En la capital del Atlántico hay una isla de 96 hectáreas que se ha convertido en el centro de una disputa jurídica y política. Se trata de ‘La Loma’, un terreno a orillas del río Magdalena que tiene un gran potencial urbanístico y que ha sido objeto de una serie de irregularidades por parte de las autoridades locales.
El exalcalde Char declaró baldíos unos terrenos que no lo eran
En 2008, cuando era alcalde de Barranquilla, Alejandro Char declaró el dominio del Distrito sobre 34 hectáreas de la isla, sin presentar los certificados de libertad y tradición que acreditaran la propiedad. Además, afirmó que los terrenos eran baldíos de la nación, cuando en realidad tenían dueños privados desde principios del siglo XX, según las matrículas inmobiliarias conocidas por Cuestión Pública.
Estos terrenos ya habían sido reclamados por el Estado en el siglo pasado, cuando fueron usados por el Ejército. Sin embargo, en 1957 el Ministerio de Guerra resolvió devolverlos a sus propietarios, con base en varios fallos de la Corte Suprema de Justicia que determinaron que no eran baldíos. Char tampoco presentó los certificados catastrales del lugar, emitidos por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que tampoco constituyen títulos de dominio, según el mismo Instituto.
Los dueños de las hectáreas afectadas por la decisión de Char interpusieron una acción penal contra él por obtención de documento público falso y fraude procesal, entre otros delitos. También denunciaron que en 2017, durante la segunda alcaldía de Char, se expropiaron sin indemnización 16 hectáreas más de La Loma. El abogado de las familias, Fabián Araujo, calificó lo ocurrido como “un despojo de tierras mediante escritura espuria”.
La alcaldesa Noguera aprobó el POT por decreto y está siendo investigada
En 2014, la entonces alcaldesa Elsa Noguera expidió el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por decreto, dando vía libre al desarrollo urbanístico ‘La Loma’, cuya inversión fue avaluada en $500.000 millones. El proyecto busca volcar el desarrollo de la ciudad hacia el río Magdalena y constaría de 3.500 viviendas, una nueva sede para la Alcaldía, parques temáticos, centros empresariales y muelles para marinas, según la página web del proyecto.
Noguera aprobó el POT por decreto argumentando que los plazos del Concejo para debatirlo se habían vencido desde la primera semana de febrero. Sin embargo, Cuestión Pública revisó las actas del Concejo y encontró que la Alcaldía participó en los debates hasta finales de febrero, cuando el Concejo había aprobado otro POT que declaraba a La Loma como “una zona paisajística y recreativa”. Algunos concejales se sintieron engañados por Noguera y cuestionaron su actuación.
La posible ‘jugadita’ de Noguera está siendo investigada por la Procuraduría y es materia de una demanda ante el Tribunal Administrativo del Atlántico por presuntas irregularidades en el trámite del POT. La investigación disciplinaria podría terminar con la suspensión preventiva del POT o con su archivo durante la gestión de la nueva procuradora Margarita Cabello.
Los nexos familiares y políticos detrás del caso
Margarita Cabello tiene un vínculo familiar con Miguel Vergara Cabello, quien fue secretario de Planeación de Barranquilla durante la alcaldía de Noguera y quien impulsó y elaboró el POT cuestionado. Además, Cabello tiene una relación política con Alejandro Char, pues ambos fueron denunciados por el ganadero Luis Enrique Guzmán Chams por varios delitos, entre ellos, el de constreñimiento a la justicia.
Cabello también ha sido señalada por su cercanía con el capturado senador Eduardo Pulgar, quien habría usado una maniobra jurídica para que su caso lo conociera Cabello y no el anterior procurador Fernando Carrillo. Asimismo, el empresario David Name la acusó de interferir en la justicia en Barranquilla.
Por otro lado, la denuncia penal contra Char ha estado estancada en la Fiscalía, pues el fiscal del caso, Gustavo Adolfo Orozco Pertuz, no ha presentado escrito de acusación ante un juez de control de garantías. Orozco fue capturado en diciembre de 2020 por prevaricato en otro caso y se ventiló su presunta cercanía con los Char.
Los jueces que pasaron por el caso y ascendieron
La demanda contra el POT expedido por Noguera estuvo quieta durante un año y dos meses en el Juzgado Tercero Oral Administrativo de Barranquilla. En ese tiempo, cuatro jueces que tuvieron bajo su responsabilidad el avance del proceso pasaron a ocupar cargos de mayor prestancia en magistraturas y en el Ministerio Público.
El primero fue Javier Eduardo Bornacelly Campbell, quien después de presidir la audiencia inicial del caso en abril de 2016, fue nombrado como magistrado del Tribunal Administrativo del Atlántico. Lo reemplazó Javier Francisco Lizcano Rivas, quien renunció en septiembre de 2016 para asumir como Procurador 117 Judicial II Administrativo en Barranquilla.
Luego llegó Abelardo Sánchez Riveira, quien solo estuvo entre octubre y diciembre de 2016 y luego pasó a ser auxiliar judicial del Tribunal Administrativo del Atlántico. Lo sucedió Edgardo Manuel Atencio Royero, quien ocupó el cargo durante cinco meses y luego se fue a ser magistrado auxiliar de la Sala de Casación Laboral en Descongestión de la Corte Suprema de Justicia, donde compartió sala con Margarita Cabello.
Finalmente, la jueza Orfa Moscarella Camayo falló contra el demandante en junio de 2017. El proceso se encuentra para ser juzgado en segunda instancia en el Tribunal Administrativo del Atlántico.
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