Un gran jurado federal en Washington ha presentado una nueva acusación formal que implica al magnate televisivo venezolano, Raúl Gorrín Belisario, dueño en Venezuela del canal Globovisión, a quien se acusa de haber encabezado una trama de cabildeo y corrupción de gran alcance. Gorrín, quien ya había sido acusado en 2018 y nuevamente en octubre de 2024, ahora se encuentra en el centro de un escándalo que involucra al excongresista estadounidense David Rivera, a quien el empresario venezolano habría utilizado como agente en un esfuerzo por influir en la política exterior de los Estados Unidos y eliminar las sanciones impuestas en su contra, según un comunicado emitido por la Fiscalía.
La acusación indica que, entre junio de 2019 y abril de 2020, Rivera, exrepresentante republicano de Miami, llevó a cabo actividades de cabildeo dirigidas a altos funcionarios de la administración del entonces presidente Donald Trump, con el objetivo de beneficiar a Gorrín. Según los fiscales, Rivera recibió más de 5.5 millones de dólares por estos servicios, sin registrarse bajo la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA), una ley que exige que quienes actúen en representación de intereses extranjeros se registren ante el gobierno de los Estados Unidos.
Además de los cargos por violar la FARA, Rivera también enfrenta acusaciones por lavado de dinero. La fiscalía alega que el excongresista creó una serie de empresas fantasma en el estado de Delaware con el fin de ocultar la naturaleza ilícita de sus actividades. Para dar una apariencia de legitimidad a estas empresas, Rivera utilizó nombres asociados a un bufete de abogados y a un exfuncionario estadounidense, quienes, según los fiscales, no tenían conocimiento de que sus identidades estaban siendo utilizadas para estos fines.
Según la acusación, Rivera habría recibido más de 5,5 millones de dólares por sus gestiones, las cuales no fueron registradas conforme a la Ley de Registro de Agentes Extranjeros, una normativa que obliga a declarar cualquier actividad de representación de intereses foráneos en suelo estadounidense.
La acusación detalla que Gorrín, conocido por su cercanía con la administración de Nicolás Maduro, habría buscado utilizar a Rivera y a otros intermediarios como un puente para suavizar las sanciones que Estados Unidos había impuesto en su contra. Entre las estrategias que se describen en los documentos judiciales, se encuentra el intento de Gorrín de acercarse a figuras clave de la administración Trump, como el entonces vicepresidente Mike Pence y el senador Marco Rubio, quien fue compañero de habitación de Rivera durante su tiempo como legisladores en Florida.
Raúl Gorrín, de 56 años, fue sancionado en enero de 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos e incluido en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) en 2019.
En nombre de Gorrín, Rivera intentó presionar a funcionarios del Gobierno estadounidense, incluido un alto oficial del Poder Ejecutivo que la Fiscalía no identifica, para que el venezolano fuera eliminado de la Lista SDN.
La relación entre Gorrín y Rivera no es un hecho aislado en la trayectoria del magnate venezolano. Ya en 2018, Gorrín había sido acusado de liderar esquemas de corrupción que implicaban el desvío de fondos de la estatal petrolera venezolana, PDVSA, a través de contratos fraudulentos y sobornos que ascendían a millones de dólares.
Estrategias de influencia y fracaso político
A pesar de los esfuerzos de Raúl Gorrín por influir en la política estadounidense a través de David Rivera y otros intermediarios, la estrategia terminó fracasando. En 2019, el entonces presidente Donald Trump reconoció a Juan Guaidó como líder legítimo de Venezuela e impuso sanciones más severas a la administración de Maduro. Sin embargo, antes de ese giro en la política exterior estadounidense, Gorrín logró obtener algunas victorias tácticas, como fotografías estratégicas y reuniones que buscaban legitimar su posición ante la administración Trump.
Entre los esfuerzos documentados por la fiscalía, se encuentra el intento de Rivera de organizar un vuelo privado y una reunión entre Gorrín y una asesora de la Casa Blanca. Además, Rivera coordinó encuentros con ejecutivos de la petrolera Exxon a través del representante Pete Sessions, de Texas. Estos movimientos tenían como objetivo fortalecer el acercamiento de Gorrín con la administración Trump, aprovechando la red de contactos que Rivera poseía en los Estados Unidos.
Rivera, actuando en nombre de Gorrín, habría intentado presionar a altos funcionarios del gobierno estadounidense, con el objetivo de que el empresario venezolano fuese eliminado de la lista SDN de la OFAC. Para ello, el excongresista no solo habría recibido los más de 5,5 millones de dólares, sino que también habría utilizado el dinero para pagar a personas que lo ayudaron en sus esfuerzos por presionar a altos funcionarios del gobierno en nombre de Gorrín, incluso haciendo pagos a través de una de las empresas fantasma que creó, según la Fiscalía.
En octubre de 2024, Gorrín fue acusado de lavado de 1,2 millones de dólares obtenidos de manera corrupta de Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa) a cambio de pagos de sobornos a funcionarios venezolanos, según la Fiscalía estadounidense.
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