La Corporación Financiera Colombiana S.A. (Corficolombiana), una empresa de servicios financieros de Colombia, ha aceptado pagar más de 80 millones de dólares estadounidenses para poner fin a las investigaciones que le abrieron las autoridades de EE. UU. y Colombia por su participación en un esquema de corrupción para obtener un contrato de infraestructura.
Un ardid para conseguir la Ampliación Ocaña-Gamarra
Según los documentos judiciales, entre 2012 y 2015, Corficolombiana se asoció con Odebrecht S.A., un conglomerado brasileño de la construcción, para ofrecer y pagar más de 23 millones de dólares estadounidenses en sobornos a altos funcionarios del gobierno colombiano. El objetivo era obtener los derechos para construir y operar una autopista de peaje conocida como la Ampliación Ocaña-Gamarra.
Para ejecutar el plan de sobornos, Corficolombiana hizo que otras entidades firmaran contratos falsos con empresas vinculadas a intermediarios que entregaban los pagos ilícitos a los funcionarios del gobierno colombiano. Estos funcionarios pertenecían a las ramas ejecutiva y legislativa, así como a una entidad estatal de infraestructuras. Gracias a esta conducta corrupta, Corficolombiana obtuvo unos beneficios de aproximadamente 28.63 millones de dólares estadounidenses.
La resolución con el Departamento de Justicia de EE. UU.
La empresa firmó un acuerdo de procesamiento diferido (DPA, por sus siglas en inglés) de tres años con el Departamento de Justicia de EE. UU., en el que reconoció su responsabilidad por el cargo de asociación delictuosa para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés). Esta ley prohíbe el pago de sobornos a funcionarios extranjeros para obtener o mantener negocios.
De acuerdo con el DPA, Corficolombiana pagará una multa penal de 40.6 millones de dólares estadounidenses. El Departamento ha acordado descontar hasta la mitad de esa multa del dinero que la empresa y su filial, Estudios y Proyectos del Sol S.A.S. (Episol), pagaron a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) de Colombia, por violaciones de las leyes colombianas relacionadas con la misma conducta, siempre que la empresa y Episol renuncien a apelar la resolución de la SIC.
Además, Corficolombiana pagará más de 40 millones de dólares estadounidenses en concepto de reembolso por daños y perjuicios e intereses como parte de la resolución de la investigación paralela de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por su siglas en inglés) de EE. UU.
Corficolombiana se comprometió a seguir cooperando con el Departamento en cualquier investigación penal en curso o futura relacionada con esta conducta. Asimismo, acordó seguir mejorando su programa de cumplimiento normativo y proporcionar informes al Departamento sobre la reparación y la aplicación de medidas de cumplimiento normativo durante el plazo del DPA.
La primera resolución coordinada con Colombia
La resolución del Departamento se coordina con las autoridades colombianas, así como con la SEC. Se trata del primer caso coordinado con Colombia por sobornos en el extranjero.
“Corficolombiana, junto con sus coconspiradores, acordó pagar más de 20 millones de dólares estadounidenses en sobornos a altos funcionarios del Gobierno colombiano para conseguir un gran proyecto de infraestructuras,” declaró la fiscal general adjunta en funciones Nicole M. Argentieri, de la División Penal del Departamento de Justicia. “La resolución de hoy refleja el compromiso del Departamento de Justicia de trabajar hombro a hombro con nuestros socios extranjeros para combatir la corrupción transnacional y exigir responsabilidades a las empresas que descaradamente pagan sobornos para obtener beneficios económicos”.
“Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero, y por ello se le exigen responsabilidades,” dijo el fiscal federal del Distrito de Maryland, Erek L. Barron. “Mi oficina se complace en ser parte de este primer procesamiento conjunto con las autoridades colombianas por sobornos en el marco de la FCPA”.
“La resolución de hoy demuestra que la justicia tiene un precio muy alto para quien intenta sobornar a funcionarios de gobiernos extranjeros,” declaró el subdirector Luis Quesada, de la División de Investigaciones Penales del FBI. “Ardides como este violan la FCPA y son un intento de socavar fundamentalmente el espíritu de la competencia económica. El FBI se dedica a proteger la integridad del mercado mundial, lo que significa investigar los sobornos de cualquier cuantía y prevenir la corrupción de funcionarios a todos los niveles”.
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