Chiquita Brands es declarada culpable de financiar el terror en Colombia y sentenciada a pagar indemnización millonaria a víctimas de las Autodefensas

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Urabá, Colombia, ha sido un territorio marcado por la violencia paramilitar, donde la sombra de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) se extendía como una plaga sobre la vida de sus habitantes. En este contexto, la historia de “David”, un trabajador bananero, ilustra la brutalidad que se vivía a finales del siglo XX. Su ejecución en 1997, a manos de este grupo terrorista de derecha, fue un acto tan cruel como veloz.

El fatídico día, “David” viajaba en un autobús que fue detenido en un puesto de control paramilitar. Sin mediar palabra, fue sacado a la fuerza del vehículo y brutalmente asesinado frente a los demás pasajeros, quienes impotentes presenciaron la barbarie. Su cuerpo, abandonado a la vera del camino y cubierto con una planta de plátano, se convirtió en alimento para el ganado.

La tragedia no terminó ahí. Semanas después, la hija y la cuñada de “David” desaparecieron sin dejar rastro. La amenaza de muerte se cernió sobre otro miembro de la familia, forzando a los que quedaban a huir de Urabá, dejando atrás su hogar y sus recuerdos. “David” no fue más que una víctima entre miles, atrapadas en la red de terror tejida por las AUC durante el conflicto armado colombiano.

Este grupo, en la cúspide de su poderío, llegó a movilizar a miles de combatientes, sembrando el miedo y la muerte a su paso. En este escenario, una multinacional estadounidense, Chiquita Brands International, uno de los mayores productores de banano del mundo, se vio envuelta en un escándalo de magnitudes internacionales. Recientemente, un tribunal federal de Estados Unidos la declaró responsable de financiar a las AUC, obligándola a pagar 38,3 millones de dólares en compensación a las familias de “David” y otras siete víctimas.

La verdad ante el jurado: Testimonios de horror y la lucha por la justicia

El juicio contra Chiquita Brands International, llevado a cabo en un tribunal federal de Florida, sacó a la luz la crudeza de los crímenes perpetrados por las AUC. Los detalles escalofriantes de las muertes, ocurridas entre 1997 y 2004, y el impacto devastador en las familias de las víctimas, resonaron con fuerza en la sala del tribunal. Los miembros del jurado escucharon con atención los testimonios desgarradores antes de determinar si la multinacional bananera había actuado “como un empresario razonable” al realizar pagos a las AUC, pagos que la empresa calificaba como “extorsiones”.

Las familias de las víctimas argumentaron que estos pagos no eran simples extorsiones, sino un combustible que alimentaba la maquinaria de violencia paramilitar en Colombia. Al financiar a las AUC, Chiquita Brands se convertía en cómplice de sus crímenes y, por lo tanto, debía ser considerada responsable.

El veredicto del jurado marcó un hito histórico: por primera vez, una gran corporación estadounidense era considerada responsable por un tribunal de Estados Unidos por su complicidad en graves violaciones de derechos humanos en otro país. Las familias de las víctimas, tras una lucha judicial de casi dos décadas, veían finalmente un atisbo de justicia.

Entre los testimonios que conmocionaron al jurado, se encontraba el de una madre que relató cómo su compañero fue asesinado por las AUC el 14 de noviembre de 2003. Su único delito: negarse a vender una plantación de plátanos por debajo del precio que imponían los paramilitares. Con la voz quebrada por el dolor, la mujer exclamó: “Yo no quiero el dinero, pronto me habré ido… pero al menos, para las niñas: ¡que ahora se les haga justicia!”.

Un largo camino hacia la justicia: La estrategia legal y la admisión de culpa de Chiquita Brands

El veredicto de culpabilidad contra Chiquita Brands International, si bien histórico, no marca el final del camino en la búsqueda de justicia para las víctimas de las AUC. La multinacional, lejos de aceptar su responsabilidad, anunció inmediatamente su intención de apelar el fallo. Sin embargo, este caso sienta un precedente de gran importancia y abre la puerta a futuras demandas.

Marco Simons, abogado de Earth Rights International, la ONG de derechos humanos que brindó apoyo legal a las víctimas, explicó que este proceso judicial es apenas la punta del iceberg. Su equipo seleccionó los nueve casos más sólidos de entre más de 4.500 denuncias. Su objetivo era sentar un precedente legal que permita a otras víctimas de las AUC obtener justicia. “Ha sido un honor representar a estas víctimas durante los últimos 17 años. Aún no ha terminado, pero éste es un paso adelante significativo, y esperamos que allane el camino para la indemnización de todas las víctimas”, declaró Simons.

