Las armas que el narcotraficante ‘Ñeñe’ Hernández no devolvió al Estado colombiano antes de ser asesinado

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El ganadero asesinado tenía un departamento de seguridad con 20 escoltas y 20 armas, entre ellas dos subametralladoras Uzi, que le fueron asignadas por el Estado colombiano.

El asesinado ganadero José Guillermo Hernández, alias ‘Ñeñe’ Hernández, tenía un departamento de seguridad con 20 escoltas y 20 armas, entre ellas dos subametralladoras Uzi, que le fueron asignadas por el Estado colombiano. La Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada le otorgó una licencia para operar ese departamento en 2015, a través de su empresa Inversiones Hernández López S. En C., con el argumento de que existía un riesgo extraordinario para su vida y la de su familia por amenazas de Los Rastrojos, según Cuestión Pública.

Sin embargo, la licencia fue cancelada en 2018, luego de que se comprobara que el ‘Ñeñe’ Hernández no cumplió con los requisitos legales para mantener el departamento de seguridad, y que las amenazas que alegaba eran antiguas y poco verosímiles. Además, la Fiscalía lo señalaba como el autor intelectual del asesinato del hijo de un sastre y prestamista al que le debía una millonaria suma de dinero. El ‘Ñeñe’ Hernández fue asesinado en Brasil en mayo de 2019, pero las armas que le entregó el Estado nunca fueron devueltas.

Otras 22 empresas también tienen armas ilícitas en su poder

La revista RAYA accedió a las carpetas donde se documenta el caso del departamento de seguridad del ‘Ñeñe’ Hernández, así como el de otras 22 empresas que también tienen armas ilícitas en su poder. Estas empresas solicitaron licencias para operar departamentos de seguridad o empresas de vigilancia privada, pero sus peticiones fueron rechazadas o sus licencias vencieron, y no han entregado las armas al Estado. Entre estas empresas se encuentran algunas vinculadas a la familia Gnecco en el Cesar y una empresa de vigilancia en Villavicencio que tiene 102 armas ilegales.

La figura de los departamentos de seguridad fue creada por el Decreto 356 de 1994 para que las organizaciones empresariales pudieran gestionar su seguridad con ayuda de las armas y las instituciones del Estado, en caso de existir amenazas de secuestro o extorsión por parte de grupos armados ilegales. La SuperVigilancia es la encargada de otorgar y vigilar las licencias de funcionamiento, y el Departamento de Control y Comercio de Armas, dependiente del Comando General de las Fuerzas Militares, es el responsable de aprobar y entregar las armas que haya determinado el estudio de riesgo.

No hay control efectivo sobre las armas que se entregan a los departamentos de seguridad o a las empresas de vigilancia privada

El problema es que no hay un control efectivo sobre las armas que se entregan a los departamentos de seguridad o a las empresas de vigilancia privada. El director del Departamento de Control y Comercio de Armas, coronel Miguel Ángel Murcia, reconoció que no tiene un medio coercitivo para recuperar las armas que están en manos ilegales. “Que yo tenga un medio coercitivo para poderle decir a una empresa que no le dieron su licencia que me devuelva las armas, no lo tengo”, dijo.

Este vacío legal y administrativo abre la puerta para que las armas del Estado terminen siendo usadas para fines ilícitos o criminales. Así ocurrió con las armas de las Cooperativas de Vigilancia y Seguridad Privada (Convivir), creadas por el mismo decreto y eliminadas a partir de 1997 por inconstitucionales. En diferentes regiones del país, muchas de esas cooperativas y sus armas terminaron siendo una fachada para legalizar, expandir y canalizar dineros destinados a los grupos paramilitares.

La historia del departamento de seguridad del ‘Ñeñe’ Hernández

En esta primera entrega sobre el tema, Cuestión Pública contó la historia del departamento de seguridad que creó el ‘Ñeñe’ Hernández, a través de su empresa ganadera Inversiones Hernández López S. En C., cuatro años después del homicidio de Óscar Rodríguez Pomar, hijo del sastre y prestamista Carlos Eduardo Rodríguez. Los sicarios condenados por ese crimen confesaron que el ‘Ñeñe’ recolectó 200 millones de pesos para pagar por el asesinato del sastre, a quien le debía 2.000 millones. No obstante, el día del asesinato, Carlos Eduardo fue confundido con su hijo, quien murió tras recibir seis impactos de bala en el norte de Barranquilla.

