de recolecci\u00f3n de informaci\u00f3n y el desarrollo de operaciones, as\u00ed como, para el uso eficiente de los recursos, particularmente de los gastos reservados. Se crearon adem\u00e1s, las figuras del Inspector General\u00a0 y la Comisi\u00f3n Legislativa de Inteligencia, \u00a0como \u00f3rganos de control, supervisi\u00f3n e investigaci\u00f3n sobre la legalidad de las actividades de inteligencia y la transparencia en la\u00a0ejecuci\u00f3n del presupuesto.<\/p>\n
Luego del desafortunado episodio ocurrido con los hackers en plena campa\u00f1a del 2014, los \u00f3rganos de control, sin excepci\u00f3n alguna, cayeron en estampida sobre la DNI. La Inspecci\u00f3n General, la Contralor\u00eda General de la Rep\u00fablica, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Fiscal\u00eda Delegada ante la Corte Suprema de Justicia y la Comisi\u00f3n Legislativa de Inteligencia, actuando de manera inmediata, con intervenciones exhaustivas que permitieron identificar importantes acciones de mejora para la agencia. Las investigaciones fueron concluyentes: las misiones cumplidas estaban ajustadas a la ley y a la normatividad vigente, tanto en t\u00e9rminos operacionales como de utilizaci\u00f3n transparente de los recursos. El control y la intervenci\u00f3n oportuna funcion\u00f3.<\/p>\n