Las economías ilícitas son una creciente y grave amenaza para la agroindustria en Colombia y la región. Así se deriva de los más recientes estudios publicados por el Grupo de Acción Internacional para la Prevención e Investigación contra las Finanzas Ilegales Gafilat y el grupo Egmont (del cual Colombia está excluido) que, por primera vez, identifican el comercio ilícito de productos y servicios, como la tercera modalidad más utilizada por el crimen organizado para lavar dinero, después del comercio electrónico de criptomonedas y el tráfico físico de divisas.
Son $10 billones anuales las pérdidas causadas al Estado solo por contrabando (2025 Dian y Cima StrategosBIP); el aumento es del 30% comparado con el período anterior, tendencia creciente que no hemos podido revertir en las últimas dos décadas, pues, modalidades complejas, como el contrabando técnico, ocupan el 90% del problema (50% subfacturación), siendo allí donde se concentra el tránsito ilícito del mayor volumen de productos, es decir, a través de puertos marítimos, terrestres y aéreos que están bajo control aduanero. Lo paradójico es que en estas zonas primarias los decomisos sean menores, debido a la marcada fragilidad institucional, la corrupción y las poderosas mafias que controlan la cadena de comercio internacional, hoy en disputa por el control del tráfico marítimo de estupefacientes, principalmente.
El sector de alimentos es uno de los más afectados, con pérdidas que ascienden a los USD 935 millones anuales, seguido de las grasas, aceites y residuos en USD 500 millones, y químicos y abonos en USD 280 millones. Claro, éste es el principal peso en las modalidades de comercio ilegal que afecta al sector agroindustrial en Colombia. Sin embargo, también es significativa la incidencia del contrabando abierto que opera por fronteras porosas carentes de control por parte de las autoridades. Estas pérdidas, aunque en menor escala, afectan en el mismo orden a los sectores mencionados, especialmente en las fronteras de Colombia con Perú, Ecuador y Venezuela que registran más de 415 pasos ilegales con alta influencia de grupos al margen de la ley y una débil presencia institucional.
Desafortunadamente las perspectivas no son muy alentadoras. Y aquí el próximo gobierno tiene una tarea titánica por hacer. El riesgo del comercio ilegal tiene al sector de la agroindustria bajo fuego, ahondado por los efectos de la suspendida emergencia económica, los despidos en más del 70% de las empresas (Fenalco) a causa del desmedido incremento salarial y el pago de horas extras, el desorden jurídico internacional y la guerra de aranceles actual, abriendo una compuerta infinita al contrabando, que se agrava luego de la imposición del 30% de aranceles a 74 productos que exportamos al vecino país. Y siempre presente, el crimen organizado transnacional, convertido en un competidor sistémico de la industria legal, hoy mediante plataformas híbridas y la captura de mercados ilegales, además del uso de la digitalización y la inteligencia artificial como fuertes multiplicadores que alimentan las redes del comercio electrónico ilícito.
Un alivio para la agroindustria es que estas preocupaciones están moviendo la agenda nacional y regional. Se trata de enfrentar la tercera economía global: las ilegales (del 5 al 10% PIB global) y serán cinco los eventos de altísimo nivel que en esta dirección se llevarán a cabo en las próximas semanas y con un denominador común y preciso: más acción que retórica, cooperación regional, políticas públicas acertadas y mayor reciprocidad público-privada.
En Medellín se realizará el VI Congreso Agroindustrial de la ANDI que convocará a más de 60 expertos nacionales e internacionales y a candidatos presidenciales. En Guatemala se lanzará el Grupo Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Glacsed) con la coordinación de La Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Internacional. En México se desarrollará el Décimo Encuentro de la Alianza Latinoamericana contra el Contrabando (Alac) también liderado por la Andi. En Brasil se cumplirá el tercer encuentro de directores de Aduanas de Latam & Caribe y el sector privado, organizado por la Alianza Transnacional contra el Comercio Ilícito y, finalmente, en San Salvador tendremos el World Complience Forum, convocado por la Fundación para el Estudio de Lavado de Activos (Felade). Ojalá los candidatos presidenciales capitalicen estas importantes experiencias. La agroindustria urge soluciones inmediatas, efectivas y estructurales.
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