Mafias, impuestos y comercio ilegal: radiografía del “Cártel del Tabaco”

Por: Juan Carlos Buitrago Arias

México al igual que Colombia y otros países de la región, enfrentan una epidemia de contrabando, piratería y comercio ilícito que nos colocan en el mapa global como países de origen, destino y tránsito de mercancías ilegales. Lejos de ser un problema periférico, esta realidad atraviesa industrias enteras: desde la ropa y el calzado — donde un tercio de los consumidores admite comprar productos pirata — hasta los medicamentos, en donde el 11% del mercado es de falsificados, incluso con fentanilo. Pocos casos ilustran tan claramente la dimensión del problema como el de los cigarrillos. De los 70 millones que se consumen diariamente en México, 14 millones (uno de cada cinco) provienen del mercado ilegal. Entre 2017 y 2023, este comercio creció de 8.5% a 20.4% en las principales ciudades, lo que representa pérdidas fiscales anuales de entre 13 y 15 mil millones de pesos.

El Gobierno de México, bajo el mandato de la Presidenta Sheinbaum, ha puesto en la agenda pública esta situación y está esforzándose por mitigarla. De hecho, la reciente reunión de alto nivel con el Gobierno de los Estados Unidos y la visita de su Secretario de Estado reflejó cómo el problema del comercio ilegal también está en la agenda de ambas naciones, y constituye una barrera estructural para el T-MEC.

Al mismo tiempo, las políticas fiscales que analiza actualmente el Gobierno de México para el próximo año, pensadas para proteger la salud pública mediante el incremento de impuestos a tabaco y otros productos, podrían incrementar este mercado ilegal. El motor principal del comercio ilegal está en la economía. Tanto en el incentivo de lucro con menor riesgo por parte de criminales, como en el bolsillo del consumidor. En países con ingresos limitados, considerable inflación, altísima informalidad, y una masiva penetración criminal, como Colombia y México, la brecha entre el producto legal y el ilegal se convierte en un incentivo difícil de resistir. Esa diferencia explica por qué marcas extranjeras —en su mayoría asiáticas— han logrado desplazar hasta un 60% de las ventas a las empresas nacionales.

Mi experiencia oficial al dirigir la Policía Fiscal y Aduanera de Colombia, así como hoy en día al coordinar desde Strategos BIP la Estrategia Triángulos – la alianza para prevenir y combatir el comercio ilegal en Latinoamérica y el Caribe -, me ha convencido de que subir impuestos sin un plan integral no corrige el problema de salud pública, lo agrava. En Colombia, este año, se ha intentado avanzar en un proyecto de ley realmente absurdo, que incrementa por encima del 106% los impuestos a los cigarrillos y demás dispositivos; un estudio de Tovar (2021) para la Universidad de los Andes reveló que por cada 10% de aumento en el impuesto al cigarrillo, el contrabando crece un 7%. La reforma de 2016 lo demostró claramente: al triplicar la tarifa, el mercado ilegal pasó del 13% al 25% en solo dos años. Ecuador vivió una historia similar: tras las reformas de 2015 y 2016, que duplicaron el impuesto al tabaco, el contrabando se disparó del 5% en 2014 a un alarmante 53% en 2017, según Fedesarrollo (2024).

El contrabando de cigarrillos se ha convertido en una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado, y su expansión en la región está estrechamente ligada al fortalecimiento de redes criminales transnacionales. De acuerdo con nuestra Central de Investigación, Monitoreo y Análisis del Comercio Ilegal (CIMA), Panamá pasó del 60% de consumo ilegal en 2014 a más del 90% en 2024, Ecuador del 5% al 84%, y en Colombia el mercado ilícito siguió creciendo incluso tras la captura de decenas de estructuras. Hoy el contrabando funciona como motor para lavar dinero, consolidar gobernanza criminal en territorios y diversificar economías ilegales.

México y Colombia, no son ajenos a esta dinámica. Según el Organized Crime Index 2023, ambos países están en el top 3 con mayor puntuación en criminalidad. Y no es casualidad: la diversificación de los cárteles ha encontrado en el tabaco un terreno fértil. El llamado “Cártel del Tabaco” que opera en toda LATAM es apenas una muestra de cómo redes empresariales, funcionarios corruptos y organizaciones criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Clan del Golfo, operan a la vez cigarrillos legales e ilegales (lo primero para darle una fachada a lo segundo), y despliegan tácticas de extorsión e intimidación en comercios para consolidar su control.

Frente a este panorama, seguir apostando únicamente al aumento de impuestos no es sólo ingenuo sino que es también peligroso. En lugar de reducir el consumo, encarece el producto legal, desvía el consumo hacia el mercado ilícito (incrementando el riesgo a la salud) y fortalece al crimen organizado. Lo que México y Colombia necesitan, no son más incrementos impositivos, ni soluciones aisladas, sino enfrentar de raíz las grietas estructurales que permiten que el comercio ilegal prospere como la informalidad, las debilidades del Estado de derecho y la corrupción. Mientras esas fracturas permanezcan abiertas, cada nuevo aumento impositivo será un incentivo más para las mafias.

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