El ‘Ñeñe’ Hernández recibió la licencia para el departamento de seguridad en 2015, gracias a la gestión del abogado vallenato Dorian de Jesús Coquies Maestre, quien aparece como responsable y jefe de seguridad de dicho departamento. Coquies Maestre es el actual alcalde (encargado) de la localidad de Usme, en Bogotá, y milita en el Partido Verde. Consultado sobre el tema, el abogado negó tener “ninguna relación” con ese departamento de seguridad y dijo que los responsables de devolver las armas son los herederos del ‘Ñeñe’.

El ‘Ñeñe’ Hernández accedió a un departamento de seguridad compuesto por 20 hombres armados, dos con subametralladoras Uzi y el resto con pistolas 9 milímetros; también contaba con otras tres pistolas que el Departamento de Control le autorizó al poderoso ganadero (aún no se conocían sus vínculos con el narcotráfico) para su uso y defensa personal. Además, contaba con cuatro camperos Toyota (uno con blindaje autorizado por la Superintendencia), seis radios de comunicación y 16 celulares para la protección de su familia: mamá, hermanos e hijos, entre otros.

El ‘Ñeñe’ Hernández también recibió una condecoración por parte de la Segunda División del Ejército Nacional en 2015, y viajó en un helicóptero de esa división a una reunión de seguridad con ganaderos de Santander y Cesar. En 2016 solicitó el incremento de escoltas y la inclusión de otras personas de su círculo en el servicio de seguridad, como su hermano ‘Goyo’ y Rafael Eduardo Hinojosa Meneses, quien fue candidato a la alcaldía de San Juan del César en 2019.

La cancelación de la licencia y la desaparición de las armas

En 2018 la SuperVigilancia canceló la licencia del departamento de seguridad del ‘Ñeñe’ Hernández, al comprobar que no persistía un riesgo extraordinario para su vida y la de su familia, y que no cumplió con los requisitos legales para mantener el departamento. El abogado Coquies apeló la decisión, pero fue negada en 2019. El ‘Ñeñe’ Hernández fue asesinado en Brasil en mayo de 2019, pero las armas que le entregó el Estado nunca fueron devueltas.

El abogado Coquies insiste en que los responsables de devolverlas son los herederos de Hernández y no él, y que prueba de ello es que el Estado no lo ha requerido para tal fin. Incluso, dijo que las armas no están a nombre suyo y que nunca vio ni una de las que le entregaron al “Ñeñe”. Por su parte el coronel Murcia, director del Departamento de Control y Comercio de Armas, dijo que no tiene ningún medio para obligar a una persona natural a que devuelva las armas. “En el caso de este señor, la autoridad militar emite un documento en las regiones, para que la persona devuelva las armas”. Sin embargo, esto no ha ocurrido con las que le asignaron al ‘Ñeñe’ Hernández.

El riesgo para la democracia

“En Colombia no hay un control real y dado la corrupción que existe en el país, no es muy difícil que esas armas sean utilizadas de otra manera o que por corrupción terminan en las manos de quienes no deberían terminar. El ejemplo perfecto sucedió durante el reciente estallido social, en donde miramos a la Policía directamente dándoles las armas a civiles para responder a los manifestantes”, dijo Gimena Sánchez, directora de los Andes de la organización Wola (Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos).

Sánchez concluye que nuestra democracia “imperfecta” está lejos de tener el control de estas armas que son adquiridas con ciertos propósitos y luego terminan en un vacío. Hoy no existen garantías ni mecanismos para evitar que las armas del Estado entregadas al ‘Ñeñe’ Hernández, y otras decenas más que siguen en circulación, terminen en manos de la delincuencia o el crimen organizado.

 

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