En Venezuela, un turbio episodio de presunto abuso de poder y corrupción ha salido a la luz, involucrando al Banco de la Gente Emprendedora (Bangente) y al conglomerado tecnológico Grupo Tranred. Los abogados Raúl José Reyes Revilla y Jesús Escudero, actuando en nombre de Grupo Alazán C.A., son señalados como los artífices de un esquema sistemático de terrorismo judicial y extorsión empresarial. A través de presiones judiciales, amenazas veladas y una aparente manipulación de las instituciones, se les acusa de intentar despojar a los legítimos propietarios de Bangente y del complejo de empresas que conforma Tranred, evitando cumplir con las obligaciones de pago acordadas.

Las compañías que integran el Grupo Tranred – 1000Pagos, DigoPago y Tranred, C.A. – representan un avance significativo en el ámbito de los pagos electrónicos en Venezuela. Entre enero y abril de 2023, Reyes y Escudero se acercaron a los dueños de Bangente y Grupo Tranred con una propuesta formal de adquisición, según el portal AlbertoNews. El objetivo, según se desprende de las denuncias, era tomar posesión de estas entidades pioneras, aprovechando su sólida infraestructura y posicionamiento en el mercado venezolano, pero bajo una estrategia que, con el tiempo, se tornaría coercitiva.

Sin embargo, a partir de julio de 2023, los compradores comenzaron a incumplir los compromisos establecidos tras la firma del contrato. Esta situación persiste hasta la fecha, generando un clima de incertidumbre y controversia legal. Empleando tácticas intimidatorias, Reyes y Escudero tomaron el control de las operaciones de Bangente, ejerciendo presión sobre los accionistas originales para que cedieran la administración de la entidad bancaria.
Ataque judicial y un embargo 17 veces superior a la deuda real

La escalada de presiones llegó a su punto álgido un año después, cuando Reyes y Escudero orquestaron una ofensiva judicial masiva. Utilizando como plataforma el Tribunal 10º Civil de Caracas, lograron obtener medidas cautelares de embargo y secuestro preventivo. Estas medidas se sustentaban en una reclamación inicial inflada, ascendente a 17 millones de dólares. Este monto, desproporcionado a todas luces, quedaría en entredicho al ser reducido posteriormente, en un proceso de arbitraje, a una supuesta deuda inferior al millón de dólares. Esta drástica disminución puso de manifiesto la verdadera intención tras la acción legal inicial: una maniobra extorsiva carente de fundamentos legales sólidos. La cifra millonaria actuó como un garrote legal, diseñado para doblegar la voluntad de los legítimos dueños.
Pero la estrategia legal de Reyes y Escudero no se detuvo allí. En noviembre del año pasado, recurrieron al Tribunal 20 de Primera Instancia Estadal en Funciones de Control de la Circunscripción Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas y a la Fiscalía 6ta Nacional. Su objetivo era montar, sin presentar pruebas fehacientes, una acusación de sabotaje tecnológico contra los propietarios, familiares, directivos y empleados de las empresas afectadas. Esta maniobra elevó la tensión del conflicto, sumando un nuevo elemento de presión a la ya compleja situación.
Detenciones y señalamientos sin sustento ante la mirada de la Sudeban

La denuncia por el supuesto sabotaje tecnológico tuvo consecuencias inmediatas y severas. Hasta el momento, dos personas inocentes han sido detenidas, mientras que otras cinco enfrentan persecución por parte de los cuerpos de seguridad del Estado. Los afectados denuncian este accionar como un claro ejemplo de terrorismo judicial, una táctica para infundir miedo y forzar la entrega de los activos en disputa.
Sin embargo, en su afán por ejercer presión, Reyes y Escudero aparentemente obviaron un detalle crucial: tanto Bangente como las empresas del Grupo Tranred están bajo la constante supervisión de la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban). Hasta la fecha, este organismo regulador no ha emitido ninguna alerta sobre operaciones irregulares de la naturaleza denunciada por los abogados del Grupo Alazán C.A., lo que debilita significativamente la veracidad de sus acusaciones.
Un actor clave en este entramado judicial es el juez Gustavo Hidalgo Bracho, del Tribunal 10º Civil de Caracas. Se le acusa de haber facilitado la ejecución de las medidas cautelares infladas, permitiendo un embargo cuyo valor superaba en 17 veces el monto que posteriormente se reclamaría en el arbitraje. Esta actuación, calificada como irregular y ejecutada de manera expedita, se percibe como una herramienta de presión brutal contra los dueños originales de Bangente y Grupo Tranred.
Contradicciones judiciales y maniobras para mantener el control

