La controversia estalló esta semana después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, difundiera a través de sus redes sociales un video que documenta una acción militar letal contra una embarcación civil en las costas de Venezuela. En la misma publicación, el mandatario afirmó que el operativo resultó en la muerte de 11 personas que se encontraban a bordo del navío.
Hasta el momento, la información oficial sobre el incidente es escasa y se limita al material audiovisual compartido por el presidente Trump y a breves declaraciones de los secretarios de Estado y de Defensa. El Pentágono ha comunicado su intención de ofrecer más detalles próximamente, pero el suceso permanece envuelto en un velo de incertidumbre.
En una entrevista concedida el pasado 3 de septiembre, el secretario dve Defensa estadounidense, Pete Hegseth, aseguró haber presenciado la operación en tiempo real y afirmó que los que estaban bajo su mando sabían “exactamente quién estaba en esa embarcación, sabíamos exactamente lo que estaban haciendo y sabíamos exactamente a quién representaban, y ese era el Tren de Aragua”, refiriéndose a una banda venezolana. Hegseth continuó diciendo que “esta es una misión mortalmente seria” para la administración de Trump y que la operación “no se detendrá solo con este ataque; cualquier otra persona que trafique en esas aguas y que sepamos que es un narcoterrorista designado, enfrentará el mismo destino”.
Según ha expuesto La Nueva Prensa, ante la opacidad de los hechos, la organización The Washington Office on Latin America (WOLA) ha levantado la voz, subrayando la necesidad de esclarecer si el uso de la fuerza fue legítimo y legal. La ONG plantea un mar de interrogantes cruciales: ¿Intentaron las fuerzas estadounidenses contactar o abordar la nave? ¿Se realizaron disparos de advertencia? ¿Existía una amenaza inminente que justificara el uso de fuerza letal como acto de autodefensa? Las respuestas a estas preguntas serán determinantes para evaluar la legalidad de una acción que ha puesto en alerta a la comunidad internacional.
Ruptura con la historia: Cuestionan la legalidad del ataque en aguas internacionales
Según WOLA, la acción militar representa un quiebre alarmante con más de tres décadas de política estadounidense en la región. El organismo afirma que lo observado hasta ahora sugiere un acto sin precedentes en los más de 35 años que las fuerzas armadas han participado en la interdicción de drogas en el Mar Caribe: una escalada instantánea hacia la fuerza letal desproporcionada contra un navío civil, sin una justificación aparente de defensa propia.
Desde finales de la década de 1980, el Congreso de EE. UU. designó al Departamento de Defensa como la agencia principal para la lucha contra el narcotráfico en el extranjero. Durante las décadas siguientes, la Marina y la Guardia Costera han interceptado un gran número de embarcaciones, pero según WOLA, siempre se había evitado el uso de fuerza mortal salvo en casos de legítima defensa debidamente justificados.
Este aparente cambio de rumbo choca frontalmente con un andamiaje legal construido durante más de un siglo. El uso de fuerza letal bajo la simple sospecha de una actividad ilegal contraviene el espíritu de normativas internacionales y regulaciones internas de Estados Unidos para operaciones marítimas. Entre ellas se encuentran la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar (UNCLOS), el Artículo 51 de la Carta de la ONU y el propio Manual del Derecho de la Guerra del Departamento de Defensa.
Dichos estatutos exigen moderación y una respuesta gradual, escalando el uso de la fuerza solo cuando es estrictamente necesario para evitar precisamente el trágico desenlace que exhibe el video del presidente Trump. Prohíben, de manera explícita o implícita, el empleo de fuerza letal cuando no existe una amenaza directa que justifique la autodefensa. Aunque el presidente Trump alegó que los individuos a bordo transportaban “narcóticos ilegales”, el principio de proporcionalidad es una piedra angular del derecho internacional. La simple sospecha de narcotráfico no es un delito que se castigue con la pena capital, y mucho menos con una ejecución sumaria en aguas internacionales.
Una nueva doctrina: El peligroso precedente de la “guerra contra los cárteles”
Las declaraciones de altos funcionarios sugieren que este incidente no fue un hecho aislado, sino la punta de lanza de una nueva y más agresiva política. El secretario Marco Rubio declaró que el presidente “ha sido claro en que los días de actuar con impunidad y que se les dispare a un motor o que se les quiten un par de drogas de una embarcación, esos días se acabaron. Ahora vamos a librar un combate contra los cárteles de la droga que están inundando las calles estadounidenses y matando a estadounidenses”.
Según la perspectiva de WOLA.org, si esta acción es un presagio de futuras operaciones militares, se establece un precedente sombrío y peligroso. Este enfoque podría abrir la puerta a más asesinatos ilegales y a la violación de principios fundamentales de los derechos humanos, amenazando con erosionar las normas internacionales que durante décadas han servido para prevenir y sancionar la anarquía en los mares.
Es imposible disociar este ataque del contexto geopolítico en el que se produce. El suceso ocurre en medio de crecientes tensiones en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, un escenario marcado por el notorio aumento de la presencia militar estadounidense en el Caribe.
Este despliegue se intensificó después de que la administración Trump, a principios de agosto, designara al “Cártel de los Soles” como un Grupo Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). Dicha entidad, más que una organización estructurada, es una etiqueta que describe nexos entre funcionarios del gobierno venezolano y el narcotráfico. Esta medida fue acompañada de un significativo aumento, a 50 millones de dólares, en la recompensa ofrecida por información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro.
Un blanco cuestionado y el clamor por la rendición de cuentas
La justificación oficial del ataque se centra en la afirmación de que los fallecidos eran miembros del “Tren de Aragua”, grupo que la administración Trump designó como Organización Terrorista Extranjera en febrero de 2025. Sin embargo, esta narrativa se tambalea al ser contrastada con una serie de investigación de agosto de 2025 de InSight Crime. Dicho informe señala que el poder de este grupo criminal venezolano ha ido en declive y no ha sido vinculado a “casos de grandes cargamentos de cocaína… especialmente no en conexión con el mercado de EE. UU.”.
Mientras se espera una mayor claridad, es difícil determinar cómo este ataque encaja en una estrategia más amplia de Estados Unidos para presionar a la administración de Maduro. Desde WOLA.org se reconoce que la impunidad reinante en Venezuela es un caldo de cultivo para las economías ilícitas, incluido el narcotráfico, a menudo con la complicidad de funcionarios del gobierno. No obstante, se insiste en que cualquier uso de la fuerza militar debe someterse a las leyes y normas internacionales vigentes.
Por ello, la organización subraya que si la evidencia demuestra que el ejército estadounidense, aparentemente bajo órdenes directas del presidente, incurrió en un uso ilegal de la fuerza, debe haber consecuencias. Se exige que los responsables, especialmente en la cúpula del mando político y militar, rindan cuentas ante el sistema de justicia penal de EE. UU. y bajo el Código Uniforme de Justicia Militar.
En este turbulento escenario, el Congreso de Estados Unidos también tiene un papel crucial: exigir a la administración la divulgación completa de todos los hechos relevantes para que la verdad no se hunda en las profundidades del Mar Caribe.
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