La tragedia en Barranquilla, que dejó trece fallecidos tras el consumo de licor adulterado, reactivó el debate sobre una problemática que amenaza la vida de los consumidores y fortalece el mercado ilegal en Colombia. Autoridades y expertos coinciden en que la respuesta no puede limitarse a medidas de prohibición, sino que requiere un enfoque integral que equilibre impuestos, prevención y seguridad.
Un adulto mayor de 75 años fue la víctima número trece de esta intoxicación masiva tras consumir “cococho”, un alcohol artesanal sin normas de salubridad. El Ministerio de Salud advirtió que este tipo de bebidas contiene altos niveles de metanol, una sustancia industrial cuya toxicidad puede generar desde ceguera hasta la muerte. En este caso, la letalidad alcanzó el 70% de los afectados.
La economía del crimen organizado detrás del licor ilegal
De acuerdo con el General (R) Juan Carlos Buitrago, exdirector de POLFA, la adulteración y el contrabando de licores dejaron de ser manejados por redes menores y pasaron a formar parte de las estructuras del crimen organizado. “Operan con financiamiento estructurado, vastas redes de comercialización e incluso con intimidación armada para controlar territorios”, afirmó. Estas organizaciones logran márgenes de hasta 400% de utilidad con la venta de alcohol ilegal.
La magnitud del problema quedó en evidencia: solo en el primer semestre de 2025 se decomisaron 175.000 unidades de alcohol ilegal en el país.
Debate sobre impuestos y riesgos de incentivos perversos
El Gobierno ha planteado la posibilidad de aumentar los impuestos al licor como medida de control. Sin embargo, expertos advierten que esta estrategia podría incentivar el consumo de bebidas ilegales más baratas.
Para Daniel Rico, director de la firma C-Análisis, especializada en economías criminales, “el mercado no se comporta de esa manera. Las reformas a sectores sensibles y de alta ilegalidad deben tomarse con base en evidencias, no en intuición o improvisación”.
En ese sentido, una eventual reforma tributaria debería considerar no solo la recaudación, sino también los efectos en la salud pública y la seguridad.
Hacia una estrategia integral
La respuesta, según expertos, debe ser multisectorial y cohesionada:
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Fortalecer controles aduaneros, carreteras y establecimientos con sanciones ejemplares.
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Regular insumos críticos como metanol o etanol no desnaturalizado, para limitar la producción clandestina.
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Campañas informativas y pedagógicas que generen conciencia sobre los riesgos de consumir alcohol adulterado.
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Coherencia tributaria, ajustando impuestos de manera que el licor legal no quede en desventaja frente al mercado negro.
“Hasta que el país no cuente con una estrategia integral contra el licor ilegal —que incluya inteligencia operativa, alertas de salud, investigación judicial y coherencia fiscal, la historia se repetirá y seguiremos sumando víctimas”, concluyó Rico.
Una tragedia que no debe repetirse
La muerte de trece personas en Barranquilla no solo evidencia la fragilidad del control sobre el licor adulterado, sino también los vacíos de coordinación entre salud, seguridad y política fiscal. Más allá de operativos aislados, lo que está en juego es la vida de los colombianos y la necesidad de frenar una economía criminal en crecimiento.
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