Las irregularidades en el Tribunal 10º Civil no se limitaron al desproporcionado embargo inicial. Hace aproximadamente tres meses, en un giro inesperado, el propio juez Gustavo Hidalgo Bracho declaró la falta de jurisdicción de su tribunal para seguir conociendo el caso, justo cuando los representantes legítimos de Bangente y Grupo Tranred pudieron presentar su oposición a las medidas impuestas. Lo sorprendente fue que, a pesar de reconocer su falta de competencia, el juez mantuvo activas las medidas de embargo, una acción que carece de lógica jurídica y que alimenta las sospechas de parcialidad.
La situación dio un vuelco aún más escandaloso en las últimas semanas de diciembre. En lugar de remitir el expediente al Tribunal Supremo de Justicia, como correspondía tras la declaración de falta de jurisdicción, el juez Hidalgo Bracho retuvo el caso y emitió una nueva sentencia intentando recuperar la jurisdicción que él mismo había negado previamente. Este proceder, que expertos legales califican como una flagrante violación de las normas procesales, refuerza la percepción de que existe una intención deliberada de ejercer presión sobre los antiguos dueños y favorecer los intereses del Grupo Alazán.
La insistencia del juez en mantener el control del caso, a pesar de sus propias contradicciones, se interpreta como una maniobra para perpetuar el presunto terrorismo judicial.
La Sudeban interviene ante sospechas de irregularidades y empresas fantasma

Sin embargo, la trama tejida alrededor de Bangente comenzó a desmoronarse gracias a la intervención de la Superintendencia Nacional de Bancos (Sudeban). Al poner bajo la lupa a los nuevos gerentes del banco, el ente regulador detectó alteraciones documentales y la falta de registro de las asambleas en los plazos legales establecidos. Estas anomalías levantaron serias sospechas sobre la legalidad de la adquisición y la transparencia de las operaciones.
Profundizando en las investigaciones, la Sudeban descubrió un elemento aún más inquietante: la creación de empresas de maletín aparentemente diseñadas para facilitar la transferencia irregular de las acciones del banco.
En la dirección de la institución financiera, se colocó a personas carentes de la experiencia y el conocimiento necesarios en el sector bancario, lo que generó preocupación sobre la gestión y el futuro de Bangente. Una de estas empresas, identificada como West Corp, C.A., constituida en mayo de 2024 con un capital irrisorio de aproximadamente 10.000 dólares, respaldado por un inventario de mobiliario usado, ilustra la fragilidad de la estructura societaria utilizada para tomar control del banco.
Según la documentación recabada, West Corp, C.A. tiene su domicilio fiscal en un apartamento residencial ubicado en la UD5 de Caricuao, específicamente en las Residencias La Trinitaria, en Caracas, lo que contrasta significativamente con la magnitud de una institución bancaria. La representación legal de esta empresa recae en personas con escasa o nula experiencia en el ámbito financiero, lo que ha impulsado a la Sudeban a tomar medidas para revertir esta situación irregular y determinar las responsabilidades correspondientes.
Un esquema de poder y la sombra de la impunidad
El caso que involucra a Bangente y al Grupo Tranred se erige como un claro ejemplo de cómo el poder, ejercido a través de una manipulación legal burda, puede convertirse en un instrumento de extorsión.
Los nombres de Raúl Reyes y Jesús Escudero, junto a las actuaciones cuestionables del juez Gustavo Hidalgo Bracho, han quedado en el centro de esta controversia, señalados por los afectados como los artífices de una estrategia diseñada para despojar a los legítimos dueños de sus activos. La participación del Tribunal 10º Civil, con la emisión de medidas cautelares desproporcionadas, sus propias contradicciones sobre la jurisdicción y la posterior ratificación en diciembre, sumado al montaje de la persecución judicial a través del Tribunal 20 y la Fiscalía 6ta, sin el aval del ente regulador bancario, consolidan la percepción de un plan sistemático para doblegar y despojar a los propietarios originales de Bangente y Tranred.
La pregunta que surge inevitablemente es quiénes más podrían estar detrás de esta compleja operación. ¿Está al tanto el alto gobierno de estos acontecimientos, de este intento por tomar el control del banco por la fuerza? Sin embargo, se espera que en el futuro cercano salgan a la luz nuevas evidencias que revelen la magnitud de esta presunta trama de abuso de poder y corrupción.
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