Francia es un país que ofrece muchas oportunidades para quienes quieren invertir en el mercado inmobiliario. Sin embargo, también se ha convertido en un paraíso para el lavado de dinero de personas involucradas en casos de corrupción en Sudamérica. Una investigación periodística revela cómo exfuncionarios y empresarios venezolanos y brasileños han adquirido propiedades de alto nivel en la capital francesa, ocultando su verdadera identidad y el origen ilícito de sus fondos.
El misterio del apartamento cerca del Arco del Triunfo
En una zona exclusiva de París, cerca del emblemático Arco del Triunfo, hay un apartamento que pertenece a una empresa llamada SCI Republic. Esta empresa está controlada por la suegra y el yerno de Haiman El Troudi, un exministro y diputado venezolano. El Troudi es sospechoso de recibir sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, que obtuvo contratos millonarios para obras públicas en Venezuela.
El apartamento, que tiene un valor de dos millones de euros, fue comprado en 2016 con la intermediación de un empresario venezolano llamado Domingo Amaro Rangel, quien tenía una opción de compra sobre el inmueble. Sin embargo, los periodistas que intentaron contactar a los dueños del apartamento se encontraron con un muro de silencio. El nombre en el timbre dice “Zacarías”, pero nadie responde a las llamadas. Los vecinos dicen que la familia no se ha visto desde el inicio de la pandemia.
Otras propiedades vinculadas a la familia El Troudi
Pero este no es el único apartamento que posee la familia política de El Troudi en París. Según los documentos filtrados en los llamados Pandora Papers, otras dos propiedades fueron adquiridas por una empresa offshore registrada en San Cristóbal y Nieves, un paraíso fiscal del Caribe. Esta empresa, Santa Elena Estates Inc., está dirigida por la esposa e hijo de El Troudi, María Eugenia Baptista Zacarías y Pedro Donaciano Baptista Zacarías.
Estos apartamentos están ubicados en zonas residenciales de la ciudad y fueron comprados mucho antes que el de SCI Republic. Uno de ellos tiene un valor estimado de 1,5 millones de euros y el otro de 1,2 millones. Ambos inmuebles están a nombre de Santa Elena Estates Inc., sin que se conozca la identidad real de los propietarios.
Tanto María Eugenia Baptista Zacarías como su madre, Elita del Valle Zacarías Díaz, han sido señaladas como beneficiarias de cuentas bancarias donde se habrían depositado pagos ilícitos de Odebrecht. Estos pagos estarían relacionados con los contratos para la construcción del Metro de Caracas, que El Troudi tenía bajo su responsabilidad.
Además, María Eugenia Baptista Zacarías podría estar involucrada en otra empresa offshore que habría recibido millones de dólares en sobornos de Odebrecht, según investigaciones anteriores.
Francia: un destino atractivo para el lavado de dinero
La familia El Troudi no es la única que ha aprovechado las ventajas que ofrece Francia para invertir en propiedades sin revelar su origen. Otros empresarios sudamericanos, como los hermanos Oberto Anselmi y el hijo de un exministro brasileño, también han comprado inmuebles de lujo en Francia a través de empresas opacas.
Francia tiene una gran oferta de propiedades inmobiliarias que atraen a los ricos de todo el mundo. Sin embargo, también tiene un problema de transparencia y control que facilita el lavado de dinero. Aunque existen registros de propiedad, estos no son de fácil acceso y no siempre muestran la titularidad real de los inmuebles.
Muchos compradores utilizan entidades legales conocidas como “sociedades civiles inmobiliarias” (SCI), que les permiten adquirir propiedades sin dar a conocer su identidad. Estas sociedades pueden tener fines legítimos, pero también se usan para crear opacidad y evadir impuestos. De hecho, más de un tercio de las SCI no cumplen con la obligación legal de revelar al titular real.
La falta de aplicación de la ley y las lagunas legales hacen que Francia sea un destino atractivo para el lavado de dinero. Los activistas anticorrupción piden más transparencia y sanciones para quienes usan las propiedades francesas para ocultar fondos ilícitos.
La información sobre los beneficiarios efectivos y las propiedades inmobiliarias en Francia ha sido recopilada por organizaciones como la Oficina de Información y Datos de Investigación (BIRD) y Occrp.
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