La batalla legal contra Chiquita Brands se remonta al año 2007, cuando la compañía admitió haber pagado 1,7 millones de dólares en “dinero de protección” a las AUC. En ese entonces, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya había catalogado a este grupo como una organización terrorista extranjera. Como resultado, Chiquita acordó pagar al gobierno estadounidense una multa de 25 millones de dólares.

A pesar de esta admisión previa, la empresa ha mantenido durante años, tanto en este último caso como en litigios anteriores, que fue víctima de extorsión por parte de las AUC, viéndose obligada a pagar para proteger sus operaciones en Colombia. Sin embargo, esta línea de defensa no logró convencer al jurado en Florida, que determinó que la multinacional no actuó “como lo habría hecho una persona de negocios razonable” dadas las circunstancias.

La sombra del pasado: El legado de las AUC y la lucha por la paz en Colombia

La historia del financiamiento de Chiquita Brands International a las AUC es un capítulo oscuro que pone de manifiesto la complejidad del conflicto armado colombiano. Para comprender la magnitud de estos hechos, es necesario retroceder en el tiempo y observar el contexto en el que operaban las AUC.

Este grupo paramilitar nació en 1997, en medio de la vorágine de violencia que azotaba al país. Las guerrillas izquierdistas, como las FARC y el ELN, se enfrentaban al gobierno en una lucha por el poder, mientras que el narcotráfico extendía sus tentáculos, corrompiendo instituciones y sembrando el terror entre la población.

En este escenario, terratenientes y sectores de derecha crearon grupos armados ilegales, como las AUC, para combatir a la guerrilla. Estos grupos, financiados en gran medida por el narcotráfico, se convirtieron en una fuerza paralela al Estado, imponiendo su ley a sangre y fuego. En su apogeo, las AUC llegaron a controlar amplias zonas del país, sometiendo a la población a desplazamientos forzados, asesinatos selectivos y masacres.

Chiquita Brands, en su afán por proteger sus intereses económicos, sucumbió a la presión de este grupo armado. En el juicio de 2007, la empresa admitió haber realizado más de 100 pagos a las AUC por un total de 1,7 millones de dólares, registrados bajo el eufemismo de “servicios de seguridad”. Estos pagos, lejos de ser una simple extorsión, se convirtieron en una fuente de financiamiento para una organización criminal responsable de crímenes de lesa humanidad.

Aunque las AUC se desmovilizaron en 2006, las heridas del conflicto siguen abiertas. La violencia paramilitar dejó una huella imborrable en la memoria de miles de colombianos, que aún hoy luchan por la verdad, la justicia y la reparación. El veredicto contra Chiquita Brands es un paso importante en este camino, un recordatorio de que la impunidad no puede ser la norma y que las empresas deben rendir cuentas por sus actos, especialmente cuando estos contribuyen a alimentar la violencia y el sufrimiento humano.

Es importante destacar que Eric Holder, quien luego se desempeñaría como Fiscal General de los Estados Unidos durante el gobierno de Barack Obama, representó a Chiquita Brands en el juicio de 2007. En aquella ocasión, Holder argumentó ante el tribunal que la empresa se vio obligada a pagar a grupos terroristas durante más de 15 años debido a que estos controlaban las zonas donde operaba. Sin embargo, este argumento contrasta con la admisión de culpabilidad de Chiquita Brands, que reconoció haber seguido pagando a las AUC incluso después de que el gobierno de Estados Unidos las designara como organización terrorista en 2001.

Además, un alto directivo de Chiquita Brands presentó una objeción a la junta directiva, manifestando su “firme opinión de vender nuestras operaciones en Colombia” debido al problema de los pagos a grupos armados. A pesar de esta advertencia, la empresa continuó operando en el país y realizando pagos a las AUC.

Según los fiscales federales, Chiquita Brands obtuvo ganancias por 49,4 millones de dólares de sus operaciones en Colombia entre 1997 y 2004, periodo en el que se realizaron los pagos a las AUC.

Finalmente, es crucial destacar que la violencia en la región de Urabá no ha desaparecido por completo. Aunque las AUC se desmovilizaron, algunos de sus antiguos miembros se integraron a nuevas organizaciones criminales, como el Clan del Golfo, que continúa operando en el noroeste de Colombia. Esta situación demuestra que la sombra del conflicto armado aún se cierne sobre la región, a pesar de los esfuerzos por alcanzar la paz.

 

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