Brasil enfrenta una nueva crisis sanitaria provocada por la adulteración de bebidas alcohólicas, tras una reciente ola de intoxicaciones por metanol que ha desatado alarma pública. La policía confirmó 11 casos directamente vinculados con bebidas adulteradas y mantiene bajo investigación 116 casos sospechosos. En São Paulo, las autoridades certificaron una muerte por metanol mediante pruebas de laboratorio, mientras que otras 11 continúan bajo análisis.
Este fenómeno, aunque no es nuevo, se ha intensificado en la región. En Colombia, apenas unos días antes, una tragedia similar en Barranquilla ha dejado a quince personas muertas y diez hospitalizadas tras consumir licor adulterado vendido ilegalmente en botellas plásticas a precios irrisorios —entre $2.000 y $4.000 pesos colombianos—. Detrás de esa aparente ganga se escondía una sentencia de muerte.
La crudeza de lo ocurrido quedó reflejada en el testimonio del único sobreviviente, Ricardo Manuel Molina, quien relató cómo estuvo al borde de la muerte tras sufrir dolor estomacal, dificultad para respirar, visión borrosa y vómitos intensos que lo llevaron al hospital. Su experiencia confirma que el consumo de licor ilegal es literalmente un juego de vida o muerte. El problema no es aislado: solo en 2023, 54 personas resultaron intoxicadas por metanol en el país, de las cuales 41 fallecieron, evidenciando la persistencia y letalidad de esta práctica criminal.
El consumo de licor ilegal es literalmente un juego de vida o muerte
El peligro reside en que el licor adulterado contiene metanol y otras sustancias nocivas. El metanol es un alcohol tóxico, utilizado para abaratar costos, pero es totalmente inapropiado para el consumo humano, pues puede causar ceguera permanente y la muerte. De hecho, según el Instituto Nacional de Salud, las intoxicaciones por este tipo de bebidas tienen una letalidad superior al 70%.
Ante la crisis, la Policía Metropolitana de Barranquilla emitió una alerta por lotes de licor adulterado en circulación en San Roque y realizó allanamientos en zonas de producción como Las Nieves y Rebolo, decomisando materiales. Esta lucha es nacional y constante, solo en diciembre pasado, la policía incautó más de 2.000 botellas en Bogotá antes de Navidad. La cercanía de las fiestas de fin de año exige una acción urgente y contundente contra esta amenaza.
Sin embargo, la ilegalidad no solo cobra la vida de inocentes, sino que también desangra las finanzas públicas y fortalece al crimen organizado. Un estudio de Euromonitor (2020) reveló que el Estado colombiano dejó de percibir cerca de 678 millones de dólares anuales en impuestos debido al comercio de bebidas ilegales. Esta pérdida fiscal se explica porque, según cifras de la Policía Nacional a junio de 2023, alrededor del 24 % del licor que circula en el país es ilegal y la mitad de este – el 12 % – es adulterado.
De acuerdo con datos de nuestra Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal (CIMA), de Strategos BIP, durante 2025, el 30 % de los eventos de incautación de bebidas alcohólicas correspondió a casos de adulteración, mientras que el 16% a falsificación.
Pero, ¿quiénes están realmente detrás del contrabando y la adulteración de licores en Colombia? La respuesta es clara: el crimen organizado. Este mercado ilegal ha superado la mera informalidad para convertirse en un negocio altamente lucrativo, utilizado como vehículo para el lavado de activos y el financiamiento de otras actividades delictivas. Estructuras criminales, como la llamada “Oficina de Envigado”, participan en redes de producción y distribución de licores falsificados y adulterados, extendiendo su influencia más allá del narcotráfico. Y así, cientos de tiendas de barrio en las comunas de Medellín están al acecho criminal: o venden sus licores ilegales, o sufrirán las consecuencias.
La adulteración hoy es mayoritariamente una actividad profesionalizada y sofisticada. No está en manos de contrabandistas menores, sino que es gestionada por empresarios ilegales que operan con financiamiento estructurado, vastas redes de comercialización e incluso con el uso de intimidación armada para controlar sus territorios.
La complejidad de estas estructuras se evidencia en sus métodos. Según Andrés Nieto, experto en seguridad ciudadana, en una entrevista concedida a El País en 2023, la producción de licor adulterado puede involucrar hasta doce pasos distintos. Estas redes inician la fabricación y el acopio desde junio para saturar el mercado durante las fiestas de fin de año. Esta planeación dificulta la acción de las autoridades, perdiendo la trazabilidad de los lugares y personas. En resumen, el vaso que contiene licor adulterado es un vaso que ha pasado por manos del crimen organizado, que pone en riesgo la vida de los ciudadanos a cambio de ganancias extraordinarias.
La reciente tragedia en Barranquilla obliga a una revisión urgente de la política pública. Paradójicamente, la inminente reforma tributaria podría estar generando incentivos que favorecen este tipo de crimen. El Ejecutivo colombiano ha puesto sobre la mesa una iniciativa fiscal ambiciosa, buscando recaudar $435.800 millones adicionales a través de un aumento considerable en la carga impositiva a las bebidas alcohólicas. El cambio es significativo e implica un incremento en tres componentes: el IVA, el impuesto específico y el ad valorem. Como resultado, el precio al consumidor final de productos como un aguardiente de 750 ml aumentaría de aproximadamente 40.000 a cerca de 65.000 pesos.
Es altamente probable que una carga impositiva excesiva sobre el licor legal sea, en esencia, contraproducente. Lejos de garantizar la recaudación esperada, un aumento tan agresivo dispara la “elasticidad de la demanda” hacia el mercado negro. Al encarecer dramáticamente el producto formal, se genera un incentivo económico ineludible para que los consumidores busquen alternativas más baratas y peligrosas: el licor artesanal adulterado. La brecha de precios entre un aguardiente legal y un veneno a base de metanol vendido por $2.000 o $4.000 pesos se amplía hasta convertirse en un abismo. Es en ese abismo donde opera el crimen organizado, obteniendo rentabilidades del 400 % al 500 % al comerciar con la salud pública.[1] En este contexto, la reforma tributaria deja de ser solo una herramienta fiscal; se convierte en un catalizador involuntario que podría financiar las redes criminales y el riesgo de muerte por adulteración.
Ahora que estamos a tiempo, debemos instar al Gobierno y al Congreso a actuar con prudencia y visión estratégica. El objetivo de recaudación es legítimo, pero no puede lograrse a costa de la vida de los ciudadanos ni fortaleciendo la economía ilegal. El Estado debe buscar un equilibrio fiscal que garantice la estabilidad de la industria formal, sin crear un incentivo perverso para el contrabando. La lucha contra este flagelo no es solo de impuestos, sino de seguridad pública.
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